Priscila Mireya Barceló Márquez

Expediente 880/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 13 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
880/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
13/06/2018

Partes del expediente

  • Priscila Mireya Barceló Márquez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de junio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por ; regístrese bajo el número 880/2018-I-B. COMPETENCIA. Ahora, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia del presente asunto, por lo siguiente: La competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tales condiciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: A) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. C) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso A) se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso B) se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso C) prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En ese sentido, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. En ese sentido es importante destacar que el acto reclamado , constituye actos que requieren ejecución material, pues se confirmó la sentencia de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, que resolvió infundado el incidente de incompetencia planteado por la quejosa y se ordenó continuar con el trámite del incidente de cancelación parcial de pensión alimenticia provisional, dentro del expediente 663/2006, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; por tanto, dicho acto tendrá ejecución fuera de la competencia en que este Juzgado ejerce jurisdicción. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es uno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, dado que el acto de que se duele la quejosa, se habrán de ejecutar en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Atento a lo anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, para que, a su vez, lo remita al Juez de esa denominación, en turno, a fin de que se pronuncie en términos de ley; solicitando el acuse correspondiente. Con copia del escrito inicial de demanda, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el señalado en el proemio de su demanda, esto es, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos

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