Presidente Municipal de Guadalupe Victoria, Durango

Expediente 1454/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1454/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de Guadalupe Victoria, Durango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del presente juicio biistancial; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclaman actos de autoridades cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, reformado por su similar 35/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Debido a las constancias allegadas por el Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, se obtiene una causa de improcedencia manifiesta e indudable que amerita el sobreseimiento del presente juicio, sin necesidad de esperar a que sea pronunciado en la audiencia constitucional. Tiene exacta aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 10/2003, consultable bajo el registro IUS 184572, o bien a foja 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado .". En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente legislación de amparo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a. /J. 59/99, que puede ser consultada bajo el registro IUS 196820, o bien en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora bien, el apoderado legal del quejoso Agustín Sosa Ramírez reclama del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, ".el acuerdo de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, dictado en los Autos del Juicio Laboral Expediente No. 348/2013.", en el que le impuso la sanción de quince días de suspensión en su cargo de Presidente Municipal de Guadalupe Victoria, Durango, y lo requirió para que cumpliera con el laudo. Al rendir su informe con justificación los integrantes del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango transcribieron el acuerdo del tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se determinó, en lo interesante, que ".se procede a la regularización y se deja sin efectos la suspensión decretada de 15 días en el cargo de presidente municipal al C. AGUSTÍN SOSA RAMÍREZ, por lo que gírese oficio a la comisión de responsabilidades del Congreso del Estado para que deje sin efecto el oficio TLB/JC/551/202., (sic) en razón de lo aquí expuesto, así mismo requiérase a la demandada para el efecto de que en un término improrrogable de 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES contados a partir de que surta sus efectos la notificación de la presente realice el pago ante esta autoridad de la cantidad de $1,012,065.20 (UN MILLÓN DOCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M.N.) a favor de la C. MARÍA GUADALUPE DE LA HOYA TESILLOS.". Copias auténticas a las que se asigna valor convictivo pleno conforme a lo que disponen los dispositivos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, de las que se advierte que la autoridad burocrática dejó sin efectos la suspensión de quince días que el disconforme Agustín Sosa Ramírez combate en esta sede constitucional y lo volvió a apercibir para que cumpla con el laudo, y que sucedió de forma posterior a que el garantista instó este juicio de derechos fundamentales. De manera que el acto reprochado cesó en sus efectos, por lo tanto, como las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sin duda actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, Ibídem. Resulta aplicable la tesis II. 1o.C.T. 217 K, visible en la página 313, del Tomo XIV Octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del próximo seis de enero de dos mil veintidós. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE fuera de audiencia este juicio de amparo promovido por Agustín Sosa Ramírez, contra los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del presente juicio biistancial; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclaman actos de autoridades cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, reformado por su similar 35/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Debido a las constancias allegadas por el Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, se obtiene una causa de improcedencia manifiesta e indudable que amerita el sobreseimiento del presente juicio, sin necesidad de esperar a que sea pronunciado en la audiencia constitucional. Tiene exacta aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 10/2003, consultable bajo el registro IUS 184572, o bien a foja 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado .". En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente legislación de amparo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a. /J. 59/99, que puede ser consultada bajo el registro IUS 196820, o bien en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora bien, el apoderado legal del quejoso Agustín Sosa Ramírez reclama del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, ".el acuerdo de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, dictado en los Autos del Juicio Laboral Expediente No. 348/2013.", en el que le impuso la sanción de quince días de suspensión en su cargo de Presidente Municipal de Guadalupe Victoria, Durango, y lo requirió para que cumpliera con el laudo. Al rendir su informe con justificación los integrantes del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango transcribieron el acuerdo del tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se determinó, en lo interesante, que ".se procede a la regularización y se deja sin efectos la suspensión decretada de 15 días en el cargo de presidente municipal al C. AGUSTÍN SOSA RAMÍREZ, por lo que gírese oficio a la comisión de responsabilidades del Congreso del Estado para que deje sin efecto el oficio TLB/JC/551/202., (sic) en razón de lo aquí expuesto, así mismo requiérase a la demandada para el efecto de que en un término improrrogable de 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES contados a partir de que surta sus efectos la notificación de la presente realice el pago ante esta autoridad de la cantidad de $1,012,065.20 (UN MILLÓN DOCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M.N.) a favor de la C. MARÍA GUADALUPE DE LA HOYA TESILLOS.". Copias auténticas a las que se asigna valor convictivo pleno conforme a lo que disponen los dispositivos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, de las que se advierte que la autoridad burocrática dejó sin efectos la suspensión de quince días que el disconforme Agustín Sosa Ramírez combate en esta sede constitucional y lo volvió a apercibir para que cumpla con el laudo, y que sucedió de forma posterior a que el garantista instó este juicio de derechos fundamentales. De manera que el acto reprochado cesó en sus efectos, por lo tanto, como las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sin duda actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, Ibídem. Resulta aplicable la tesis II. 1o.C.T. 217 K, visible en la página 313, del Tomo XIV Octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del próximo seis de enero de dos mil veintidós. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE fuera de audiencia este juicio de amparo promovido por Agustín Sosa Ramírez, contra los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. SE TIENE POPR HECHA LA NOTIFICACIÓN

  3. Principal

    Con vista a las partes, y apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinden los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, así como el anexo que acompañan.

  4. Incidental

    ÚNICO. SE NIEGA a *** la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Notifíquese.

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