Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco
Expediente 2645/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2645/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/05/2023
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco
- Francisco Carlos Salas Carranza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Téngase por recibido el ocurso electrónico del autorizado en amplios términos de la parte quejosa, en el cual, realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la medida cautelar dictada en este asunto, a través de la cual, es de destacarse que -a decir del promovente-, las autoridades responsables no acreditan las nóminas que se emitieron en favor de la parte quejosa en acatamiento a la suspensión definitiva concedida, por tanto, no han acreditado el cumplimiento de la medida cautelar, con las constancias respectivas, por lo cual, solicita se les requiera a la brevedad por su cumplimiento. Al respecto, la medida suspensional solicitada por la parte quejosa, fue concedida para los efectos siguientes: "(.) para el efecto de que las responsables de previa mención se abstengan de realizarle el descuento por concepto "AJUSTE 004 546" e "ISR" mes, respecto de la pensión que actualmente percibe; asimismo, sea provisionalmente restituida en sus haberes económicos derivados de su salario, desde la segunda quincena de octubre de dos mil veintidós (.)" Por tanto, de las constancias remitidas por la responsable, se aprecia que no ha cumplido cabalmente la concesión suspensional de mérito, ya que como se indicó en líneas anteriores, debe ser provisionalmente restituida de sus haberes económicos desde la segunda quince de octubre de dos mil veintidós. Vista al Fiscal Federal. Toda vez que la autoridad no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que, entre otras cosas, se le requirió para que dentro del término de veinticuatro horas diera cumplimiento a la medida suspensional, la cual no ha cumplido cabalmente; por tanto, dese vista a la Fiscalía General de la República, por conducto del fiscal federal adscrito, por la posible comisión de un delito, por el Director General de Administración y Desarrollo Humano del Municipio de Tonalá, Jalisco, a fin de que realice las gestiones procedentes. Lo anterior, pues se podría actualizar alguno de los supuestos previstos en el artículo 262 de la Ley de Amparo, en el entendido que la representación social federal es la única encargada de determinar tal circunstancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 3/2017 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5, Décima Época, que dice: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato."
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en este asunto, en la que sobreseyó en el juicio, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo. Por otro lado, toda vez que en el incidente de suspensión, se encuentra pendiente el cumplimiento a la suspensión provisional, derivado de un incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de mérito, ya que las autoridades responsables han informado las gestiones para cumplirla, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto se dicte lo que en derecho corresponda en el cuaderno incidental del que deriva este juicio principal.
- Incidental
Téngase por recibido el oficio y anexos que remite la Delegada de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, atento a su contenido y en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, remite los diversos comunicados suscritos por la Jefa de lo Contencioso Administrativo y Consultivo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco en el que informa las gestiones realizadas para cumplimentar la medida cautelar otorgada en autos, asimismo, anexa copia fotostática de los últimos recibos de pago del quejoso, comprendido del uno al quince y del dieciséis al treinta y uno de marzo del año en curso. Con su contenido y anexos, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. A
- Principal
SENTENCIA... CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo es: Del Presidente Municipal y Comisario de la Policía Preventiva, ambos del municipio de Tonalá, Jalisco: El ajuste realizado por las autoridades responsables en el salario de la quejosa, en el apartado correspondiente al de deducciones, con motivo de la retención relativa del Impuesto Sobre la Renta. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Comisario de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, Jalisco, negó la existencia del acto reclamado. Al respecto, se advierte que la parte quejosa no aportó medios de prueba que desvirtuara esa negativa y, por tanto, este es inexistente; lo que conlleva a sobreseer en el juicio de amparo. En efecto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. En relación con supuesto precisado en el inciso b, si al rendir informe justificado la autoridad responsable niega el acto que le fue reclamado, corresponde al quejoso aportar los medios de prueba pertinentes a fin de desvirtuar esa negativa. Luego, si a pesar de dicha negativa, el quejoso no demuestra la existencia del acto que reclamó en la demanda de amparo, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 284, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." En ese sentido, si la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, correspondía a la parte quejosa aportar pruebas de su existencia. Al respecto, se advierte que la parte quejosa allegó con su demanda cuatro recibos de pago o nómina; sin embargo, con éstos no se demuestra que el comisario responsable haya realizado un ajuste en el salario de la quejosa, con motivo de la retención relativa del Impuesto sobre la Renta; aunado a que en el propio informe, la responsable manifestó no contar con esas facultades. Por tanto, se estima