Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos
Expediente 150/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintidós, en el cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, glósese a los presentes autos el cuaderno original relativo al incidente de suspensión, para que obre como corresponda y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General de referencia procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de trece de junio de dos mil veintidós, que dice: Quejoso: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 150/2022; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el tres siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario Adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Lo constituye la resolución de fecha 13 de diciembre del 2021 mediante el cual se procede a decretar en mi contra la ilegal aplicación de la sanción consistente en multa de hasta quince unidades de medida y actualización, dictada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que no fui requerido de manera personal del cumplimiento de un laudo, menos aún notificado sobre algún procedimiento de ejecución sobre el cual deba dar cumplimiento, toda vez que el suscrito asumí el cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, con fecha 01 de enero del 2022, por lo que no he sido apercibido con ningún medio de apremio en mi contra ni como gobernado ni en el cargo de Presidente Municipal, ante el cambio de Administración Municipal." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, este juzgado, admitió la demanda referida, pidió a las autoridades responsables sus informes justificados y con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, reconoció el carácter de tercero interesado a Areli Arroyo Díaz. Además, se precisó que, si bien el quejoso sostenía que promovía dicha demanda en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de la integridad de su escrito inicial, y del contexto del acto reclamado, se obtenía que lo que controvertía era la afectación personal y directa que le produjo la multa que se le impuso en la resolución reclamada, de allí que se le tuvo presentando el juicio en estudio por propio derecho, pues con este carácter era que el acto en mención le causaba una afectación y no propiamente a la autoridad que venía representando. También, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, el once de marzo de dos mil veintidós fue emplazada la tercera interesada, quien no se apersonó a juicio ni formuló alegatos. Finalmente, una vez sustanciado el asunto, se celebró la audiencia constitucional el dieciséis de mayo de dos mil veintidós; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados consisten en la omisión de dar cumplimiento a una sentencia definitiva de nulidad administrativa, así como la omisión de exigir y hacer cumplir tal sentencia, atribuidos a autoridades administrativas y con ejecución en esta ciudad, en que ejerce II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio, consisten en los que se ilustran en el siguiente cuadro: Autoridad responsable ordenadora [1] Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado a) La resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio burocrático ********************, en la que al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto de requerimiento de pago de nueve de junio de dos mil veintiuno, y por tanto, se le impuso una multa de hasta quince unidades de medida y actualización, como medida de apremio a fin de lograr el cumplimiento del laudo dictado en contra de la demandada. Autoridades responsables ejecutoras [2] Actuario, adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y Acto reclamado b) La ejecución del anterior acto III. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al [1] Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y [2] actuario adscrito al mismo, pues así lo aceptaron al rendir el informe justificado, aunado a que tales afirmaciones se encuentran corroboradas con el contenido de las constancias remitidas en copia certificada relativas al juicio laboral burocrático ********************, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales, entre las que se encuentra la resolución reclamada, resultan suficientes para acreditar su existencia. IV. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, como sostienen las autoridades responsables [1] Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y [2] actuario adscrito al mismo en su informe justificado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el artículo 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, referente a la falta de interés jurídico -que es el que interesa en el caso, dado que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional-, que exige que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, ya que la resolución reclamada de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se impone una multa de quince unidades de medida y actualización por incumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral ********************, no fue dictada en contra del quejoso. Precisamente, en términos de los numerales 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con el 5°, fracción I, de la ley de la materia, el juicio de amparo solamente puede instaurarse contra actos que afecten el interés jurídico del quejoso. Ahora bien, el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, ya sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal de la República y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado; por tanto, el interés del impetrante de garantías sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, que son los siguientes: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. b) La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. c) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. d) No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Ahora, en el caso, el quejoso ********************, acude a la presente instancia constitucional impugnando, esencialmente, la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral burocrático ********************, mediante la cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de junio de dos mil veintiuno y, ante el incumplimiento de pago en que incurrió el ente demandado por conducto de su Presidente Municipal, impuso la sanción prevista en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Mientras que, del análisis de la resolución impugnada de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral ********************, se advierte que la misma fue emitida en contra de la persona que en ese momento ocupaba el cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, ya