Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Expediente 162/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
162/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

  1. Principal

    Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de dos de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2 del referido manual, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por promovida por ***, en representación del ***, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 7, en Durango. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 162/2022. III. Decisión sobre la instancia. Desechamiento. Expuesto lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. De la lectura de la demanda de amparo de cuenta, promovida por ***, en representación del ***, se advierte su notoria improcedencia. Para evidenciar tal motivo de inejercitabilidad, es menester precisar que la quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual el tribunal responsable otorga vista a la parte quejosa y codemandados, para que en el término de tres días, se pongan en contacto con el perito tercero en discordia en materia de valuación, designado por ese tribunal, a fin de que se concrete el pago de sus emolumentos, apercibidos que de no hacerlo se impondrá un medio de apremio consistente en una multa por el equivalente a veinte unidades de medida y actualización. Pues bien, respecto de tal acto reclamado, se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento, debido a que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del quejoso por no causarle un agravio personal y directo en este momento. El origen de la citada figura, es decir, se encuentra establecido por el artículo 107, fracción I, Constitucional; donde se contiene como un principio básico del juicio de amparo, puesto que como medio de control constitucional, aquél se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. De esta forma, como presupuesto básico del juicio de amparo se tiene que una persona podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad, siempre y cuando esa esa afectación le cause un agravio actual, real y directo. Es aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia PC.I.L/14 L (10a), publicada en la página dos mil trescientos veintiuno, del Libro 26, Enero de 2016, Tomo III Materia Común, Instancia Plenos de Circuito, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto siguientes: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Por tanto, cuando un acto de autoridad no afecte los derechos fundamentales de la parte quejosa, el amparo que contra de éste se promueva, será improcedente, según lo previene la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Delimitado lo anterior, debe decirse que, si bien es cierto el quejoso reclama el acuerdo referido, en el que se le constriñó a que se ponga en contacto con el perito tercero en discordia, en materia de valuación designado por ese tribunal, a fin de que se concrete el pago de sus emolumentos, apercibidos que de no hacerlo se impondrá un medio de apremio consistente en una multa; también lo es que, tal acto por sí mismo, no le causa un agravio personal y directo en forma real y actual, que legitime a la parte quejosa para solicitar la protección constitucional. Lo anterior es así, toda vez que no es posible estimar que con la emisión del acuerdo reclamado, en el cual se le indica que se ponga en contacto con el perito a fin de pagar sus emolumentos, no le es lesivo en este momento, puesto que bien pudiera acontecer que tal erogación no se realice. Por otra parte, si bien se le conmina a que dé cumplimiento a esa orden jurisdiccional, apercibido de un medio de apremio consistente en una multa para el caso de que no lo haga en el término de tres días, no le afecta en forma real y actual en su esfera jurídica, pues éste se materializará únicamente en caso de no acatar tal mandamiento, ya que sólo se le apercibió para que lo haga, lo cual es un acto futuro e incierto que dependerá de la conducta que en su caso despliegue el quejoso. Se afirma lo anterior, en virtud que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 234/2013, sostuvo: "(.) el apercibimiento sólo produce la probabilidad de la consecuencia señalada por el órgano jurisdiccional, en el entendido de que tal resultado necesariamente se actualiza hasta la resolución que lo hace efectivo, bien por la conducta contumaz de la parte a la que se ha prevenido o bien por la deficiencia en el desahogo del requerimiento. 32. Ciertamente, en cuanto a la aplicación de la sanción, el juez que ha prevenido a alguna de las partes, no queda constreñido a aplicar indefectiblemente la consecuencia de su advertencia, pues ello depende de los términos en que se cumpla la prevención o de que tal cumplimiento no se verifique. En ese sentido, las manifestaciones que llegue a expresar el interesado pueden llevar al juzgador a emitir una resolución en la que considere que los requisitos que antes estimó omitidos están satisfechos con el desahogo, o a emprender un nuevo análisis de las cuestiones que generaron la prevención y determinar que los requisitos omitidos realmente no son indispensables para los fines que les asigna la ley o la naturaleza del proceso de que se trate o que, en realidad, la cuestión que se consideraba irregular, no era tal. En ese sentido, ante la serie de posibilidades que se pueden presentar con motivo del cumplimiento que se llegue a verificar a cargo de la parte requerida, la regla general es que la resolución que hace efectivo el apercibimiento es la que causa el perjuicio al promovente (.)" De lo transcrito, se advierte que tanto el pago que se pudiera generar al perito tercero en discordia a cargo del quejoso, como el apercibimiento, solo son una probabilidad. Es decir, lo que pudiese en todo caso generar un perjuicio real, se actualizaría hasta la resolución que señale el monto del pago que debe de erogarse, en el caso del pago al perito. Y con respecto del apercibimiento, causará perjuicio, hasta en tanto el mismo se haga efectivo. En tal virtud, el acto reclamado, no genera al quejoso un perjuicio o agravio personal y directo actual que afecte su esfera jurídica, por lo que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 5º, fracción I, del mismo cuerpo normativo. Se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la invocada ley, a *** al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones al resto de personas que refiere, toda vez que no cuentan con dicho requisito. