Presidente Municipal de Miguel Aleman, Tamaulipas

Expediente 1144/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1144/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de Miguel Aleman, Tamaulipas
  • Jose Israel Rodriguez Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    ...el auto cual se desechó de plano la demanda que promovió, sin que lo hiciera... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes... archívense las actuaciones...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta; glósese a los autos el escrito de demanda promovido por José Israel Rodríguez Ruiz; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1144/2018-2, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de destitución definitiva como empleado municipal en el Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas, señalando como autoridad responsable al Presidente Municipal de esa ciudad. Acto en contra del cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." De tales preceptos, interpretados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo no es procedente contra actos provenientes de particulares, cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad. Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de la Materia, en el juicio de amparo tendrán el carácter de autoridades responsables, aquéllas que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo no solamente procede contra leyes o actos de autoridades que estén establecidas con arreglo a las leyes y que hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, sino que también procede contra meras autoridades de facto, es decir, de aquéllas que actúan sin facultades para ello, por más que se les suponga usurpadoras de atribuciones que legalmente no les corresponden. El Alto Tribunal ha enmarcado dentro del concepto "autoridad", para efectos del juicio de amparo: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del agraviado. d) Por último, que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 161133, que marca: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Además, en la reciente creación de la Ley de Amparo, se introdujo que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la fracción II del numeral 5 de la Ley de Amparo, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, cuando falte alguna de dichas características en un ente, es evidente que no se estará en presencia de actos de autoridad. Esto es, de manera genérica, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye a los actos de particulares; además, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente contra tales actos; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de vínculos consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, las partes están en el mismo nivel, es decir, existe una bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Estas se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación; el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculación, se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho para dirimir una controversia, como acontece en la especie, de carácter laboral. Luego, debe precisarse que de una interpretación de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se desprende que el quejoso José Israel Rodríguez Ruiz es una persona que tiene un vínculo laboral con el Presidente Municipal de Miguel Alemán, el cual se encuentra reglamentado por el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Además, el acto reclamado consiste en la orden de destitución definitiva como empleado municipal en el Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas. Es decir, en el caso a estudio, se desprende que la relación que existe entre la quejosa y las autoridades responsables, es de coordinación, misma que tiene su origen en la relación laboral que surgió por virtud de la naturaleza del vínculo que une al agraviado con el Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas, en términos de los ordenamientos que rigen su actuar. En consecuencia, no es posible considerar que en la especie, el Presidente Municipal, Primer y Segundo Síndico, Secretario y Tesorero Municipal, residentes en Miguel Alemán, Tamaulipas, hayan realizado un acto de autoridad, toda vez que el vínculo existente entre el quejoso y éstas, emana de una relación de trabajo, reglamentada en las legislaciones correspondientes. En todo caso, la cuestión materia de esta litis constitucional puede hacerse valer en la vía y forma que en derecho proceda, teniendo en cuenta la relación de coordinación que existe entre ambas partes y en igualdad de prerrogativas y obligaciones que la Ley establezca. En tal virtud, al existir una relación de coordinación entre el quejoso y las autoridades responsables, es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, éstos a contrario sensu, del propio ordenamiento legal... En tales condiciones, es evidente que este asunto resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el diverso 113, de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías promovida por José Israel Rodríguez Ruiz... (PERSONAL)

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