Prisca Barrera Castrejon
Expediente 827/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Prisca Barrera Castrejon
- Regidor de Educación, Cultura Y Recreación; Y Derechos Humano Así Como Presidente de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además de que las autoridades ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: De la Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, Presidenta de la Comisión de Pensiones: La omisión de dar contestación al escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veinte. Del Regidor de Educación y Cultura y Recreación y Derechos Humanos, en su carácter de Presidente de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos: El oficio RSPM/RPyCS/IyEG/526/10/2020 de doce de octubre de dos mil veinte. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, Presidenta de la Comisión de Pensiones consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el diecinueve de marzo del dos mil veinte, no obstante que la autoridad responsable lo negó; sin embargo, se advierte que esta última reconoce al momento de rendir su informe justificado, haber recibido la petición y que dio respuesta a ésta con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo que se desvirtúa la inexistencia aludida. Al respecto, la parte quejosa exhibió el acuse del ocurso presentado ante la autoridad responsable el diecinueve de marzo del dos mil veinte, mientras que la Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, Presidenta de la Comisión de Pensiones remitió copia certificada del oficio de doce de octubre de dos mil veinte; documentales a los que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De igual forma, es cierto el acto reclamado a el Regidor de Educación y Cultura y Recreación y Derechos Humanos, en su carácter de Presidente de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos consistente en la emisión del oficio RSPM/RPyCS/IyEG/526/10/2020 de doce de octubre de dos mil veinte, no obstante de que al rendir su informe lo haya negado, pues de las constancias que remitió la responsable se advierte su existencia. En efecto, ello se corrobora con copia certificada del mencionado oficio, el cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar de oficio. En ese sentido, respecto de los actos reclamados referido en el inciso a) consistentes en las omisiones de dar respuesta al escrito presentado el el diecinueve de marzo del dos mil veinte, se advierte que sus efectos cesaron al haberse emitido el oficio RSPM/RPyCS/IyEG/526/10/2020 de doce de octubre de dos mil veinte, del cual tuvo conocimiento la parte quejosa el trece del mismo mes y año; por lo que se considera se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, se actualiza dicha causal porque las omisiones combatidas por la parte quejosa han cesado. En efecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, Presidenta de la Comisión de Pensiones de Pensiones al rendir el informe justificado, se advierte que mediante oficio RSPM/RPyCS/IyEG/526/10/2020 de doce de octubre de dos mil veinte, dio respuesta al escrito presentado por la quejosa el diecinueve de marzo de dos mil veinte. Asimismo, se advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo la responsable no había dado respuesta, ni notificado a la quejosa dicho oficio; sin embargo, emitió la respuesta el doce de octubre de dos mil veinte y tuvo conocimiento del mismo el trece de octubre de la anualidad pasada, fecha en la que le fue notificada personalmente. En tales condiciones, se concluye que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas; esto es, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así, ya que, al reclamar un acto omisivo se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados a la peticionaria y para ello impondría a la responsable la única obligación de hacer del conocimiento a la quejosa el oficio RSPM/RPyCS/IyEG/526/10/2020, lo que en el particular lo hizo del conocimiento el trece de octubre de dos mil veinte Encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Igualmente, la jurisprudencia 2a./J.205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por cuanto al acto reclamado precisado en el inciso b), se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y, (.)" Esta causal de improcedencia se actualiza cuando se advierte la modificación del entorno en el cual se emitió el acto reclamado, de tal manera que ningún efecto jurídico podría tener la concesión del amparo a la parte quejosa, lo que sucede cuando la situación jurídica surgida con motivo del acto de autoridad, aun subsistiendo, se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica de aquél susceptible de reparación, y esto impide su trascendencia en dicha esfera jurídica y, por ende, que el posible fallo protector cumpla con su finalidad. En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de quien lo promueve, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas violadas, por lo cual el legislador ha establecido distintos requisitos para su procedencia, entre otros, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda lograr concreción y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección de la Justicia de la Unión. Por ende, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, en la hipótesis de llegar a concluirse su inconstitucionalidad, jurídicamente ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió o por cualquier motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de tres extremos; a saber, que: El acto reclamado formalmente subsista; No pueda surtir efecto legal o material alguno; y, Lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado, pues es evidente que el quejoso acude a la presente vía en defensa de un derecho afectado por el acto de autoridad, el cual se encontraba incorporado a su esfera jurídica. De darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, pues no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. En