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por promovida por ***, en representación del ***, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 7, en Durango. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 162/2022. III. Decisión sobre la instancia. Desechamiento. Expuesto lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. De la lectura de la demanda de amparo de cuenta, promovida por ***, en representación del ***, se advierte su notoria improcedencia. Para evidenciar tal motivo de inejercitabilidad, es menester precisar que la quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual el tribunal responsable otorga vista a la parte quejosa y codemandados, para que en el término de tres días, se pongan en contacto con el perito tercero en discordia en materia de valuación, designado por ese tribunal, a fin de que se concrete el pago de sus emolumentos, apercibidos que de no hacerlo se impondrá un medio de apremio consistente en una multa por el equivalente a veinte unidades de medida y actualización. Pues bien, respecto de tal acto reclamado, se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento, debido a que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del quejoso por no causarle un agravio personal y directo en este momento. El origen de la citada figura, es decir, se encuentra establecido por el artículo 107, fracción I, Constitucional; donde se contiene como un principio básico del juicio de amparo, puesto que como medio de control constitucional, aquél se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. De esta forma, como presupuesto básico del juicio de amparo se tiene que una persona podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad, siempre y cuando esa esa afectación le cause un agravio actual, real y directo. Es aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia PC.I.L/14 L (10a), publicada en la página dos mil trescientos veintiuno, del Libro 26, Enero de 2016, Tomo III Materia Común, Instancia Plenos de Circuito, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto siguientes: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Por tanto, cuando un acto de autoridad no afecte los derechos fundamentales de la parte quejosa, el amparo que contra de éste se promueva, será improcedente, según lo previene la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Delimitado lo anterior, debe decirse que, si bien es cierto el quejoso reclama el acuerdo referido, en el que se le constriñó a que se ponga en contacto con el perito tercero en discordia, en materia de valuación designado por ese tribunal, a fin de que se concrete el pago de sus emolumentos, apercibidos que de no hacerlo se impondrá un medio de apremio consistente en una multa; también lo es que, tal acto por sí mismo, no le causa un agravio personal y directo en forma real y actual, que legitime a la parte quejosa para solicitar la protección constitucional. Lo anterior es así, toda vez que no es posible estimar que con la emisión del acuerdo reclamado, en el cual se le indica que se ponga en contacto con el perito a fin de pagar sus emolumentos, no le es lesivo en este momento, puesto que bien pudiera acontecer que tal erogación no se realice. Por otra parte, si bien se le conmina a que dé cumplimiento a esa orden jurisdiccional, apercibido de un medio de apremio consistente en una multa para el caso de que no lo haga en el término de tres días, no le afecta en forma real y actual en su esfera jurídica, pues éste se materializará únicamente en caso de no acatar tal mandamiento, ya que sólo se le apercibió para que lo haga, lo cual es un acto futuro e incierto que dependerá de la conducta que en su caso despliegue el quejoso. Se afirma lo anterior, en virtud que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 234/2013, sostuvo: "(.) el apercibimiento sólo produce la probabilidad de la consecuencia señalada por el órgano jurisdiccional, en el entendido de que tal resultado necesariamente se actualiza hasta la resolución que lo hace efectivo, bien por la conducta contumaz de la parte a la que se ha prevenido o bien por la deficiencia en el desahogo del requerimiento. 32. Ciertamente, en cuanto a la aplicación de la sanción, el juez que ha prevenido a alguna de las partes, no queda constreñido a aplicar indefectiblemente la consecuencia de su advertencia, pues ello depende de los términos en que se cumpla la prevención o de que tal cumplimiento no se verifique. En ese sentido, las manifestaciones que llegue a expresar el interesado pueden llevar al juzgador a emitir una resolución en la que considere que los requisitos que antes estimó omitidos están satisfechos con el desahogo, o a emprender un nuevo análisis de las cuestiones que generaron la prevención y determinar que los requisitos omitidos realmente no son indispensables para los fines que les asigna la ley o la naturaleza del proceso de que se trate o que, en realidad, la cuestión que se consideraba irregular, no era tal. En ese sentido, ante la serie de posibilidades que se pueden presentar con motivo del cumplimiento que se llegue a verificar a cargo de la parte requerida, la regla general es que la resolución que hace efectivo el apercibimiento es la que causa el perjuicio al promovente (.)" De lo transcrito, se advierte que tanto el pago que se pudiera generar al perito tercero en discordia a cargo del quejoso, como el apercibimiento, solo son una probabilidad. Es decir, lo que pudiese en todo caso generar un perjuicio real, se actualizaría hasta la resolución que señale el monto del pago que debe de erogarse, en el caso del pago al perito. Y con respecto del apercibimiento, causará perjuicio, hasta en tanto el mismo se haga efectivo. En tal virtud, el acto reclamado, no genera al quejoso un perjuicio o agravio personal y directo actual que afecte su esfera jurídica, por lo que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 5º, fracción I, del mismo cuerpo normativo. Se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la invocada ley, a *** al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones al resto de personas que refiere, toda vez que no cuentan con dicho requisito. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

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