Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlan, Estado de México
Expediente 1385/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1385/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/01/2022
Partes del expediente
- Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlan, Estado de México
Actuaciones
- Principal
. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. ARCHIVO .. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Serafín Gutiérrez Morales, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán, Estado de México, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la copia certificada de constancia de mayoría y validez de la elección para el ayuntamiento que anexa, contra actos del Comisión Federal de Electricidad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1378/2021-II. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie los actos reclamados en el presente asunto consisten, esencialmente, en lo siguiente: El apercibimiento de suspensión de suministro de energía eléctrica, contenido en el oficio de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, signado por Vicente Boris Gamboa Colli, de los números de servicio 336990102846, 333000106266, 243150500583, 243170700511, 243160801077 y 243171200679, si no se cubre la cantidad que se adeuda de cada servicio. Así, en la especie el suscrito advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de alguna dependencia que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. El artículo 5 de la ley de la materia prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el concepto de autoridad responsable. Uno de los criterios sostenidos por ese Alto Tribunal, definieron el concepto de "autoridad para efectos del amparo" de la siguiente manera: ... En tal sentido, el Máximo Tribunal del País interpretó, que los actos de autoridad para efectos del amparo son aquellos que provienen de entidades de la administración pública que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública. El análisis de los criterios sostenidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, conducen a determinar que los requisitos del acto de autoridad para efectos del amparo, son los siguientes: 1) Que provenga de un órgano de la administración pública; y, 2) Que esté revestido de las características de imperatividad, unilateralidad, coercitividad y uso de la fuerza pública. Sobre estas bases, cabe señalar que el juicio de amparo, al ser un medio de control constitucional de los actos de autoridad, resulta improcedente respecto de actos de particulares, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis siguiente: ... Al respecto, también es necesario puntualizar que existen otros organismos que, si bien dependen de la administración pública centralizada, no realizan actos de autoridad propiamente dichos, ya que dentro de sus atribuciones no existe facultad decisoria alguna, sino que se limitan a emitir meras opiniones, las cuales de ninguna manera se consideran actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, como sucede en muchas ocasiones con los dictámenes que realizan los jurídicos de diversas dependencias. Con respecto a los organismos descentralizados, en un principio, el Máximo Tribunal del país estimó que si bien formaban parte de la administración pública conforme al artículo 90 de la Constitución, lo cierto es que no actúan en representación del Estado, sino que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de que las actividades que tienen encomendadas no constituyen relaciones de supra a subordinación, por lo cual no se les reconoció el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, al considerarse órganos sin facultades decisorias ni disposición de fuerza pública, según se advierte de la tesis siguiente: ... La Segunda Sala del Alto Tribunal, puntualizó que es innegable que el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. En tal sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquel que tiene origen en una relación de supra a subordinación, de conformidad con el criterio siguiente: ... Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Cabe recalcar que tratándose de las relaciones de coordinación, es común que se pacte la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica. Esto se debe a que todos los contratos se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes; por tanto, los derechos y obligaciones son bilaterales, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación en favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. En la especie, la falta de pago del servicio de suministro de energía eléctrica por parte del usuario actualiza el derecho de retención de la obligación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que se traduce en el corte del suministro de energía eléctrica. Ese elemento, que podría denominarse cláusula de cese del suministro de las prestaciones o servicios pactados ante el incumplimiento de la parte contratante, no genera que la relación de coordinación se transforme en una relación de supra a subordinación, ya que dicha cláusula sólo implica la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones, servicios y/o beneficios de la relación jurídica, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes; y si lo que se pretende es que se declare esa falta de cumplimiento del contrato para efectos de rescisión o que se demande el cumplimiento forzoso, es el Juez ordinario el que tiene la jurisdicción para decidirlo y no el Juez de amparo, considerando que no se trata de un acto de autoridad. De lo expuesto, se obtiene que ni el reconocimiento formal de un organismo dentro de la estructura orgánica de la administración pública, ni tampoco la aplicación unilateral de las cláusulas de cese de las prestaciones o servicios pactados por algunas instituciones y organismos, son suficientes para que se actualice el concepto de "autoridad para efectos del juicio de amparo". Para determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del análisis del caso concreto que se presente, para lo cual el Juez de amparo debe analizar, cuando menos: 1) el origen material y la finalidad del acto respectivo; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación); y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. Ahora bien, cabe señalar que es actividad exclusiva del Estado, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, cuyos actos son de orden público. La prestación de tal servicio público se realiza, exclusivamente, a través de la Comisión Federal de Electricidad, la cual es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto la planeación del sistema eléctrico nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público y la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que se requieran para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás ordenamientos aplicables. La prestación del servicio público de energía eléctrica es proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a quien lo solicite, previa celebración del contrato de suministro correspondiente. