Primo Fabián Nestor y Otros.
Expediente 654/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Primo Fabián Nestor
- Primo Fabián Nestor y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual remite testimonio certificado de la ejecutoria emitida en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el conflicto competencial 35/2022, de su índice, de la que se advierte que dicho cuerpo colegiado declaró legalmente competente al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por los quejosos P***** y ordenó que éste le fuera remitido para tales efectos. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso j) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para conocer del juicio de amparo 388/2022, del índice de la última mencionada; el cual registró con el número 35/2022, de su estadística. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Visto lo de cuenta agréguese a los presentes autos el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, con anexos consistentes en impresión del auto de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 388/2022, de su índice -con firmas electrónicas-, así como la demanda de amparo promovida por Primo Fabián Néstor, Rosendo Ramírez Aragón, Griselda Sosa Zárate, Lucía de Jesús Trinidad López y Magdalena Enríquez López y, seis copia de ésta última Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 654/2022. Ahora bien, visto su contenido se advierte que en acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, dicho juzgado se declaró incompetente -por razón de territorio- para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por Primo Fabián Néstor, Rosendo Ramírez Aragón, Griselda Sosa Zárate, Lucía de Jesús Trinidad López y Magdalena Enríquez López, pues esencialmente refiere que el acto reclamado en el juicio de amparo 388/2022, de su índice, lo constituye la falta de dictado de acuerdo por el que se tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer y objetar pruebas por parte del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, en el expediente 03/2021, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Lo anterior, pues en esencia, refiere que dicha omisión tiene consecuencias materiales, y vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona a recibir justicia de manera pronta y expedita, tal como se encuentra establecido en los artículos 20, apartado A, fracción VIII y, 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho); y, por tanto, corresponde su conocimiento el órgano de amparo que ejerce jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, dado que con la acción que emprenda la autoridad, será la de continuar con el procedimiento, lo que genera un cambio en el mundo fáctico. Determinación por cuanto hace a la competencia declinada. En ese sentido, del análisis de las constancias remitidas, este órgano jurisdiccional respetuosamente no comparte el criterio adoptado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca y por ende, no acepta la competencia planteada por el Juzgado declinante, en atención a las consideraciones que se expondrán. En primer término, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, obviamente, presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla, debe decirse que constituye más bien un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el último párrafo del precepto en comento se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la tercera regla a que se aludió previamente, prevé que la competencia para conocer del asunto, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en los casos en los que el acto reclamado no requiera ejecución material; es decir que, si con la emisión del acto reclamado no se tienen que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación, no se actualiza una ejecución material. Ello es así pues la "ejecución material", no atiende únicamente al contenido del acto reclamado, sino que debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Por tanto "ejecutar", atiende al significado ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Luego, el artículo 37 de la Ley de la materia, al emplear la voz ejecución, reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Así, la "ejecución material", implica un cambio en la situación jurídica del quejoso, ya sea que le impone una carga o le priva o limita algún derecho. Por lo que, para determinar si el acto reclamado tiene o no ejecución es conveniente distinguir la naturaleza intrínseca del acto reclamado y no a su forma de expresión, es decir, si éstos son de carácter positivo, declarativo o negativo; y de dicha diferencia se obtiene si los mismos serán ejecutables o no; lo anterior de conformidad con las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, y que son: "En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que, aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente, pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico". En el caso en particular, del contenido de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: H. Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado [.]. VI.- ACTO RECLAMADO: La omisión de la Autoridad responsable, a dictar el Acuerdo respectivo en el expediente laboral Núm. 03/2021, donde somos actores, teniendo al H. Ayuntamiento Munciipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer y objetar pruebas; en su caso, contestando la demanda, oponiendo excepciones y defensas, ofreciendo pruebas y objetando las de su contraria". Ahora bien, de conformidad a lo precisado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, respecto a la naturaleza intrínseca de los actos de autoridad, esta Juzgadora estima que el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este expediente, consiste, como ya quedó plasmado en el párrafo que antecede, en la omisión de emitir acuerdo por el que se tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer y objetar pruebas por parte del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, en el expediente 03/2021, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; constituye un acto negativo omisivo que carece de ejecución material, pues es claro que no modifica ni altera el estado de las cosas existentes, es decir, no introduce ningún cambio a la realidad, sino que las cosas permanecen en el mismo estado, dada la conducta omisiva de la responsable. En tal sentido, no pueden desprenderse del acto omisivo reclamado cierto efecto positivo o algún principio de ejecución, debido a que como ya quedó apuntado, carece de ejecución material. Por tanto, contrario a lo que sostiene el Juez declinante, la competencia legal para conocer