Primitivo Chávez Pérez

Expediente 1626/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1626/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Primitivo Chávez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1626/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que el acto que pretende controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía biinstancial y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Autoridades responsables Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Primera Secretaría del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados Ilegal emplazamiento al Juicio de Reconocimiento de Paternidad y Filiación radicado ante la responsable con el número de expediente ********************. Improcedencia Atento a lo antes expuesto, quien provee advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, último numeral aplicado en sentido contrario, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." El último dispositivo señala que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, el cual es invocado a contrario sensu, de conformidad con las siguientes consideraciones. Los preceptos y fracciones de la Ley de Amparo transcritos han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si quien se ostenta como persona extraña por equiparación al juicio de origen que conoció el procedimiento natural del cual emanan los actos reclamados, cuando aún no se ha dictado la resolución respectiva, el amparo en la vía indirecta es improcedente, porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional. De esta forma, el promovente que tiene conocimiento del juicio natural y está en posibilidades de comparecer al juicio a defender sus intereses, no actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el citado numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.47/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2000293, publicada en la página 1627, correspondiente al mes de febrero de 2012, Libro V, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, previamente a explicar las razones que sustentan la jurisprudencia que se cita, se estima conveniente precisar el concepto de tercero extraño a juicio. En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio de rubro. "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.", determinó que el tercero extraño a juicio es, en principio, aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de este o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. De igual forma, cabe precisar que en la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio, que se considera conveniente clasificar con el fin de establecer del modo más preciso posible cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis, a saber: 1. El tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajena a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. 2. El tercero extraño por equiparación, de acuerdo con la jurisprudencia emitida por los tribunales federales, se presenta con las siguientes modalidades: I. El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado y no es llamado o lo fue incorrectamente en virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito. II. El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que, a su vez, se manifiesta de dos formas: a) Por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio, que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídico para ponerla en aptitud de defender sus derechos. b) Por otra parte, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante, ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio. Como se ve, en cada uno de los supuestos de persona extraña a juicio se presentan diversas particularidades que los distinguen, entre ellas, los efectos de la protección constitucional, como enseguida se enuncia. Cuando se trata del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en este se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame al juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte; sino, en su caso, el de reintegrarlo en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata de un tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal no fue llamado a juicio o lo fue de forma incorrecta; en ambos casos, carece de oportunidad para defenderse de tal circunstancia, por ende, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, lo que se justifica al considerar que el tercero extraño equiparado careció de la oportunidad de defensa, por ello, las actuaciones practicadas durante ese estado de indefensión deben anularse. En ese tenor, para considerar a un sujeto como tercero extraño equiparado, se requiere la concurrencia de tres requisitos, a saber: a) Que reclame el emplazamiento, sea por su omisión o por defecto. b) Que quien reclame sea parte de la relación jurídica procesal; por regla general, la parte demandada. c) Que dado el estado procesal del juicio que se trate, carezca de la posibilidad de comparecer ante la potestad común para defenderse, por tener un desconocimiento total del juicio de origen que le impidió comparecer a este e imponerse de los autos para defender sus intereses. De tal suerte que la ausencia de alguno de los aludidos requisitos hace que el interesado carezca del carácter de tercero extraño equiparado; en tal caso, opera la causa de improcedencia que se sostiene con base en el criterio jurisprudencial anteriormente invocado. En lo particular, la quejosa carece del carácter de tercero extraño a juicio, en razón de que no cumple con los tres requisitos referidos con antelación; esto, en virtud de que, de conformidad con el estado procesal del juicio de origen, está en posibilidad de acudir al mismo a efecto de imponerse de los autos y defender sus intereses, en razón de que aún no se ha dictado sentencia que finalice el juicio de reconocimiento de paternidad y filiación radicado en el Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicical bajo el número ********************. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que el promovente carece del carácter de tercero extraño a juicio con el que se ostenta en el presente juicio de amparo, en virtud de que, si bien a su decir fue emplazado en forma ilegal por medio de edictos en el expediente de origen, lo cierto es que el mismo se encuentra en trámite y aún no se dicta sentencia en la citada controversia judicial. Por lo que tiene la oportunidad de comparecer al mismo a defender los actos que estima lesivos de sus derechos. Es decir, la acción intentada en la presente instancia es improcedente, porque el promovente está en aptitud de comparecer ante la autoridad responsable, a dilucidar sus pretensiones, dado que el juicio de referencia aún no ha concluido, al no haberse emitido la sentencia correspondiente a la presentación de la demanda de amparo. Tiene aplicación, a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), registro digital 2000348, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.' es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." Asimismo, orienta, la tesis II.T.39 