Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Expediente 63/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
63/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2018

Partes del expediente

  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
  • Luis Horacio Gerardo Aguilar Pliego

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Horacio Gerardo Aguilar Pliego contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista el escrito de demanda de cuenta promovida por *** por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; que estima violatorios de las garantías contenidas en los artículos 1, 4, 6, 13, 16, 21, 29, 35 fracción III, 115, 129 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 63/2018-VII.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida y anexo que a ella se adjuntó, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la demanda de cuenta, se desprende que la solicitante del amparo señaló como autoridades responsables a las que describió como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación dependiente de la Secretaría de Gobernación (todas en su carácter de ordenadoras con excepción de la mencionada en primer término, a la que atribuye el doble carácter de ordenadora y ejecutora). Así también, señaló como responsables al Secretario de la Defensa Nacional y Secretario de Marina (en su carácter de ejecutoras), todos con sede en la Ciudad de México; autoridades a las que reclamó los actos que describió de la forma siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS Se reclama de todas las autoridades ordenadoras la aprobación, promulgación y publicación de la ilegal Ley de Seguridad Interior, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 2017; siendo las disposiciones que me afectan la de los artículo 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12 16 y 30, los reclamo con motivo de su entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa, en tanto que tengo el temor fundado de no tener claro los conceptos de los términos de Seguridad Interior, Amenaza a la Seguridad Interior, Uso Legítimo de la Fuerza, Inteligencia para la Seguridad Interior y Acciones de seguridad Interior, además otorgando amplias facultades al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para emitir la Declaratoria de protección a la Seguridad Interior, violándose el principio de legalidad y seguridad jurídica contemplada en los artículo 14 y 16 Constitucionales. Se reclama del Presidente Constitucional de los estados Unidos Mexicanos la orden de promulgación, impresión y publicación de la Ley de Seguridad Interior, publicada en día 21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete; así como el acuerdo por el que dicho presidente ordenó al secretario de Gobernación la publicación de su observancia de la ley impugnada; así como los acuerdos, órdenes y todo acto de ejecución que el Presidente emita que tenga por objeto la ejecución de la Ley que se reclama mediante el presente juicio de amparo, específicamente la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Estos actos del Presidente al ser derivados de una ley inconstitucional adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad, por lo que violan en perjuicio de la quejosa los derechos humanos y las garantías para su protección que otorgan los artículo 1, 6, 13, 14, 16, 21, 29, 35 fracción III, 115, 129, 133 constitucionales. De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se reclama el proceso legislativo, consistente en el inicio, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, en específico los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 y 30. Del Secretario de Gobernación se reclamada el refrendo y rúbrica de la Ley de seguridad Interior, así como las órdenes para que el Director del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación publicara dicha ley. Actos estos que por ser derivados de una ley inconstitucional adolece de los mismos vicios; en violación a los derechos humanos y las garantías para su protección a que se refieren los artículos 1, 6, 13, 14, 16, 21, 29, 35 fracción III, 115, 129 y 133 constitucionales. Del Director del Diario Oficial de la Federación dependiente del Secretario de Gobernación se reclama la publicación de la Ley de Seguridad Interior, publicada el día 21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, que adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad de la ley referida. Del Secretario de la Defensa Nacional y del secretario de Marina se les reclama: Todos y cada uno de los actos de ejecución de la Ley que se reclama mediante el presente juicio de amparo, específicamente la participación de las fuerzas armadas y de la marina en actos civiles, actos de ejecución, todos estos que adolecen de los mismos vicios de inconstitucionalidad de as ordenadoras que se reclaman, violándose por ello mis derechos humanos y las garantías para su protección consagradas en los artículos 1, 6, 13, 14, 16, 21, 29, 35 fracción III, 115, 129 y 133 constitucionales. En ese sentido, del capítulo correspondiente a la procedencia de la demanda de amparo, se aprecia que las normas cuya constitucionalidad se cuestiona son los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 y 30 de la Ley de Seguridad Interior. Asimismo, de la demanda de cuenta, como antecedentes del acto reclamado, se desprende, en lo que aquí interesa, que la Ley de Seguridad Interior en la que se contienen los artículos impugnados, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; por lo que la aplicación de los artículos reclamados ocurrió en