Primo Sidel Santiago Martín
Expediente 260/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/06/2022
Partes del expediente
- Primo Sidel Santiago Martín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído en el que se ordenó el archivo definitivo del presente cuaderno de antecedentes, se realizó la valoración del mismo como destruible una vez transcurridos cinco años a partir del referido acuerdo, sin que dicha temporalidad establecida sea la correcta. Ahora bien, toda vez que dicho plazo ya transcurrió, se ordena su destrucción realizando las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como su relación en el acta de destrucción respectiva, para su plena identificación.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio procedente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del presente asunto. En tal virtud, tomando en consideración, que no existe trámite pendiente alguno por desahogar en el presente cuaderno, se ordena el archivo del mismo, como asunto concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Finalmente, vista la certificación que antecede, particularmente la reserva decretada en proveído de seis de marzo del año en curso, del escrito presentado por el quejoso mediante el cual realiza diversas manifestaciones; al respecto, y tomando consideración que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México aceptó la competencia planteada, remítase el escrito de referencia previó desglose que se haga para su debida constancia legal. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de marzo de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos los escritos de cuenta suscritos por los quejosos, por medio de los cuales hacen diversas manifestaciones, por tanto, toda vez que por auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se declinó la competencia para conocer y resolver del presente juicio y su acumulado, a favor del Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se reserva la remisión de los escritos de cuenta, hasta en tanto se tenga la certeza de la autoridad que vaya a conocer y resolver el presente juicio y su acumulado. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento al aviso de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se notifica mediante lista a la parte quejosa el auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDAS. Téngase a **********************, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número que corresponda, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ACUMULACIÓN. Visto el contenido de la certificación de cuenta de la que se advierte que las demandas que dieron origen a los juicios de amparo 260/2016 y 261/2016, promovidos respectivamente por *******************************************, mismas que fueron promovidas contra actos del Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Así las cosas, esta juzgadora federal estima que los juicios de amparo 260/2016 y 261/2016, deben ser acumulados para su conocimiento y tramitación en un mismo juicio de amparo, a fin de garantizar en mayor medida el derecho fundamental de administración e impartición pronta y expedita que exige el artículo 17 de la Constitución Federal, como enseguida se explica. Para justificar la decisión anterior, así como la inclusión de la institución jurídico-procesal de la "acumulación" dentro del juicio de amparo, no obstante que la actual Ley de Amparo no la prevé, se hace necesario precisar que sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, se permitirá la acumulación para que el juzgador pueda resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ello, pues la figura de acumulación se incorporó al régimen general de tramitación en la vía incidental. Así, se concluyó que cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo. Dicho criterio es de observancia obligatoria para este juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y se trata de la jurisprudencia 24/2015 (10a.) consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, tomo I; página: 19; Décima Época, de rubro y texto: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal". En ese sentido, la figura de la acumulación tiende a proteger el derecho fundamental a una mejor, expedita y pronta administración de justicia, ya que al estar aglutinadas las diversas peticiones de amparo que involucran el análisis de un mismo acto de autoridad, permite su más rápida tramitación procesal en beneficio de las partes con todo lo que ello implica, en tanto que, a contrario sentido ello no se hace posible. Ahora bien, los preceptos en que se regula la acumulación de la ley procesal civil, son los que siguen: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. --- La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." "Artículo 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental." De los preceptos reproducidos debe destacarse que la institución de la acumulación se previó con la finalidad de que una misma litis se resuelva de forma única o en un solo juicio, lo que así es en la medida de que el redactor de la primera de las normas ponderó que esa litis la constituye precisamente el análisis de los mismos hechos que den lugar a la comprobación, constitución o modificación de una relación jurídica derivada en todo o en parte de una misma situación de hecho. En el caso que nos ocupa, debe destacarse que al analizar los juicios de amparo 260/2016 y 261/2016, se advierte que los quejosos **********************, señalaron como acto reclamado la adjudicación decretada en el expediente 997/2010, el treinta y uno de enero del año en curso, dictada por el ************, en el que los quejosos son parte demandada en el juicio de origen, así como las diligencias de notificación que se asentaron en fecha de veintiocho de agosto y treinta y uno de agosto de dos mil quince, en el domicilio que indican, derivadas de dicho procedimiento por vicios propios. En las apuntadas condiciones, lo procedente es decretar de plano la acumulación del juicio de amparo 261/2017, al diverso 260/2017, por ser este último el más antiguo, atento a que como se dejó de manifiesto, los actos reclamados derivan del mismo juicio y se trata del mismo acto reclamado. La acumulación aludida así se determina, a fin de evitar sentencias contradictorias. En la inteligencia de que en los casos en que la acumulación sea ordenada de oficio no existe necesidad de abrir y tramitar el incidente de acumulación respectivo, pues no se trata de una cuestión