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto, entre otros, celebrar convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios o con entidades públicas y privadas o personas físicas, para la realización de actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica; asimismo, está facultada para celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, como lo es, entre otras, el suministro de energía eléctrica a quien se lo solicite. Las causas que determinan la conclusión del contrato de suministro de energía eléctrica son las siguientes: i) Por voluntad del usuario; ii) Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa; iii) Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y, iv) Por falta de pago del adeudo que requiere suspensión, dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha en que se efectuó dicha suspensión. En el entendido de que el contrato de suministro de energía eléctrica que celebra la Comisión Federal de Electricidad con el usuario del servicio de energía eléctrica es un contrato de suministro, es decir, un acuerdo de voluntades celebrado entre la administración pública y el particular. Si bien es verdad que la Comisión Federal de Electricidad es un organismo público, también lo cierto es que el suministro de energía eléctrica se pacta a través de un contrato, que implica la estipulación de obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, lo que supone que, desde un punto de vista material, se recurra a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y usuario a esos efectos. Importa señalar que, en la especie, el contrato de suministro debe ser entendido como un sistema de comercialización y distribución donde a una persona física o moral se le proporciona a cambio de una contraprestación, el servicio de suministro de energía eléctrica, de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas por el proveedor. En ese sentido, el contrato que celebra la Comisión Federal de Electricidad con las personas físicas o morales constituye un contrato de suministro y adhesión, donde la comisión prestadora del servicio y los usuarios adquieren derechos y obligaciones recíprocas, bajo condiciones que fija el proveedor; obligaciones que consisten, centralmente, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en proporcionar el servicio de energía eléctrica al usuario; y la correlativa obligación del usuario de pagar como contraprestación una cantidad de dinero por la energía consumida en determinado periodo de facturación. Luego entonces, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, que está facultada para celebrar contratos de suministro de energía eléctrica con los particulares, no por eso puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes corresponde a la de supra a subordinación, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica implica que la Comisión Federal de Electricidad y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. Por tanto, la falta de pago del servicio de suministro de energía eléctrica por parte del usuario actualiza el derecho de retención de la obligación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que se traduce en el corte del suministro de energía eléctrica. Ese elemento, que podría denominarse cláusula de cese del suministro de las prestaciones o servicios pactados ante el incumplimiento de la parte contratante, no genera que la relación de coordinación se transforme en una relación de supra a subordinación, ya que dicha cláusula sólo implica la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones, servicios y/o beneficios de la relación jurídica, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes; y si lo que se pretende es que se declare esa falta de cumplimiento del contrato para efectos de rescisión o que se demande el cumplimiento forzoso, es el Juez ordinario el que tiene la jurisdicción para decidirlo, y no el Juez de amparo, considerando que no se trata de un acto de autoridad. Sobre esas premisas, resulta que el apercibimiento de suspensión de suministro de energía eléctrica, contenido en el oficio de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, signado por Vicente Boris Gamboa Colli, de los números de servicio 336990102846, 333000106266, 243150500583, 243170700511, 243160801077 y 243171200679, si no se cubre la cantidad que se adeuda de cada servicio, no puede ser considerado un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 113/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con datos de localización, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 365, de rubro y texto siguientes: .... Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda que se trata. Lo anterior no implica que se deje en estado de indefensión a la parte quejosa pues como se apuntó, en el caso resulta inconcuso que el acto de suministro de energía eléctrica que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad, es un acto de comercio, por ende, las controversias que se susciten entre ésta y los gobernados por el cobro indebido en el suministro de energía eléctrica quedan sujetas a las leyes mercantiles, por lo que la vía ordinaria mercantil es la procedente; de ahí que la promovente del amparo pueda acudir ante el Juez ordinario a fin de alegar lo que en derecho corresponda. Lo anterior encuentra apoyo aplicado por analogía, en la tesis I.4o.C.61 C sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con datos de localización Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1862, de rubro y texto: ... Devolución de documentos. Sin que haya lugar a acordar favorable la solicitud que efectúa el promovente en el sentido de que previo cotejo y certificación que para tal efecto se realice, le sea devuelta la copia certificada de constancia de mayoría y validez de la elección para el ayuntamiento que exhibe, toda vez que de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Amparo, alguna de las partes durante la secuela procesal podría objetar el mismo, por lo tanto dicha devolución será válida hasta en tanto adquiera firmeza procesal el presente proveído. Domicilio Procesal. En atención a la certificación de cuenta, toda vez que el usuario "fcobm04" que señala la promovente se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, téngase por autorizado para la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que y notifíquesele vía electrónica está determinación, así como las sucesivas que se dicten en el presente asunto. ...Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
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