Presidente Municipal de Tlanchinol
Expediente 862/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Tlanchinol
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de octubre de dos mil veintidós. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo ***, así como el testimonio de la ejecutoria de trece de octubre de dos mil veintidós, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el recurso de queja administrativa ***; acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes la recepción del testimonio aludido, del que se advierte que la superioridad resolvió lo siguiente: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, en su carácter de Presidente Municipal de Tlanchinol, Hidalgo, contra la resolución de siete de junio de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto ***- III-B. Asimismo, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno correspondiente y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desglósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de queja, para ser integradas al presente juicio de amparo. DESTINO DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente físico coincide con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido el presente juicio. DESTRUCCIÓN. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14. 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...M-III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de julio de dos mil veintidós. ADMITE QUEJA. Agréguese el oficio de cuenta. Se tiene a la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio a través del cual se remitió el recurso de queja interpuesto por Marcos Bautista Medina, en su carácter de Presidente Municipal de Tlanchinol, Hidalgo, así como los autos del juicio de amparo 862/2022-III-B, e informando que se admitió el medio de impugnación y fue radicado bajo el número 223/2022...III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de junio de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo: 1. Se tiene a Marcos Bautista Medina, en su carácter de Presidente Municipal de Tlanchinol, Hidalgo, interponiendo recurso de queja contra el auto de siete de junio de dos mil veintidós. 2. Una vez que se notifique al recurrente el presente auto, sin necesidad de acuerdo previo, envíense al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, (i) el informe sobre la materia de la queja; (ii) el original del escrito de agravios; y, (iii) expediente original en que se actúa....III
- Principal
...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 862/2022-III-B, promovida por Marcos Bautista Medina, en su carácter de Presidente Municipal de Tlanchinol, Hidalgo, contra un acto del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial, es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por otro lado, el artículo 1, párrafo primero, de la Ley de amparo dispone entre otras cosas, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 7 de la Ley de Amparo prevé que la Federación, los Estados, el Distrito Federal actualmente Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. De dichos artículos se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que, en tal caso, son los gobernados quienes pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de los derechos fundamentales que estimen fueron violados por una norma general o un acto concreto de autoridad, sean personas físicas o jurídicas, en términos de lo dispuesto en los artículos 103 Constitucional y 1° de la Ley de Amparo. De igual modo, de conformidad con el diverso artículo 7 de la Ley de Amparo existe una limitante en el sentido de que las personas jurídicas oficiales pueden promover el amparo cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, de lo contrario dicho juicio será improcedente en términos del último de los artículos citados. Ahora bien, el juicio administrativo previsto en el artículo 1 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, tiene por objeto resolver los conflictos que se susciten entre particulares y autoridades estatales. Igualmente, el artículo 12 de dicha ley establece que son partes en el procedimiento administrativo: I. El actor; II. El demandado, tendrá este carácter: a). El Poder Ejecutivo Estatal y Municipal representados por sus titulares. b). Toda autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar las resoluciones o tramite el procedimiento impugnado, o la que legalmente la substituya. c). El particular a quien favorezca la resolución cuya nulidad pide la autoridad administrativa. III. El tercero que dentro del procedimiento aparezca como titular de un derecho incompatible con el que pretenda el actor. En ese sentido, se observa que la persona moral que sea demandada lo es en su calidad de autoridad, esto es, que los actos que se emitan dentro de tal juicio no son reclamables en amparo indirecto por la persona moral oficial, debido a que derivan de una relación en la que no se encuentra en igualdad con la parte actora. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 128/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1022, que establece: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos estricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos". Asimismo, en lo conducente la tesis aislada III.3o.T.6 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro 3, Octubre de 2017, Tomo III, página 2475, de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir. Ahora bien, de los hechos y conceptos de violación que narra bajo protesta de decir verdad la parte quejosa se advierte que Marcos Bautista Medina, es Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlanchinol, Hidalgo, misma autoridad que funge como demandada en autos del juicio administrativo 13/2021, tramitado ante la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Asimismo, manifiesta que la responsable dictó acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual se 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio de origen, imponiéndole la obligación de pago de $561,618.97 (quinientos sesenta y un mil seiscientos dieciocho pesos con noventa y siete centavos). Al respecto, se advierte que la parte quejosa fue autoridad demandada en el juicio administrativo 13/2021. Conforme con lo anterior, se considera respetuosamente que el juicio de amparo es improcedente, debido a que la parte quejosa no actúa con el carácter de particular, sino que se trata de una autoridad demandada en un juicio administrativo, es decir, el acto que reclama la parte quejosa consistente en la resolución once de mayo de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente 13/2021, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, mediante el cual se decreta la ejecución por la cantidad propuesta por el actor en el incidente de liquidación, imponiéndole a la parte quejosa la obligación de pago de $561,618.97 (quinientos sesenta y un mil seiscientos dieciocho pesos con noventa y siete centavos). Lo anterior es así, porque el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad pública que violen los derechos humanos y, que éstos, como derechos subjetivos públicos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las autoridades y, aun cuando el artículo 7 de la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, se refiere a los intereses jurídicos del Estado cuando actúa como persona de derecho privado, pero se excluye el acceso al juicio constitucional a éste cuando pretende defender sus actos que emitió en su carácter de persona moral de derecho público, porque entonces ese es acto de autoridad, en tanto que se produce de manera unilateral e imperativa. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna Por tanto, en este caso, la parte quejosa carece de legitimación para promover juicio de amparo indirecto, por haber actuado como ente de derecho público, por lo que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 7 de la Ley de Amparo, en cuanto a que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo cuando la ley o el acto que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, es decir, cuando actúen como personas morales de derecho privado. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 16/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 875, que establece: "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas. De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 45/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio 2003, Tomo XVII, página 254, que establece: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DESEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Asimismo, cobra aplicación la Tesis: XVII.2o.P.A. J/3 A (11a.) emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Septiembre de 2021, Tomo II, página 2920, que establece: "LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CARECEN DE ÉSTA LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ANTES DE OPOSICIÓN) EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, PORQUE NO ACTÚAN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE AL ACTOR Y, POR ENDE, NO SE ENCUENTRAN DESPOJADAS DE IMPERIO. Hechos: La autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo (antes de oposición) en el Estado de Chihuahua, promovió amparo directo contra la sentencia que declaró la nulidad de su resolución, al afectar su esfera patrimonial. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo (antes de oposición) local, carecen de legitimación para promover juicio de amparo directo contra una sentencia que declaró la nulidad de su resolución, porque no actúan en un plano de igualdad frente al actor y, por ende, no se encuentran despojadas de imperio. Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2014, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2014 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO.", determinó que el único supuesto en el que las personas morales públicas pueden solicitar amparo, es cuando la norma general, acto u omisión afecte su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna particulares, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Ello no ocurre cuando la autoridad fue demandada en un juicio contencioso administrativo, en el que se impugnó una resolución en la que intervino en su función de persona de derecho público, en una situación de supra a subordinación respecto del particular; de ahí que no actúa en un plano de igualdad frente el actor y, por ende, no se encuentra despojada de imperio, motivos por los que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7o., ambos de la Ley de Amparo, lo que conlleva decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo directo, pues la autoridad quejosa carece de legitimación para promoverlo." Finalmente, tiene sustento la Tesis: PC.XXX. J/16 A (10a.) emitida por los Plenos de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Febrero de 2017, Tomo I, página 683, que establece: "AMPARO DIRECTO. LA PERSONA MORAL QUE TUVO EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, AUN CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN IMPUGNE LA CALIDAD QUE SE LE DIO EN DICHO JUICIO. Conforme a los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, 6o. y 7o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de defensa instituido para proteger a los particulares contra la acción del Estado que perjudique sus derechos fundamentales, por lo que, por regla general, los órganos del Estado carecen de legitimación para promoverlo, al no ser titulares de esos derechos. Por tanto, aun cuando el artículo 7o. aludido confiera a las personas morales públicas la posibilidad de solicitar amparo, ésta sólo se limita al supuesto en que la norma general, acto u omisión reclamado, afecte sus intereses patrimoniales, siempre que su relación con el particular se encuentre en un plano de igualdad, es decir, cuando el asunto derive de su actuación en el juicio ordinario como persona de derecho privado, pero no cuando participen con el carácter de autoridades demandadas, toda vez que la actividad que desplegaron en su emisión, derivó de una relación de supra a subordinación; esto con independencia de que controviertan precisamente la calidad que como autoridad se le confirió en el juicio contencioso administrativo, pues ello no motiva ni les otorga legitimidad para acudir a la instancia constitucional, porque sería tanto como permitirles defender la legalidad de un acto que emitieron como entes de derecho 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna público en una relación que no se desarrolló en un plano de igualdad con el particular." Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, una de las tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integrada con la ley anterior, continúa en vigor y, por ende, es aplicable, dado que no se opone a la ley vigente. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Circuito de Grava, número 107, fraccionamiento Paseos de la Plata, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Ogendis González y Eduardo Hernández Hernández, y únicamente autorizados para oír y recibir notificaciones a Beatriz Osorio Velasco, Armando Guerrero Ángeles y Marco Antonio Ogendis Hernández, lo anterior, en atención a que no acreditaron encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; además, no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. De 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 del mismo ordenamiento, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se les notificarán por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificárseles lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se les notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De igual forma, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE OFICIOS Y OTRAS COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Por lo que hace exclusivamente a la autoridad responsable, se le informa que conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, los oficios se le entregarán vía correo electrónico institucional, o por cualquier medio oficial, pues así lo requiere el orden público dada la situación de contingencia sanitaria, para evitar la concentración de personas en las instituciones públicas y con ello, la propagación del virus. Relativo a la recepción de comunicaciones, se informa a la autoridad que, podrá remitirlos también en la cuenta del correo electrónico institucional 1jdo29cto@correo.cjf.gob.mx. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE OFICIOS Y OTRAS COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POR LO QUE HACE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se le informa que conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, los oficios se le entregarán vía correo electrónico institucional, o por cualquier medio oficial, pues así lo requiere el orden público dada la situación de contingencia sanitaria, para evitar la concentración de personas en las instituciones públicas y con ello, la propagación del virus. Por lo que hace a la recepción de comunicaciones, se informa a la autoridad que, podrá remitirlos también en la cuenta del correo electrónico institucional 1jdo29cto@correo.cjf.gob.mx CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas y c) acuses de recibo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario del Portal de Servicios en Línea, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realice de manera electrónica y que tenga firma electrónica vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...III
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