Prisca Martínez Domínguez
Expediente 989/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Prisca Martínez Domínguez
- PRISCA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja Con el oficio de cuenta, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer ********************, autorizado en términos amplios de la quejosa ********************, contra el auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo de la parte quejosa. Ahora, toda vez que el recurso de cuenta fue promovido vía electrónica, con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deducirá las copias necesarias del mismo para correr traslado a las partes. Notifíquese a las restantes partes la interposición del recurso de queja que se provee, corriéndoles traslado con copia del oficio de cuenta. Asimismo, toda vez que el recurso es promovido vía electrónica, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes en este juicio, dentro de los tres días siguientes, remítase el escrito de recurso de queja al Tribunal de Alzada, el expediente electrónico de este juicio, y el informe sobre la materia de la queja, lo anterior, tal y como lo señala expresamente el citado ordinal 101 de la ley de la materia. Ahora, respecto a la solicitud de la parte quejosa, de remitir copia certificada del auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, demanda de amparo y anexos, al Tribunal de Alzada, dígasele que tal aspecto deviene innecesario porque en párrafos que anteceden, se ordenó remitir el expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese.
- Incidental
MESA VI A RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva.
- Incidental
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo Agréguese a los autos el informe previo que rinde el Secretario Encargado del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, autorizado para dictar sentencias -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial, con el cual, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Número telefónico Respecto al número telefónico que señala la autoridad responsable en mención, al margen inferior de su informe previo, toda vez que la misma, no tiene acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, instrúyase al Actuario que podrá emplear dicho medio como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Notifíquese.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Ratificación de firma Vista la diligencia practicada el diecisiete de noviembre del año en curso, de la que se advierte que la promovente *****, ratificó su demanda de amparo, promovida en representación de la menor ***** al respecto se provee. Desahoga prevención Agréguese a los autos el escrito de *****, quien promueve en representación de la menor ******; en su atención, se le tiene en tiempo cumpliendo con los requerimientos formulados en proveídos de cinco y dieciséis de octubre del año en curso. Base previa Antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Desechamiento parcial Así, respecto a los actos reclamados al Jefe de Departamento de Atención a Requerimientos adscrito a la Subdirección Jurídica de Pensionissste, este juzgador advierte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "Artículo 5°. Son parte en el juicio de amparo (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, se advierte que la parte quejosa, en su escrito aclaratorio, reclama lo siguiente: "(.) b). Reclamo del Jefe de Departamento de Atención a Requerimientos adscrita a La Subdirección Jurídica de Pensionissste, la emisión del oficio número 170.179.1.3/051/2023 de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que fue agregado al expediente familiar número 265/2020, mediante auto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; que fue el medio por el cual me entere del acto que ahora reclamo en esta instancia constitucional. (.)" Además, del capítulo denominado "HECHOS" de su escrito de demanda, mismos que narró bajo protesta de decir verdad y constituyen los antecedentes del acto reclamado, confesó en lo que interesa, lo siguiente: "HECHOS (.) 3.- ".se me discernió el cargo de tutor dativo a favor de mi menor nieta ya mencionada, para efectos de su representación, ya que sus padres dejaron pendientes y además estaba pendiente el cobro de diversas prestaciones ante su fallecimiento, así como el cobro de la CUENTA INDIVIDUAL del FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO de su finado madre, del cual sin recordar la fecha exacta acudí a las oficinas del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, para realizar dicho trámite; y le fuera cubierta a mi nieta la cantidad que a manera de alimentos, le corresponde." (SIC) Así también, del contenido del oficio ****** de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés que reclama, y que la quejosa adjuntó a su demanda de amparo, se advierte que la Jefa de Departamento de Atención a Requerimientos adscrita a la Subdirección Jurídica del Pensionissste, solicitó a la juez responsable, confirmara la autenticidad de la resolución de designación de tutor y/o de otorgamiento de guardia y custodia, dictada en el expediente ****, del índice de Juzgado Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, a efecto de realizar el trámite sobre la cuenta individual de la trabajadora *****, solicitado por la aquí quejosa a favor de la menor K***** En ese sentido, respecto de los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal (ente público o privado), la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos entes públicos o privados a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales; esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor (público o