PRIMITIVO MARTINEZ SERRANO y Otros.
Expediente 500/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- PRIMITIVO MARTINEZ SERRANO y Otros.
- Primitivo Martinez Serrano
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, la cual sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de depuración cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos del numeral 18 fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original y duplicado, que negó la medida cautelar solicitada, con fundamento con fundamento en el inciso a), fracción II del artículo 20 del referido Acuerdo General, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a los quejosos y al tercero interesado de identidad reservada ********************por conducto de su padre o tutor ********************, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercero interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 500/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Valle Monroy, quien se ostentó como defensor particular de Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el siete de agosto de dos mil veinte, José Valle Monroy, quien se ostentó como defensor particular de Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- A).- JUZGADO DE CDONTROL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA, con domicilio en LA MESILLA NÚMERO 10, COLONIA LA MESILLA, TEZIUTLÁN, PUEBLA. B).- Al Director del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL de la ciudad de TEZIUTLÁN, PUEBLA, como autoridad ejecutora. Con domicilio en Lerdo 505, ALTOS, COLONIA CENTRO, TEZIUTLÁN, PUEBLA. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- a) La injustificada y arbitraria vinculación a proceso por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en contra de mis defendidos PRIMITIVO MARTÍNEZ SERRANO y LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ RAMIRO por el injusto previsto y sancionado en los numerales que se encuentra contemplado en los artículos 9 fracción I inciso a), 10 fracción I, a), b), c), e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cuya pena es de 50 a 90 años de prisión. Siendo este el acto reclamado materializado dentro de la resolución dictada en audiencia pública de fecha 17 de JULIO de 2020 y que obra en los autos de la causa penal 62/2020, del JUZGADO DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA. En ese sentido a la autoridad ordenadora se le reclama el contenido del primero y segundo conceptos de violación. 2.- De la autoridad señalada como ejecutora, le reclamo el cumplimiento de la resolución dictada por el JUZGADO DE CONTROL YA ANTES CITADO respecto al acto reclamado en comento en contra de los acá recurrentes. En este sentido a la autoridad ejecutora se la reclama el cumplimiento de los mismos conceptos de violación." La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veinte (fojas 13 a 20), se radicó la demanda de amparo bajo el expediente 500/2020 y, se admitió a trámite la demanda de amparo con incidente de suspensión; se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 25). TERCERO. Parte tercero interesada. En cumplimiento al auto de veintiocho de agosto y ocho de septiembre, ambos de dos mil veinte (fojas 32 y 81 a 82), se emplazó al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Elio César Cruz Fabián) y a la persona de identidad reservada C.J.H.C., por conducto de su padre o tutor M.H.O. (fojas 79 y 91). CUARTO.- Cita para audiencia. En proveído de dos de octubre de dos mil veinte (foja 105), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que los quejosos esencialmente impugnan: De la 1. Jueza de Control de la Región judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Rosario Ivonne Rivera Calzada). a). La resolución dictada en la continuación de la audiencia inicial, celebrada el diecisiete de julio de dos mil veinte, en la carpeta judicial administrativa en 62/2020/Teziutlán, en la que dictó auto de vinculación a proceso, en contra de los aquí quejosos, por considerarlos probables coautores materiales directos en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de: SECUESTRO AGRAVADO, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso a), artículo 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de C.J.H.C. Del 2. Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, la ejecución de tales actos. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. Inexistencia de actos. El 2. Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla (foja 102), aceptó el acto de ejecución que se le atribuyó en la demanda; sin embargo, dicho acto, en la forma en la que se atribuyó, es inexistente. En efecto, los quejosos afirman encontrarse privados de la libertad en el referido centro penitenciario como consecuencia del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el diecisiete de julio de dos mil veinte, en la causa penal 62/2020/Teziutlán, al considerar que se cometió el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, y que ellos fueron las personas que de manera probable participaron en su comisión. Sin embargo, con base en el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso tiene por efecto que se establezca el hecho o los hechos señalados por la ley como delitos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento, pero no que la persona vinculada a proceso sea privada de la libertad. En esas circunstancias, en caso de acaecer, es consecuencia de que en la audiencia inicial, el juez decrete la vinculación del proceso y en su caso, se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, sea de manera oficiosa en términos del artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, porque, la solicite el Ministerio Público, por estimarla necesaria para asegurar la comparecencia de los imputados a todas las audiencias del procedimiento penal, evitar cualquier peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y garantizar, así como cualquier riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad, tal como lo establecen los artículos 155, fracción XIV, 157, párrafo tercero, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales Como se ve, la reclusión de los quejosos en el Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, no es consecuencia del auto de vinculación reclamado, sino de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; de ahí la inexistencia del acto de ejecución tal cual fue reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, al 2. Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio respecto a ésta. II. Existencia de los actos reclamados. Al respecto, la autoridad responsable: 1. Jueza de Control de la Región judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Rosario Ivonne Rivera Calzada), al rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos que se le atribuyen (fojas 35 y 36); en tal virtud, se tiene plenamente probada la existencia de éstos. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza de actos que se corroboran con las fotocopias autorizadas de diversas constancias que obran en la carpeta judicial administrativa 62/2020/Teziutlán (fojas 37 a 72), que remitió la autoridad judicial responsable en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las cuales se advierte el auto de vinculación a proceso reclamado. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Corrobora además esa certeza, el registro contenido en el disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia inicial y continuación de ésta, en donde obra el acto reclamado, adjuntado por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado y glosado al sumario constitucional dentro un sobre blanco que obra a foja 73 de autos, que el suscrito juez Federal, reproduce al momento de emitir la presente resolución. Los registros contenidos en el disco versátil digital (DVD), en mención, adquiere pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 197, con relación a los diversos 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En el entendido, que cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza del acto reclamado, esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un proceso judicial, se sigue, que la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no se actualiza alguna hipótesis de excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Bien, la audiencia en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, se notificó a estos y a su defensor particular el mismo día de su emisión, esto es, el diecisiete de julio de dos mil veinte, actuación que debe tenerse como realizada -para los efectos legales- hasta el día hábil siguiente; esto es, el tres de agosto del año en curso, lo anterior, sin tomar en consideración el periodo comprendido del dieciocho de marzo al dos de agosto del año en curso, donde quedaron suspendidos los plazos y términos procesales, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transcurriendo el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra del cinco al veinticinco de agosto de dos mil veinte, previo descuento de los sábados y domingos, inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En esa tesitura, si la demanda de amparo que motivó el presente juicio se presentó el siete de agosto de dos mil veinte, de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es evidente que su promoción fue oportuna. QUINTO. Procedencia del amparo indirecto respecto del auto de vinculación a proceso reclamado. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que el suscrito juez Federal advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, luego, el juicio de garantías resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa. Así mismo, acorde con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la vía indirecta resulta procedente respecto del citado acto reclamado, pues es de aquellos actos que causan perjuicio de imposible reparación, considerando que con su emisión afecta la libertad personal del gobernado (en cuanto al auto de vinculación a proceso en forma indirecta), quienes actualmente se encuentran privados de su libertad en cumplimiento a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de ahí que la vía indirecta es procedente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 101/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo." SEXTO.- Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de donde derivan los actos reclamados, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, los actos aquí combatidos serán analizados con las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que los quejosos tienen el carácter de imputados, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. En principio conviene apuntar que a efecto de analizar la constitucionalidad del acto reclamado, el suscrito juez de Distrito, únicamente ponderará las cuestiones debatidas en la audiencia inicial y continuación de ésta, que constituyen la base en las cuales se emitió la determinación reclamada a la juez de control responsable y, que constan en los registros de audio y video almacenados en el disco versátil digital que la autoridad responsable remitió. Por otra parte, se precisa que este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, no puede sustituirse a la juez de control responsable y analizar en esta sentencia los registros y actuaciones practicados por el órgano técnico, que atento al principio de contradicción que rige al sistema de justicia penal acusatorio y oral, la juez responsable no tuvo en cuenta al emitir el acto ahora reclamado; máxime que no se trata de pruebas supervenientes relacionadas directamente con la violación a derechos humanos de la primera etapa de investigación. Se invoca, en lo conducente, la tesis 1a. CCIV/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHOS HUMANOS. SU RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL AL ESTUDIO DE VIOLACIONES Y PRUEBAS SUPERVENIENTES RELACIONADAS CON LA PRIMERA FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Las violaciones a derechos humanos en la primera fase de investigación del nuevo sistema de justicia penal pueden ser reclamables en amparo, por lo que esta Primera Sala sostiene la Jurisprudencia 1a./J. 107/2007, de rubro: 'ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON SUPERVENIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN.'. Ello no se contrapone a la Jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), también sostenida, de rubro: 'ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).'. Lo anterior es así, porque si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio ha admitido como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tengan directa relación con hechos de la investigación, más aún, si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal. Lo que reconoce el segundo criterio es la revisión de constancias conforme a la naturaleza jurídica del nuevo sistema de justicia penal, pero ello no implica que pierda vigencia y obligatoriedad el primer criterio rector para la admisión de pruebas en cuestiones de excepcionalidad, incluso, de máximo rigor al tratarse de tortura. Por ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el hecho de que la autoridad responsable no hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que el tribunal de amparo admita y valore medios de prueba supervenientes que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación. Al respecto, un caso paradigmático es la tortura, pues además no debe perderse de vista que versa sobre un tema de pronunciamiento previo y oficioso." Asimismo, sirven de apoyo, las tesis VI.2o.P.38 P (10a.), emitidas, en su orden, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE IMPONERSE DE LOS DATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, RESOLVER CONFORME A LAS CUESTIONES EFECTIVAMENTE DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA. Atento a que el sistema procesal penal acusatorio y oral opera, entre otros, bajo el principio de contradicción, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente y aportar pruebas al respecto, al decidir sobre la procedencia del auto de vinculación a proceso, el Juez de control no debe imponerse de los datos que integran la carpeta de investigación, sino en observancia a dicho principio, resolver conforme a las cuestiones efectivamente debatidas en la audiencia. Lo anterior, a fin de evitar la formación de un criterio propio que afecte su objetividad e imparcialidad, y que su decisión se emita únicamente conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia desahogada ante él, pues el principio en comento, no otorga privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de éstas, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de garantía, discutirlas en un debate pleno y contradictorio sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten y, con base en ello, el Juez resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con lo propuesto por ellos." "RECURSO DE QUEJA. RESULTA FUNDADO CONTRA LA SOLICITUD DEL JUEZ DE DISTRITO EFECTUADA AL JUEZ DE CONTROL PARA LA REMISIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. De una interpretación sistemática y armónica del texto de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo, y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse únicamente la existencia de 'un hecho que la ley señale como delito' y 'probabilidad en la comisión o participación del activo', de ahí que el Juez de control al emitir el auto referido solamente considera los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público respectivo, en la audiencia inicial correspondiente, en términos del artículo 313, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ende, resulta incorrecto que el Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se reclama el auto de vinculación a proceso, solicite la remisión de la carpeta de investigación, ya que no todos los datos de prueba que ahí constan, necesariamente tienen que tomarse en cuenta al momento de que el Juez de control emita la citada vinculación a proceso reclamada, sino que debe atenderse únicamente al contenido de la referida audiencia, en la que el representante social expone de manera oral los datos de prueba con los que estima se establece el hecho que la ley señala como delito, y de manera probable, que el imputado lo cometió o participó en su comisión, a fin de colmar uno de los requisitos que prevé el artículo 316, del invocado Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de tal auto de plazo constitucional." Asimismo, se puntualiza que el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general' , de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, corresponde al suscrito juez de Distrito, determinar si el acto reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental de la parte quejosa. En principio, habría que decir que el hecho de que el artículo 19 de la Constitución Federal establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de vinculación a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto; lo anterior, en virtud de que es necesario que ese tipo de acto reúna, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las prerrogativas de seguridad jurídica consagradas en la Constitución, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y, que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal, respetando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento; cúmulo de derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un solo artículo, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis XIII.P.A.30P, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que establece lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA).. El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." En tal sentido, es oportuno indicar que, entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General de la República, está la relativa al debido proceso legal, que permite a los gobernados acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En otras palabras, el derecho al debido proceso legal se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo procedimiento (instrucción, defensa, pruebas y sentencia). Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." El acto reclamado satisface lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, pues de autos se advierte que los quejosos reclaman la resolución en la que se determinó vincularlos a proceso, cuya emisión atribuye a un órgano judicial previamente establecido 1. Jueza de Control de la Región judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Rosario Ivonne Rivera Calzada), dentro de la causa penal 62/2020/Teziutlán, que se instruye en su contra, por considerarlos probables coautores en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos a), b), c) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 7, 9 y 13, fracción III del Código Penal Federal, cometido en agravio de C.J.H.C. De las constancias no se advierte que se haya dado efecto retroactivo a ley alguna en perjuicio de los quejosos; además, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Para explicar lo anterior (el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento), es preciso indicar que conforme a las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, previo a la emisión de un auto de vinculación a proceso se deben satisfacer las formalidades que al efecto prevén los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales que, en lo que aquí interesa, disponen que inmediatamente después de que los imputados detenidos en flagrancia o caso urgente sean puestos a disposición del juez de control, se citará a la audiencia inicial. En esa audiencia, el juez de control les preguntará a los detenidos si cuentan con defensor y en caso negativo, ordenará que se les nombre un defensor público, también les hará saber que pueden ofrecer datos de prueba y acceder a los registros de la investigación, debiéndole informar además sus derechos constitucionales y legales, si es que no se les hubiesen informado con anterioridad; y, a continuación se procederá a realizar el control de la detención. Previo a llevar a cabo ese control, el juez concederá la palabra al Agente del Ministerio Público, para que argumente y presente los datos de prueba que justifiquen la legalidad de la detención; enseguida, dará oportunidad a las demás partes (primero al asesor jurídico de la víctima, si lo hubiera y luego a los inculpados) para que aleguen en defensa de sus intereses; y, agotado el debate, resolverá lo procedente. Después de que el juez de control haya, en su caso, calificado de legal la detención (si no la califica de legal deberá dejar en libertad al inculpado), el Ministerio Público tendrá que formular imputación, que es el acto por medio del cual hace del conocimiento de los justiciables, en presencia de la autoridad judicial, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Formulada la imputación, el juez de control preguntará a los imputados si la entienden y si es su deseo contestar al cargo en su contra, es decir, les brindará la oportunidad de declarar en relación con los hechos que se les atribuyen. Una vez que los imputados hayan emitido su declaración, o bien, manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y para formular la solicitud de vinculación a proceso. Luego que el agente del Ministerio Público haya solicitado la vinculación de los imputados exponiendo al efecto los datos de prueba conducentes, el juzgador se dirigirá a los gobernados y les explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud de la fiscalía, es decir, les dará a conocer los plazos para resolver sobre su situación jurídica. Por consiguiente, el Ministerio Público, de estimarlo procedente, deberá solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que los imputados hayan tenido oportunidad de contestar el cargo, pero de manera previa a que los justiciables decidan si se acogen o no al plazo a que alude el artículo 19 de la Constitución General de la República -o a su ampliación- para que se resuelva su situación jurídica, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole a los imputados y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. Salvo que los imputados soliciten que sea en la primera etapa de la audiencia inicial donde se resuelva su situación jurídica, el juez de control señalará día y hora para su continuación, la cual habrá de celebrase, dentro de las setenta y dos, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que los imputados fueron puestos a su disposición (esto último, sólo en el supuesto de que los gobernados hayan solicitado la ampliación del término constitucional). La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que los imputados hubiesen ofrecido dentro del término constitucional. Desahogadas las pruebas ofrecidas por los imputados o su defensa, se les concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, después al asesor jurídico de la víctima, si lo hubiera y, luego los imputados; y agotado el debate, el juez de control resolverá sobre la vinculación o no a proceso. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar. El análisis de las formalidades indicadas respecto del procedimiento seguido previo al dictado del auto de vinculación a proceso combatido, revela que la audiencia inicial celebrada el diecisiete de julio de dos mil veinte, se desarrolló de la forma siguiente: 1. Siendo las trece horas con diecisiete minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte, se dio inicio a la audiencia, se procedió a la individualización de las partes, y la juez de control preguntó entre otros, a los aquí quejosos, si deseaban que el abogado José Valle Monroy, fuera su defensor, a lo que ambos indicaron que sí estaban de acuerdo; el citado José Valle Monroy, aceptó y protestó el cargo conferido como defensor particular de los aquí quejosos, el cual proporcionó el número de su cédula profesional, misma que fue cotejada por la resolutora, con el encargado de sala, quien efectivamente comentó que se verificó tal situación, quedando constancia en la videograbación; de la misma forma, la juez de control, se dirigió a los peticionarios de amparo para preguntarles si les habían hecho saber sus derechos, a lo que indicaron que sí, asimismo, les preguntó que si sus datos personales se manejarían de forma pública o privada, a lo que manifestaron que fueran reservados, por lo que, instruyó a los intervinientes para que los datos personales de los citados detenidos no fueran mencionados (07:13 a 11:37, video 1 DVD). 2. Posteriormente, se otorgó el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, quien primeramente solicitó se calificara de legal la detención, en términos de los artículos 16 constitucional, en relación con el 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y posteriormente, dejó establecido cuáles fueron las circunstancias de la detención (16:21 a 56:51, video 1 DVD). 3. El juez de control, otorgó el uso de la palabra al defensor particular de los detenidos, aquí quejosos, quien realizó diversas manifestaciones tendentes a contradecir los hechos narrados por el Agente del Ministerio Público (1:04:38 a 1:06:40, video 1 DVD). 4. Previa intervención del Ministerio Público y del defensor particular de los ahora quejosos, en réplica y dúplica, la juez de control de origen cerró el debate y procedió a resolver, calificando de legal la detención y retención de Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro (1:07:11 a 1:45:27, video 1 DVD). 5. Luego, la juez de control, preguntó a los intervinientes si había alguna otra solicitud, y el agente del Ministerio Público pidió oportunidad para formular imputación, por lo que, la resolutora se dirigió a Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, indicándoles que pusieran atención a lo que les comunicaría el fiscal ya que les diría cuáles son los hechos sobre los que les seguía una investigación, quien precisó circunstancias de modo, tiempo y lugar, su forma de intervención en estos hechos, la clasificación jurídica de éstos, así como de las personas que declaran en su contra (1:45:40 a 1:46:20, video 1 DVD y 00:00:4 a 00:11:28, video 2 DVD). 6. Enseguida, la juez de control, preguntó al defensor particular de los quejosos, si necesitaban alguna precisión o aclaración, a lo que señalaron que ninguna, entonces la resolutora se dirigió a Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, para preguntarles si habían entendido lo que les había dicho el fiscal, a lo que, los aquí quejosos, contestaron que sí, indicándoles la juez de control, que ese era el momento en el cual podían contestar lo que les acababa de decir el fiscal, es decir, rendir su declaración, haciéndoles saber que si decidían declarar lo que dijeran podría ser usado en su contra, y si decidían no declarar dicha circunstancia no les podría perjudicar, por lo que, una vez que consultaron con su abogado, se reservaron el derecho a declarar (00:11:35 a 00:17:06, video 2 DVD). 