Presidente Municipal de Actopan, Veracruz

Expediente 980/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
980/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Presidente Municipal de Actopan, Veracruz
  • Regidor Primero del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz
  • Síndica Única del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en la carátula del presente expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******, quienes se ostentan como *******, ******* y *******, *******, *******, ******* y *******, todos del *******, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 980/2019. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción I y 6, 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, y fracción V, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." (.) "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo debido a que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional y a efecto de no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia. En ese orden, la interpretación sistemática de los artículos 5º, fracción I, y 6º de la ley de la materia, permite establecer que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de las normas generales, actos u omisiones de autoridad, el cual se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. En esa tesitura, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones de autoridad y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Por otra parte, de la lectura del numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se deduce que por regla general, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, pues sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Por "última resolución", ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, así como aquélla que ordene el archivo definitivo del expediente, las cuales serán entonces impugnables en amparo, no así las que le precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de orden público. HECHOS Del escrito de demanda se advierte que los promoventes reclaman lo siguiente: a) El acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de la sección de ejecución del expediente laboral número *******, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, en el cual se determinó como medida de apremio el arresto y/o presentación con el auxilio de la fuerza pública. b) El acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de la sección de ejecución del expediente laboral número *******, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, en el cual determinó como cantidad a pagar la de *******a favor de *******. De los antecedentes que narran bajo protesta de decir verdad, se desprende que los promoventes refieren que la orden de arresto que se impuso como medida de apremio, afecta su libertad; sin embargo, acuden a juicio ostentándose únicamente con el carácter de *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******, quienes se ostentan como *******, ******* y *******, *******, *******, ******* y *******, todos del *******, y no por propio derecho. Asimismo, dicen que derivado de haber una nueva administración en el Ayuntamiento responsable, no tienen pleno conocimiento del expediente laboral de donde provienen los actos reclamados; razón por la cual desconocen la forma en que deben cumplir con el laudo laboral dictado en su contra. Sin embargo - señalan - en el acto reclamado se estableció una cantidad a pagar con motivo de las resultas de juicio laboral en cuestión, pero sin detallar de manera clara cómo es que se integra la cantidad por la cual se les está requiriendo. CONCLUSIÓN Se considera que los promoventes en su carácter de *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******, quienes se ostentan como *******, ******* y *******, *******, *******, ******* y *******, todos del *******, carecen de legitimación para promover el juicio de amparo contra el acuerdo de fecha ocho de octubre de la presente anualidad, dictado en los autos del expediente laboral número ******, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. Lo anterior debido a que tales actos, por sí mismos, no agravian a las autoridades que ellos representan y, por tanto, al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo, la acción intentada debe declararse improcedente. En efecto, como se desprende del proemio y del texto íntegro de la demanda de amparo, los promoventes se ostentan como *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******, quienes se ostentan como *******, ******* y *******, *******, *******, ******* y *******, todos del *******; sin embargo, se estima que las personas físicas o titulares de los cargos públicos, son quienes pudieran incurrir en la omisión de cumplir un mandato judicial motivo por el cual pudieran hacerse acreedores a la imposición de la medida de apremio consistente en el arresto, con independencia que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al cargo que ostentan, pues se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir con una sentencia y no así a la autoridad que representa. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2009360 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2015 (10a.) Página: 974 "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." Asimismo, por los razonamientos que contiene, es ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "Época: Novena Época Registro: 190346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Febrero de 2001 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 3/2001 Página: 110 AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Criterios que, por identidad jurídica sustancial, deben aplicarse al caso concreto, aun cuando no se reclame el apercibimiento de imposición de una multa, sino con un arresto administrativo. Lo anterior se estima así, en virtud que de no cumplir con lo que les fue requerido por la autoridad responsable, se les impondrá un arresto administrativo, pero el mismo será cumplido precisamente por las personas físicas, es decir, por *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******. En esas condiciones, el juicio de amparo indirecto intentado, en el que se señaló como acto reclamado el acuerdo que contiene el apercibimiento en cuestión, debió promoverse por las personas físicas y no por éstos, con el cargo que ostentan. En otro orden de ideas, por cuanto hace al reclamo del acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de la sección de ejecución del juicio laboral número ******, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, en el cual determinó como cantidad a pagar la de $ ******, a favor de *******, respetuosamente se concluye que la demanda que se provee también es improcedente, en atención a que el acto reclamado antes referido no es el último dictado en la etapa de ejecución de sentencia de dicho expediente en cuestión, pues no se ubica en los supuestos de la norma. Máxime que, atendiendo a las manifestaciones formuladas por los promoventes, las cuales vierten bajo protesta de decir verdad, se advierte que el acuerdo reclamado no constituye el auto en el que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que únicamente formula un apercibimiento de pagar una cantidad determinada a favor de *******, "salvo error u omisión" (foja 16); por lo que la parte interesada puede promover el juicio de amparo hasta el dictado de la resolución que así declare el cumplimiento y únicamente en la misma demanda impugnar las violaciones procesales cometidas en esa etapa. Como sustento de lo anterior, se citan las tesis siguientes: "Registro No. 167981 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Febrero de 2009 Página: 1672 Tesis: VII.2o.C. J/29 Jurisprudencia Materia(s): Civil AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). l Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Lo anterior, máxime que no se configura la excepción a la regla general para la procedencia del juicio, en este caso, que se le afecten directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Tienen aplicación a lo anterior, las jurisprudencias de rubro siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." "Época: Novena Época Registro: 162152 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Mayo de 2011 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 19/2011 Página: 5 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 y 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, y fracción V, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por el *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******, quienes se ostentan como *******, ******* y *******, *******, *******, ******* y *******, todos del *******, respectivamente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el que precisan, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******* y ******, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA No obstante, se hace saber a las demás partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.

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