inexistente el acto reclamado ya que la parte quejosa no aportó medios de prueba ni indiciarios, para desvirtuar la negativa de las responsables, pese a que, le correspondía la carga de hacerlo y en consecuencia, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por otro lado, el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, a continuación realizó manifestaciones que evidencian su certeza, al señalar que no se realizó un cálculo correcto del Impuesto Sobre la Renta, derivado de un error aritmético y que el municipio como retenedor del impuesto, tiene el derecho de corregir los errores aritméticos en cumplimiento a la ley. Resulta aplicable la tesis de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Sobre el tema, es pertinente señalar que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es o no constitucional, esto es, la improcedencia va a originar que el juzgador no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución. Sostiene lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Así, del análisis de las constancias que integran en juicio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación de los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo se obtiene que el amparo tenga por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. Y, como autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Ahora, conforme con el contenido del artículo 5, fracción II, primer párrafo, de la ley de la materia, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de constitucionalidad a través del juicio de amparo. Por consiguiente, para demostrar por qué se estima que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, es menester precisar primero qué debe entenderse por acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. El Estado para el cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Constitución Federal y las leyes secundarias, requiere del despliegue de una serie de funciones y actividades, que en la mayoría de los casos repercuten en la esfera jurídica del gobernado. Esa actividad desplegada por el Estado a través de los órganos que lo integran, e incluso, por conducto de particulares que ejercen funciones de servicio público para el cumplimiento de sus atribuciones, se traduce en el ejercicio del poder público, y que, como consecuencia, genera lo que se conoce como acto de autoridad, que es el antecedente del acto reclamado, supuesto fáctico de uno de los factores de procedencia del juicio de amparo. De manera que lo podemos conceptualizar como aquél que proviene de quien tiene las atribuciones jurídicas para ejercerlas hacia los gobernados, que tiene como notas distintivas; imperatividad, unilateralidad, coercitividad y disposición de la fuerza pública. Así, es dable sostener que es factible determinar que frente a las notas externas del acto de autoridad, las facultades de decisión y ejecución sobresalen las notas internas del acto de autoridad, en las que incluyen atributos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, y las que en su conjunto se proyectan, en una relación de supra a subordinación, al inferir y penetrar en la esfera jurídica del gobernado, con la finalidad de producir consecuencias de derecho, ya sea, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas generales o particulares. En ese sentido existen distintos tipos de relaciones entre gobernantes y gobernados, que a continuación se explican: Relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir la impartición de justicia por propia mano, se crean en la ley los procedimientos ordinarios para ventilarlas, se distinguen además, porque las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir bilateralidad en el funcionamiento. Relaciones de supra a subordinación que son las que se presentan en la interacción entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, que se regulan por el derecho público, el cual establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten, e incluso, la Carta Magna dispone una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del Estado. Es importante tener en consideración que para determinar la naturaleza de los actos reclamados se tiene que establecer si quien lo emite es autoridad para efectos del juicio de amparo, y la relación que guarda legalmente frente a quien realizó la conducta o se abstuvo de hacer e inclusive de quien lo toleró al lado del derecho humano que se pretende tutelar. Sobre el tema objeto de estudio, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, que cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación: 1) Que se emitan dentro de una relación de supra a subordinación; 2) Que el acto tenga su origen en ley, la cual debe otorgar facultades al ente de hecho o de derecho para actuar en ese sentido; y, 3) Que se trate de un acto unilateral que afecte la esfera legal de los particulares sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad de la parte afectada. Así, se puede decir que de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Es preciso señalar que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" De la interpretación conjunta de dichos preceptos normativos, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se promueva contra actos de autoridad. En el caso, del análisis del presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama, medularmente, la orden de retención del impuesto sobre la renta en su salario, así como su ejecución, la cual aduce que es mayor a la que se le venía realizando con anterioridad, retención que dice se encuentra reflejada en su talón de nómina, en un concepto que se denominó como "ajuste". Ahora, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que la parte quejosa funge como elemento de la policía municipal de Tonalá Jalisco; asimismo, que el referido ajuste derivó de