Primo Avelino Montiel

Expediente 681/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
681/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Primo Avelino Montiel

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY DE AMPARO, QUE ESTABLECE QUE EL JUICIO DE AMPARO SÓLO PUEDE PROMOVERSE A INSTANCIA DE LA PARTE A QUIEN PERJUDIQUE EL ACTO DE AUTORIDAD, SE TIENE A DICHO QUEJOSO POR DESISTIDO DEL JUICIO CONSTITUCIONAL EN QUE SE ACTÚA, POR LO QUE, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN I, DE LA INVOCADA LEY, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO

  2. Principal

    EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 9856 signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México y escrito que se adjunta al mismo, promovido por PRIMO AVELINO MONTIEL. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 681/2021-VIII. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: 1. Precise si lo que desea promover es una demanda de amparo indirecto o en su caso un incidente no especificado de traslado del lugar donde actualmente se encuentra recluido, esto es, del Centro Federal de Reinserción Social Número Cinco "Oriente" en el Estado de Veracruz al Centro de Reinserción Social ubicado en la calle Cedro S/N Colonia Obrera Sociales de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Lo anterior, en virtud de que de un análisis integral del presente ocurso, se advierte que el quejoso de mérito solicita lo siguiente: "EXPONGO .Con fundamento en los artículos 1, 8, 16, 17 y 18 Constitucionales, Así como 494 del Código Federal Procedimental, Ante Usted Interpongo el presente incidente no especificado de traslado. Del lugar, donde actualmente me encuentro recluido. Siendo el CEFERESO N° 5 "Oriente" del Estado de Villa Aldama Veracruz." Asimismo en el rubro de antecedentes refiere: "MOTIVOS: 2.- Me es necesario ser trasladado al CEREZO (sic) que se encuentra ubicado en la Calle Cedro S/N Colonia Obrera Sociales de Poza Rica de Hidalgo Veracruz C.P. 93240 Toda vez que este el más cercano a mi domicilio (Ya que mi familia es de bajos recursos).." Sin embargo, en el texto de dicho ocurso, también señala lo siguiente: "SUSPENCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos, 128, 130, 138, y 140 de la ley de Amparo Solicito la Suspensión del Acto de Molestia (en) al afectar mi libertad personal de adecuada defensa.. [.] Por lo. Anterior Expuesto y fundado Atentamente pido se sirva. PRIMERO: Tenerme por presentado. Demandando el Amparo y Protección de la Justicia Contra el acto reclamado que preciso en la presente demanda. SEGUNDO: Señalar día y hora. Para que tenga verificativo la audiencia Constitucional. TERCERO: Notificar a las autoridades responsables a efecto de que rindan su informe previo dentro del termino de 24 horas, hasi (sic) como rendir su respectivo informe justiciado en el término de tres días en el apego a los artículos 278 y 279, del Codigo Federal de Procedimientos Civiles Se me otorgue copia certificadas de lo que emane del presente juicio de garantías incluyendo copias del presente livelo (sic) CUARTO En su oportunidad previo los tramites de ley, dictar, sentencia, considiendo (sic) al suscrito Primo Avelino Montiel, el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión." Lo que genera confusión a la suscrita, pues si bien refiere que promueve un incidente no especificado de traslado ante el Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, también manifiesta presentar una demanda de garantías, así como que se le otorgue el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, en caso de que sea su deseo promover una demanda de garantías, deberá también señalar lo siguiente: 2. El o los nombres de los terceros interesados, así como el domicilio en dónde puedan ser emplazados al presente juicio, o si no los conoce, lo manifesté así, bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, a fin de que el quejoso cumpla con el requisito establecido por la fracción II del artículo 108 de la Ley de Amparo, que expresamente refiere la carga para la parte quejosa de expresar el nombre y domicilio del tercero interesado, o en su caso, la mencionada protesta de decir verdad cuando lo desconozca. Encuentra apoyo en la tesis visible en la página 538, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, relativo al mes de julio de 1994, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCER PERJUDICADO.- De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercer perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5°., de la legislación de la materia, además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercer perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." 2. Precise de manera clara los actos que reclama, así como a las autoridades responsables que se los atribuye. Ello es así, dado que en el presente ocurso de cuenta, no obra capítulo de actos reclamados, ni de autoridades responsables. Lo que genera confusión a la suscrita, pues de su análisis no se advierte específicamente que acto desea señalar como reclamado y a la autoridad a la cual se lo atribuye, motivo por lo cual no se pueden fijar de forma precisa la litis constitucional en el presente asunto. En tales condiciones, como se dijo, el promovente deberá precisar los actos que pretende reclamar y a que autoridades responsables se los atribuye. Pues no corresponde a este tribunal interpretar el sentido de sus palabras, como lo dispone el artículo 76 de la Ley de Amparo; en cambio, acorde con el numeral 108 de la ley de la materia, el quejoso tiene la obligación de precisar los actos reclamados para que este Juzgado esté en posibilidad de resolver la cuestión efectivamente planteada y también las autoridades responsables se encuentren en aptitud de rendir debidamente sus informes justificados. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". Así como la jurisprudencia número 711, visible a fojas 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO." Asimismo, la tesis sustentada por Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la página 186 del Tomo XII, septiembre de 1993, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES, OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS.- De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quienes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la finalidad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de demandar y no se hizo". 3. Asimismo, deberá dar cumplimiento al requisito formal a que se refiere la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es: manifestar los hechos o abstenciones bajo protesta de decir verdad, que le consten y que constituyan los antecedentes de los actos reclamados, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, si en su caso desea realizar, lo cual debe manifestarse de manera expresa en el escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra apoyo en la Tesis 1a./J. 64/2015 (10a.), de la Primera Sala, visible en el Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, pagina 713, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2010471, bajo el texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." De igual forma, encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, bajo el texto: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la ley de amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una formula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la ley de amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la ley de amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". 4. Manifieste los conceptos de violación con los que trate de demostrar jurídicamente, que los actos reclamados resulten contrarios a las hipótesis de la norma constitucional, que considere vulnera en su perjuicio. Lo anterior, teniendo en consideración que fue omiso en expresar manifestaciones tendentes a demostrar que los actos reclamados son contrarios a lo expuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que esta juzgadora esté en aptitud de realizar el análisis correspondiente. Al efecto, se cita la Jurisprudencia 1a./J. 58/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noven Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 150, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes." 5. Igualmente, deberá exhibir tres copias del escrito con el cual desahogue la prevención formulada en párrafos que anteceden, dado que en el caso son necesarias dos para formar los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión y una para emplazar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano. En la inteligencia que deberá exhibir igual número de demandas y escrito de desahogo, como autoridades y terceros interesados señale. Lo anterior encuentra apoyo en la Tesis 1ª./J.106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, Novena Época, Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación que literalmente dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS: La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Así como la jurisprudencia número P./J.36/2001, igualmente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página setenta y nueve, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Instancia Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que de dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En la inteligencia que de no cumplir a cabalidad con dicha prevención, se procederá en la forma que establece el artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito inicial de demanda. Ahora bien, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" en el Estado de Veracruz, esto es fuera de la jurisdicción de este Juzgado; en tales condiciones con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298, 303, 306, 308 y 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, para que comisione al fedatario de su adscripción y notifique el presente auto a la quejoso PRIMO AVELINO MONTIEL. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito, en días y horas inhábiles a realizar las notificaciones personales que surjan en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta para firmar los oficios que se generen en el presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, vía exhorto.

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