Presidente Municipal de Chimalhuacán, Estado de México

Expediente 1184/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1184/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de Chimalhuacán, Estado de México
  • Felix Felipe González González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, por medio del cual, se desechó la demanda; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. Hágase notar que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el plazo de tres años contados a partir de esta fecha, puesto que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. Devolución de documentos. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe constancia alguna ofrecida como prueba que devolver a las partes.

  2. Principal

    a los presentes autos la razón de la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado; de la que se desprende la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, por los motivos que expone; en consecuencia, notifíquese dicho auto, así como las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto, señale otro domicilio en donde puedan practicarse sus notificaciones. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE AUTO, ASÍ COMO EL DIVERSO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. El Licenciado Juan Lara de la Rosa, actuario judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, hago constar que en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco ce marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, notifico al quejoso por LISTA que se fija en los estrados del juzgado de mi adscripción el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte y cinco de marzo de dos mil veintiuno emitidos en el juicio de amparo 1184/2020, del índice del juzgado de mi adscripción que en síntesis dice: PROVEÌDO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Félix Felipe González González, contra actos del Presidente Municipal de Chimalhuacán, Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1184/2020-V. III. Decisión sobre la instancia constitucional Del contenido de la demanda, se desprende que el promovente reclama: La orden de apertura de vialidad, sobre el bien inmueble que refiere Félix Felipe González González, es de su propiedad, ubicado en Cuarta Cerrada de Corregidora, número dieciséis, colonia Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, así como su ejecución y la falta de notificación de la misma. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el presente juicio constitucional es improcedente, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de la causa de improcedencia se operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto en el que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. . . . En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (.)". Del precepto transcrito, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y, en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado. Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Por su parte, los artículos 186, 229, 230 fracciones I, II y III, 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente, establecen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." "Artículo 230. Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "Artículo 231. Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad." De los citados preceptos legales, se establece la procedencia del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra actos dictados por autoridades administrativas y fiscales. Como se dijo, la parte quejosa reclama la orden de apertura de vialidad, sobre el bien inmueble que refiere Félix Felipe González González, es de su propiedad, ubicado en Cuarta Cerrada de Corregidora, número dieciséis, colonia Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, así como su ejecución y la falta de notificación de la misma Misma que atribuye al Presidente Municipal de Chimalhuacán, Estado de México y otras autoridades; arguyendo bajo protesta de decir verdad, que el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, se presentaron diversas personas acompañadas de patrullas, para derribar un enmallado con el que había delimitado el predio que afirma es de su propiedad, llegando después, el Delegado y Representante Jurídico del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán Estado de México, quienes le dijeron que sus vecinos tenían razón, ya que el ayuntamiento había ordenado que la fracción de terreno que pretende defender era calle, por lo que tenía que dejar el espacio libre para la misma; de lo que se advierte que sí conoció del procedimiento administrativo seguido para el efecto, así como de las autoridades que lo emitieron; por lo que, previo a la promoción del juicio de amparo, tal acto debe ser combatido a través del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186, 229, 230 fracciones I, II y III, 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En ese contexto, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, deben agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. . . . Así se considera además, porque como se dijo, las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto reclamado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la Ley de Amparo, inclusive, este juzgado colige, que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, e incluso, las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo vigente, establecen mayores requisitos para su concesión. Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional, concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el Procedimiento Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Entidad, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, por lo que resulta inconcuso, que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, por lo que debe desecharse por improcedente la demanda de amparo que se intenta. Además, porque en el caso no se surte la excepción prevista en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa referido en párrafos anteriores, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia, pues la propia ley procesal aplicable, prevé el procedimiento correspondiente para combatir actos administrativos de las autoridades Municipales. A su vez, se desprende que no se alegan violaciones directas a la constitución, sino aspectos de legalidad contenidos en el artículos 16 constitucional. Entonces, el medio de defensa que se considera debe agotarse, se encuentra contenido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por tanto, es evidente que en la especie, no se actualiza la excepción para agotar el principio de definitividad establecido en la Ley de Amparo. Aunado a ello, precisa destacar que tampoco se advierte que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Elementos de razón por los que este Juzgado Federal concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra del acto que por esta vía reclama la parte accionante de garantías, procede el juicio contencioso administrativo y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Sustenta lo anterior, por identidad, la jurisprudencia por contradicción 60/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 933, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, junio de 2013, Décima Época, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. . Jurisprudencia que analiza los requisitos para conceder la suspensión en el juicio de amparo conforme a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, como se dijo, la Ley de la Materia vigente, establece, incluso, mayores requisitos que la anterior, por lo que al determinarse que el Código de Procedimiento Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos que los previstos en la entonces Ley de Amparo, con mayor razón se desprende que tampoco respecto de la Ley vigente. Jurisprudencia que contendió con la diversa de rubro "JUICIO CONTENCIOSO O RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA." . . . Al igual que la jurisprudencia, que establece: "Época: Novena Época Registro: 175624 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/260 Página: 1816 DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Por tanto, se desecha de plano la presente demanda de amparo, ya que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable. IV. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente; sin embargo, dado el sentido del presente auto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que le haga de su conocimiento el contenido del presente proveído. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, por no contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF. Se exhorta para tramitación de juicio en línea. . . . se exhorta al promovente para que, de ser posible y tomando en consideración acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones. Copias y reproducción de constancias. a) Expedición de copias. se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Mismas que serán entregadas una vez que la propia carga del órgano jurisdiccional lo permita, y el centro de fotocopiado ajeno a este órgano jurisdiccional se encuentre habilitado para tales efectos, ya que por el momento se encuentra cerrado dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19. b) Entrega de copias. En atención a lo anterior, se indica al ocursante que para la comparecencia respectiva de entrega de copias deberá generar cita a través del "Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias", al que hace referencia el artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, a efecto de que pueda generar su código QR, y se le permita el acceso a este órgano jurisdiccional. Diligencia que deberá desahogarse en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en ella. En el entendido que ante la eventual generación de la cita correspondiente y obtención del código QR, en caso de que no se reúnan las condiciones para su desahogo, sin poner en riesgo la salud en integridad física de las personas que intervengan, se reservara su verificativo hasta en tanto se reúnan las condiciones para ello. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Transparencia. . . . hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. PROVEÌDO DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los presentes autos la razón de la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado; de la que se desprende la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, por los motivos que expone; en consecuencia, notifíquese dicho auto, así como las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto, señale otro domicilio en donde puedan practicarse sus notificaciones. LO QUE HAGO DEL CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.

