Prisciliano Medina Telles

Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
276/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Prisciliano Medina Telles
  • Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", En Uruapan, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de noviembre de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante escrito recibido en oficialía de partes de este Juzgado Federal el diez de agosto de dos mil veintidós, se tuvo la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, haciendo del conocimiento de este Juzgado Federal que fue informada por familiares del quejo Prisciliano Medina Telles, que este había fallecido; exhibiendo para acreditar su dicho copia simple del certificado de defunción. Posteriormente, con lo informado por la citada autorizada, este órgano jurisdiccional requirió al Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, para que remitiera copia certificada del acta de defunción de la parte quejosa; sin embargo, dicha autoridad, mediante oficio número DRC/CAP/2699/2022, informó que dentro de sus registros no se localizó registro de la defunción del aquí quejoso. Con lo informado por la autoridad registral señala en el párrafo que antecede, mediante proveídos de veintitrés de agosto, ocho y catorce de octubre, todos ellos de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional requirió a la autorizada de la parte quejosa para que informara se ya había sido registrada la defunción del multicitado quejoso o bien informara el impedimento legal que tuviera para ello. Por lo que, mediante escrito recibido en oficialía de partes el dieciocho de octubre de la presente anualidad, se tuvo a la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, exhibiendo el acta de defunción del aquí quejoso Prisciliano Medina Telles, la cual cuenta con fecha de registro doce de octubre de dos mil veintidós y con número de certificado 220932776. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si existe o no imposibilidad manifestada en relación al cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado. Así, de las constancias se advierte que el veintiocho de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declarada firme mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós, por lo que en esa misma fecha se requirió el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en autos. Ahora bien, los efectos de la sentencia amparadora, fueron los siguientes: "Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias y en cuanto superiores jerárquicos de la Directora del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con sede en esta ciudad, así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso Prisciliano Medina Telles, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica y nefropatía diabética que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso -Gabriel Zamora, Michoacán- a efecto de que sea la más cercana a su domicilio; Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que el tratamiento definitivo al quejoso al padecimiento que presenta, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo a la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con sede en esta ciudad, para que sea valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. En caso de que el servicio de hemodiálisis para su enfermedad de insuficiencia renal crónica, se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta "San José", bajo el pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el quejoso ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de hemodiálisis contratadas. Por lo que, deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud del directo quejoso. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializada. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo." Luego, como se advierte de la narrativa realizada con anterioridad, la imposibilidad Material con la que cuenta la autoridad responsable a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo es ante el fallecimiento de la parte quejosa Prisciliano Medina Telles, circunstancia que fue informada por la autorizada de la parte quejosa mediante y que fue debidamente acreditada con copia del acta de defunción de fecha doce de octubre de dos mil veintidós. Por lo tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Lo anterior, porque el efecto protector consistente en que las responsables continúen tratando y atendiendo de forma integral, completa y continua al quejoso Prisciliano Medina Telles, prestándole la atención médica requerida por el peticionario del amparo hasta lograr su total recuperación y/o un adecuado nivel de vida, atendiendo a las recomendaciones del médico tratante, lo cual no puede realizarse materialmente, toda vez que, se suscitó el fallecimiento de la parte quejosa. Por lo que, si en el presente caso el autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ha manifestado en diversas ocasiones bajo protesta de decir verdad que ocurrió el fallecimiento de la parte quejosa, circunstancia que fue debidamente acreditada con copia del acta de defunción de fecha doce de octubre de dos mil veintidós. De ahí que esta autoridad declara la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las circunstancias previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, no está justificado legalmente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta razonable volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin práctico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, ajena a la potestad reglamentaria de la autoridad en cuestión. Tiene apoyo a lo anterior en lo conducente, la Tesis: XXIV.2o.2 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2019, página 2612, registro 2019824, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CONSIDERACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE DECRETÓ LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR, AUN CUANDO DICHO RECURSO LO INTERPONGA LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA IMPUGNAR EXCLUSIVAMENTE LAS MULTAS IMPUESTAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN RESPECTIVO." Así como la diversa 1a./J. 42/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Mayo de 2014, página 476, registro 2006470, cuyo contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. CUANDO LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL PROMOVENTE DE DICHO RECURSO RESULTEN INOPERANTES EN SU TOTALIDAD, PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Se instruye al secretario para que realice las anotaciones que correspondan. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Elizabeth Sánchez Peñaloza, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual cumple con lo requerido por este Juzgado Federal mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, anexando en el escrito de cuenta el acta de defunción del quejoso Prisciliano Medina Telles. Por lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda debido a que este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno resolverá lo que conforme a derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de octubre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la licenciada Elizabeth Sánchez Peñaloza, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de Ley de Amparo, informando que los familiares de la parte quejosa se encuentra realizando los trámites correspondientes para lograr la emisión por parte del Registro Civil del Estado de Michoacán, del acta de defunción del quejoso Prisciliano Medina Telles. Sin que a la fecha haya informado a este órgano jurisdiccional las acciones tendentes para llevar a cabo dicho trámite. REQUERIMIENTO. En ese contexto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autorizada de mérito a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de su legal notificación informe a este Juzgado Federal la continuidad que le ha dado a dicho trámite a efectos de levantar el acta de defunción que nos ocupa y en caso de ser afirmativa su respuesta exhiba copia de la misma, a fin de estar en aptitud de proveer lo correspondiente Ana Lilia Domínguez Pérez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.79 11/03/24 17:54:58 respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en los autos del presente expediente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la licenciada Elizabeth Sánchez Peñaloza, autorizada en términos del artículo 12 de la parte quejosa, que de hacer caso omisa al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA AUTORIZADA DE LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. AUTORIZADA CONTESTA REQUERIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibido el escrito de cuenta registrado bajo el número de control interno 14555, firmado por la licenciada Elizabeth Sánchez Peñaloza, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual, en atención al requerimiento que le fuera formulado mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, hace del conocimiento de este Juzgado Federal que los familiares de la parte quejosa se encuentran realizando los trámites correspondientes para lograr la emisión por parte del Registro Civil del Estado de Michoacán, del acta de defunción del promovente del juicio de amparo Prisciliano Medina Telles; esto, en virtud de que el certificado de defunción que les fuera emitido contaba con diversos errores; asimismo, hace del conocimiento que una vez que se cuente con la citada documental se hará del conocimiento de este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

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