Priciliano Torres Caseres

Expediente 498/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
498/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • Priciliano Torres Caseres
  • PRICILIANO TORRES CASERES y Otros.
  • MARÍA LIGIA AVILAR ESPINOSA y Otros.
  • Lilia Torres Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el oficio número 1473, signado por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, por el que devuelve debidamente diligenciado el despacho número de orden 241/2017 y número de origen 101/2017 de los del índice de este juzgado, por el que se encomendó emplazar a juicio a la parte tercera interesada; además, de que por auto de tres de abril del año en curso, se ordenó su cancelación. Notifíquese por lista a la partes.

  2. Principal

    Visto el estado que guaran los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó girar despacho con número de orden 241/2017 y de origen 101/2017, al Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con residencia en Huamantla, Tlaxcala, a fin de emplazar a juicio a la parte tercera interesada, sin que a la fecha haya sido devuelto; en consecuencia, se ordena su cancelación, por lo que, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, para los efectos legales procedentes; además de que, el quince de febrero de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese por lista a la partes.

  3. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución pronunciada en este juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia; asimismo, se ordena guardar por separado, tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión en el estado en que se encuentran. Archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Ahora bien, y toda vez que el original del incidente de suspensión derivado del presente expediente es susceptible de depuración; previa digitalización, únicamente deberá conservarse la demanda, suspensión provisional e interlocutoria respectivas, toda vez que las mismas fueron concedidas, ya que a criterio del suscrito, no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 498/2017-Il-B, promovido por Priciliano Torres Caseres, César Fernández Ramírez, Lilia Torres Cruz, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz y Vicente Tovar García. R E S U L T A N D O : Primero. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y remitido al día siguiente a este juzgado federal, Priciliano Torres Caseres, César Fernández Ramírez, Lilia Torres Cruz, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz y Vicente Tovar García, promovieron juicio de amparo indirecto, en el que como autoridades responsables señalaron al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Secretario y Diligenciario, ambos adscritos al anterior, señalando como actos reclamados, las notificaciones, requerimientos de pago, emplazamiento a juicio y embargo dentro del juicio ejecutivo mercantil 28/2013, y al todo lo actuado dentro de dicho juicio. SEGUNDO. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a las responsables, quienes lo rindieron con más de ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia de ley; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado federal; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, del veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, ya que el acto reclamado es de naturaleza civil y se atribuye a autoridades circunscritas a la jurisdicción territorial de este Juzgado que es en materia mixta. SEGUNDO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en observancia a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; realizando, para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda, que atienda a lo que materialmente se pretende. Tiene aplicación en este sentido, la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI de abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Así, al efectuar la lectura íntegra de la demanda de amparo, sin atender a los calificativos vertidos en la enunciación de los actos reclamados, y al armonizar los datos y elementos que la conforman, se deduce que éstos se hacen consistir en: a) Las notificaciones, requerimientos de pago y embargo, como consecuencia de la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil número 28/2013 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito judicial de Ocampo, Tlaxcala. Lo anterior se precisa, además, acorde al criterio que ilustra la tesis aislada P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil cuatro, página 255, cuyo epílogo y sinopsis son: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Una vez que se precisó lo anterior, se procede al análisis de la certeza o inexistencia del acto reclamado. TERCERO. El Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, Secretario y Diligenciario, ambos adscritos al anterior, rindieron su informe justificado reconociendo la existencia de los actos reclamados, certeza que se corrobora con las copias certificadas del expediente 28/2013, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por María Eligia Avelar Espinosa y Alfredo Torres Cova en su carácter de endosatarios en propiedad de María Trinidad Sabina Espinosa Moscosa, en contra de Priciliano Torres Caseres, César Fernández Ramírez, Liliana Torres Cruz, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz o María Rosalía Torrez Cruz o María Rosalina Torrez Cruz y Vicente Tovar García, documental a la que se le otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, por tratarse de un documento público. CUARTO. Para una mejor comprensión del asunto, se realizará una narración de los antecedentes que se advierten del juicio de ordinario mercantil 28/2013, que el Juez responsable adjuntó a su informe. 1. Por escrito presentado el once de enero de dos mil trece, María Eligia Avelar Espinosa y Alfredo Torres Cova en su carácter de endosatarios en propiedad demandó en la vía ejecutiva mercantil a María Trinidad Sabina Espinoza Moscosa, en contra de Priciliano Torres Caseres, César Fernández Ramírez, Liliana Torres Cruz, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz o María Rosalía Torrez Cruz o María Rosalina Torrez Cruz y Vicente Tovar García, el pago de diversas prestaciones. 2. Mediante proveído de quince de enero de dos mil trece, se admitió a trámite la demanda y se ordenó practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 3. La Secretaria Judicial responsable, el veintiuno de enero del año dos mil trece, practicó las diligencias de emplazamiento reclamadas. 4. Seguida la secuela procesal el treinta de abril de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en la cual se absolvió a Liliana Torres Cruz, del pago de todas las prestaciones reclamadas por la parte actora y por lo que respecta a los demás demandados Priciliano Torres Caseres, César Fernández Ramírez, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz o María Rosalía Torrez Cruz o María Rosalina Torrez Cruz y Vicente Tovar García, se les condena al pago de las prestaciones estipuladas en la citada sentencia la cual causó ejecutoria el veintisiete de agosto del año en cita. 5. Por escrito presentado el nueve de abril de dos mil catorce, se promovió el incidente de liquidación de sentencia, la que se admitió el trece del citado mes y año, se admitió a trámite dicho incidente y se resolvió el tres de julio de la misma anualidad. 6. Por resolución de tres de marzo de dos mil diecisiete, se resolvió la primera almoneda de remate, se ordenó la adjudicación del bien inmueble embargado a favor de los hoy terceros interesados y se ordenó requerir a la parte demandada para que firmara la escritura. 7. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil catorce, Priciliano Torres Caseres, por derecho propio, promovió el juicio de amparo 295/2014-VI, del índice de este Juzgado de Distrito, en contra de los actos que reclamó del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, Secretario y Diligenciario, ambos adscritos al anterior, consistente en la falta o ilegal de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 28/2013, como todo lo actuado en el mismo y su ejecución. 8. El doce de marzo de dos mil catorce, se admitió la demanda de amparo y se tuvieron como tercero interesados a María Eligia Avelar Espinosa, Alfredo Torres Cova, César Fernández Ramírez, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz o María Rosalía Torrez Cruz o María Rosalina Torrez Cruz y Vicente Tovar García. 9. El once de septiembre de dos mil catorce, se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Priciliano Torres Caseres, resolución que fue confirmada en el recurso de revisión 1265/2014, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Una vez precisado lo anterior, es pertinente analizar las causales de improcedencia. QUINTO. No obstante la certeza de los actos reclamados, en el caso, respecto del quejoso Priciliano Torres Caseres, se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud de los siguientes razonamientos. Al efecto el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XI.- Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;". En términos de lo preceptuado por el citado artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que ha sido materia de otro juicio de amparo, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, resulta improcedente. Se afirma la improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, en razón de que de las copias certificadas que remitió el Juez responsable, como justificante de sus actos, se advierte que el quejoso Priciliano Torres Caseres, promovió el juicio de amparo 295/2014-VI, del índice de este Juzgado Primero de Distrito, en contra de los actos que reclamó del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, Secretario y Diligenciario, ambos adscritos al anterior, consistente en el "ilegal" o falta de emplazamiento a juicio y la orden de ejecución del embargo dictados dentro del juicio ejecutivo mercantil 295/2014-VI, de los del incide del juez responsable, el que se resolvió mediante sentencia terminada de dictar el once de septiembre de dos mil catorce, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al hoy quejoso (Priciliano Torres Caseres), y que fue confirmada por ejecutoria de catorce de abril de dos mil dieciséis, dictada dentro del recurso de revisión 1265/2014, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Establecido lo anterior, se advierte que el acto reclamado en el presente sumario, fue materia de un diverso juicio de amparo 295/2014-VI. Ahora bien, como en la demanda de garantías que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso es el mismo al del amparo 295/2014-VI, señala de igual forma a las mismas autoridades, y el acto que ahora reclama, razón por la cual es evidente que en el expediente que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de la Materia. Es aplicable al respecto, la tesis VII.2o.C.25 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 3530, Décima Época, Registro 2010390, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia.". En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia referida, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto al quejoso Priciliano Torres Caseres, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. SEXTO. Por lo que respecta a los actos reclamados por los quejosos María Eligia Avelar Espinosa, Alfredo Torres Cova, César Fernández Ramírez, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz o María Rosalía Torrez Cruz o María Rosalina Torrez Cruz y Vicente Tovar García, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos consintieron tácitamente el acto reclamado, en la medida en que no promovieron el presente juicio de amparo en el término que señala para tal efecto el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, tomando en consideración que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. [.]". Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo transcrito se advierte que, el último de los preceptos legales establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que la parte quejosa María Eligia Avelar Espinosa, Alfredo Torres Cova, César Fernández Ramírez, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz o María Rosalía Torrez Cruz o María Rosalina Torrez Cruz y Vicente Tovar García, cuando menos tuvieron conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 28/2013 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tlaxco, Tlaxcala, el cuatro de abril de dos mil catorce y el último de los citados quejosos el dos de junio del mismo año, fechas en las que fueron emplazados en el juicio de amparo 295/2014 del índice de este juzgado federal. Lo anterior es suficiente para que las fechas de cuatro de abril y dos de junio de dos mil catorce, constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, al no existir en autos prueba que demuestre lo contrario. Es aplicable por las razones que la informan, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página cinco, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". Sentado lo anterior, se tiene que María Eligia Avelar Espinosa, Alfredo Torres Cova, César Fernández Ramírez, Maricela Torres Cruz y María Rosalía Torres Cruz o María Rosalía Torrez Cruz o María Rosalina Torrez Cruz, tuvieron conocimiento del juicio generador de los actos reclamados cuando menos el cuatro de abril de dos mil catorce y Vicente Tovar García, tuvo conocimiento el dos de junio del año en cita, fechas en las cuales fueron emplazados al juicio de amparo 295/2014 del índice de este juzgado federal; esto es, la parte quejosa al momento de ser emplazados se les entregó la copia de la demanda de amparo (295/2014) en el que consta el número de juicio (ejecutivo mercantil 28/2013), el nombre de quienes promovieron dicho juicio (María Eligia Avelar Espinosa y Alfredo Torres Cova) y la autoridad ante la cual se tramitaba el juicio ejecutivo mercantil (Juzgado de lo Civil y Familiar de Ocampo, Tlaxcala); máxime que lo importante es que se tengan conocimiento de los datos necesarios que permitan a la parte enjuiciada conocer el juicio incoado en su contra y le den oportunidad de defenderse, como son, entre otros, el tipo de juicio, el número de expediente, los nombres del actor y del demandado, así como el órgano jurisdiccional que la emitió. Por tanto, se reitera, si los quejosos tuvieron conocimiento de los actos reclamados el cuatro de abril y dos de junio de dos mil catorce; por lo que es evidente que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, inició el siete de abril de dos mil catorce y concluyó el veintinueve de ese mismo mes y año, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, vente, veintiséis y veintisiete de abril del año en cita, por ser sábados y domingos declarados inhábiles por la Ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, el término para Vicente Tovar García, inició el tres de junio de dos mil catorce y concluyó el veintitrés de ese mismo mes y año, descontándose los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós de junio de dos mil catorce, por ser sábados y domingos declarados inhábiles por la Ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se presentó por la parte quejosa María Eligia Avelar Espinosa, Alfredo Torres Cova, César Fernández Ramírez, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz o María Rosalía Torrez Cruz o María Rosalina Torrez Cruz y Vicente Tovar García, el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, como se obtiene del sello checador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala (foja 3), es evidente que dicha presentación fue extemporánea, ya que a esa fecha ya había fenecido el término de quince días de que se ha hecho referencia; por consiguiente, con apoyo en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estiman consentidos tácitamente los actos reclamados. Es aplicable por las razones que la informan, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en página doscientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, agosto de 1995, Novena Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Apoya esta determinación, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en la página trescientos setenta y dos, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "JUICIO DE AMPARO EXTEMPORÁNEO, ES IMPROCEDENTE. El juicio de amparo, en el caso, resulta improcedente cuyo estudio es preferente, sea que las partes lo aleguen o no, por ser una cuestión de orden público. De autos aparece que la sentencia combatida fue notificada a las partes por lista, el cuatro de abril del año retropróximo surtiendo sus efectos el día seis siguiente y la demanda de amparo de que se trata fue presentada ante el tribunal responsable el día catorce de mayo del mismo año, según se advierte en el sello recibidor y de la constancia que en el mismo aparece; se advierte, por tanto, que resulta extemporánea la demanda de amparo, por presentarse después de los quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo.". Así, al configurarse la hipótesis de improcedencia señalada, respecto de los actos reclamados consistente en lo todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 28/2013, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, como consecuencia del ilegal emplazamiento a dicho juicio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por María Eligia Avelar Espinosa, Alfredo Torres Cova, César Fernández Ramírez, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz o María Rosalía Torrez