que en su literalidad estableció lo siguiente: "[.] SE DECLARA PROCEDENTE APLICAR UNA MULTA DE HASTA QUINCE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA MORELOS. [.] En ese sentido, el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que el uno de enero de dos mil veintidós asumió el cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, lo cual constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en este juicio y que además goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a la jurisprudencia 446 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 1002512, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO", lo que además se encuentra corroborado con la copia certificada constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal, de once de junio de dos mil veintiuno, que anexó a su demanda de amparo, la cual cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, por tratarse de un documento público, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, se tiene que en la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno que reclama, se le impuso la multa aludida a diversa persona física, esto es, a quien en ese momento ocupaba el cargo de Presidente Municipal en Cuernavaca, Morelos, en tanto que el aquí quejoso, como se indicó, asumió ese puesto el uno de enero de dos mil veintidós. Lo cual además fue manifestado por las responsables [1] Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y [2] actuario adscrito al mismo, al momento de rendir su informe justificado, en el que señalaron que "si bien es cierto que mediante resolución de fecha de trece de diciembre de dos mil veintiuno se hizo efectivo el apercibimiento de multa, también es cierto que fue ejecutado en contra del servidor público que ostentaba en ese momento el cargo de presidente municipal, de Cuernavaca, Morelos, el C. Francisco Antonio Villalobos Adán". Situación que coincide con las constancias remitidas por las autoridades responsables relativas al juicio de origen, las cuales ya fueron valoradas en cuanto a su eficacia probatoria en el tercer considerando de esta ejecutoria, entre las que se encuentra el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se determinó: [.]SE ORDENA GIRAR ATENTO OFICIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MORELOS (SAT) CON DOMICILIO [.] PARA QUE EN UN TERMINO DE TRES DÍAS HABÍLES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE RECIBA EL OFICIO, PROPORCIONE EL DOMICILIO PARTICULAR Y EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DEL C. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN QUE SE OSTENTA AÚN EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS [.]" De lo anterior se concluye que la multa contenida en la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, fue impuesta a Francisco Antonio Villalobos Adán quien ostentaba en ese momento el carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, pues incluso la responsable ordenó girar oficio a la autoridad hacendaria federal para que proporcionara el domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de dicha persona a fin de que la autoridad recaudadora estuviera en condiciones para realizar el embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución, para ejecutar la referida medida de apremio. Luego, es que la multa que se hizo efectiva en la resolución reclamada, se aplicó a una persona distinta al ahora quejoso, pues no era él quien fungía como Presidente Municipal en la fecha que se emitió tal determinación. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el ahora quejoso actualmente ocupe el puesto de Presidente Municipal, pues la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa, por lo que no es factible considerar que la medida de apremio impuesta en la resolución reclamada, se traslade al ahora quejoso, por el solo hecho de que actualmente ocupa dicho encargo como funcionario público obligado. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad al auto de requerimiento de pago, pues éste jamás causaría un perjuicio al sujeto al que está dirigido y, en consecuencia, no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. De ahí que el peticionario de amparo no está legitimado para promover el presente juicio, pues contrario a lo que sostiene, la medida de apremio impuesta en la resolución reclamada está dirigida a una persona distinta, lo que da como resultado que no cuente con interés jurídico para acudir a esta instancia de control constitucional. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, acorde al artículo 63, fracción V, de la misma normatividad, se sobresee en el juicio respecto al acto reclamado al [1] Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en (a) la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio burocrático ********************. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo respecto a (b) los actos de ejecución reclamados al [2] Actuario, adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud de que la parte quejosa no los reclamó por vicios propios, tal como dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239008 y de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando II, por las razones expuestas en el diverso último, ambos de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy trece de junio de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de abril de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de uno de abril del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta y Tercer Árbitro, Secretario General y Técnico Especialista Jurídico en funciones de Actuario, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por lo que entre la fecha de notificación de dicho informe a las partes y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional para las ONCE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECISIÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado que rinden la Presidenta y Tercer Árbitro, Secretario General y Técnico Especialista Jurídico en funciones de Actuario, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora, con el contenido del informe de referencia, se ordena dar vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Por otra parte, téngase como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designan en su informe y por señalado como domicilio procesal para los efectos de oír y recibir notificaciones el que indican, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal. Finalmente, ténganse como pruebas las que ofrecen, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; lo anterior, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
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