Presidente Municipal de Mayapán, Yucatán
Expediente 1732/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1732/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Mayapán, Yucatán
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito suscrito por Víctor Manuel Pool Cen, quien se ostenta Presidente Municipal de Mayapán, Yucatán, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada el nueve de noviembre del año que transcurre. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad que ostenta el ocursante, en términos del acta de sesión solemne de instalación de cabildo, de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, que adjuntó a su escrito aclaratorio de demanda. NUEVA PREVENCIÓN. Ahora bien, no obstante que la parte quejosa cumplió con el requerimiento efectuado en el citado auto de prevención, de la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que surge la necesidad de realizar una nueva prevención al citado promovente de amparo. Lo anterior, toda vez que los antecedentes de los actos reclamados que fueron expuestos por la parte quejosa en la demanda original, no se advierte afectación patrimonial al municipio como lo dispone el artículo 7 de la Ley de Amparo, por lo que deberá ampliar los mismos. En consecuencia, a fin de proveer lo que legalmente corresponde en relación con la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 114, fracción II y 108 fracción V de la Ley de la materia, requiérase nuevamente al promovente, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Bajo formal protesta de decir verdad, manifieste todos y cada uno de los hechos y omisiones que constituyan los antecedentes del acto que reclama, en relación a la razón por la que se formó la carpeta de investigación número C1/35/2022 y si hubo afectación al patrimonio del municipio de Mayapán, Yucatán. Lo anterior, se sustenta en la tesis jurisprudencial 1a./J. 16/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 875, del Tomo II, Junio de 2018, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registro 2017263, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas." Asimismo, en atención a lo previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, el cual señala que corresponde a la parte quejosa proporcionar dichos antecedentes, ya que sólo de esa manera este Juzgado puede estar en aptitud de proveer lo conducente sobre la demanda de amparo. Ello, en razón de que se trata de los únicos elementos con los que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conllevan a su admisión o desechamiento. Además, éstos a su vez, responsabilizan a quien los formula respecto de la falsedad o la omisión de los datos proporcionados. Apoya lo anterior la tesis XXVII.3 K, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la ley de amparo, la facultad otorgada al juez de distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." (Época: Novena Época, Registro: 184437, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia(s): Común, Tesis: XXVII.3 K y página: 1121). REQUERIMIENTO DE COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO. En la inteligencia, que deberá exhibir cuatro copias de su escrito aclaratorio, para correrle traslado a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: uno para la autoridad responsable, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, y dos más para la parte tercero interesada. Se apercibe a la promovente que de no cumplir dentro del término y forma señalado anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 36/2001, publicada en el folio 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como la tesis P.VII/2001, consultable en la página 325, Novena Época, del Tomo XIII, Abril de 2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente establecen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Y la tesis jurisprudencial 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, del Tomo XXII, Octubre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registro 177046, en el IUS Intranet, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del informe justificado que se relaciona en el proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.
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