7. A continuación, la juez de control indicó a Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, que el ministerio público les comunicaría los datos de prueba que existen en la carpeta judicial administrativa y que prestaran atención a lo que les iban a decir (00:00:37 a 00:01:50, video 3 DVD); posteriormente, la juez de control preguntó a los intervinientes si había alguna otra solicitud, pidiendo el Ministerio Público oportunidad para solicitar vinculación a proceso, otorgándosele el uso de la voz (00:01:53 a 00:42:23, video 3 DVD), enseguida, la resolutora preguntó a los imputados si querían que en ese momento se resolviera su situación jurídica o podría resolverse en un plazo de setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas, para que su abogado defensor pudiera ofrecer datos o medios de prueba, pudiendo renunciar a dichos plazos, por lo que, una vez que los imputados consultaron con su defensa pidieron se resolviera en ese momento (00:42:50 a 00:44:48, video 3 DVD). 8. Previa intervención del defensor particular de los ahora quejosos y de los diversos imputados, en réplica y dúplica, la juez de control de origen cerró el debate y a las veinte horas con cincuenta y un minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte, la juez de la causa vinculó a proceso a los ahora quejosos por el hecho calificado por la ley como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso a), artículo 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de C.J.H.C. (00:45:31 a 01:06:31, video 3 DVD y 00:01:38 a 01:12:13, video 4 DVD). A continuación, se efectúa el análisis del auto de vinculación a proceso combatido, al tenor de los requisitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Federal. El citado precepto establece: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Del precepto constitucional transcrito se obtiene, que para el dictado del auto de vinculación a proceso es necesario satisfacer los requisitos de forma y de fondo, siguientes: 1. Deberá dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad de plazo constitucional, contadas a partir de que los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial (de forma). 2. La precisión del hecho que la ley señala como delito que se atribuye a los indiciados, indicando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta (de forma). 3. Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (de fondo). 4. Que de esos mismos datos de prueba se establezca la probabilidad de que los imputados cometieron el hecho delictivo o participaron en su comisión (de fondo). El primer requisito se satisface, pues, los imputados, aquí quejosos, fueron puestos a disposición del juez de control responsable el dieciséis de julio de dos mil veinte, a las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos, quienes renunciaron a los plazos para que se resolviera su situación jurídica y solicitaron que en el momento de la audiencia se les resolviera, y siendo las veinte horas con cincuenta y un minutos del diecisiete de julio del año en curso, la juez de control responsable dictó auto de vinculación a proceso en su contra. De modo que, es indudable que el auto de vinculación a proceso reclamado se emitió dentro del término de cuarenta y ocho horas que prevé el artículo 19 de la Constitución General de la República, pues se dictó en la audiencia inicial, la cual se celebró el diecisiete de julio de dos mil veinte. También se satisface el segundo requisito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que al emitirse el acto reclamado, se precisó que a los aquí quejosos se les atribuye el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso a), artículo 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de C.J.H.C. Tocante al estudio del tercero y cuarto de los requisitos que quedaron precisados, relativos a exponer los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión, tal como se determinó en la resolución reclamada, se encuentran satisfechos, por los motivos siguientes: Previo, a analizar si en el caso están satisfechos tales extremos (el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión), es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 160/2010, en sesión de cuatro de mayo de dos mil once, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló, entre otras cosas, que de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A) del 20 de la Constitución Federal, a partir de la implementación del sistema procesal penal acusatorio, con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron. De tal manera que, con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, se introdujo al vocabulario jurídico, el término "dato de prueba", que conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 261, del Código Nacional Procedimientos Penales, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de los imputados en su comisión. La precisión anterior resulta importante, pues de acuerdo a lo expuesto, el estándar de prueba para el dictado de un auto de vinculación a proceso, se redujo a la sola existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión; de modo que, sobre esa base (datos de prueba) fue que la juez responsable dictó el auto de vinculación a proceso reclamado, y es la misma que habrá de considerarse en esta sentencia, para el análisis de dicho acto. En ese sentido, el suscrito juez de Distrito, comparte el razonamiento de la juez de control responsable, al haber considerado que los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que se cometió el hecho que la ley califica como delito y que es probable que los imputados Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, intervinieron en su ejecución. En relación con la existencia del hecho que la ley señala como delito, debe indicarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, en sesión de uno febrero de dos mil diecisiete, determinó que al dictarse un auto de vinculación a proceso, el juez de control no está constitucionalmente obligado a realizar un juicio de tipicidad, esto es, a comprobar el cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica); sino únicamente a que una vez determinado de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a establecer si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos y que exista la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión. Derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, la juez deberá expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta, independientemente de la metodología que elija para otorgar claridad y certeza a su determinación, en la que sí deberá dejar bien establecido el hecho imputado, las circunstancias propias de ejecución, así como el tipo penal aplicable, como consecuencia de un examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto. De la contradicción de tesis referida, derivó la jurisprudencia 35/2017(10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones 'comprobar' por 'establecer' y 'cuerpo del delito' por 'hecho que la ley señala como delito', las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de 'pruebas' ni se exige 'comprobar' que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado 'cuerpo del delito', entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Sobre esas bases, resulta pertinente indicar que en la especie se reclama un auto de vinculación a proceso en el que se atribuye a los aquí quejosos Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos a), b), c) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 7, 9, y 13, fracción III del Código Penal Federal, los cuales disponen: Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; (.)." "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; (.) e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo; (.)." Código Penal Federal. "Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El delito es: I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal; II.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y III.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal." "Artículo 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y (.)." "Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito: (.). III.