Presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca

Expediente 752/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
752/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio del Presidente Municipal Constitucional de la Villa de Zaachila, Oaxaca, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual informa que el treinta y uno de diciembre pasado, concluyó su función con el cargo de Presidente Municipal Constitucional de la Villa de Zaachila, Oaxaca. Asimismo, solicita se le tenga revocando toda autorización realizada. En atención a lo anterior, se le tiene revocando tanto el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones como a su autorizado, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se realice mayor pronunciamiento respecto a que a partir del primero de enero de la presente anualidad, las autoridades municipales que fungirán en el período 2022-2024 en representación del municipio Villa de Zaachila, se encuentran plasmas en el documento anexo; en razón de que el escrito de cuenta fue recibido sin anexo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. I. Recepción de la demanda Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto, promovida por Cástulo Bretón Mendoza, en su carácter de Presidente Municipal del municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca, contra actos del Auditor Especial de Seguimiento e Investigación a Municipios del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 752/2021, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Análisis de la demanda de amparo. En primer lugar, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de amparo, establece que se examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2o. J/75, visible en la página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Materia Común, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215188, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Así, en el caso particular, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa Cástulo Bretón Mendoza, en su carácter de Presidente Municipal del municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca, contra actos del Auditor Especial de Seguimiento e Investigación a Municipios del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, se duele esencialmente del oficio OSFE/AESIM/0296/2021, que contiene el auto de quince de junio de dos mil veintiuno, emitido por el Auditor Especial de Seguimiento e Investigación a Municipios del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, dentro del expediente OSFE/AESIM/INVES/DEN/001/2020, mediante la cual se le niegan copias simples del citado expediente. Ahora, al respecto debe decirse que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos numerales 5°, fracción I, 6° y 7°, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". Los numerales transcritos revelan que el juicio de amparo, se seguirá, únicamente a instancia de parte agraviada; esto es, la procedencia del juicio de derechos fundamentales, requiere, necesariamente que el acto reclamado, cause un perjuicio al gobernado que se estime afectado; es decir, que ese acto lesiona intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de esa manera, es lo que provoca el nacimiento de la acción constitucional; pudiendo promoverse, por sí, por su representante legal o por su apoderado, por su defensor o por cualquier otra persona en los casos concretos previstos en la ley de la materia, que tratándose de los municipios, éstos podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables. En términos procesales, el artículo 6, prevé lo que se conoce como legitimación procesal activa, que se traduce en la potestad legal del gobernado para acudir a los órganos jurisdiccionales a pedir el inicio de la tramitación; o sea, se presenta cuando la acción es ejercida por quien tiene aptitud legal para hacerlo valer, ya sea porque es titular del derecho, o porque cuenta con representación legal del titular del derecho. Al caso, se invoca la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 76, Primera Parte, página 45, séptima época, de rubro y texto siguiente: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Asimismo, la tesis XVII.2o.9 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, novena época, página: 412, que dispone: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho". En vinculación con lo anterior, los preceptos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Lo anterior, permite establecer que el juicio de amparo sólo es procedente cuando quien lo impetra es el gobernado por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de normas generales, actos u omisiones de las autoridades; que tal actuación sólo puede ocurrir cuando frente al gobernado las normas generales, actos u omisiones autoritarios se da en una relación de supra a subordinación; en esa medida, también pueden promover el amparo las autoridades que se vean afectadas en su patrimonio cuando actúan como entes particulares y siempre que esa lesión la origine una autoridad en una relación de supra a subordinación. Por tanto, y por exclusión, el juicio de amparo no es procedente cuando lo promueve una autoridad por actos que afecten el ejercicio de su imperio, pues en este caso existe entre dicha autoridad y la que emite el acto una relación de coordinación. