Presidente Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro

Expediente 351/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
351/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/03/2017

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO DE LOS AUTOS..., SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO..., ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO..., EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO..., SE DA VISTA A LA PARTE QUEJOSA, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS, COMPAREZCA A RECOGER LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE EXHIBIÓ CON SU ESCRITO DE DEMANDA..., EN LA INTELIGENCIA QUE DE NO HACERLO, SERÁN DESTRUIDOS JUNTO CON EL EXPEDIENTE...

  2. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE..., SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE GARANTÍAS Y SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DEL QUEJOSO...

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE TERCERO INTERESADA EN VIRTUD DEL CITATORIO RESPECTIVO, EL AUTO D SEIS DE MAREZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE ESTABLECE: "seis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías promovida por LEÓN ENRIQUE BOLAÑO MENDOZA en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO y CUAUHTÉMOC MORALES OLVERA, en su carácter de SINDICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO; personalidad que acreditan en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo con copia autógrafa del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete dictado dentro del expediente 060/2010/1 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro; contra actos del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUERÉTARO y otra autoridad, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 351/2017, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Del análisis integro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado: El auto dictado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete dictado dentro del expediente 060/2010/1 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, promovido por Braulio Rodríguez Reséndiz en contra del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, a través del cual, declaró improcedente el incidente de nulidad planteado por la parte demandada Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del dicho procedimiento. Bajo ese contexto, se estima que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así en el particular el presente juicio de amparo es improcedente de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso de harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [.]" De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos de ejecución de sentencia, el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento. En efecto, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente, y en lo concerniente a los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyos casos se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso que ocupa la atención, el acto reclamado no tiene el carácter de ser el último acto emitido en el procedimiento de ejecución del laudo, sino que sólo se trata de una determinación intermedia dictada precisamente dentro de tal procedimiento en el expediente 060/2010/1 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, es decir, no constituye la última determinación en dicho periodo, ello en virtud de que no es aquella en la que en forma definitiva se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues la responsable sólo resolvió el incidente de nulidad planteado por la parte demandada Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del dicho procedimiento, en cuyo incidente combatió o impugnó dos actuaciones, a saber: el auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, a través del cual se ordenó la ejecución del laudo y la actuación de diez de mayo de dos mil dieciséis, a través de la cual se embargaron dos cuentas bancarias del Municipio quejoso. Asimismo, es pertinente destacar que el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de un laudo, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Efectivamente, mediante la interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 060/2010/1 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, a través de la cual declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado en el periodo de ejecución del laudo específicamente contra el auto de requerimiento de pago de la condena del laudo de fecha de cuatro de abril de dos mil dieciséis, y la diligencia de embargo llevada a cabo el diez de mayo de dos mil dieciséis, sin que sea factible considerar dicha actuación como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, en razón de que en ella no se cuantificó la cantidad líquida que se pretende ejecutar. Tiene aplicación al caso la tesis de Jurisprudencia número PC.XVIII. J/10 L, sustentada por el Pleno del Decimoctavo Circuito, visible en la página 1492, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ... De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, Abril de 2016, tomo III, materia común, página 1941, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en la que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra dentro de los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." Así como, la tesis aislada VII.20.C.23 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1947, de contenido siguiente:...Así también en la tesis aislada I.2o.C.33 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, página 1070, de contenido siguiente:... Y en la tesis aislada, número XVI.3o.2 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, página 917, de contenido siguiente:...El acto reclamado tampoco se encuentra ubicado en el diverso caso de excepción, establecido para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos de la promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que de un análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama solamente la interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil diecisiete dictado dentro del expediente 060/2010/1 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, promovido por Braulio Rodríguez Reséndiz en contra del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, a través del cual, declaró improcedente el incidente de nulidad planteado por la parte demandada Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del dicho procedimiento; lo que no constituye un acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:...Por tanto, como en la especie la determinación reclamada sólo es un acto en el trámite del periodo de ejecución de sentencia, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; determinaciones que en todo caso sí podrían ser impugnadas mediante el juicio de control constitucional, al actualizar el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrían reclamarse las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como la que en el caso se alega. Lo anterior tiene como propósito el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia, cuyo cumplimiento es de orden público... Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizados de su parte únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que índica, por así solicitarlo la parte quejosa. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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