K, registro 166960, sustentada por el del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable a página 1603, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER EL QUEJOSO QUE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO ANTES DE QUE SE EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO EN EL JUICIO NATURAL Y, EN TAL VIRTUD, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO. Cuando el demandado en el juicio natural promueve amparo indirecto contra la falta o ilegalidad del emplazamiento antes de que se emita sentencia definitiva o laudo, no puede tenérsele como persona extraña a juicio por equiparación, pues esta figura, creada jurisprudencialmente con apoyo en una aplicación analógica del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, a fin de darle oportunidad al quejoso de aportar pruebas durante el juicio biinstancial para acreditar tal omisión o defecto, presupone que ya se hubiere dictado en su contra sentencia definitiva o laudo condenatorio. Lo anterior se fundamenta en que la mencionada figura jurídica tiene su justificación en la violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, si ordinariamente el único acto privativo que ameritaría que el demandado fuese oído y vencido en juicio es la sentencia definitiva o laudo condenatorio dictado en su contra, y éste no se ha emitido, es improcedente entrar al estudio del fondo del asunto, esto es, examinar si realmente no fue emplazado o si lo fue defectuosamente, pues aunque ello se evidenciara, no se haría aún patente la inobservancia a la citada garantía de audiencia y, por ende, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 114, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo." Así, se reitera, el quejoso no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación toda vez que en el juicio de origen aún no se dicta sentencia, por lo tanto, al estar en aptitud de comparecer al mismo y hacer valer los derechos que considere convenientes, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, (aplicada en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido jurídico, la jurisprudencia P./J. 39/2001, con registro digital 189916, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal.". En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Domicilio procesal En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a ********************, en razón de que acreditan tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a las diversas personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Consulta de expediente electrónico En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario "********************" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto y presentar promociones. Se instruye a la oficial judicial "A" En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización del promovente en el referido sistema. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarle por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: el auto y/o resolución que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, uno de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1626/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que el acto que pretende controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía biinstancial y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Autoridades responsables Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Primera Secretaría del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados Ilegal emplazamiento al Juicio de Reconocimiento de Paternidad y Filiación radicado ante la responsable con el número de expediente ********************. Improcedencia Atento a lo antes expuesto, quien provee advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, último numeral aplicado en sentido contrario, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." El último dispositivo señala que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, el cual es invocado a contrario sensu, de conformidad con las siguientes consideraciones. Los preceptos y fracciones de la Ley de Amparo transcritos han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si quien se ostenta como persona extraña por equiparación al juicio de origen que conoció el procedimiento natural del cual emanan los actos reclamados, cuando aún no se ha dictado la resolución respectiva, el amparo en la vía indirecta es improcedente, porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional. De esta forma, el promovente que tiene conocimiento del juicio natural y está en posibilidades de comparecer al juicio a defender sus intereses, no actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el citado numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.47/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2000293, publicada en la página 1627, correspondiente al mes de febrero de 2012, Libro V, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, previamente a explicar las razones que sustentan la jurisprudencia que se cita, se estima conveniente precisar el concepto de tercero extraño a juicio. En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio de rubro. "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.", determinó que el tercero extraño a juicio es, en principio, aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de este o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. De igual forma, cabe precisar que en la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio, que se considera conveniente clasificar con el fin de establecer del modo más preciso posible cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis, a saber: 1. El tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajena a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. 2. El tercero extraño por equiparación, de acuerdo con la jurisprudencia emitida por los tribunales federales, se presenta con las siguientes modalidades: I. El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado y no es llamado o lo fue incorrectamente en virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito. II. El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que, a su vez, se manifiesta de dos formas: a) Por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio, que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídico para ponerla en aptitud de defender sus derechos. b) Por otra parte, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante, ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio. Como se ve, en cada uno de los supuestos de persona extraña a juicio se presentan diversas particularidades que los distinguen, entre ellas, los efectos de la protección constitucional, como enseguida se enuncia. Cuando se trata del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en este se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame al juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte; sino, en su caso, el de reintegrarlo en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata de un tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal no fue llamado a juicio o lo fue de forma incorrecta; en ambos casos, carece de oportunidad para defenderse de tal circunstancia, por ende, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, lo que se justifica al considerar que el tercero extraño equiparado careció de la oportunidad de defensa, por ello, las actuaciones practicadas durante ese estado de indefensión deben anularse. En ese tenor, para considerar a un sujeto como tercero extraño equiparado, se requiere la concurrencia de tres requisitos, a saber: a) Que reclame el emplazamiento, sea por su omisión o por defecto. b) Que quien reclame sea parte de la relación jurídica procesal; por regla general, la parte demandada. c) Que dado el estado procesal del juicio que se trate, carezca de la posibilidad de comparecer ante la potestad común para defenderse, por tener un desconocimiento total del juicio de origen que le impidió comparecer a este e imponerse de los autos para defender sus intereses. De tal suerte que la ausencia de alguno de los aludidos requisitos hace que el interesado carezca del carácter de tercero extraño equiparado; en tal caso, opera la causa de improcedencia que se sostiene con base en el criterio jurisprudencial anteriormente invocado. En lo particular, la quejosa carece del carácter de tercero extraño a juicio, en razón de que no cumple con los tres requisitos referidos con antelación; esto, en virtud de que, de conformidad con el estado procesal del juicio de origen, está en posibilidad de acudir al mismo a efecto de imponerse de los autos y defender sus intereses, en razón de que aún no se ha dictado sentencia que finalice el juicio de reconocimiento de paternidad y filiación radicado en el Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicical bajo el número ********************. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que el promovente carece del carácter de tercero extraño a juicio con el que se ostenta en el presente juicio de amparo, en virtud de que, si bien a su decir fue emplazado en forma ilegal por medio de edictos en el expediente de origen, lo cierto es que el mismo se encuentra en trámite y aún no se dicta sentencia en la citada controversia judicial. Por lo que tiene la oportunidad de comparecer al mismo a defender los actos que estima lesivos de sus derechos. Es decir, la acción intentada en la presente instancia es improcedente, porque el promovente está en aptitud de comparecer ante la autoridad responsable, a dilucidar sus pretensiones, dado que el juicio de referencia aún no ha concluido, al no haberse emitido la sentencia correspondiente a la presentación de la demanda de amparo. Tiene aplicación, a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), registro digital 2000348, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: ... Asimismo, orienta, la tesis II.T.39 K, registro 166960, sustentada por el del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable a página 1603, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ... Así, se reitera, el quejoso no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación toda vez que en el juicio de origen aún no se dicta sentencia, por lo tanto, al estar en aptitud de comparecer al mismo y hacer valer los derechos que considere convenientes, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, (aplicada en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. ... En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Domicilio procesal En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a ********************, en razón de que acreditan tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a las diversas personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Consulta de expediente electrónico En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario "********************" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto y presentar promociones. Se instruye a la oficial judicial "A" En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización del promovente en el referido sistema. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarle por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Cuernavaca, Morelos, uno de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1626/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que el acto que pretende controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía biinstancial y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Autoridades responsables Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Primera Secretaría del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados Ilegal emplazamiento al Juicio de Reconocimiento de Paternidad y Filiación radicado ante la responsable con el número de expediente ********************. Improcedencia Atento a lo antes expuesto, quien provee advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, último numeral aplicado en sentido contrario, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." El último dispositivo señala que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, el cual es invocado a contrario sensu, de conformidad con las siguientes consideraciones. Los preceptos y fracciones de la Ley de Amparo transcritos han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si quien se ostenta como persona extraña por equiparación al juicio de origen que conoció el procedimiento natural del cual emanan los actos reclamados, cuando aún no se ha dictado la resolución respectiva, el amparo en la vía indirecta es improcedente, porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional. De esta forma, el promovente que tiene conocimiento del juicio natural y está en posibilidades de comparecer al juicio a defender sus intereses, no actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el citado numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.47/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2000293, publicada en la página 1627, correspondiente al mes de febrero de 2012, Libro V, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, previamente a explicar las razones que sustentan la jurisprudencia que se cita, se estima conveniente precisar el concepto de tercero extraño a juicio. En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio de rubro. "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.", determinó que el tercero extraño a juicio es, en principio, aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de este o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. De igual forma, cabe precisar que en la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio, que se considera conveniente clasificar con el fin de establecer del modo más preciso posible cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis, a saber: 1. El tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajena a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. 