Presidente Municipal de Ayala, Morelos.

Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
564/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de Ayala, Morelos.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, en consecuencia, y toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, se provee: Glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a) y c), del Acuerdo General citado; por tanto, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Finalmente, sin necesidad de proveer con motivo de garantía alguna, toda vez que no fue exhibida dentro del incidente de referencia. Notifíquese. JRL

  2. Principal

    MESA IV.-DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, lo que es así porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del plazo de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De otra manera, la improcedencia manifiesta e indudable implica que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que ********************, por propio derecho y en su carácter de ********************, reclama de las autoridades responsables: La resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós dictada en los autos del expediente administrativo ********** del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante la cual impone a la parte quejosa una multa equivalente a sesenta unidades de medida y actualización. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones: El artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Así, el juicio de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe agotarse previamente. En ese orden, en el caso debe precisarse que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en que se le impuso como medida de apremio por la Sala responsable una multa de sesenta unidades de medida y actualización, en autos del expediente administrativo ***********. Sin embargo, se advierte que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, debió agotar el recurso de reconsideración ante la propia Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos que conoce del expediente de origen. Para sustentar lo anterior, debe tenerse presente que el artículo 104 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos establece: "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala." Sin que de cualquier otro precepto de la citada normativa se advierta la improcedencia del indicado medio de impugnación contra el acuerdo que, en específico, determine la imposición de medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones. En ese orden de ideas, la demanda de amparo es de notoria improcedencia, toda vez que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte impetrante de amparo debió agotar el recurso ordinario, que lo es la reconsideración, mediante el cual puede combatir la determinación de que se duele, el cual tendría por objeto modificar o revocar el auto reclamado. Igualmente, en el caso debe decirse que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos precisamente en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que son, en esencia: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Tratándose de órdenes de aprehensión, reaprehensión, providencias precautorias o medidas cautelares restrictivas de libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que fije requisitos para su disfrute, el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal, siempre que no se trate de sentencia definitiva; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate de un auto de vinculación a proceso, y e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente, en cuyo caso será optativo para el quejoso acudir al medio que se trate o promover desde luego el juicio de amparo. Ello es así, en primer término, porque si el acto reclamado consiste en la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en que se le impuso como medida de apremio por la Sala responsable una multa de sesenta unidades de medida y actualización, en autos del expediente administrativo ***, es patente que su naturaleza no corresponde a la de los actos enunciados en los incisos a), b) y d) del citado artículo y fracción de la Ley de Amparo, que se refieren a actos que importen peligro de privación de la vida, a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, actos prohibidos el artículos 22 de la Constitución Federal, así como diversos actos dictados en procesos penales. Por otra parte, es igualmente claro que el quejoso carece del carácter de tercero extraño a juicio, pues de sus propias manifestaciones bajo protesta de decir verdad aduce ser autoridad demandada en el expediente administrativo *******, de manera que por ese solo hecho no se ubica en la hipótesis de persona extraña. Igualmente, debe destacarse que no se surte la excepción relativa a que la procedencia del medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente, pues en la especie el recurso de reconsideración se encuentra regulado de manera precisa en el citado artículo 104, y su procedencia es clara contra los acuerdos dictados por las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Consecuentemente, ya que no se verificó excepción alguna al principio de definitividad, se determina que el quejoso debió interponer el recurso de reconsideración previsto en la referida Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos antes de acudir a la instancia constitucional, razón por la cual, al no haberlo hecho así, el juicio de amparo se torna improcedente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho y en su carácter de *******. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio procesal el que refiere en su escrito de demanda y por autorizados para tales efectos a las personas que señala, así como a ********y**********toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." CONSULTA POR USUARIO Ahora, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, así como el punto CUARTO del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid******** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, entre otros, los artículos 9 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se faculta al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permita al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con los nombres de usuario ***. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid****** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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