Presidente Municipal de Nicolas Romero, Estado de México

Expediente 1595/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1595/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de Nicolas Romero, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio por el cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remite la diversa misiva en la cual el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Atento a lo anterior, archívese el presente cuadernillo como concluido, previas las anotaciones respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la declinación de competencia.

  2. Principal

    RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero, Estado de México, por conducto el apoderado legal del presidente municipal de dicha entidad, ***; regístrese bajo el número 1595/2019-I-D. COMPETENCIA. Ahora, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia del presente asunto, por lo siguiente: La competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tales condiciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: A) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. C) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso A) se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso B) se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso C) prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: Los embargos ordenados en el expediente laboral *** del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, respecto de las cuentas bancarias números ***. En ese sentido, debe decirse que el acto reclamado en el presente asunto sí tiene ejecución material, pues se llevó a cabo en el lugar en donde se aperturaron las cuentas bancarias a nombre del ayuntamiento quejoso; esto es, en la sucursal ***, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, tal como se advierte de las constancias que anexó a su escrito de demanda. Por lo que, en términos de lo que establece el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción en ese lugar lo es un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En dichas circunstancias, es evidente que este juzgado carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en virtud de que el lugar donde fue aperturada la cuenta bancaria de la quejosa, se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este juzgado federal; por lo que, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, debe conocer del presente asunto un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Atento a lo anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a fin de que se pronuncie en términos de ley; solicitando el acuse correspondiente. Con copia del escrito inicial de demanda, anexos y del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el domicilio que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado (Toluca) o de su zona conurbada (Metepec), conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para tal efecto hasta en tanto señale uno diverso. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas a las personas que nombra en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  3. Principal

    Vista la demanda promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero, Estado de México, por conducto el apoderado legal del presidente municipal de dicha entidad, ***; regístrese bajo el número 1595/2019-I-D. COMPETENCIA. Ahora, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia del presente asunto, por lo siguiente: La competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tales condiciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: A) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. C) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso A) se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso B) se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso C) prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: Los embargos ordenados en el expediente laboral *** del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, respecto de las cuentas bancarias números ***. En ese sentido, debe decirse que el acto reclamado en el presente asunto sí tiene ejecución material, pues se llevó a cabo en el lugar en donde se aperturaron las cuentas bancarias a nombre del ayuntamiento quejoso; esto es, en la sucursal ***, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, tal como se advierte de las constancias que anexó a su escrito de demanda. Por lo que, en términos de lo que establece el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción en ese lugar lo es un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En dichas circunstancias, es evidente que este juzgado carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en virtud de que el lugar donde fue aperturada la cuenta bancaria de la quejosa, se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este juzgado federal; por lo que, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, debe conocer del presente asunto un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Atento a lo anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a fin de que se pronuncie en términos de ley; solicitando el acuse correspondiente. Con copia del escrito inicial de demanda, anexos y del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el domicilio que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado (Toluca) o de su zona conurbada (Metepec), conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para tal efecto hasta en tanto señale uno diverso. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas a las personas que nombra en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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