que la autoridad responsable se percató que durante el ejercicio correspondiente al año dos mil veintidós, venía calculando de manera incorrecta el Impuesto Sobre la Renta, ya que este ejercicio se venía realizando el análisis de los ingresos de manera independiente y separada, y que en atención a lo previsto por el artículo 96 de la Ley del Impuesto referido, procedió a realizar el ajuste correspondiente, esto en razón de que dicha autoridad actúa como un auxiliar en materia recaudatoria para la Hacienda Pública Federal. En ese sentido, si en el caso, la demanda de amparo se promovió en contra del Presidente Municipal y otras autoridades perteneciente al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de quienes se reclamó la orden de retención del impuesto sobre la renta en su salario, así como su ejecución, la cual aduce que es mayor a la que se le venía realizando con anterioridad, retención que dice se encuentra reflejada en su talón de nómina, en un concepto que se denominó como "ajuste", la cual se realizó a la quejosa como su empleada; es evidente que, no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto, porque la retención reclamada, se atribuye al patrón, quien es el encargado de retener el impuesto sobre la renta, de modo que, como se indicó en los criterios judiciales invocados, es factible considerar que se está ante un ente auxiliar de la administración pública, para lograr una recaudación contributiva más eficiente, para con el Estado, en un mero plano de cooperación como particular. Así las cosas, se colige que a las autoridades señaladas, no les reviste el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. En el caso, específicamente la retención de impuestos, por medio de terceros (como la aquí reclamada); ya ha sido analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ese tipo de actos no son de autoridad para efectos del juicio de amparo susceptibles de impugnarse per se en esa vía. Esto es así, porque la obligación de retener un impuesto para su posterior entero ante las oficinas hacendarias respectivas, constituye un deber impuesto a terceros, para hacer rápida y efectiva su recaudación, como mecanismo de cooperación de los particulares con el fisco. También, ha señalado que lo anterior, no significa que los contribuyentes queden en estado de indefensión, ya que pueden controvertir las leyes tributarias, a partir de la aplicación que realicen los terceros encargados de la recaudación del impuesto. Ello, así se advierte de la ejecutoria dictada por el Pleno del Alto Tribunal del país, en el amparo en revisión 58/2011; de la cual derivó la tesis P. XXIX/2013, del tenor siguiente: "RENTA. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL EFECTUAR LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012)." En ese mismo sentido, la Segunda Sala del Alto Tribunal, ha señalado que la retención de impuestos, por conducto de terceros, los constituye como auxiliares de la administración pública para recaudar las contribuciones correspondientes. También ha señalado que esta actividad puede catalogarse como una cooperación de los particulares en la realización de los fines del Estado, para hacer más eficiente la recaudación de impuestos. Así se advierte de la tesis aislada 2a. CXLVIII/97, de rubro siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CUANDO RECAUDA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS." Sin que resulte inadvertido que el impuesto sobre la renta, es de pago obligatorio y que tiene origen y repercusiones; pues, como se señaló en los precedentes invocados, el tributo, por sí mismo, sí es susceptible de ser controvertido, como acto de autoridad, mediante el reclamo de las leyes fiscales respectivas o de los demás ordenamientos jurídicos que lo regulen (aunque no así, per se, su retención por conducto de un tercero, como la aquí reclamada). Cabe precisar que la conclusión aquí alcanzada no contraviene lo resuelto por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 21/2018, que derivó en la jurisprudencia con el rubro siguiente "ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y/O DE SUS MUNICIPIOS. LA RETENCIÓN DEL PAGO O LA OMISIÓN DE OTORGAR LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", toda vez que el problema que ahí se resolvía, versaba en específico, cuando el Gobierno o los Municipios del Estado de Jalisco, retenían el pago u omitían otorgar beneficios derivados de las prestación del servicio de los elementos de seguridad Pública con el Estado. Sin embargo, el presente asunto no se trata de la relación administrativa entre el elemento de seguridad pública y el Estado con motivo de la prestación de un servicio, sino que, aquí se trata sobre la relación tributaria que existe entre el gobernado con el Estado, al ser una de sus obligaciones contribuir al gasto público. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción de la ley de la materia. Dado que se decretó sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por ser las causas de improcedencia de estudio preferente, no es factible jurídicamente atender las cuestiones de fondo. Lo antes dicho encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." No pasa desapercibido para esta juzgadora los alegatos expuestos por el autorizado de la parte quejosa, sin embargo, resulta inocuo ocuparse de ello. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Finalmente, debe decirse que las tesis invocadas resultan aplicables en virtud de no resultar contrarias a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los numerales 61, fracción XII, 62, 63, fracción V, y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando segundo, por los razonamientos jurídicos precisados en el tercer y quinto considerandos de esta sentencia.
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