- Los que lo realicen conjuntamente; (.)" La juez responsable para tener por acreditada la existencia del hecho ilícito, tomó en cuenta los datos de prueba que relató el agente del Ministerio Público, al momento de formular la solicitud de vinculación a proceso, consistentes en: 1. Entrevista de trece de julio de dos mil veinte, recabada a las veintitrés horas, rendida por el ofendido C.H.O., en donde hizo del conocimiento la privación de la libertad de su sobrino de iniciales C.J.H.C., quien contaba el número telefónico 2311031618, y, que de las líneas telefónicas 2761333593 y 5541315246, le exigieron la cantidad de diez millones de pesos, para dejarlo en libertad; situación que dio inicio a la carpeta de investigación 128/2020/FISDAI. 2.- Informe de análisis de telefonía, de catorce de julio de dos mil veinte, signado por el Ingeniero Heriberto Hernández Moreno, agente investigador que solicitó los registros telefónicos de los números 2761333593 y 5541315246, pertenecientes a los probables responsables, así como de la línea 2311031618, de la víctima, solicitud realizada mediante los oficios FISDAICOMISARIA 3917/2020, 3918/2020 y 3919/2020, en una temporalidad del trece y catorce de julio del año en curso, recibiendo la información por parte de las operadoras telefónicas el catorce de julio del mismo año, a las trece treinta horas, del que se advirtió que la línea 2311031618, que portaba la víctima al momento de ser privada de la libertad tuvo su última conexión a las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos, cerca de la zona de San Miguel Temextatiloyan, Puebla; que la línea 2761333593, perteneciente a los activos del delito, a las dieciocho horas con treinta y tres minutos, del trece de julio de dos mil veinte, realizaron una llamada al diverso 2313228452, que corresponde al ofendido M.H.O, padre de la víctima, y la antena que le dio señal a esta llamada se encuentra ubicada en Tolantongo, México. Que de la línea 5541315246, determinó que existen dos llamadas al número 2313228452, del ofendido M.H.O, padre de la víctima, la primera, a las veinte horas con cinco minutos del trece de julio de dos mil veinte, la segunda, a las cero horas con once minutos del catorce de julio de dos mil veinte, utilizando para ambas llamadas la radio base que se ubica en el Municipio de los Reyes, Acaquilpan, Estado de México; y, que el teléfono que se utilizó para realizar estas llamadas fue uno de marca Samsung SMJ410GXYJ4, con número de IMEI 353795100669730, el cual fue vinculado a las dos líneas de exigencia económica: información que fue ratificada por determinación de quince de julio de dos mil veinte, emitida por la Juez Quinto de Control adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializada en Técnicas de Investigación, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, dentro del expediente 1437/2020/2. 3. Entrevista con el ofendido M.H.O., de catorce de julio de dos mil veinte, quien refirió que cuenta con el número telefónico 2313228452, y señaló la forma en la que privaron de su libertad a C.J.H.C., quien contaba con el número telefónico 2311031618; de la misma forma, hizo referencia a las llamadas que recibió para realizar la negociación de rescate de su hijo y la forma en la que se llevó a cabo el pago del rescate, consistente en trescientos cincuenta mil pesos, que metió en una bolsa negra y se dirigió rumbo a Choculapan de Juárez en el Estado de México, tomó la carretera federal México-Texcoco hasta llegar a una farmacia del Ahorro, dio vuelta a la derecha, sobre la calle Ignacio Allende y que en la segunda curva encontró una llanta junto a un poste, y ahí dejó la bolsa con el dinero, lo que realizó a las diecinueve horas de esa fecha; motivo por el cual solicitó el apoyo de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto para realizar el pago, le brindaran seguridad y se detuviera a los culpables. 4. Acta de Inspección de catorce de julio de dos mil veinte, realizada por el agente investigador Luis Fernando Balderas Barrera, a la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos, exhibida por el ofendido M.H.O., en la cual se determinó que eran setecientos billetes de quinientos pesos, haciendo el respectivo informe donde se señaló el número de serie de cada uno de los billetes. 5. Acta de Inspección de catorce de julio de dos mil veinte, realizada por el agente investigador Luis Fernando Balderas Barrera, al teléfono celular del ofendido, con número 2313228452, en la que se hizo constar el número proveniente de las llamadas que recibió para exigir el rescate de su hijo y la duración de éstas. 6. Oficio de colaboración urgente número FISDAI/1337/2020, de catorce de julio del año en curso, signado por el Titular de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, mediante el cual solicitó al Coordinador General de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la colaboración correspondiente, para realizar actos de investigación en ese Estado, tendientes a la búsqueda, localización y liberación de la víctima C.J.H.C y, en su caso, el aseguramiento de los probables responsables. 7. Informe policial homologado número 21AE03173150720200051, de quince de julio de dos mil veinte, suscrito por los agentes investigadores Roberto Aguilar Pérez, José Luis Cortes Nava, Andrea Bonilla López, Aarón Hugo Mendoza Rodríguez y Jorge Felipe Sanchez Quitl, por el informan que en cumplimiento al oficio de investigación número 7306/2020, emitido dentro de la carpeta de investigación 128/2020/FISDAI, relativo a la denuncia presentada por el ofendido C.H.O, por el delito de secuestro, cometido en agravio de la víctima menor de edad C.J.H.C., señalan la forma en la que el trece de julio del mismo año, en tres vehículos oficiales se trasladaron al Estado de México, escoltando el vehículo en el que iba el ofendido C.H.O, a realizar el pago de rescate, así como los momentos posteriores al pago, en cuanto a la vigilancia que realizaron y esperaron a que llegaran los activos del delito a recoger el dinero, el seguimiento que le dieron al vehículo Nissan March, color negro, con placas de circulación UAG8957, del Estado de Puebla, en donde viajaban tres masculinos, que se estacionó precisamente a lado del poste de luz, en donde el ofendido había dejado el pago del rescate, el cual los guio hasta el inmueble ubicado en calle Centenario y/o cerrada Perla, sin número en la colonia la Joya, Municipio de los Reyes, Acaquilpan, coordenadas geográficas de localización 19.374386-98.913691, que estaba en obra negra, y que al momento de bajarse del vehículo en el que iban los activos los interceptaron, quienes se metieron corriendo al inmueble en mención, y al estar en peligro la vida de la víctima decidieron entrar, aseguraron a los sujetos que viajaban en ese automotor, así como a una fémina que se encontraba en el interior y quien cuidaba del pasivo, así como la forma en la que rescataron a la víctima del delito, quien en ese momento refirió que lo tenían secuestrado desde el trece de julio del año en curso, asegurando teléfonos celulares, un arma de plástico y una bolsa negra con trescientos cincuenta mil pesos en su interior. 8. Acta de Inspección de catorce de julio de dos mil veinte, realizada por el agente investigador Alejandro Delfino Gaspariano Mora, en el lugar de aseguramiento de los imputados y rescate de la víctima, ubicado en calle Centenario y/o cerrada Perla, sin número en la colonia la Joya, Municipio de los Reyes, Acaquilpan, coordenadas geográficas de localización 19.374386-98.913691, en la que hizo constar las características de la calle y del inmueble, así como de su interior y de un colchón individual forrado en tela café, donde tuvieron en cautiverio a la víctima C.J.H.C., y que es el lugar donde fue rescatado. 9. Entrevista a la víctima C.J.H.C, de quince de julio de dos mil veinte, practicada a las nueve horas con veinticinco minutos, quien refirió tener diecisiete años, quien estuvo acompañado de su padre M.H.O. y de la perito en psicología Patricia Duran López, donde manifestó la forma en la que fue privado de su libertad, el lugar en el que estuvo en cautiverio y la forma en la que fue rescatado por los elementos Investigadores de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto. 10. Dictamen psicológico de quince de julio de dos mil veinte, realizado a la víctima, por la perito en psicología Patricia Durán López, adscrita a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, en la que determinó que éste presentó afectación psicológica a consecuencia de los hechos denunciados. 11. Oficio SSP/SUBSP/DI/006768, de quince de julio de dos mil veinte, firmado por Julio Adolfo Chacón, Subdirector de Centros Penitenciaros, mediante el cual informó que no era posible llevar a cabo la diligencia de reconocimiento de persona, por cuestiones de salud ante la pandemia del virus Covid-19. 