privado), pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El primero de dichos preceptos establece la improcedencia del juicio de amparo derivada de casos previstos en alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. El segundo precepto señala que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y otorgados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales. El tercer precepto señala quiénes tienen el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, estableciéndose que tiene tal carácter, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, precisa que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, es preciso considerar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como acto de autoridad para efectos del amparo, puesto que no todo acto emitido por un órgano público constituye un acto de autoridad, sino solo aquellos que impliquen el ejercicio de facultades unilaterales en una relación de supra subordinación. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, con registro digital: 161133, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Del criterio anterior se advierte que para determinar el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, se requiere la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular y que, para la emisión de esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, se entiende que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y se regulan por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad, la unilateralidad e irrenunciabilidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, como quedó de manifiesto, en la Ley de Amparo se contempla la posibilidad de que también puedan impugnarse actos de particulares, cuando sean homologables a los de una autoridad y tengan su origen en una norma general; sin embargo, como se analiza, en el caso, no se advierte la actualización de dicho supuesto, pues el acuerdo por el cual aduce la quejosa se modificó la atención médica que se les brinda en su calidad de jubilados deriva de un beneficio obtenido con motivo de la relación de trabajo sostenida por los quejosos. En ese orden, es que el acto reclamado que le atribuye la parte quejosa a la Jefa de Departamento de Atención a Requerimientos adscrito a la Subdirección Jurídica de Pensionissste, consistente en el oficio ******* de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por la Jefa de Departamento de Atención a Requerimientos adscrita a la Subdirección Jurídica del Pensionissste, donde solicitó a la juez responsable, confirmara la autenticidad de resolución de designación de tutor y/o de otorgamiento de guardia y custodia, dictada en el expediente ****, del índice de Juzgado Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, a efecto de realizar el trámite sobre la cuenta individual de la trabajadora *****, solicitado por la aquí quejosa a favor de la menor *****, no reúne las notas distintivas para considerarlo como de autoridad para efectos del juicio de amparo; porque es un acto de naturaleza laboral, vinculado con prestaciones de la cuenta individual de la extinta trabajadora ****** -madre de la menor quejosa de iniciales **** Efectivamente, la designación de beneficiarios, y consecuente pago de prestaciones derivadas del trámite realizado por ******, tutora dativa de la menor ****, queda comprendido en la relación de coordinación patrón- empleado que, en su momento, vinculó a la madre de la menor con su patrón, es decir que derivado de esa relación laboral, fue que la finada trabajadora obtuvo su derecho al ejercicio de prestaciones de seguridad social, así como a las prestaciones respectivas para el caso de su fallecimiento. Al respecto, resulta relevante señalar que de conformidad con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 38, establece: ARTÍCULO 38.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: [.] III.- De los descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con motivo de obligaciones contraídas por los trabajadores; [.] V.- De cubrir obligaciones a cargo del trabajador, en las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones legalmente consideras (sic) como baratas, siempre que la afectación se haga mediante fideicomiso en institución nacional de crédito autorizada al efecto. VI.- Del pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del fondo de la vivienda destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% del salario. El monto total de los descuentos no podrá exceder del treinta por ciento del importe del salario total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI de este artículo". Disposición que alude a que los entes públicos en su carácter de patrones, podrán descontar o retener a sus trabajadores los montos relativos a los abonos para cubrir préstamos del Fondo de la Vivienda destinados a la adquisición de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, como lo es el crédito hipotecario. Sin embargo, el hecho de que a los entes públicos les corresponda su aplicación, no los equipara a autoridades para efectos del juicio de amparo. En efecto, el hecho de que los patrones tengan que aplicar o ejecutar las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades de seguridad social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), -lo que sucede además con cualquier disposición laboral legal o administrativa- no los coloca per se en un plano de suprasubordinación respecto de sus trabajadores y/o beneficiarios. Es así, puesto que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ni la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado los dota de una potestad administrativa, que les autorice o faculte para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones