Princes Cruise Lines, LTD.

Expediente 194/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
194/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Princes Cruise Lines, LTD.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    ::. I. Agrega testimonio de resolución de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución celebrada en sesión ordinaria virtual de veintidós de abril de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 233/2020 del índice del tribunal de su adscripción, en la que el mencionado órgano colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento pronunciado en el considerando cuarto de esta ejecutoria. - - - SEGUNDO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. - - - TERCERO. La Justicia de la de Unión no ampara ni protege a Princess Cruise Limites LTD, contra el acto y autoridades precisados en el considerando quinto de la sentencia impugnada, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria" Acúsese recibo vía electrónica. Toda vez que la sentencia del tribunal de alzada no admite recurso alguno, es evidente que causa ejecutoria por ministerio de ley. En atención a lo anterior, glósense las constancias originales del cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente. II. Se ordena archivo. En atención a lo anterior, glósense el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo solicitado; en consecuencia, es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es depurable una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se concedió la medida cautelar. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral. Finalmente, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y el numeral 18, párrafo primero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, recoja los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, seguirán la suerte del expediente al realizarse su depuración.

  2. Incidental

    Agréguese el escrito signado electrónicamente por Iván Rodrigo Cruz Bencomo apoderado de la parte quejosa Princess Cruise Lines Ltd, a través del cual a efecto de acreditar que garantizó el interés fiscal ante la autoridad exactora, como le fue requerido en la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 177/2020 del índice del Segundo Tribunal colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veinte, para lo cual anexa las versiones digitalizadas de las siguientes documentales: i. Acuse de recibo de la presentación del billete de depósito número Y804398 ante la autoridad exactora Tesorería del Municipio de Cozumel. ii. Declaración Informativa del Derecho de Saneamiento Ambiental Visitantes que Arriban Vía Marítima al municipio de Cozumel correspondiente al periodo de marzo de dos mil veintidós. iii. Copia del Billete de depósito número Y804398, expedido en fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, por el Banco del Bienestar por un monto de $46,185.60 (Cuarenta y seis mil ciento ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) que garantiza el Derecho de Saneamiento Ambiental correspondiente al mes de marzo de dos mil veintidós. Ahora, toda vez que la quejosa acreditó haber garantizado el interés fiscal ante la autoridad exactora por lo que hace al derecho de saneamiento ambiental, con lo que da cumplimiento al requisito de eficacia impuesto por el tribunal de alzada, con motivo del recurso de revisión que interpuso contra la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declara que la suspensión definitiva ahí concedida continúa surtiendo sus efectos, únicamente por lo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintiuno, febrero de dos mil veintidós (previamente garantizados) y marzo de dos mil veintidós, pues si bien la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinte y mediante ejecutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 177/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se concedió la suspensión para los siguientes efectos: "Consecuentemente, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que la recurrente no sufra los efectos y consecuencias de las disposiciones contenidas en el Decreto Número 022, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, específicamente sus artículos 135 BIS, 135 TER, 135 QUATER, 135 QUINQUIES, 135 SEXIES Y 135 SÉPTIES, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, que entró en vigor el uno de enero de dos mil veinte, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo. La presente medida surte sus efectos de inmediato. Asimismo se establece que la efectividad de la medida cautelar queda condicionada a que, mientras se resuelva el fondo del asunto en definitiva, la parte recurrente debe constituir garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, cada vez que genere la obligación de enterar la contribución respectiva, en el entendido de que dicha medida dejará de surtir efectos si aquella no demuestra ante el juzgado de Distrito, que constituyó la garantía respectiva dentro del plazo de cinco días desde que se genere su obligación de enterar la contribución, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el monto que debe garantizar es precisamente el que derive de la retención que conforme a los preceptos impugnados le corresponde hacer a todas las personas mayores de dos años que traslade y arriben al Municipio de Cozumel, por concepto de la contribución, en el porcentaje y plazo que marca la ley, con las excepciones establecidas en el artículo 135 SEPTÍES." Los cuales, si bien en términos de lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Amparo, se retrotraen al seis de marzo de dos mil veinte, fecha en que se resolvió la suspensión definitiva; ello en atención a que se concedió a la amparista la suspensión definitiva con motivo del recurso de revisión que interpuso, cierto es también que se desconoce si la obligación de enterar la citada contribución, se generó en diversos meses a los que la quejosa acredita haber garantizado el interés fiscal (noviembre y diciembre de dos mil veintiuno, febrero y marzo de dos mil veintidós). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Incidental