  3. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Félix Felipe González González, contra actos del Presidente Municipal de Chimalhuacán, Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1184/2020-V. III. Decisión sobre la instancia constitucional Del contenido de la demanda, se desprende que el promovente reclama: La orden de apertura de vialidad, sobre el bien inmueble que refiere Félix Felipe González González, es de su propiedad, ubicado en Cuarta Cerrada de Corregidora, número dieciséis, colonia Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, así como su ejecución y la falta de notificación de la misma. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el presente juicio constitucional es improcedente, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de la causa de improcedencia se operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto en el que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. . . . En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (.)". Del precepto transcrito, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y, en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado. Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Por su parte, los artículos 186, 229, 230 fracciones I, II y III, 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente, establecen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." "Artículo 230. Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "Artículo 231. Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad." De los citados preceptos legales, se establece la procedencia del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra actos dictados por autoridades administrativas y fiscales. Como se dijo, la parte quejosa reclama la orden de apertura de vialidad, sobre el bien inmueble que refiere Félix Felipe González González, es de su propiedad, ubicado en Cuarta Cerrada de Corregidora, número dieciséis, colonia Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, así como su ejecución y la falta de notificación de la misma Misma que atribuye al Presidente Municipal de Chimalhuacán, Estado de México y otras autoridades; arguyendo bajo protesta de decir verdad, que el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, se presentaron diversas personas acompañadas de patrullas, para derribar un enmallado con el que había delimitado el predio que afirma es de su propiedad, llegando después, el Delegado y Representante Jurídico del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán Estado de México, quienes le dijeron que sus vecinos tenían razón, ya que el ayuntamiento había ordenado que la fracción de terreno que pretende defender era calle, por lo que tenía que dejar el espacio libre para la misma; de lo que se advierte que sí conoció del procedimiento administrativo seguido para el efecto, así como de las autoridades que lo emitieron; por lo que, previo a la promoción del juicio de amparo, tal acto debe ser combatido a través del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186, 229, 230 fracciones I, II y III, 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En ese contexto, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, deben agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. . . . Así se considera además, porque como se dijo, las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto reclamado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la Ley de Amparo, inclusive, este juzgado colige, que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, e incluso, las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo vigente, establecen mayores requisitos para su concesión. Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional, concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el Procedimiento Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Entidad, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, por lo que resulta inconcuso, que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, por lo que debe desecharse por improcedente la demanda de amparo que se intenta. Además, porque en el caso no se surte la excepción prevista en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa referido en párrafos anteriores, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia, pues la propia ley procesal aplicable, prevé el procedimiento correspondiente para combatir actos administrativos de las autoridades Municipales. A su vez, se desprende que no se alegan violaciones directas a la constitución, sino aspectos de legalidad contenidos en el artículos 16 constitucional. Entonces, el medio de defensa que se considera debe agotarse, se encuentra contenido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por tanto, es evidente que en la especie, no se actualiza la excepción para agotar el principio de definitividad establecido en la Ley de Amparo. Aunado a ello, precisa destacar que tampoco se advierte que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Elementos de razón por los que este Juzgado Federal concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra del acto que por esta vía reclama la parte accionante de garantías, procede el juicio contencioso administrativo y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Sustenta lo anterior, por identidad, la jurisprudencia por contradicción 60/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 933, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, junio de 2013, Décima Época, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. Jurisprudencia que analiza los requisitos para conceder la suspensión en el juicio de amparo conforme a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, como se dijo, la Ley de la Materia vigente, establece, incluso, mayores requisitos que la anterior, por lo que al determinarse que el Código de Procedimiento Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos que los previstos en la entonces Ley de Amparo, con mayor razón se desprende que tampoco respecto de la Ley vigente. Jurisprudencia que contendió con la diversa de rubro "JUICIO CONTENCIOSO O RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.A. J/24)", la que a su vez, interrumpió el criterio sostenido por el propio tribunal en la diversa II.1o.A. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 1289, de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD O JUICIO DE NULIDAD PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. ES INNECESARIO AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN." . . . Al igual que la jurisprudencia, que establece: "Época: Novena Época Registro: 175624 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/260 Página: 1816 DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por tanto, se desecha de plano la presente demanda de amparo, ya que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable. IV. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente; sin embargo, dado el sentido del presente auto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que le haga de su conocimiento el contenido del presente proveído. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, por no contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF. Se exhorta para tramitación de juicio en línea. . . . se exhorta al promovente para que, de ser posible y tomando en consideración acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones. Copias y reproducción de constancias. a) Expedición de copias. se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Mismas que serán entregadas una vez que la propia carga del órgano jurisdiccional lo permita, y el centro de fotocopiado ajeno a este órgano jurisdiccional se encuentre habilitado para tales efectos, ya que por el momento se encuentra cerrado dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19. b) Entrega de copias. En atención a lo anterior, se indica al ocursante que para la comparecencia respectiva de entrega de copias deberá generar cita a través del "Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias", al que hace referencia el artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, a efecto de que pueda generar su código QR, y se le permita el acceso a este órgano jurisdiccional. Diligencia que deberá desahogarse en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en ella. En el entendido que ante la eventual generación de la cita correspondiente y obtención del código QR, en caso de que no se reúnan las condiciones para su desahogo, sin poner en riesgo la salud en integridad física de las personas que intervengan, se reservara su verificativo hasta en tanto se reúnan las condiciones para ello. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Transparencia. . . . hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados.

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