incidental, sino de una determinación de la autoridad jurisdiccional que no requiere la tramitación de dicho incidente. Al efecto, cabe citar el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 177, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACUMULACION. FACULTAD DISCRECIONAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA TRAMITARLA. Del análisis del artículo 57 de la Ley de Amparo, el cual establece que en los juicios de amparo, en tramitación ante los jueces de Distrito, podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio, no se desprende que el dispositivo en cuestión imponga imperativamente la obligación, a cargo del juez de Distrito, para que en todo caso tramite la acumulación que llegara a plantearse, sino por el contrario le otorga atribución a fin de que, potestativamente, pueda decidir, si lo estima conveniente, iniciar el trámite que al efecto establece la ley mencionada." PRONUNCIAMIENTO SOBRE COMPETENCIA. Al respecto, y vistas las demandas de amparo que promueven ****************, ambos por propio derecho, contra actos del ********************************************. Al respecto, cabe destacar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, por lo que este Juzgado de Distrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo. Con ese propósito, se estima necesario dejar asentado que el acto que se reclama en el presente juicio consiste en: La adjudicación decretada en el expediente 997/2010 el treinta y uno de enero en curso, por el **************************, en el que los quejosos son parte demandada en el juicio de origen. Para establecer la competencia en el conocimiento del juicio de amparo, es menester tener en cuenta, ante todo, la naturaleza de los actos reclamados, a fin de apreciar si los mismos requieren de ejecución material o no. Primeramente es necesario traer a glosa el artículo 37 de la ley de la materia, dispone: "ARTICULO 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la transcripción de este artículo, se advierte que existen dos reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso en concreto y de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad refirieron los ahora quejosos, se advierte que reclaman la adjudicación decretada en el expediente 997/2010, los cuales son actos procesales, que se concretan a través de los actos que eventualmente ordene o realice el juez del conocimiento, habida cuenta que será el Aquo civil quien tendrá que emitir los actos encaminados a ejecutar el procedimiento de adjudicación que reclaman los quejosos en la presente vía constitucional. Luego, debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir con las determinaciones decretadas en el procedimiento de ejecución que se tramita ante el juez del conocimiento en el expediente 997/2010. Por tal motivo, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, párrafo primero, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción el acto reclamado deba tener ejecución o se haya ejecutado, que en el caso de actos procesales, es el del lugar de residencia del Juez que deba dictarlos. No pasa inadvertido para esta juzgadora federal que refiera en su demanda de amparo violaciones procedimentales, referentes a los vicios de notificación del procedimiento de adjudicación que se lleva a cabo en los autos del referido expediente, sin embargo, tales actos no pueden reclamarse de forma autónoma, sino sólo la resolución que pone fin al procedimiento respectivo (entendida como aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados), con la posibilidad de que se controviertan las violaciones producidas durante su tramitación que dejaron en estado de indefensión a la persona, pero dichos actos, al constituirse en violaciones procedimentales, pero no actos destacados, no son aptos para fijar la competencia del Juez de Distrito. Cobra aplicación el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, página 229, Novena Época, con registro 179090, de título y contenido que disponen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." Del mismo modo y por analogía, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 119/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 50, Novena Época, con registro 167963, de título y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. Las excepciones procesales dilatorias tienen como finalidad excluir relativa o provisionalmente la acción del demandante, pues a través de ellas se denuncia el incumplimiento o la falta de presupuestos procesales (como la competencia del juzgador, la vía seguida para tramitar la demanda o la personería de los litigantes). Así, la desestimación de una excepción de ese talante, por considerarla improcedente, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del inferior, en el sentido de que no hay obstáculo que impida la prosecución natural del proceso judicial. En ese sentido y atento al artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución de segundo grado que confirma la interlocutoria que desecha una excepción procesal dilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material." Así las cosas, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se declina la competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, por lo que mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena enviarle el presente expediente, para lo que a bien tenga determinar. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que se estimen necesarias y solicítese tenga a bien acusar recibo e informar si acepta la competencia declinada, en términos del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Ahora bien, conforme al contenido del artículo 48 de la Ley de Amparo, en razón de la notoria incompetencia decretada con antelación, y al no reclamarse actos del artículo 15 de la ley de la materia, no es el caso ordenar la apertura del cuaderno incidental. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************; asimismo, en términos del artículo 24 del citado ordenamiento legal a las diversas personas que menciona, por no contar con sus cédulas profesionales registradas ante los tribunales que los acredita para ejercer con el carácter de licenciados en derecho. Asimismo, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas que no lo son, a efecto de que el fedatario realice las notificaciones personales, que en su caso deriven del presente expediente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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