Primitivo Mendóza Galindo
Expediente 122/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/02/2023
Partes del expediente
- Primitivo Mendóza Galindo
Actuaciones
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA ***, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIECISEIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual remite el original del libelo inicial, promovido por********************, contra actos del Ministerio Publico, *****, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Milpa Alta, Unidad de Investigación 1 sin detenido, de la Unidad de Atención Temprana (UAT) en la Ciudad de México, toda vez que por acuerdo de quince de los actuales, ese órgano jurisdiccional declaró que es incompetente para tramitarlo, en virtud de que el acto reclamado del que se adolece el quejoso de mérito es de materia penal; por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la nueva Ley de Amparo, se acepta el conocimiento del asunto, fórmese expediente y regístrese bajo el consecutivo ****. Al respecto, este órgano de control constitucional se reserva emitir el pronunciamiento conducente respecto a la convalidación de las actuaciones realizadas por el titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los autos del sumario ***, una vez que, de ser el caso, la parte quejosa desahogue la prevención formulada en párrafos que a continuación se indican. Comuníquese lo anterior a dicho Juzgado de Distrito para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. En ese contexto, en términos de lo previsto en los artículos 112, 114, y 108 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación del presente proveído realice lo siguiente: 1. Precise expresa y concretamente la o las autoridades que designa como responsables, así como de manera concreta el acto o los actos que reclama de cada una de ellas. Esto es así, pues una vez analizada la demanda que nos ocupa en su integridad, se advierten inconsistencias en los actos que la parte quejosa pretende combatir en esta instancia, pues designó como autoridades responsables a las siguientes: Ministerio Publico, ***, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Milpa Alta, Unidad de Investigación 1 sin detenido, de la Unidad de Atención Temprana (UAT) en la Ciudad de México. Asimismo, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, señaló: "ORDEN DE APREHENSIÓN, DE ARRESTO O CUALQUIER OTRA QUE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, (artículo 61 fracción XVIII incisos a y b), precisando que el lugar exacto en donde se puede pretender ejecutar el acto privativo de mi libertad reclamado, es el ubicado en **. La inconstitucional al ordenar el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, para que proceda a arrestarme y en consecuencia privación indebida de mi libertad. (Sic)" Sin embargo, más adelante en el apartado de los conceptos de violación, manifestó lo siguiente: "El día 1 de febrero del año 2023, me llegó una notificación ministerial de apercibimiento, a mi domicilio ubicado en ****, ordenado por ek ministerio publico titular de la unidad de atención temprana de la unidad uno sin detenido de la fiscalía de investigación territorial en milpa alta (mil-1) en donde se me ordena me abstenga de realizar conductas de intimidación o molestia me abstenga de ejercer cualquier tipo de violencia de molestar o agredir física o verbalmente en su persona bienes, posesiones o familia a la querellante Francisca Osorio García en su domicilio o lugares en donde se encuentre, informándome que en caso de que incumpla a lo ordenado me haré acreedor de un arresto, con una duración permanente, manifestando de que tengo tal desconocimiento de la situación que se está suscitando en la carpeta de investigación que se está llevando a cabo en mi contra por el delito de violencia física en contra las víctimas que menciono[.]" En esa tesitura, se desprende que la forma en que el promovente señala a las autoridades responsables ordenadoras, resulta ser una designación genérica y ambigua, por lo que este órgano de control de constitucionalidad no tiene certeza jurídica de cuál es la autoridad que en su momento se le requerirá su informe correspondiente, pues la forma como los señala la promovente no es posible saber con exactitud cuál es la autoridad jurisdiccional y ministerial que desea señalar como responsable, ello en virtud de que en el Sistema Penal Acusatorio existen diversos Jueces Penales adscritos a diversas Unidades de Gestión Judicial, así como diversas coordinaciones territoriales a las que están adscritos diversos representantes sociales, sin que la parte quejosa especifique a cuál de ellos les atribuye el acto reclamado. De igual manera, resulta importante destacar que dada la naturaleza del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, no puede atribuirse de manera genérica, en tanto que la potestad facultada para dictar la misma, es de índole judicial. En efecto, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo orden de justicia penal únicamente prevé como formas de conducción al proceso el citatorio, la orden de comparecencia y la aprehensión, siendo que corresponde al Ministerio Público emitir el primero de ellos, o bien, dictar orden de detención; ello, en caso de existir flagrancia o caso urgente, en términos del artículo 16 de la Carta Magna. Consecuentemente, la emisión de las órdenes de comparecencia, aprehensión y citación son facultad exclusiva de la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público conforme al citado precepto constitucional y al artículo 142 de la primer legislación citada. Por ello, se estima necesario que el quejoso especifique cuál es el acto que en concreto reclama a cada una de las autoridades responsables. Estas precisiones resultan importantes en la medida que este órgano de control constitucional no cuenta con más datos que los aportados por el justiciable en su demanda de amparo; y con ellas, se fijará de manera correcta y precisa la litis en el presente asunto, de acuerdo a las pretensiones del justiciable, desde luego, atendiendo a lo que puede y no, ser materia de análisis en la presente vía indirecta. Por todo lo anteriormente expuesto, es que se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y éste juzgador contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda Y si bien, tratándose de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, lo cierto es que dicha figura jurídica no autoriza al juzgador de amparo a cambiar el acto reclamado señalado por la parte quejosa ni tampoco la autoridad señalada como responsable. 2. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto o los actos que por esta vía pretende combatir, es decir, deberá señalar de manera clara y cronológica los antecedentes del acto o actos que pretenda reclamar y para el caso de que el impetrante insista que los actos reclamados consisten en orden de aprehensión, arresto o acto privativo, deberá indicar si alguno de los actos antes indicados ya se encuentra ejecutado o no. Ello, en razón de que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se consideran imprecisas e insuficientes para tener por colmado el requisito a que hace referencia el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el quejoso omite narrar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de todos los actos que señala en su demanda, información que resulta necesaria para este órgano judicial a efecto de determinar lo conducente. Precisiones que traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio cuenten con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todas las circunstancias, hechos o abstenciones que le constan a la parte quejosa en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; lo cual, debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima y de las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 de la ley de la materia. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.
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