Presidenta Municipal Constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca y Otros.

Expediente 567/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
567/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Presidenta Municipal Constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca y Otros.
  • Síndico Procurador y Representante legal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ***y ***en su carácter de Presidenta Municipal y Síndico Procurador y representante legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, interpusieran recurso de queja en contra del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida por ***y ***en su carácter de Presidenta Municipal y Síndico Procurador y representante legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, personalidad que acreditan con las copias certificadas de las credenciales expedidas por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca; contra actos del Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, oficina Regional de Juchitán y otra autoridad, que hacen consistir en ACTO RECLAMADO. De la ordenadora.- El acuerdo y/o Resolución de fecha 06 de julio del 2022, dictada mediante oficio No: VRJ/0503/2022, dictado dentro del expediente DDHPO/11/RIJ (10)/OAX/2022, de la cual tuvimos conocimiento el día 09 de agosto del 2022 De la ejecutora.- La ejecución material del acuerdo y/o Resolución de fecha 06 de julio del 2022, dictada mediante oficio No: VRJ/0503/2022 dictado dentro del expediente DDHPO/11/RIJ (10)/OAX/2022, de la cual tuvimos conocimiento el día 09 de agosto del 2022 ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 567/2022-I-A. DESECHAMIENTO Previo acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de Amparo, del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano El precepto transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En el caso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Para sustentar lo anterior, es oportuno trascribir el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; La hipótesis legal en cita se debe analizar conjuntamente con lo que establece el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan lo siguiente: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley El interés jurídico a que alude el precepto legal transcrito consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en vía de amparo algún acto jurisdiccional violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa Conforme a esos preceptos legales, se prevé que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue la conculcación de los derechos reconocidos en la Carta Magna, en virtud del acto de autoridad que se reclama, circunstancia anterior que, a su vez, habrá de trascender en la esfera jurídica de la quejosa de manera directa ?interés jurídico?, o bien, en consecuencia de su especial situación frente al orden jurídico ?interés legítimo?. Entonces, el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se trata de un derecho subjetivo que protege alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Así, el interés jurídico necesario para acudir al juicio constitucional entraña la existencia de dos elementos, a saber: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Lo anterior se obtiene de la jurisprudencia 168/2007 que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225 del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico debe acreditarse plenamente en el juicio y no puede inferirse en base a presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional - que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales de los gobernados-, la protección de la Justicia Federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Tal aseveración se apoya en la jurisprudencia 2a./J.16/94 que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, del Tomo número 82, Octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En ese sentido, es dable advertir que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, y así, el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la Ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que también se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sobre el particular es aplicable el criterio de jurisprudencia que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en su anterior integración, Séptima Época, mismo que es del tenor literal siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Por otra parte, se tiene que el apercibimiento es una prevención a la persona para que debe hacer o dejar de hacer algo, y se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento. Esto, es, el solo apercibimiento de imponer una multa constituye un acto que no necesariamente puede considerarse inminente; por el contrario, es un acto incierto, porque depende del incumplimiento del sujeto obligado que dé lugar a hacer efectivo dicho apercibimiento, con la consecuente imposición de una multa. Lo anterior pone de manifiesto que la advertencia de imposición de una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que esta última depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado, lo cual conduce a concluir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del ineresado. Por tanto, no cabe duda que para resultar afectado el interés jurídico de la quejosa, se requiere que ésta ya se haya efectuado; caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, en el caso concreto el acto reclamado consiste en el oficio VRJ/0503/2022 de seis de julio de dos mil veintidós dictado dentro del expediente DDHPO/11/RIJ/(10)/OAX/2022, por el que la Defensora Regional adscrita a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca oficina regional Juchitán, requiere a la parte quejosa para que en el término de cinco días de contestación a la solicitud de Angélica Claudia Martínez Hernández apoderado legal de la persona moral denominada "DIAFOR" materiales para la construcción Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, la parte quejosa no acredita fehacientemente contar con un derecho legítimamente tutelado, que haya sido conculcado por la autoridad responsable. En efecto, la parte quejosa acude al juicio de amparo reclamado que se le requirió para que diera contestación a la aludida solicitud, sin embargo, de la constancia que en copia certificada se adjuntó, se advierte que si bien es cierto le otorgó cinco días para dar cumplimiento, no menos resulta que no existe un apercibimiento para el caso de que no dé lo acate, por lo que no podría estimarse que existe una afectación a su esfera jurídica, ya que en el supuesto de ser incumplido lo requerido, ninguna sanción se le impondría, la cual en todo caso sería la que realmente podría efectarle. Dicho de otra manera, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del promovente, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños y perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente su esfera jurídica, como en el caso acontece. En ese sentido, es evidente que se necesita de un derecho real y positivo que se vea menoscabado, pues si la violación en nada hubiese dañado a la quejosa, entonces el juicio de amparo resulta improcedente, en el cual no se deben tratar de discusiones abstractas sobre violaciones constitucionales, ni la responsabilidad en que puede incurrir la autoridad responsable, sino de la protección practica y eficaz de los derechos violados. Lo anterior es así, pues para la procedencia del juicio de amparo, debe existir una afectación real al derecho tutelado; al respecto adquiere aplicación la tesis I.18o.A.37 K (10a.), con registro digital 2023018, sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, página 2199, materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. LA PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DEPENDE DE LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO REAL. La reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo del año dos mil once, elevó a rango superior el reconocimiento de los derechos humanos de que gozan las personas y el interés legítimo, como elemento de procedibilidad de la acción constitucional. Además, con motivo de dicha reforma, se emitió la nueva Ley de Amparo por virtud de la cual, actualmente procede el juicio de amparo con base no sólo en el interés jurídico, sino también en un interés legítimo y tal circunstancia no puede traducirse en una apertura absoluta para que, por cualquier motivo, se acuda al juicio constitucional, puesto que, al igual que el interés jurídico, el legítimo parte de la premisa de que exista un perjuicio real, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela." De ahí, que se estime que no existen afectación alguna los promoventes que haga procedente el juicio de amparo, puesto que no se advierte la afectación a un derecho con el simple requerimiento de dar contestación a una solicitud, aunado a que dicha exigencia no cuenta con el apercibimiento de una sanción en caso de incumplimiento, la que en todo caso sería la que produzca un daño, lo que trae como consecuencia el desechamiento de plano de la demanda de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XII, en relación con el numeral 107 fracción VI, aplicado en sentido contrario del ordenamiento legal en cita. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) de la Décima Época, con registro 2010813, Materia Común, sustentada por los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página dos mil trescientos veintiuno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (enero de 2016), que establece: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Así también, la jurisprudencia 2a./J. 1/2013 (10a.) de la Décima Época, con registro 2003086, Materia Administrativa, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos veintiséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (marzo de 2013), que a la letra dice: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." AUTORIZADOS Asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a Anais García Celaya y Bernabé Serra Cabanzo, en virtud de que no acreditan su calidad de licenciados en derecho, sin perjuicio de que una vez que confirme lo anterior con prueba idónea, se les tenga autorizados en términos del citado artículo 12 de la ley de la materia. CORREO ELECTRÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de los promoventes para su práctica en la dirección electrónica que menciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En consecuencia, y toda vez que los promoventes no señalaron domicilio para oír recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente proveído mediante lista de acuerdos, hasta en tanto la parte quejosa señale. En el entendido que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al Secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano