Priciliano Cornelio Vargas
Expediente 209/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Priciliano Cornelio Vargas
Actuaciones
- Principal
III... Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja .... se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ....este expediente es susceptible de destrucción...
- Principal
III... Vista la demanda de amparo ...
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo indirecto 209/2018-III, el cual es del tenor siguiente: "... Naucalpan de Juárez, Estado de México; nueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora de Ecatepec, Estado de México y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 209/2018-III. Ahora, de la lectura de la demanda que se provee se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la orden de aprehensión o detención girada en su contra, así como su ejecución. Por lo que, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Para una mejor comprensión del numeral en cita, el Máximo Tribunal del País ha determinado que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; y, por "indudable", la certeza y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. De ahí que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia sea aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la contenida en el dispositivo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. De los preceptos señalados se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo citado en primer término, el plazo para promover la demanda será de quince días; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la ley reglamentaria, que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, el quejoso reclama la orden de aprehensión o detención, así como su ejecución. Ahora, en el escrito de demanda el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que desde el quince de enero de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento de que elementos policiacos lo han buscado en su domicilio para aprehenderlo. Por lo que se advierte que el término para intentar la acción constitucional ha transcurrido en exceso, pues dicho plazo empezó el dieciséis de enero de dos mil dieciocho y feneció el seis de febrero del presente año, sin contar el veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro y cinco de los actuales, por ser inhábiles; por lo que si la demanda de amparo, la presentó el ocho de febrero del año en curso, es evidente que se encuentra fuera del plazo de quince días que para la promoción del juicio de amparo establece el artículo 17 de la ley de la materia . Por lo tanto, es válido concluir, que el promovente del amparo consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir en esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, pues el propio quejoso se ostenta sabedor de la actuación combatida desde el quince de enero de dos mil dieciocho; y basta con ese reconocimiento para que, si no existe prueba en contrario, esa fecha constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito . En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el dispositivo 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha por extemporánea la demanda de amparo. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la resolución de fondo del juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como este, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Por otra parte, toda vez que el domicilio señalado por el quejoso para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracciones I, inciso j) y III, 27, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en dicho lugar, a fin de notificarle este proveído y en la diligencia le requiera para que en ese momento o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de Naucalpan de Juárez, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista. Asimismo, se faculta al Fedatario Judicial de la adscripción, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, para llevar a cabo las diligencias ordenadas. Se autoriza a las personas que señala en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 24 del propio ordenamiento legal, toda vez que no acreditan encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados, o tener registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que una vez que realicen lo anterior y lo hagan del conocimiento de este juzgado, en su oportunidad se acordará lo conducente. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníquese que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa..."
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