Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos

Expediente 964/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
964/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA.- IV Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mario Ocampo Ocampo, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 21 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso se procederá a su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, dado que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo antes referido, requiérase a la citada parte, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las constancias en mención, previa copia certificada de los mismos, identificación y razón de recibo que se deje en autos para debida constancia legal, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA IV.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, concedido a la parte quejosa a fin de que subsanara la prevención de cinco de noviembre de dos mil veinte, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído, y se tiene por promovida la presente demanda únicamente en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la moral oficial quejosa que representan. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Del artículo transcrito se aprecia que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, por medio de un defensor o pariente; sin embargo, de los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra la acción del Estado que sea lesiva de derechos fundamentales. En relación con lo anterior debe decirse que, en esencia, las garantías individuales pueden considerarse restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo. De aquí se sigue que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de garantías individuales y, por lo mismo, por regla general el juicio de amparo promovido por una autoridad es improcedente. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora, del escrito inicial de demanda, así como de la certificación de cuenta, se aprecia que la demanda de amparo fue promovida por ******, únicamente en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, lo que acredita con la constancia que agregó a su escrito de demanda, (constancia de mayoría) en la que demostró tener el carácter de funcionario público. En este sentido, es claro que fue promovida por persona moral oficial. En este orden de ideas, se precisa que el juicio se hace valer contra el auto de tres de febrero de dos mil veinte mediante el cual se aplicó la multa señalada en el artículo 124, fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dictado por el Tribunal responsable. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa. En razón de lo antes expuesto, si la sanción, en su caso, se impuso a la persona física que desempeña el cargo respectivo, es claro que ésta es la que debe cumplirla y no la dependencia de gobierno de que se trate. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las sanciones, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo contra sanciones (incluso económicas) impuestas a un funcionario público. Máxime, que en el caso que nos ocupa, el apercibimiento de multa, es un acto tendiente a los intereses patrimoniales de la persona física, no así a la persona moral oficial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. MAA

  3. Principal

    MESA IV.- Vista la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número **************, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, tomando en consideración que el artículo 114 de la Ley de Amparo prevé los supuestos en que el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente de la demanda de amparo cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. Se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la misma ley. No se hubiese acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o esté resulte insuficiente. No se hubiese expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda. En cualquiera de los supuestos que anteceden o la combinación de ellos, el juez dictara un auto en el que expresará las irregularidades o deficiencias que deba subsanar el promovente para que satisfaga los requisitos omitidos, haga las aclaraciones correspondientes o presente las copias necesarias, lo cual deberá efectuar la parte quejosa dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de dicho auto según lo previsto por la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, y lo apercibirá de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así, en el caso que nos ocupa, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, a partir del día siguiente al en que surta sus efectos el presente acuerdo, , cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Toda vez que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que Mario Ocampo Ocampo promueve el juicio de amparo en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, contra la imposición de la multa consistente en quince unidades de medida de actualización impuesta por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por tanto, deberá manifestar si promueve la presente demanda de amparo únicamente con dicho carácter o también por propio derecho. Lo anterior, a efecto de tener certeza de sus pretensiones y poder fijar correctamente, la litis constitucional en este asunto. Para tal efecto, hágase del conocimiento a la parte quejosa que deberá presentar su escrito de aclaración en original y con las copias suficientes del mismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 110, de la Ley de Amparo, para efecto de correr traslado a cada una de las partes en este asunto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 36/2001, registro 189977, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Tesis que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basa en la interpretación del artículo 120 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al del numeral 110 de la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, se le apercibe que de no dar cumplimiento en su integridad a lo ordenado, se tendrá por promovida la presente demanda únicamente en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, y por autorizado únicamente en los mismos términos a Se tiene *************************** , toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, así como a las diversas personas que menciona, en virtud de que no proporciona los datos de su cédula profesional, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." En ese sentido, téngase por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********************, toda vez que su cédula profesional se encuentra en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se faculta al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito, a efecto de que permita al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, así como las notificaciones que del mismo se ordenen, aún las de carácter personal, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con los nombres de usuario "*************" NO PROCESALES Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud de que se tenga los correos electrónicos que indica para oír y recibir notificaciones, en virtud de que dichos medios de notificación especial no se encuentran previstos por la ley de la materia; sin embargo, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales con la misma. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. MAA

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