de manera autónoma -sin que previamente hubieran sido trabajadores de un ente obligado. Por lo que, contra lo pretendido por la quejosa, el oficio que señala como acto reclamado, al derivar de una relación de trabajo que se da en un plano de igualdad, no puede considerarse que fue emitida en una de supra a subordinación por una autoridad para efectos del juicio de amparo; entendiéndose por tal, como se dijo, aquella que con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas o al particular que realice actos equivalente a la de la autoridad, que afecten los derechos de los gobernados, en los términos antes precisados y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Por tanto, los actos atribuidos a las responsables no puede ser dirimidos en un juicio de amparo, ya que deriva de una relación de coordinación, por lo que debe dilucidarse en la vía ordinaria, ante la autoridad competente, para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las referidas relaciones de coordinación. De no razonarse así, se desnaturalizaría el juicio de amparo indirecto, sometiendo a la instancia constitucional conflictos que deben y pueden ser resueltos, en primer lugar, por las autoridades jurisdiccionales en materia laboral competentes. Es ilustrativa a lo expuesto la tesis 2a. CXLIV/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 785, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE LOS RECLAMOS REALIZADOS AL ISSSTE, AL FOVISSSTE Y AL PENSIONISSSTE. Conforme al artículo 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la competencia para conocer de los juicios en los que los beneficiarios de los trabajadores al servicio del Estado demanden prestaciones de seguridad social, recae en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Adicionalmente, de los artículos 1, fracción III, 6, fracciones I, IV y XXVII, 103, 105 y 192 de la misma ley, se advierte que: a) ésta es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, y es aplicable para las dependencias, entidades, trabajadores del servicio civil, pensionados, familiares y derechohabientes que hayan laborado en las dependencias y entidades del Poder Judicial de la Federación; b) el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, denominado PENSIONISSSTE, se creó como un órgano desconcentrado del propio Instituto; y c) los recursos de la subcuenta del fondo de vivienda que no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores, serán transferidos a aquél, a las administradoras o aseguradoras para la contratación de la pensión correspondiente o se entregarán en una sola exhibición. Así, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al ser la autoridad facultada para conocer de los juicios en los que los beneficiarios de los trabajadores al servicio del Estado demandan prestaciones de seguridad social, entre los que se incluyen los pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, es la autoridad competente para conocer de la declaración de beneficiarios derivada del deceso de alguno de sus servidores públicos, así como de las prestaciones reclamadas por los trabajadores de aquél o sus beneficiarios, y de los reclamos de éstos en lo que atañe a la devolución de los montos acumulados en las cuentas individuales administradas por el PENSIONISSSTE y, consecuentemente, del reconocimiento de beneficiarios para esos fines. Asimismo, dicho Tribunal también debe conocer de los reclamos de los trabajadores del Poder mencionado y sus beneficiarios en lo que atañe a la devolución de los montos acumulados en la cuenta individual del Fondo de Vivienda de ese Instituto (FOVISSSTE), conforme al artículo 6, fracción XXVII, en relación con el 78 de la Ley del Instituto referido, toda vez que las aportaciones reclamadas surgieron con motivo de la relación laboral entre los trabajadores y el Estado". En ese tenor, al ser la pretensión de la parte quejosa la defensa de los derechos de la extinta trabajadora, y el reconocimiento la menor quejosa como beneficiaria, es que debe acudir a interpelar sus derechos ante la instancia jurisdiccional laboral correspondiente. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II de la Ley de Amparo, respecto del acto que se atribuye al Jefe de Departamento de Atención a Requerimientos adscrito a la Subdirección Jurídica de Pensionissste, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que obste a lo anterior que la parte quejosa haya tenido conocimiento del oficio reclamado al momento de consultar el expediente 265/2020, del índice del Juez Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, ya que la información requerida, como se precisó, es relativa al trámite de la cuenta individual de Pensionissste a favor de la menor quejosa, trámite ajeno a las diligencias de jurisdicción voluntaria que se llevaron a cabo en dicho expediente. Admisión parcial de demanda e intervención Ministerial En otro orden, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, fracción IV, 21, tercer párrafo, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 125, 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata promovida por *****, en representación de la menor ****, únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en el auto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente *****, del índice de la autoridad responsable Juez Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca. Por tanto, se otorga al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Incidente de suspensión Tramítese con incidente de suspensión, al haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Fecha audiencia constitucional Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. En