    Agréguese el escrito signado electrónicamente por Iván Rodrigo Cruz Bencomo apoderado de la parte quejosa Princess Cruise Lines Ltd, a través del cual a efecto de acreditar que garantizó el interés fiscal ante la autoridad exactora, como le fue requerido en la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 177/2020 del índice del Segundo Tribunal colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veinte, para lo cual anexa las versiones digitalizadas de las siguientes documentales: i. Acuse de recibo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, del billete de depósito número Y804392 presentado ante la Tesorería del Municipio de Cozumel. ii. Declaración Informativa del Derecho de Saneamiento Ambiental Visitantes que Arriban Vía Crucero al municipio de Cozumel correspondiente al periodo de febrero dos mil veintidós. iii. Billete de depósito número Y804392, expedido el once de marzo de dos mil veintidós por el Banco del Bienestar por un monto de $110,470.18 (Ciento diez mil cuatrocientos setenta pesos 18/100 M.N.), que garantiza el Derecho de Saneamiento Ambiental correspondiente al mes de febrero de dos mil veintidós. Ahora, toda vez que la quejosa acreditó haber garantizado el interés fiscal ante la autoridad exactora por lo que hace al derecho de saneamiento ambiental, con lo que da cumplimiento al requisito de eficacia impuesto por el tribunal de alzada, con motivo del recurso de revisión que interpuso contra la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declara que la suspensión definitiva ahí concedida continúa surtiendo sus efectos, únicamente por lo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintiuno (previamente garantizados) y febrero de dos mil veintidós, pues si bien la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinte y mediante ejecutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 177/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se concedió la suspensión para los siguientes efectos: "Consecuentemente, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que la recurrente no sufra los efectos y consecuencias de las disposiciones contenidas en el Decreto Número 022, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, específicamente sus artículos 135 BIS, 135 TER, 135 QUATER, 135 QUINQUIES, 135 SEXIES Y 135 SÉPTIES, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, que entró en vigor el uno de enero de dos mil veinte, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo. La presente medida surte sus efectos de inmediato. Asimismo se establece que la efectividad de la medida cautelar queda condicionada a que, mientras se resuelva el fondo del asunto en definitiva, la parte recurrente debe constituir garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, cada vez que genere la obligación de enterar la contribución respectiva, en el entendido de que dicha medida dejará de surtir efectos si aquella no demuestra ante el juzgado de Distrito, que constituyó la garantía respectiva dentro del plazo de cinco días desde que se genere su obligación de enterar la contribución, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el monto que debe garantizar es precisamente el que derive de la retención que conforme a los preceptos impugnados le corresponde hacer a todas las personas mayores de dos años que traslade y arriben al Municipio de Cozumel, por concepto de la contribución, en el porcentaje y plazo que marca la ley, con las excepciones establecidas en el artículo 135 SEPTÍES." Los cuales en términos de lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Amparo, se retrotraen al seis de marzo de dos mil veinte, fecha en que se resolvió la suspensión definitiva; ello en atención a que se concedió a la amparista la suspensión definitiva con motivo del recurso de revisión que interpuso, cierto es también que se desconoce si la obligación de enterar la citada contribución, se generó en diversos meses a los que la quejosa acredita haber garantizado el interés fiscal (noviembre y diciembre de dos mil veintiuno, y febrero de dos mil veintidós). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Incidental