Cruz o María Rosalina Torrez Cruz y Vicente Tovar García, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Por lo que respecta a los actos reclamados por la quejosa Lilia Torres Cruz, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo, por lo que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º. Fracción I y 6º. de la Ley de Amparo. Ello es así, en razón de que en el juicio natural se advierte que por escrito presentado el once de enero de dos mil trece, María Eligia Avelar Espinosa y Alfredo Torres Cova en su carácter de endosatarios en propiedad demandaron en la vía ejecutiva mercantil a María Trinidad Sabina Espinoza Moscosa, en contra de Priciliano Torres Caseres, César Fernández Ramírez, Liliana Torres Cruz, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz o María Rosalía Torrez Cruz o María Rosalina Torrez Cruz y Vicente Tovar García, el pago de diversas prestaciones y al dictarse la sentencia definitiva se absolvió a Liliana Torres Cruz del pago de todas las prestaciones que le fueron reclamadas. Por lo tanto es evidente, que la aquí quejosa Lilia Torres Cruz, no ha participado con el carácter de parte demandada en el juicio mercantil radicado con el número de expediente 28/2013, del índice del ahora Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, pues se ha dejado precisado la demandada en el juicio de origen fue Liliana Torres Cruz y no así la ahora quejosa (Lilia Torres Cruz). Precisados lo anterior y para abordar el estudio de la causal de improcedencia que se estima actualizada, este órgano jurisdiccional estima conveniente precisar que debe entenderse por legitimación para acudir al juicio de garantías. Así las cosas, de conformidad con el artículo 5º. Fracción I y 6° de la Ley de Amparo, legitimación debe entenderse, una afectación real y actual a la esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Atento a lo anterior, este Juzgador considera, como ya se dijo, que el presente juicio es improcedente respecto de los actos a que se refiere este apartado, ello es así, porque la falta de emplazamiento a juicio dentro del expediente número 28/2013 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, como consecuencia todo lo actuado, no fueron actos dirigidos en contra de la ahora quejosa, ya que no tiene el carácter de demandada en el juicio de origen, por tanto, dichos actos no transgreden en medida alguna los derechos humanos de la quejosa, ya que como se dijo, ese actos fueron dirigidos a distintas personas de ésta, por tanto, con la simple emisión de esos actos, no causa a la parte quejosa Liliana Torres Cruz, una afectación real y actual a la esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 25 del Tomo 157-162 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCION DEL. ACTO RECLAMADO NO DIRIGIDO AL QUEJOSO. Cuando el acto autoritario no está dirigido al quejoso, no puede correr el término para promover el juicio constitucional en su perjuicio ya que no se encuentra legitimado por falta de agravio personal y directo, presupuesto necesario para la procedencia de la acción constitucional. Sin embargo, si posteriormente las consecuencias de dicho acto se enderezan en contra del quejoso, y se aclara que el acto del cual derivan también se quiso dirigir a él en ese momento empieza a correr el término para incoar el juicio de amparo en contra de las consecuencias y la causa originadora, sin que se pueda estimar consentida ésta última, ya que antes el quejoso no estuvo en aptitud para iniciar el juicio constitucional." Ilustra también el anterior criterio la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, pagina 504, del Tomo XIII, marzo de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, la cual dispone: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, HASTA CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES JURIDICOS PARA EFECTOS DEL AMPARO. Los intereses de la persona extraña al juicio se afectan hasta el momento en que se ordene la ejecución, o se ejecuta el acto reclamado en su detrimento, porque ese perjuicio no se origina antes, dado que cualquiera de los individuos que sí forman parte de la relación procesal, podrían muy bien interponer los recursos pertinentes y lograr de ese modo la anulación, revocación o modificación de la resolución de que se trate; o dicho de otra manera, mientras no sea inminente la ejecución del acto reclamado en menoscabo de los intereses legalmente tutelados del tercero extraño a juicio, la acción de amparo resultará improcedente, en virtud de que hasta ese momento no se le causa un agravio personal y directo, que es uno de los principios reguladores del juicio de garantías, y conforme al cual es indispensable que el acto de autoridad que se combate traiga como consecuencia una transgresión a las garantías individuales que asisten al quejoso." En ese orden de ideas y al carecer la quejosa Liliana Torres Cruz de legitimación para acudir a este juicio de amparo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia indicada, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio de garantías de conformidad con la fracción V del artículo 63, respecto del acto a que se refiere este apartado. Por consiguiente, este juzgador se encuentra imposibilitado jurídicamente para entrar al estudio de la litis constitucional planteada, toda vez que como se dijo, opera el sobreseimiento en este juicio. Es aplicable, la Jurisprudencia VI. 1o. J/23, visible en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página, 252, identificable bajo el rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio promovido por Priciliano Torres Caseres, César Fernández Ramírez, Lilia Torres Cruz, Maricela Torres Cruz, María Rosalía Torres Cruz y Vicente Tovar García, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

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