de este juicio de amparo corresponde al Juez que previno en el conocimiento del asunto, en términos del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de la materia. Se insiste, porque los actos reclamados por la parte solicitante de amparo en su demanda, tienen naturaleza omisiva; es decir, la falta de emisión de una determinación dentro del expediente laboral mencionado; por ende, no existe en esa omisión, alguna ejecución material. Lo anterior es así, toda vez que el actuar de la autoridad responsable se trata de una abstención, y por tanto sus efectos no trascienden al mundo fáctico, dado que la omisión de proveer en los términos indicados por la aquí quejosa, se traduce en una omisión simple que carece de efectos positivos, ya que en todo caso, hacer cesar la omisión reclamada sólo traerá como consecuencia la prosecución del procedimiento que no provocará un cambio en el mundo fáctico; al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras la autoridad persista con la abstención reclamada, la quejosa continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.XV. J/34 L (10a.), sustenta por el Pleno del Decimoquinto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1393, Décima Época, Materia Común, Registro digital 2017790, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; luego, la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo dictado y de acordar sus peticiones, así como la abstención de acatarlo, reclamados a las autoridades responsables (autoridad jurisdiccional y parte patronal en el juicio laboral), constituyen actos que no requieren de ejecución material. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables". Así como, la Jurisprudencia PC.XXI. J/2 L (11a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 2406, Undécima Época, Materias Común y Laboral, Registro digital: 2023679, de título y contenido siguientes: "COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUECES DE DISTRITO. LAS OMISIONES O ABSTENCIONES EN EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA LABORAL NO CONLLEVAN UNA EJECUCIÓN MATERIAL PARA EFECTOS DE SU FIJACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras para uno de los contendientes la omisión en el dictado del laudo implica una ejecución material; para el otro, la omisión de acordar la solicitud de señalar fecha para la reinstalación y el dictado del auto admisorio de pruebas, son actos que carecen de ejecución material. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Primer Circuito establece que los actos o abstenciones de las autoridades responsables dentro de los procedimientos laborales no conllevan una ejecución material para efectos de definir la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque las sentencias objeto de contradicción se relacionan con la omisión o abstención de emitir resoluciones, esto es, con la inactividad procesal en que las responsables han incurrido en el trámite de los asuntos de su conocimiento, cuyos efectos no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien, se concretan, simplemente, a una lesión adjetiva por la inobservancia de los plazos previstos en la norma aplicable que les rige en su quehacer jurisdiccional, sin que sea dable llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a la abstención u omisión en el dictado de las resoluciones (como fijar la fecha para la reinstalación, emitir el auto admisorio de pruebas y el laudo), sino a las posibilidades futuras que deriven de su eventual emisión, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado". En consecuencia, al no estar frente al reclamo de actos que tengan ejecución, se actualiza la tercera regla de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuya interpretación debe ser literal, tomando en cuenta que su contenido no deja lugar a dudas. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, Décima Época, Materia Común, Registro digital 2006529, de epígrafe y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Máxime que, como se desprende de la jurisprudencia invocada, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, no acepta interpretaciones ni ejercicios hermenéuticos diversos al exegético, de manera que si lo que se reclama es una omisión propiamente dicha, es inconcuso que tal reclamo no precisa de ejecución material alguna para afectar per se los derechos humanos y fundamentales de la parte quejosa; y, en consecuencia, el Juez competente para conocer del juicio de amparo en análisis, es aquél ante quien se presentó la demanda de amparo. Aunado a que, como ya se ha expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, no deja lugar a dudas sobre la correcta interpretación de la porción normativa actual que regula la competencia legal entre Jueces de Distrito en lo que respecta a actos que no requieren de ejecución material; resultando irrelevante que el juicio laboral de origen, en el que se reclama la falta de acuerdo, se encuentre radicado en la residencia de este Juzgado de Distrito, y que por ello, se presuma un principio de ejecución de los actos reclamados, pues como ya se explicitó, las omisiones reclamadas carecen de ejecución material, pues no precisan de ella para transgredir la esfera jurídica de la parte quejosa; por el contrario, las omisiones reclamadas, de ser injustificadas (constituir una abierta dilación del procedimiento o una paralización del mismo), afectan en sí mismas el derecho humano de tutela judicial efectiva de la parte impetrante, en contravención al artículo 17 de la Constitución Federal. En mérito de lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. En esas condiciones, devuélvanse al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, las constancias que remitió relativas al juicio de amparo 388/2022, de su índice, para los efectos a que haya lugar. Solicitándole el acuse de recibo respectivo e, informe la determinación adoptada al respecto, a efecto de acordar lo conducente en el cuaderno respectivo. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio. Toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, efectúense las notificaciones personales a dicha parte por lista de acuerdos. Autorizados. Ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere en el proemio de su demanda de amparo. Representante común. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente, señaló como representante común en el presente asunto a Primo Fabián Néstor; por tanto, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase a dicha persona como representante común de la parte quejosa. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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