esta última fecha; es decir, el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. De lo hasta aquí anotado, se obtiene que la parte quejosa acude a solicitar la protección Constitucional porque a su consideración las normas que impugna contravienen sus derechos fundamentales, las cuales controvierte como leyes autoaplicativas, sin embargo debe decirse de acuerdo a lo narrado en su demanda de garantías dichos preceptos legales resultan ser heteroaplicativos, lo cual se confirma si se toma en cuenta que la quejosa señala autoridades responsables a las que atribuye el carácter de ejecutoras y a las que reclama precisamente la aplicación de los artículos cuestionados, como más adelante se verá. Fijado lo anterior, en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, primer y segundo párrafos, en vinculación con los numerales 17 primer párrafo y 18, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la demanda de amparo de cuenta fue promovida en forma extemporánea a los quince días a que se refiere el segundo de los preceptos legales invocados y con ello consentida, conforme al primero de los mencionados artículos. Los indicados artículos en el orden apuntado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como ya se ha dicho, de la demanda de cuenta se desprende que se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 y 30, de la Ley de Seguridad Interior; artículos que en el supuesto que se analiza, la parte quejosa refiere le fueron aplicados el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete; es decir, en su carácter de heteroaplicativos. En ese contexto, la mencionada Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; y de acuerdo con su Artículo Primero Transitorio, dicha Ley donde se contienen los artículos impugnados entró en vigor a partir del veintidós de ese mismo mes y año, una vez que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional. Así, del contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo cuando se reclame una Ley en su carácter de heteroaplicativa empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que hayan sido aplicados al gobernado los artículos cuya constitucionalidad cuestiona; y del diverso numeral 61 fracción XIV, primer y segundo párrafo, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17 primer párrafo, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. En la hipótesis en trato, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que, de acuerdo con lo que menciona la parte quejosa, los artículos reclamados, fueron aplicados el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete; por lo que la solicitante del amparo debió ejercer la acción constitucional dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha indicada; esto es, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 primer párrafo, de la Ley de Amparo, empezó a computarse el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete; día hábil siguiente a aquél en que fueron aplicados los artículos reclamados (ello porque fueron inhábiles ya que el veintitrés y veinticuatro de diciembre fueron sábado y domingo; respectivamente, y en el caso del veinticinco de ese mismo mes y año, es inhábil por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo). Por tanto, si la aplicación de los artículos impugnados inició el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete; el término de quince días a que se refiere el artículo 17 primer párrafo I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, quedó comprendido entre el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, y dieciséis de enero de dos mil dieciocho, con exclusión de siete días por ser inhábiles; a saber, los sábados treinta de diciembre de dos mil diecisiete, seis y trece de enero de dos mil dieciocho; y los domingos treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, así como siete y catorce de enero de dos mil dieciocho, y uno de enero del mismo año, por disposición expresa del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho; ello significa que en relación con los actos reclamados, la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea a los quince días que al efecto establece el artículo 17 párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo que conduce a la conclusión de que al no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo que para ello establece el indicado precepto legal y párrafo, los artículos reclamados fueron consentidos tácitamente tal y como lo dispone el diverso numeral 61 fracción XIV, primer y segundo párrafos, del apuntado ordenamiento legal. Sin que en la especie, la parte quejosa se ubique en alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 en sus fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo, puesto que no se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, en la que se imponga pena de prisión, caso en el cual podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años (fracción II); de igual forma, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que el término es de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados (fracción III); y de igual modo, el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; caso en que la demanda puede presentarse en cualquier tiempo (fracción IV). Apoyan lo expuesto, las Tesis de rubro y texto siguientes: Séptima Época Registro digital: 239031 Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 22, Tercera Parte Materia(s): Común Página: 35 REGLAMENTOS, DEMANDA EXTEMPORÁNEA CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS, SI SE PRESENTA DESPUÉS DE QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL QUEJOSO TIENE CONOCIMIENTO DE LA PRIMERA APLICACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el quejoso debe presentar su demanda de amparo en contra de un reglamento que considera inconstitucional, dentro del término de quince días siguientes al en que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de la ley reclamada que sufre, de modo que la demanda que se presenta con posterioridad a ese término, resulta extemporánea y como consecuencia, improcedente. Octava Época Registro digital: 219095 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1992 Materia(s): Común Página: 364 CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Por lo que se refiere al caso de excepción establecido en la fracción I del mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación a que cuando se reclame una norma general autoaplicativa, el término para la presentación de la demanda será de treinta días; tampoco se actualiza por lo que se expone enseguida. Como ya se ha dicho, la parte quejosa controvierte la constitucionalidad de los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 y 30, de la Ley de Seguridad Interior, los cuales se impugnan con motivo de su aplicación el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XII, segundo supuesto, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa reclamó la constitucionalidad de diversos preceptos legales contenidos en Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; artículos que por su naturaleza, requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica del gobernado; es decir, que sean de carácter heteroaplicativos, y en el caso, no se acredita ese primer acto concreto de aplicación de las normas cuestionadas ni ningún otro. El mencionado artículo y fracción a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (El énfasis es añadido). De la transcripción realizada, se obtiene, en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, y éste no haya ocurrido o no se haya acreditado su existencia. En el caso se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, toda vez que el amparo contra leyes con motivo del primer acto concreto de aplicación; es decir, de carácter heteroaplicativo; sólo procede cuando se ha llevado a cabo ese primer acto de aplicación, lo que no acontece en la especie, puesto que la quejosa no acompaña documento alguno con el que justifique que le fueron aplicadas las normas generales que reclama y con ello el primer acto concreto de aplicación necesario conforme al referido artículo 61 fracción XII segundo supuesto de la Ley de Amparo, imprescindible para la procedencia del juicio de amparo contra leyes. En otras palabras, la quejosa reclama diversos preceptos contenidos en la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, con motivo del primer acto concreto de aplicación; sin embargo, respecto de ese primer acto concreto de aplicación no exhibió elemento de prueba alguno a efecto de justificar ese primer acto concreto de aplicación; esto es, aún no se le ha aplicado ninguno de los preceptos legales cuya constitucionalidad cuestiona; lo que significa que no existe ese primer acto concreto de aplicación, lo que a su vez se traduce en que el juicio de amparo promovido es improcedente, porque para su procedencia, cuando se reclama en su carácter de heteroaplicativo, se requiere ineludiblemente de un acto concreto de aplicación, lo que no ha ocurrido en la especie. Sobre el tema, no debe perderse de vista que las normas de carácter general (como las que ahora se cuestionan), pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Esto es, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio se tratará de normas de carácter autoaplicativas; y si requieren un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión, se está en presencia de normas de carácter heteroaplicativas. En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere que un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, conforme al primer párrafo del artículo 17 citado. Lo expresado pone de relieve que, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato; o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, de la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse las hipótesis normativas que prevén. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Novena Época Registro: 198200 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Julio de 1997 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 55/97 Página: 5 LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En ese contexto, los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 y 30, de la Ley de Seguridad Interior que se reclaman, a la letra dicen: Articulo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley. Artículo 3. En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza. Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: Acciones de Seguridad Interior: Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior; I. Amenazas a la Seguridad Interior: Las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional; III. Riesgo a la Seguridad Interior: Situación que potencialmente puede convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior; IV. Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: El mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior; V. Fuerzas Armadas: El Ejército, Armada y Fuerza Área; VI. Fuerzas Federales: Las instituciones policiales federales; VII. Inteligencia para la Seguridad Interior: El conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad interior; VIII. Seguridad Interior: Lo previsto en el artículo 2 de la presente Ley; IX. Seguridad Nacional: Lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional, y X Uso legítimo de la fuerza: La utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución. Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior. El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas: I. Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional. Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran Declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables. Artículo 12. En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas. Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República de acuerdo a sus facultades podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas. Lo anterior, sin perjuicio de la comunicación que realice la Secretaría de Gobernación de forma posterior a los titulares del Poder Ejecutivo respectivo de las entidades federativas y la emisión, en el menor tiempo posible, de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del contenido de los artículos cuya constitucionalidad se cuestiona, se desprende que de ninguna forma afectan por su sola vigencia la esfera jurídica de la parte quejosa; es decir, la sola vigencia de las normas cuestionadas no permiten ubicar a la solicitante del amparo en los supuestos que se establecen en cada uno de los mencionados artículos; puesto que dichas normas no obligan a la quejosa a hacer o dejar de hacer; y además, para ubicarse en su respectivo supuesto, se requiere un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad; lo que se traduce en que la parte promovente no se encuentra en aptitud legal para ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; lo que a su vez significa de nueva cuenta que la demanda de amparo es improcedente porque las normas cuestionadas, para su impugnación, requieren necesariamente de un acto concreto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, lo que como ya se ha expuesto, no ha acontecido. Son aplicables a esto último, por lo que informan, las Tesis de datos de localización y contenido siguiente: Séptima Época Registro digital: 232592 Instancia: Pleno Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 127-132, Primera Parte Materia(s): Constitucional, Común Página: 220 LEYES. IMPUGNACIÓN POR SU SOLA EXPEDICIÓN. Si el acto reclamado se hace consistir en la sola expedición, promulgación y publicación de una ley, no basta que sea considerada como inconstitucional por la parte quejosa, sino que debe sujetarse tal impugnación a que se trate de leyes autoaplicativas, como lo señala la tesis de jurisprudencia que con el número 72 aparece publicada en la página 178 del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, y dicho carácter autoaplicativo no queda a criterio del quejoso, sino que el juzgador debe atender al texto mismo de la ley impugnada, para ver si tiene o no el carácter de autoaplicativa. Séptima Época Registro digital: 818398 Instancia: Pleno Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 145-150, Primera Parte Materia(s): Común Página: 127 LEY AUTOAPLICATIVA. En reiteradas ocasiones esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para considerar una ley como autoaplicativa, deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer; y, b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, primer y segundo párrafos, en vinculación con los numerales 17 primer párrafo y 18, todos de la Ley de Amparo; así como la diversa a que se refiere el artículo 61 fracción XII, segundo supuesto de la mencionada Ley; toda vez que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea a los quince días establecidos a partir de la aplicación de los artículos reclamados; y además, la parte quejosa no acreditó el requisito de procedencia que se desprende del artículo y fracción citados en último término, se desecha la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Apoya lo expuesto, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Novena Época Registro digital: 196750 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Administrativa Tesis: XVI.2o. J/2 Página: 438 DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. Cuando se promueve amparo contra una ley, habrá casos en que no sea posible determinar con la sola lectura de la demanda, si el cuerpo legal impugnado tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. En tal hipótesis, no debe resolverse a priori, que determinado cuerpo de leyes no entraña afectación por su sola expedición sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad, sino que la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de las autoridades responsables y de las pruebas que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la demanda de amparo, sin perjuicio de dictar a la postre el sobreseimiento que corresponda. En cambio, cuando la improcedencia del juicio es manifiesta e indudable, y con nitidez puede determinarse tal circunstancia, entonces no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito emita auto desechatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Pretender que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluyendo los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de desechamiento de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna. (Lo destacado es nuestro). En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a ***; por así haberlo solicitado la parte promovente; y como domicilio para tal efecto, el ubicado en carretera ***, Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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