Primo Perez Hernandez

Expediente 280/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
280/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
17/04/2015

Partes del expediente

  • Primo Perez Hernandez
  • Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Tabasco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III.- HA CAUSADO ESTADO LA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO

  2. Principal

    MESA III. ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...

  3. Principal

    MESA III.- SE ENCUENTRA TRNASCURRIENDO TÉRMINO DE VISTA DE OCHOS DÍOAS A LAS PARTES CON INFORME JUSTIFICADO, SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON DIUEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

  4. Principal

    MESA III.- Con fundamento en los artículos 2, 33, 35, 37, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo en vigor, se admite la demanda que promueve, **, contra actos de la siguiente autoridad: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. ANOTACIONES Se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este juzgado, así como registrarlo bajo el número de juicio de amparo 280/2015-III. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo vigente, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes, así como de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibida que en caso de omisión, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en los numerales 238, 260, fracción II de la ley de la materia. COMUNICACIÓN DE CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Asimismo, se requiere a las partes que en caso que tengan conocimiento de alguna causa notoria de sobreseimiento, lo informen de inmediato; apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en los numerales 64, 238 y 251 de conformidad con los artículos 61, fracción XXI y 63 de la Ley de Amparo. Ahora, cabe señalar que de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, se debe dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; empero, la referida vista es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de la facultades de revisión y de última de instancia de que les dota el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, este órgano jurisdiccional no se encuentre en el supuesto de dar vista con alguna posible causa de improcedencia en los términos reseñados, pues -como se adelantó- la obligación de hacerlo corresponde específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito. Se afirma lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, sostuvo que para que se actualice el supuesto normativo de que se trata se deben presentar ambas hipótesis, es decir, que la causa de improcedencia no sea alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior para que surja la obligación del juzgador de dar vista al quejoso con la actualización de la causal de improcedencia detectada de oficio; lo anterior, debido a que la palabra inferior a que se refiere la parte final de la segunda frase cuestionada, se puede interpretar que se refiere a jerarquía de órganos desde el punto de vista jurisdiccional; en ese sentido, en primera instancia no existe órgano inferior dado que en su categoría se encuentran los juzgadores que conocen de primera mano del juicio de amparo de que se trate, es decir, es con los que inicia el juicio, en este medida los Tribunales Colegiados tratándose del amparo indirecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo, tendrán el carácter de superior, cuya característica principal es que por mandato legal conocerán y resolverán de algunos de los recursos de impugnación previstos en la ley en segunda instancia, para que en su caso se revoque, modifique o confirme la decisión revisada, siendo que al órgano inferior se le conoce como juez a quo, dado que su fallo controvertido ante el tribunal superior, cuya denominación de éste es de Ad Quem, pues será el tribunal de alzada que conocerá del recurso interpuesto. De lo expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la obligación prevista en el precepto 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está dirigida particularmente a la segunda instancia de las dos vías de tramitación del juicio de amparo a que alude el numeral 2, párrafo primero de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.51/2014 (10a.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 24, Décima Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.". EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Ahora, de la demanda de garantías se advierte que en el presente juicio le asiste el carácter de tercero interesado al Congreso del Estado de Tabasco; por tanto, de conformidad con la fracción II, inciso b) del numeral 26 del ordenamiento legal invocado, emplácese a la autoridad en mención en su domicilio oficial por medio de oficio, adjuntándose para tal efecto copia de la demanda de amparo. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene por ofrecida la presuncional, en su doble aspecto, legal y humana; con ella dese nueva cuenta en la audiencia constitucional. Por otra parte, ténganse por no ofrecidas las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones relativas a todas las actuaciones del expediente laboral 143/2012 y el informe justificado, que rinda en su momento la autoridad responsable, toda vez que no obran en autos. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizados para tales efectos a las personas que señala en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherente a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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