Presidente Municipal de Progreso, Yucatán
Expediente 1281/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1281/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Progreso, Yucatán
Actuaciones
- Incidental
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente, promovido por Geovanny José Azcorra Salas contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Progreso, Yucatán y otra autoridad, con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión. Pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir dentro de las CUARENTA Y OCHO horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo aplicable, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el diverso 260, fracción I, del mismo ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, respecto a la medida cautelar solicitada por el quejoso en contra de los actos que reclama del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Progreso, Yucatán y Director de Transporte del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, consistente en la amenaza o la orden de privarle de la posesión de los vehículos que refiere en su demanda y que bajo protesta de decir verdad precisa que utiliza para prestar el servicio de transporte público con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, no ha lugar a conceder la medida suspensión provisional que se insta, en virtud de que no acreditó, ni aun en forma indiciaria, contar con el permiso correspondiente para la citada actividad. En efecto, cuando se reclaman actos que afectan servicios públicos como en el caso acontece, la parte agraviada debe demostrar que cuenta con la concesión o permiso para prestarlo, en caso contrario, no resulta válido otorgar la suspensión provisional de los actos reclamados, puesto que no se satisface el requisito previsto por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, porque se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. Lo anterior obedece, a que si bien la suspensión tiene como objeto preservar las cosas en el estado en que se encuentren al momento de concederse, lo cierto es que dicha medida cautelar no tiene por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende, sino conservar un derecho incorporado previamente en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Ahora bien, en el caso no se advierte que el quejoso haya aportado prueba alguna idónea mediante la cual acredite que se le haya otorgado permiso o concesión para que realice la actividad de servicio de transporte público de pasajeros, lo que resulta necesario para la procedencia de la suspensión solicitada, de modo que, en acatamiento a lo establecido en el precitado numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se reitera, no ha lugar a conceder la medida cautelar que se insta. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 545, del Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: SUSPENSIÓN EN AMPARO. DEBE NEGARSE CUANDO EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LA SOLICITE CONTRA LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO QUE UTILIZA PARA SU PRESTACIÓN, POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES (ARTÍCULO 70 DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA).El mencionado precepto establece que los vehículos que se utilicen para la prestación del servicio público de transporte en rutas urbanas no deben exceder de diez años de antigüedad, con lo cual se persigue proteger el interés colectivo y tutelar el orden público, ya que además de buscar la seguridad de los pasajeros y la disminución de accidentes, tiende a reducir el impacto ambiental. Ahora bien, si la protección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico son de interés social y utilidad pública, conforme a los artículos 1o., 2o., 3o., fracción XIX, 4o. y 7o., fracciones II, III y VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que están obligadas a cumplir, entre otras, las autoridades estatales, es indudable que si los concesionarios reclaman la detención de vehículos destinados al transporte público que no reúnan los requisitos legales previstos, debe negarse la suspensión del acto reclamado conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental. Ahora bien, en cuanto al acto reclamado en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Progreso, Yucatán y Director de Transporte del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, consistente en la amenaza de privarle de la propiedad de los vehículos que describe; los requisitos que deben reunirse para conceder la suspensión provisional, son los señalados en el precepto que a continuación se transcribe: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:- - - I. Que la solicite el quejoso; y;- - - II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.- - - ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." En el caso, tales estipulaciones se encuentran reunidas, ya que por lo que concierne a la prevista en la fracción I, del escrito de demanda se advierte que se solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados; respecto al requisito citado en segundo término también se satisface, porque al concederse la suspensión no se afecta al interés social ni se infringen disposiciones de orden público. En esta condiciones, respecto a la amenaza de privarlo de la propiedad de los vehículos siguientes: 1. Autobús marca Mercedes Benz, tipo MBO-1418/60, modelo 2001, número de motor 90493200200424, número de serie 5DHAA2CN21MJ42231, color blanco; 2. Autobús chasis marca international tipo 4700/175-, S.C.D. Año 2002, Usado con carrocería AYCO Magno 930 de 37 pasajeros, número de serie 3HVBPAAN52N029079, número de motor 470HM2U1304612, propiedad del quejoso, según se acredita con las facturas 471 y 0608 de veintisiete de marzo de dos mil dos y diecinueve de abril de dos mil doce, respectivamente, se concede la medida cautelar solicitada, para el efecto de que las responsables se abstengan de privar de la propiedad de los vehículos referidos del quejoso Geovanny José Azcorra Salas. Esta medida provisional surte sus efectos desde luego, sólo si este derecho, no se encuentra subordinado a las facultades o disposiciones de autoridad judicial. Finalmente, con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, procédase al cotejo y compulsa de los documentos originales exhibidos, con la copia simple que también se acompañan, a fin de que las copias certificadas sean agregados a los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo. Expídase por duplicado copia certificada de esta determinación y entréguese la misma a las personas que autoriza para tal efecto, previa identificación y recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
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