12. Acta de Inspección de quince de julio de dos mil veinte, realizada por la agente investigadora María Guadalupe Álvarez de la Cruz, respecto de los teléfonos asegurados a los imputados al momento de su detención 13. Acta de inspección de quince de julio de dos mil veinte, realizada por el agente investigador Guadalupe Álvarez de la Cruz, al lugar donde la víctima fue privado de su libertad 14. Informe de quince de julio de dos mil veinte, realizado por la agente investigadora Ana María Méndez Linares, practicado al dinero que fue materia del pago, en donde hizo constar la existencia de setecientas billetes de quinientos pesos, y setecientas coincidencias en cuanto a los números de serie y que se tuvieron a la vista antes de ser entregados (00:01:53 a 00:42:23, del video 2 DVD). En tal virtud, este órgano de control constitucional coincide con la juez penal responsable en considerar que existen datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes para estimar que se cometió un hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, de los que se desprenden los antecedentes de investigación invocados por el representante social, los cuales se aprecian de manera conjunta, integral y armónica, con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, como correctamente lo determinó la juez de origen, es factible establecer lo siguiente: Que el trece de julio de dos mil veinte, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, la víctima del delito C.J.H.C, de diecisiete años, regresaba de la casa de su abuela, donde estuvo porque no tenía internet en su domicilio, al estar caminando en sentido contrario por la calle dieciséis de septiembre, en el Municipio de Atempam, casi al llegar a su casa, escuchó que se detuvo un vehículo, y del lado del piloto se bajó una persona de sexo masculino, quien le apuntó con una pistola color negro que llevaba en las manos y le pidió todo el dinero que llevaba, donde la víctima comenzó a gritar que lo ayudaran, pero nadie salió. Así, logró quitarle el arma de fuego a esta persona con quien forcejeó y aventó lejos dicha arma, cayendo al suelo, momento en el que tal sujeto lo empezó a arrastrar por el pavimento, quien lo jaló de los brazos y lo subió en la parte trasera de un vehículo color negro, donde había una persona del sexo femenino, quien bajó del auto a recoger la mochila tipo mariconera, su sombrero y sus llaves que habían caído en el forcejo, así como el arma que le había quitado al activo. Que la mujer se subió del lado del piloto y comenzó a manejar, mientras el masculino le puso una cinta en los ojos a la víctima, y le amarró los pies y manos, con cinta de color gris, después de unos veinticinco minutos el masculino se pasó a manejar, mientras la mujer se pasó de lado del copiloto, y otra persona se pasó atrás para cuidarlo. Que aproximadamente las seis de la tarde uno de los activos empezó a buscar en las bolsas de la víctima, a quien le quitaron su teléfono celular, marca E-phone de color plata, funda color negro, y empezaron a buscar en la mariconera que llevaba, y le pidieron un número telefónico para poder negociar, dando el número 2311133373, de iniciales S.C.G., y el de su papá. Que en las llamadas de negociación con M.H.O., pedían la cantidad de diez millones de pesos a cambio de la liberación de la víctima, posteriormente pedían seis millones de pesos. Llevaron a la víctima de secuestro a un inmueble que estaba en el segundo piso, donde lo acostaron en una cama, y lo mantuvieron con los ojos vendados y maniatado de pies y manos. Después de cuatro llamadas de negociación con M.H.O., acordaron el pago de trescientos cincuenta mil pesos, por la liberación de la víctima, cantidad de dinero que tenía que meter en una bolsa de plástico negra y dirigirse rumbo a Choculapan de Juárez en el Estado de México, tomar la carretera federal México-Texcoco, hasta llegar a una farmacia del Ahorro, dar vuelta a la derecha, sobre la calle Ignacio Allende y que en la segunda curva encontraría una llanta junto a un poste, y ahí dejó la bolsa con el dinero, antes de las diecinueve horas del trece de julio del año en curso. Así, los elementos de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto llegaron a dicho lugar escoltando el vehículo del ofendido, posicionándose en puntos estratégicos, a donde observaron que un vehículo Nissan March, color negro, con placas de circulación UAG8957, del Estado de Puebla, en donde viajaban tres masculinos, se estacionó precisamente a lado del poste de luz, en donde el ofendido había dejado el pago del rescate, retirándose del lugar. Por ello, los elementos investigadores le dieron seguimiento en sigilo al vehículo en mención, el cual los guio hasta el inmueble ubicado en calle Centenario y/o cerrada Perla, sin número en la colonia la Joya, Municipio de los Reyes, Acaquilpan, coordenadas geográficas de localización 19.374386-98.913691, inmueble que estaba en obra negra, con un portón negro en la planta baja y dos ventanales en la parte superior; y, al bajarse los activos del vehículo en el que se trasladaban, al pretender entrar, los elementos policiacos encendieron los autoparlantes ordenándoles se detuvieran, al ver esto, dos de los activos corrieron al interior del inmueble, mientras un tercero les apunto con una pistola negra. Así, al ver que la vida de la víctima estaba en peligro decidieron entrar, donde aseguraron a los sujetos que viajaban en ese automotor, quienes dijeron llamarse Primitivo Martínez Serrano, a quien le aseguraron un arma de plástico color negra y un cargador con catorce balines de plástico; Luis Ángel Martínez Ramiro, a quien le aseguraron una bolsa de color negra que contenía la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos, que fue producto del pago del rescate, y Giovanni Luna Abello, a quien le aseguraron dos teléfonos celulares, una marca Samsung, y el segundo sin marca aparente ni visible; de la misma forma, en el interior del inmueble estaba una fémina, que dijo llamarse Diana Arely López Serrano, y que cuidaba del pasivo, a quien le aseguraron un teléfono celular marca Samsug; a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, les realizaron la lectura de derechos a las cuatro personas que fueron detenidas, y uno de los agentes se comunicó de manera inmediata con el agente del ministerio Público de su adscripción, quien les indicó que realizaran las diligencias correspondientes en el lugar de detención y que trasladen de manera inmediata a los detenidos a las oficinas de esa fiscalía. Al mismo tiempo, un diverso agente investigador, ingresó al inmueble y en una de las habitaciones encontró sobre un colchón individual forrado en tela café, a la víctima C.J.H.C., a quien desataron y rescataron de sus captores. Así mismo, correctamente la resolutora de origen justificó las agravantes previstas en el artículo 10, fracción I, incisos a), b) c) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque efectivamente el hecho con apariencia de delito de secuestro, se realizó en camino público, pues la víctima había salido de casa de su abuela y se dirigía a su casa, sobre la calle 16 de Septiembre, en la población de Atempan, Puebla; quienes lo interceptaron eran de dos personas; lo que realizaron con violencia, al utilizar una pistola y luego lo arrastraron por el suelo para poder privarlo de su libertad, y la víctima es una persona menor de dieciocho años, pues al ser entrevistado dijo tener diecisiete años de edad. Ahora, no obstante que, quienes lo privaron de su libertad fueron dos personas, lo cierto es que, en el inmueble donde lo tuvieron en cautiverio, habían otras tres personas, que se encargaron de cuidarlo y alimentarlo. Luego, como se adelantó, la juez responsable estuvo en lo correcto al considerar que los datos de prueba que aportó la representación social son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que se cometió el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos a), b), c) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 7, 9, 13, fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de C.J.H.C. Continuando con el análisis de los requisitos que deben satisfacerse para el dictado de un auto de vinculación a proceso, debe señalarse que la juez penal responsable, acertadamente estableció que existía la probabilidad de que Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, participaron en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en su carácter de coautores materiales, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, puesto que los ahora imputados realizaron dicha conducta en forma conjunta. Tal extremo (probabilidad de que los imputados cometieron o participaron en la comisión de los hechos que la ley señala como delito), no es otra cosa más, que la revelación de la posible identidad de los autores del hecho que la ley señala como delito, bajo las formas de autoría o participación indicadas en el Código Penal Federal. El juez penal responsable tuvo por acreditado este extremo con el señalamiento directo que realizaron los policías aprehensores, en contra de Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, como las personas que cobraron el rescate del secuestro de C.J.H.C., momentos posteriores a que M.H.O., lo dejara a un lado del poste de