Primo Aguilar Ángeles
Expediente 1454/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1454/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Primo Aguilar Ángeles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Agréguense el oficio y anexo de cuenta. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el recurso de queja administrativa 8/2022, resolvió: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Primo Aguilar Ángeles, por conducto de su representante legal, contra el proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo 1454/2021-II-B. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo que le dio origen. Asimismo, el cuaderno de antecedentes derivado del expediente en que se actúa es destruible..II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; once de enero de dos mil veintidós. ACUSE DE RECIBO. Téngase a la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, acusando recibo del diverso mediante el cual se le remitió el juicio de amparo 1454/2021-II, así como el original y copia del recurso de queja intentado por la parte quejosa, el cual quedó radicado bajo el número 8/2022.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo: 1. Se tiene a Dhaní Álvaro Ávila Lara, representante de Primo Aguilar Ángeles, interponiendo recurso de queja contra el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno. 2. Una vez que se notifique al recurrente el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, (I) el informe sobre la materia de la queja; (II) el original del escrito de agravios; y, (III) original del expediente en que se actúa. 3. Fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de diciembre de dos mil veintiuno. SE TIENE POR DESAHOGADA LA PREVENCIÓN. Téngase a Dhaní Álvaro Ávila Lara, desahogando la prevención que se le hizo en auto de diecisiete de noviembre pasado. PERSONALIDAD. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad que ostenta el promovente, en términos del poder otorgado por Primo Aguilar Ángeles, en la que se otorga a Dhaní Álvaro Ávila Lara poder general para pelitos y cobranzas. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 2 Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que el auto reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación al promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 3 [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 4 el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 5 ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 6 este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Una vez precisado lo anterior, se tiene que la demanda de amparo debe analizarse en su integridad, a efecto de determinar la intención de la parte quejosa y, de esa manera, proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido; acorde al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, en la página 32, con los siguientes epígrafe y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Entonces, del estudio exhaustivo del escrito inicial, se obtiene que Dhaní Álvaro Ávila Lara, representante legal de Primo Aguilar Ángeles promovió el presente juicio de amparo en contra del auto que admitió la prueba pericial en Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 7 materia de topografía y agrimensura ofrecida por su contraparte y requirió a la ahora quejosa para que señalara perito de su parte y adicionara el cuestionario exhibido por aquella, emitido el veintidós de octubre, dictado en el expediente 065/2021-55 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 55. Sin embargo, como se adelantó, dicha actuación no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos, pues el auto citado está circunscrito a la actividad probatoria del juicio de origen; por tanto, no puede ser considerado como de aquellos que tienen efectos de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental, sino que, como se dijo, las posibles violaciones que se hubieron cometido son de naturaleza únicamente formal. Efectivamente, tal auto de ningún modo impide al quejoso el ejercicio de un derecho sustantivo, como la vida, la libertad o la propiedad, tutelados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, sino que en todo caso son cuestiones intraprocesales. Además, no afecta de manera inmediata al promovente dado que, de las consecuencias que pueda producir, con independencia de la decisión que pudiera tomarse respecto a la legalidad o la constitucionalidad de dichos actos de autoridad, no depende la suerte de todo el proceso de origen. En otras palabras, tal determinación jurisdiccional no afecta de manera inmediata al promovente, dado que sus efectos se verán reflejados en la resolución del juicio de Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 8 origen y la afectación que, en su caso, le provocara, se traduce en aspectos meramente procesales, no así sustantivos; por esas razones, se afirma, no son de imposible reparación. En ese sentido, las afectaciones que, el ahora quejoso aduce le producen los actos reclamados pueden ser reparadas en el supuesto de que obtenga sentencia favorable en el juicio de origen, o en caso contrario, de acuerdo con lo establecido en el arábigo 170 de la Ley de Amparo, se encuentra en aptitud de reclamarlas a través del juicio de amparo directo, por constituir violaciones a las reglas del procedimiento que se prevén en la fracción III del artículo 172 de la citada legislación. En efecto, el contenido del último numeral invocado es el siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]." Conforme a tal porción normativa, en la demanda de amparo directo que, en su caso, sea promovida, pueden controvertirse tanto las violaciones cometidas al dictar la sentencia, como aquellas que se actualizaron durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas de la quejosa. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 9 defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Sustenta la anterior consideración por analogía la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, página 13, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 10 de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: 'EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.', cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el secretario Gerardo Damián Luna Reyna, que da fe...II
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