el entendido que en la celebración de la audiencia no implica la asistencia personal de las partes, ya que en términos del numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para la práctica de audiencias que requiera la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se celebrará por videoconferencia; asimismo, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente. Solicitud de informe con justificación Solicítese, a la autoridad señalada en la demanda de cuenta como responsable, el informe con justificación, el cual rendirá dentro del plazo de quince días siguientes a que reciba el oficio, para ello, acompañará en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, haciéndoles de su conocimiento que de no cumplir, el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, establece que se les podrá imponer una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. Notificaciones a la autoridad responsable por medio de lista Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se indica a la autoridad responsable, que en los casos no previstos en la precitada norma, las notificaciones deben realizarse por medio de lista que se pública en los estrados de este Juzgado; por ello, se estima innecesario girar oficios para hacerle del conocimiento los diferimientos de la audiencia constitucional, pues no es necesaria su notificación por oficio, -como si se tratara de una notificación personal-; además, está en aptitud de consultar dichas determinaciones a través de la lista de acuerdos de este Juzgado, así como en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). Por tanto, se ordena notificar a la responsable los subsecuentes acuerdos que se encuentren dentro del referido supuesto, por medio de lista de acuerdos. Envío de comunicaciones oficiales A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el correo oficial de este Juzgado 1jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 2 38 70, para que por tales vías puedan enviar comunicaciones oficiales. Causas de improcedencia o juicios amparos relacionados Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento; asimismo, informen si en relación al acto reclamado o al expediente del cual derive el acto reclamado, se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 251 de la referida Ley. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Exhortación a las partes para promover con firma electrónica En términos del artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a fin de que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual, deben solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional deberá haber autorizado previamente. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL o e.firma. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Cómo obtener la Firel Se hace del conocimiento de las partes materiales y formales que pueden solicitar su firma electrónica (Firel) en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/SolicitaFirel y concluir el trámite de la firma electrónica (Firel) en línea a través de la aplicación FiREL en línea, mediante un trámite remoto, por lo que ya no es necesario asistir a los módulos físicos que se encuentran en las entidades federativas de la República Mexicana. Emplazamiento a la parte tercera interesada Resérvese el emplazamiento a la parte tercera interesada, hasta en tanto obre el informe de la responsable ordenadora, y en su caso, se advierta a quién o quiénes les resulte tal carácter. Admisión de pruebas de la parte quejosa Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de la materia se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que anexó a su escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio recibido en auto de dieciséis de octubre del año en curso, en copia simple, consistente en: a) Auto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ****, del índice Juez Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca. b) Oficio ***** de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, signado por la Jefa de Departamento de Atención a Requerimientos adscrita a la Subdirección Jurídica del Pensionissste. c) Un legajo de copias deducidas del expediente ****, del índice del Juzgado Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca. d) Así como, copia certificada del atestado de nacimiento de la menor de iniciales K.T.P.M, y; e) Copia certificada del atestado de nacimiento de I*******. Mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, con las cuales se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido. Cotejo De igual manera, toda vez que la parte peticionaria del amparo exhibe la copia certificada de las documentales señaladas en el párrafo anterior, específicamente en los incisos d) y e), de conformidad con los numerales 138 y 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con las jurisprudencias 71/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.92/97)." Y 19/2012 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, de rubro: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010)." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, materia común, Novena Época, página 7, y marzo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, página 401, respectivamente), se ordena practicar el cotejo de tales copias simples con las documentales exhibidas en copia certificada para ser agregadas al incidente de suspensión. Publicación de la sentencia Hágase del conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia que se llegare a emitir en este asunto, se deberá a poner a disposición del público, -en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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