luz, donde los activos le ordenaron que dejara ese pago, máxime que los aprehensores refieren que sin perderlos de vista le dieron seguimiento al vehículo Nissan March, color negro, con placas de circulación UAG8957, del Estado de Puebla, donde se trasladaban los activos y los guio hasta el inmuble ubicado en calle Centenario y/o cerrada Perla, sin número en la colonia la Joya, Municipio de los Reyes, Acaquilpan, coordenadas geográficas de localización 19.374386-98.913691, que estaba en obra negra, y que al momento de bajarse del vehículo en el que iban los activos, los policías investigadores los interceptaron, razón por la que dos de ellos se metieron corriendo al inmueble en mención, mientras que otro les apunto con un arma -que a la postre resultó ser de plástico-. Así, al estar en peligro la vida de la víctima decidieron entrar, y aseguraron a los sujetos que viajaban en ese automotor, así como a una fémina que se encontraba en el interior y cuidaba del pasivo, entre estos, lo que dijeron llamarse Primitivo Martínez Serrano, a quien le aseguraron un arma de plástico color negra y un cargador con catorce balines de plástico; y Luis Ángel Martínez Ramiro, al que le aseguraron una bolsa de color negra que contenía la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos, que fue producto del pago del rescate. Siendo que la participación que se les atribuye a los aquí quejosos, es por haber asistido a realizar el cobro del rescate de la víctima, como correctamente lo indicó la resolutora de origen. Por lo tanto, la información obtenida de los antecedentes de investigación, resulta suficiente para establecer, hasta el estadío procesal que se examina, la probable participación de los imputados, aquí quejosos, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado y, ello hace procedente el dictado del auto de vinculación a proceso en su contra, pues con los aludidos datos de prueba se acredita que probablemente Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro y otras personas, siendo aproximadamente las catorce horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil veinte, sus copartícipes encañonaron a la víctima de iniciales C.J.H.C., a quien por medio de la violencia física lo subieron al vehículo de motor en el que los trasladaron a la casa de seguridad ubicada en calle Centenario y/o cerrada Perla, sin número en la colonia la Joya, Municipio de los Reyes, Acaquilpan, coordenadas geográficas de localización 19.374386-98.913691, en donde lo mantuvieron privado de su libertad, al cuidado, entre otros, de los activos del delito quienes acudieron a cobrar el rescate a cambio de liberarlo. Por tanto, el citado señalamiento, como correctamente lo indicó la juez penal responsable, resultan ser diversos indicios razonables para tener por justificada la probable participación de los aquí quejosos en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en donde se les atribuye haber cobrado el rescate otorgado para la liberación de la víctima. Sobre todo, porque para la emisión de un auto de vinculación a proceso, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no exige la plena comprobación de la responsabilidad penal de los gobernados, sino que únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la "probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión". Esto es, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, como el aquí reclamado, no se requiere el acopio de prueba perfecta de la responsabilidad de los indiciados, sino sólo se exige acreditar la "probabilidad" de que aquellos cometieron o participaron en la comisión del hecho que la ley señala como delito y, esa probabilidad resulta de un indicio razonable, es decir, una buena razón, un dato de prueba que sometido al principio de contradicción no haya menguado su aporte. De ahí que, la juez penal responsable correctamente estableció la conducta de los activos del delito en la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, al haber ejecutado la acción de manera directa, esto es, en grado de coautores materiales (ejecución del delito). Así mismo, estableció correctamente que la conducta de los aquí quejosos la realizaron con dolo, pues "sabían" que era ilícita y aun así la ejecutaron, en términos de lo que prevé el artículo 9 del Código Penal Federal. Por tanto, es infundado el argumento de los quejosos en el que refieren que no se cumple con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues contrario a esto, como se ha visto, existen diversos datos de prueba que hacen presumible su participación en la comisión de los injustos que se les reprochan; máxime que los elementos aprehensores los ubican como las personas que se acercaron al lugar donde estaba la bolsa con el pago del rescate de la vícima, el cual recogieron y al momento de su detención, Luis Ángel Martínez Ramiro, la portaba dentro de su rango de acción y disponibilidad De la misma forma, resulta infundado el argumento de los quejosos cuando señalan que se viola en su perjuicio el principio de debida defensa, tomando en consideración que el agente del Ministerio Público aprovechó el momento en que los ahora imputados estaban a su disposición y sin que les nombraran defensor público, para realizar actos de investigación, en el caso, con los formatos con consentimiento informado para toma de fotografías, que fueron recabadas un par de horas posteriores a su detención, es decir, a las cero horas con un minuto, para Luis Ángel y cero horas con seis minutos, para Primitivo, que sin haber sido asesorados previamente, por un defensor público o privado accedieron voluntariamente a que les tomaran tales fotografías, mismas que fueron utilizadas posteriormente en una diligencia de reconocimiento de persona por fotografía, sin que hubieran testigos; y, que el procedimiento de identificación de una persona por medio de fotografía, es aplicable a una persona que no esté presente, es decir, con el propósito de salvaguardar los derechos de defensa de las personas puestas a disposición del Ministerio Público, que no pueden ser ausentes. Aunado a que el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que en dicho reconocimiento deberá estar presente el defensor y un testigo. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que el reconocimiento fotográfico, consiste en que el denunciante, víctima u ofendido o un testigo, observe alguna fotografía de alguna o algunas personas sobre las cuales existen indicios de su participación en los hechos delictivos, esto es, de sospechosos de haber cometido el delito, situación en la que no se conculcan los derechos fundamentales de los inculpados, si las fotografías que se pongan a la vista de quienes efectúen el reconocimiento referido, corresponden a personas respecto de las cuales se sospecha sobre su participación en el delito, siempre que la diligencia respectiva se desahogue por funcionario facultado, no se manipulen las fotografías, ni se marquen o sean diversas de las que se pusieron a la vista. Dirferente sería el reconocimiento del inculpado a través de la Cámara de Gesell que, constituye un acto formal, en virtud del cual se identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla, afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias, en la que si es necesaria la presencia de su defensor, para asegurar que, material y formalmente, se cumplan los requisitos legales en su desarrollo, ya que de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al acusado y, por ende, se violarían sus derechos fundamentales, al no existir plena certeza de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto. Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con rubro y texto siguientes: "RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE HABER COMETIDO EL DELITO. AL SER DE NATURALEZA DISTINTA AL RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL, SU DESAHOGO ES DIFERENTE, POR LO QUE NO REQUIERE LA PRESENCIA Y ASISTENCIA DEL DEFENSOR DE CADA UNA DE LAS PERSONAS CUYAS FOTOGRAFÍAS SON MATERIA DE ESTA DILIGENCIA. El reconocimiento del inculpado a través de la Cámara de Gesell, es un acto formal en virtud del cual se identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla, afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias. Así, en dicha diligencia el inculpado participa físicamente de forma activa y directa; de ahí que resulte necesaria la presencia de su defensor, para asegurar que, material y formalmente, se cumplan los requisitos legales en su desarrollo, ya que de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al acusado y, por ende, se violarían sus derechos fundamentales, al no existir plena certeza de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto. Sin embargo, tratándose del reconocimiento fotográfico, el cual consiste en la exhibición al denunciante, víctima u ofendido o un testigo, de un álbum o serie de fotografías de personas sobre las cuales existen indicios de su participación en los hechos delictivos, esto es, de sospechosos de haber cometido el delito, no se conculcan los derechos fundamentales del inculpado, si las fotografías que se pongan a la vista de quienes efectúen el reconocimiento referido, corresponden a personas respecto de las cuales se sospecha sobre su participación en el delito, siempre que la diligencia respectiva se desahogue por funcionario facultado, no se manipulen las fotografías, ni se marquen o sean diversas de las que se pusieron a la vista, es decir, dicho reconocimiento es de naturaleza distinta al reconocimiento del inculpado a través de la Cámara de Gesell y, por ende, su desahogo es diferente, por lo que no requiere la presencia y asistencia del defensor de cada una de las personas cuyas fotografías son materia de esta diligencia." En este sentido, se hace notar que el auto de vinculación a proceso que les fue dictado a los quejosos, no descansa únicamente sobre la citada toma de muestras fotográficas, pues como se ha visto, existe basto material probatorio que demuestra que probablemente los ahora quejosos, fueron detenidos en la forma en que refieren los elementos aprehensores, aunado a que la juez de control, al atribuirles su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, fue precisamente por el señalamiento de los agentes investigadores (Roberto Aguilar Pérez, José Luis Cortes Nava, Andrea Bonilla López, Aarón Hugo Mendoza Rodríguez y Jorge Felipe Sánchez Quitl), quienes los ubican como unas de las personas que fueron a recolectar el pago de trescientos cincuenta mil pesos, dado a cambio de la liberación de la víctima de secuestro C.J.H.C., y para el caso de Luis Ángel Martínez Ramiro, como la persona que al momento de su detención, portaba en una de sus manos la bolsa negra, con el citado numerario, y que posteriormente fue coincidente en su totalidad -setecientas coincidencias- con los números de serie de los billetes previamente exhibidos ante el Ministerio Público. Por tal motivo, como ya se dijo, hasta este momento los antecedentes de investigación que expuso la representación social en la audiencia inicial se estiman suficientes, idóneos y pertinentes para establecer que se cometió el hecho que la Ley señala como delito de secuestro agravado, y la "probabilidad" de que los imputados, aquí quejosos Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, lo cometieron o participaron en su comisión, pues de acuerdo con lo expuesto, para resolver sobre la vinculación a proceso únicamente se requieren de datos de prueba y no pruebas desahogadas formalmente. De la misma forma, resulta infundado el argumento que hace, cuando refiere que la juez del conocimiento no valoró las manifestaciones que realizó al momento de desahogar la audiencia inicial, respecto a evidenciar las violaciones a la debida defensa de los ahora quejosos, pues contrario a esto, la juez de la causa sí analizó sus manifestaciones, las cuales desestimó por improcedentes, al referir que no era el momento procesal oportuno para desvirtuar los elementos de prueba existenctes en la causa penal; de la misma forma, refirió que aun sin tomar en consideración la toma de muestras fotográficas y el reconocimiento realizado por la víctima del delito, existen suficientes datos de prueba que hacen presumible la participación de los quejoso en la comisión de los injustos que se les reprochan. Luego, los motivos de disenso que nos ocupan son infundados. En mérito de lo expuesto, el acto reclamado no entraña vulneración a los derechos públicos subjetivos de los quejosos, menos al principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, tales como los artículos: 8, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, punto 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que en esencia establecen que a toda persona a quien se le imputa un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad. Ello, porque hasta este momento, en el particular, se han cumplido con los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª/J. 24/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de 'poliédrico', en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como 'regla de trato procesal' o 'regla de tratamiento' del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Además, en su caso, será en el dictado de la sentencia cuando se esté condiciones de valorar el material probatorio, de cargo y de descargo que se desahogue en la audiencia de juicio oral, y analizar conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad que proponga la representanción social, como la de inocencia que alegue la defensa y verificar si dan lugar a una duda razonable que traiga como consecuencia la absolución. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." También es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. Cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el Ministerio Público sólo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Así, no puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que ya existen pruebas de cargo suficientes para condenar. En este sentido, la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo. De esta manera, las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones impide considerar que las pruebas de cargo son suficientes para condenar." Pues se reitera, para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama por esta vía biinstancial, no se requiere comprobar plenamente que los quejosos cometieron el ilícito imputado, ya que según lo estipulado por el ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal y como se expuso en el cuerpo de esta resolución; únicamente se exige que se haya formulado la imputación; otorgado a los imputados la oportunidad de contestar el cargo; que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se deriven datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión; así como que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, lo que en el caso aconteció de esa manera; por lo que el auto de vinculación a proceso reclamado, no transgrede en detrimento de los aquí quejosos derecho alguno. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación y, al no advertirse motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se NIEGA EL AMPARO solicitado por Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, respecto del auto de vinculación reclamado, dictado en su contra por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en la causa penal 62/2020/Teziutlán. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, contra el acto que, por conducto de su defensor particular José Valle Monroy reclamaron del 2. Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, precisado en el considerando segundo, de esta sentencia, en términos del diverso tercero, inciso I, de la misma SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Primitivo Martínez Serrano y Luis Ángel Martínez Ramiro, contra el acto que, por conducto de su defensor particular José Valle Monroy reclamaron de la 1. Jueza de Control de la Región judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Rosario Ivonne Rivera Calzada), precisado en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del considerando séptimo de la misma. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a los quejosos y al tercero interesado de identidad reservada C.J.H.C., por conducto de su padre o tutor M.H.O., por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercero interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda, el informe previo rendido por la autoridad responsable 2. Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que mediante resolución de uno de septiembre de dos mil veinte, se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en relación con la autoridad en cita. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil veinte. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, por conducto de su representante, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117 de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba la documental que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la audiencia constitucional. No ha lugar a ordenar la notificación del presente auto en el lugar en donde los quejosos se encuentran privados de su libertad -Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones personales se realizaran por estrados, sin que ello implique que se les deje en estado de indefensión, pues se entiende que su defensor particular y el personal autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas a la parte quejosa. Atento a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se señalan las once horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte, para su celebración. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
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