relación con esta causa de improcedencia, destaca la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora bien, obra en autos el expediente número SAPAC/PV/016/2022 concerniente a la pensión por viudez solicita por al aquí quejosa, ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. Documental a la que se otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así las cosas, se advierte que opera la causal de improcedencia analizada, pues si bien el acto reclamado materialmente subsiste, (lo cual satisface el primer requisito); resulta evidente que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, informó a la solicitante de amparo que el veintiocho de febrero del año en curso, instaló el Comité Técnico Para los Trabajadores del Organismo Descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) con fundamento en los artículos Cuarto, Séptimo y Octavo del Acuerdo de Cabildo número SO/AC-40/23-II-2022 y ordenó formar su expediente de pensión por viudez, registrándolo con el número SAPAC/PV/016/2022. En consecuencia, la suscrita estima que ha dejado de existir el objeto o materia que motivó la emisión del oficio RSPM/RPyCS/IyEG/526/10/2020 de doce de octubre de dos mil veinte, emitido por la Regidora de Servicios Públicos Municipales, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género e Integrantes de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones, al haberle dado trámite a la pensión por viudez solicitada por la quejosa ante el organismo descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. De ahí, en virtud de la modificación del entorno en el que éste se emitió sería jurídicamente imposible restituir a la peticionaria de amparo en el goce de los derechos fundamentales que estiman violados. En ese orden de ideas, al actualizarse plenamente el motivo de improcedencia analizado, con fundamento en la fracción XXII del artículo 61, y la fracción V del diverso 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *** por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, el día de hoy veintinueve de julio de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por **********s, mediante el cual en cumplimiento al auto de once de mayo del año en curso, remite copia certificada de diversas constancias; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. En atención a lo anterior, toda vez que las documentales remitidas se tratan de constancias enviadas en relación con el informe justificado rendido por la aludida autoridad responsable, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin embargo, toda vez que de las constancias remitidas se advierte que la autoridad oficiante remite entre otras copia certificada de la interlocutoria de seis de septiembre del dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente ********* tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la cual viene incompleta; en tales condiciones, toda vez que la suscrita está obligada a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables Integrante de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos (Presidenta de la Comisión de Pensiones), para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que se encuentren notificadas del presente proveído, remita copia certificada de la interlocutoria antes precisada, o bien manifiesten el impedimento que tengan para no hacerlo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por Debendrenath Salazar Solorio en su carácter de Regidor de Educación, Cultura y Recreación; y Derechos Humano así como Presidente de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual en cumplimiento al auto de veintiséis de abril del año en curso, remite copia certificada del número memorándum RSPM/RPyCS/IyEG/526/10/2020; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. En atención a lo anterior, toda vez que la documental remitida se trata de constancias enviadas en relación con el informe justificado rendido por la aludida autoridad responsable, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin embargo, toda vez que la autoridad oficiante es omisa en anexar al memorándum de RSPM/RPyCS7IyEG/526/10/2020 de doce de octubre de dos mil veinte, la totalidad de las constancias derivadas de la omisión y negativa tácita del otorgamiento de pensión por viudez -a la aquí quejosa-. Por tanto, toda vez que la suscrita está obligada a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables Integrante de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos (Presidenta de la Comisión de Pensiones), para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que se encuentren notificadas del presente proveído, remitan las constancias antes precisadas, o bien manifiesten el impedimento que tengan para no hacerlo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo 827/2020-II-B, del que se advierte que de las constancias remitidas por las autoridades responsables no se advierte la totalidad de éstas en relación a el memorándum RSPM/RPyCS7IyEG/526/10/2020 de doce de octubre de dos mil veinte, derivado de la omisión y negativa tácita del otorgamiento de pensión por viudez -a la aquí quejosa-. Por consiguiente, toda vez que la suscrita está obligada a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables Integrante de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos (Presidenta de la Comisión de Pensiones), para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que se encuentren notificadas del presente proveído, remitan en copias debidamente certificadas la totalidad de las constancias relativas al memorándum de RSPM/RPyCS7IyEG/526/10/2020 de doce de octubre de dos mil veinte, derivada de la omisión y negativa tácita del otorgamiento de pensión por viudez -a la aquí quejosa-. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Coordinadora Técnica Administrativa de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
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