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 16/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 875, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, materia común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas." En el caso particular, la demanda de amparo origen del presente asunto, fue presentada por Cástulo Bretón Mendoza, en su carácter de Presidente Municipal del municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca, y se duele esencialmente del oficio OSFE/AESIM/0296/2021, que contiene el auto de quince de junio de dos mil veintiuno, emitido por el Auditor Especial de Seguimiento e Investigación a Municipios del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, dentro del expediente OSFE/AESIM/INVES/DEN/001/2020, mediante la cual se le niegan copias simples del citado expediente. A mayor abundamiento, se advierte que: Mediante proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, emitido por el Auditor Especial de Seguimiento e Investigación a Municipios del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, dentro del expediente OSFE/AESIM/INVES/DEN/001/2020, el hoy quejoso fue requerido, para remitir información. Por lo anterior, Cástulo Bretón Mendoza, en su carácter de Presidente Municipal del municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca, solicitó copias simples del OSFE/AESIM/INVES/DEN/001/2020. En consecuencia, el quince de junio siguiente, la autoridad responsable negó las copias solicitadas -acto reclamado-. Además, se estima oportuno destacar que Cástulo Bretón Mendoza, suscribió el escrito inicial de demanda, en su carácter de Presidente Municipal del municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca; incluso, a fin de acreditar la calidad con que se ostenta, exhibió: a) acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; b) acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno; y, c) oficio OSFE/AESIM/0296/2021, dictados en el expediente OSFE/AESIM/INVES/DEN/001/2020, con el que acredita el carácter con el que promueve. De ahí que, se estima queda demostrada la intención de instar la acción constitucional en su calidad de autoridad y no en su condición de persona física. Por tanto, si en el caso, quien promovió la demanda de amparo fue Cástulo Bretón Mendoza, en su carácter de Presidente Municipal del municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca, se estima carece de legitimación necesaria para promover el juicio de amparo, pues el referido acto sólo afecta a la persona física a quien se le negaron las copias simples, por ello, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente. En esa línea de pensamiento, reitérese, este órgano jurisdiccional considera que la parte quejosa carece de legitimación para acudir al presente juicio de amparo, virtud que la resolución que se duele en modo alguno afecta el patrimonio del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca. Pues la autoridad responsable únicamente está ejerciendo sus facultades de fiscalización, lo que no afecta al patrimonio del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca. Se reitera que tratándose de persona moral oficial que fue parte en un juicio, la única posibilidad de que pueda promover juicio de amparo es cuando lo haga en defensa de sus intereses patrimoniales, ya que lo que le otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio que le ocasione el acto o la ley que reclamen. En otras palabras, la circunstancia de haber actuado en el procedimiento respectivo como autoridad no le da la legitimación necesaria para acudir a la vía de amparo, pues lo único que le otorga interés suficiente para ello es que defienda sus derechos patrimoniales, ya que en este supuesto no actúa en funciones de autoridad, sino como persona moral de derecho privado. En consecuencia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO origen de este asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos numerales 5°, fracción I, 6° y 7°, de la Ley de Amparo. De apoyo a la anterior aseveración, resulta el criterio sustentado en la tesis que es del contexto literal siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN." (Época: Décima Época, Registro: 2015321, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.), Página: 1022) Asimismo, conviene indicar a la parte quejosa, que el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." De igual forma, a efecto de entender el sentido del presente acuerdo, debe considerarse el juicio de amparo como un medio de acceso a la justicia y como tal, como un derecho limitado, puesto que, para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, tal y como se desprende de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO" III. Domicilio y autorizados del promovente. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo; asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a GABRIEL QUEVEDO MARTÍNEZ, y únicamente para oír y recibir notificaciones, a la persona restante por así haberlo solicitado. Apoya a lo anterior, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO" Por otra parte, en atención a la petición efectuada, en el sentido de que puedan imponerse de los autos, auxiliándose de los medios electrónicos; con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, pues la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevén la autorización de dichos medios electrónicos para tal fin; por lo que, se deja expedito su derecho, a fin de solicitar el fotocopiado que solicita por la vía tradicional, si a su interés conviene. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, misma que, si bien manifiesta no tener inconveniente en que se autorice dichos medios electrónicos, deja expedita dicha facultad a los titulares de los órganos jurisdiccionales donde se tramitan los juicios relativos. IV. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", de conformidad con el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19. V. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." VI. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VII. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al secretario y/o al actuario judicial, a firmar los oficios que deriven del presente auto. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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