2. El tercero extraño por equiparación, de acuerdo con la jurisprudencia emitida por los tribunales federales, se presenta con las siguientes modalidades: I. El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado y no es llamado o lo fue incorrectamente en virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito. II. El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que, a su vez, se manifiesta de dos formas: a) Por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio, que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídico para ponerla en aptitud de defender sus derechos. b) Por otra parte, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante, ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio. Como se ve, en cada uno de los supuestos de persona extraña a juicio se presentan diversas particularidades que los distinguen, entre ellas, los efectos de la protección constitucional, como enseguida se enuncia. Cuando se trata del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en este se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame al juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte; sino, en su caso, el de reintegrarlo en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata de un tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal no fue llamado a juicio o lo fue de forma incorrecta; en ambos casos, carece de oportunidad para defenderse de tal circunstancia, por ende, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, lo que se justifica al considerar que el tercero extraño equiparado careció de la oportunidad de defensa, por ello, las actuaciones practicadas durante ese estado de indefensión deben anularse. En ese tenor, para considerar a un sujeto como tercero extraño equiparado, se requiere la concurrencia de tres requisitos, a saber: a) Que reclame el emplazamiento, sea por su omisión o por defecto. b) Que quien reclame sea parte de la relación jurídica procesal; por regla general, la parte demandada. c) Que dado el estado procesal del juicio que se trate, carezca de la posibilidad de comparecer ante la potestad común para defenderse, por tener un desconocimiento total del juicio de origen que le impidió comparecer a este e imponerse de los autos para defender sus intereses. De tal suerte que la ausencia de alguno de los aludidos requisitos hace que el interesado carezca del carácter de tercero extraño equiparado; en tal caso, opera la causa de improcedencia que se sostiene con base en el criterio jurisprudencial anteriormente invocado. En lo particular, la quejosa carece del carácter de tercero extraño a juicio, en razón de que no cumple con los tres requisitos referidos con antelación; esto, en virtud de que, de conformidad con el estado procesal del juicio de origen, está en posibilidad de acudir al mismo a efecto de imponerse de los autos y defender sus intereses, en razón de que aún no se ha dictado sentencia que finalice el juicio de reconocimiento de paternidad y filiación radicado en el Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicical bajo el número ********************. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que el promovente carece del carácter de tercero extraño a juicio con el que se ostenta en el presente juicio de amparo, en virtud de que, si bien a su decir fue emplazado en forma ilegal por medio de edictos en el expediente de origen, lo cierto es que el mismo se encuentra en trámite y aún no se dicta sentencia en la citada controversia judicial. Por lo que tiene la oportunidad de comparecer al mismo a defender los actos que estima lesivos de sus derechos. Es decir, la acción intentada en la presente instancia es improcedente, porque el promovente está en aptitud de comparecer ante la autoridad responsable, a dilucidar sus pretensiones, dado que el juicio de referencia aún no ha concluido, al no haberse emitido la sentencia correspondiente a la presentación de la demanda de amparo. Tiene aplicación, a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), registro digital 2000348, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.' es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." Asimismo, orienta, la tesis II.T.39 K, registro 166960, sustentada por el del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable a página 1603, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER EL QUEJOSO QUE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO ANTES DE QUE SE EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO EN EL JUICIO NATURAL Y, EN TAL VIRTUD, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO. Cuando el demandado en el juicio natural promueve amparo indirecto contra la falta o ilegalidad del emplazamiento antes de que se emita sentencia definitiva o laudo, no puede tenérsele como persona extraña a juicio por equiparación, pues esta figura, creada jurisprudencialmente con apoyo en una aplicación analógica del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, a fin de darle oportunidad al quejoso de aportar pruebas durante el juicio biinstancial para acreditar tal omisión o defecto, presupone que ya se hubiere dictado en su contra sentencia definitiva o laudo condenatorio. Lo anterior se fundamenta en que la mencionada figura jurídica tiene su justificación en la violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, si ordinariamente el único acto privativo que ameritaría que el demandado fuese oído y vencido en juicio es la sentencia definitiva o laudo condenatorio dictado en su contra, y éste no se ha emitido, es improcedente entrar al estudio del fondo del asunto, esto es, examinar si realmente no fue emplazado o si lo fue defectuosamente, pues aunque ello se evidenciara, no se haría aún patente la inobservancia a la citada garantía de audiencia y, por ende, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 114, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo." Así, se reitera, el quejoso no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación toda vez que en el juicio de origen aún no se dicta sentencia, por lo tanto, al estar en aptitud de comparecer al mismo y hacer valer los derechos que considere convenientes, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, (aplicada en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido jurídico, la jurisprudencia P./J. 39/2001, con registro digital 189916, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal.". En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Domicilio procesal En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a ********************, en razón de que acreditan tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a las diversas personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Consulta de expediente electrónico En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario "********************" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto y presentar promociones. Se instruye a la oficial judicial "A" En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización del promovente en el referido sistema. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarle por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente

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