    Agréguese el escrito signado electrónicamente por Iván Rodrigo Cruz Bencomo apoderado de la parte quejosa Princess Cruise Lines Ltd, a través del cual a efecto de acreditar que garantizó el interés fiscal ante la autoridad exactora, como le fue requerido en la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 177/2020 del índice del Segundo Tribunal colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veinte, para lo cual anexa las versiones digitalizadas de las siguientes documentales: i. Impresión digitalizada del original del acuse de recibo de la presentación de los billetes de depósito número Y804388, Y804387 y Y804386 ante la Tesorería del Municipio de Cozumel. ii. Declaraciones Informativas del Derecho de Saneamiento Ambiental Visitantes que Arriban Vía Crucero al Municipio de Cozumel correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintiuno y enero de dos mil veintidós. iii. Impresión digitalizada del original del billete de depósito número Y804388, expedido en fecha quince de febrero de dos mil veintidós, por el Banco del Bienestar por un monto de $47,279.10 (Cuarenta y siete mil doscientos setenta y nueve pesos 10/100 moneda nacional) que garantiza el derecho de saneamiento ambiental respecto el mes de noviembre de dos mil veintiuno por los pasajeros. iv. Impresión digitalizada del original del billete de depósito número Y804387, expedido en fecha quince de febrero de dos mil veintidós, emitido por el Banco del Bienestar por un monto de $76,455.63 (Setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 63/100 moneda nacional), que garantiza el derecho de saneamiento ambiental incurrido respecto el mes de diciembre de dos mil veintiuno, por los pasajeros. v. Impresión digitalizada del original del billete de depósito número Y804386 expedido en fecha quince de febrero de dos mil veintidós por el Banco del Bienestar por un monto de $42,990.71 (Cuarenta y dos mil novecientos noventa pesos 71/100 moneda nacional), que garantiza el derecho de saneamiento ambiental respecto el mes de enero dos mil veintidós por los pasajeros. Ahora, toda vez que la quejosa acreditó haber garantizado el interés fiscal ante la autoridad exactora por lo que hace al derecho de saneamiento ambiental, con lo que da cumplimiento al requisito de eficacia impuesto por el tribunal de alzada, con motivo del recurso de revisión que interpuso contra la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declara que la suspensión definitiva ahí concedida continúa surtiendo sus efectos, únicamente por lo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintiuno y enero de dos mil veintidós, pues si bien la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinte y mediante ejecutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 177/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se concedió la suspensión para los siguientes efectos: "Consecuentemente, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que la recurrente no sufra los efectos y consecuencias de las disposiciones contenidas en el Decreto Número 022, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, específicamente sus artículos 135 BIS, 135 TER, 135 QUATER, 135 QUINQUIES, 135 SEXIES Y 135 SÉPTIES, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, que entró en vigor el uno de enero de dos mil veinte, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo. La presente medida surte sus efectos de inmediato. Asimismo se establece que la efectividad de la medida cautelar queda condicionada a que, mientras se resuelva el fondo del asunto en definitiva, la parte recurrente debe constituir garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, cada vez que genere la obligación de enterar la contribución respectiva, en el entendido de que dicha medida dejará de surtir efectos si aquella no demuestra ante el juzgado de Distrito, que constituyó la garantía respectiva dentro del plazo de cinco días desde que se genere su obligación de enterar la contribución, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el monto que debe garantizar es precisamente el que derive de la retención que conforme a los preceptos impugnados le corresponde hacer a todas las personas mayores de dos años que traslade y arriben al Municipio de Cozumel, por concepto de la contribución, en el porcentaje y plazo que marca la ley, con las excepciones establecidas en el artículo 135 SEPTÍES." Los que en términos de lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Amparo, se retrotraen al seis de marzo de dos mil veinte, fecha en que se resolvió la suspensión definitiva; ello en atención a que se concedió a la amparista la suspensión definitiva con motivo del recurso de revisión que interpuso, cierto es también que se desconoce si la obligación de enterar la citada contribución, se generó en diversos meses a los que la quejosa en esta fecha acredita haber garantizado el interés fiscal (noviembre y diciembre de dos mil veintiuno y enero de dos mil veintidós). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.

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