Presidencia Municipal de Juárez

Expediente 1009/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1009/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Consuelo Chairez Sifuentes
  • Presidencia Municipal de Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, toda vez que existen documentos que fueron exhibidos por la parte quejosa, se ordena notificarle a efecto de que dentro del plazo de noventa días hábiles, acuda ante este órgano jurisdiccional a recogerlos, con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo 1009/2022-IV, promovido por Consuelo Chairez Sifuentes, contra actos del Presidencia Municipal de Juárez, con residencia en la localidad y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en Oficialía de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el catorce de noviembre de dos mil veintidós y turnado a este juzgado ese mismo día, Consuelo Chairez Sifuentes, promovió juicio de amparo, contra el acto de la autoridad, Presidencia Municipal de esta Ciudad Juárez, Chihuahua, a quien reclamó: "IV. Actos Reclamados: Se reclama a las autoridades responsables, el silencio administrativo y falta de respuesta a las diversas peticiones, a través de un sinfín de peticiones sobre mi jubilación, toda vez que la suscrita desde hace ya meses, e realizado la gestión necesaria con el objeto de que me informen sobre el proceso que debo realizar y hasta este momento no lo he recibido. Segundo. Por auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 1009/2022-IV; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o : Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37, último párrafo y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, toda vez que la omisión en que se hace consistir el acto reclamado, no requiere de ejecución material. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran el juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, del detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: -A la autoridad, Presidente Municipal de Juárez, Estado de Chihuahua (en su denominación correcta), la falta de respuesta a las peticiones elevadas por escrito, junto con sus efectos. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte inconforme, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. Procede analizar la certeza o inexistencia del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. No es cierta la omisión atribuida al Presidente Municipal de Juárez, Estado de Chihuahua (en su denominación correcta), toda vez que al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa aportara probanza alguna tendente a desvirtuar tal negativa. Lo anterior se corrobora, porque la quejosa no acredita que haya formulado petición a la autoridad responsable, motivo por el cual, el acto reclamado, aun cuando se trata de una omisión o abstención, es inexistente, ello es así, ya que de ninguna de las documentales que adjunto a su demanda de amparo, se advierte que haya formulado petición alguna dirigida al Presidente Municipal de Juárez, Estado de Chihuahua (en su denominación correcta) , como lo denomina la parte quejosa, Presidencia Municipal de esta Ciudad Juárez, pues las mismas constan en las siguientes documentales, tal como las precisó la parte quejosa en su demanda de amparo: Documental privada. Consistente en cuatro talones cheques No. 0169948, 051159, 0173210, 053675, otorgados por la tesorería municipal de cd. Juárez, Chihuahua. Documental privada. Consistente en una carta del 30 de mayo de 2022, otorgada por Coordinación de Recursos Humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que hace constar que la quejosa, labora en la institución como supervisor de Albergue Granja Hogar. Documental privada: Consistente en dos recibos de nómina con periodo correspondiente de 31 de mayo de 199 al 15 de abril de 1999, y otro con periodo de 1 al 10 de diciembre de 2014; y, durante el trámite del juicio, ni en la audiencia constitucional ofreció prueba para cumplir con la carga procesal de acreditar la petición que aduce formuló por escrito. Documental privada. Consistente en una carta de veintisiete de abril dos mil dieciocho otorgada por la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que hace constar que la quejosa, labora desde el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y ocho Documental pública consistente en un comprobante medico de treinta de junio de dos mil veintidós, expedido por Servicios Médicos Municipales donde se le diagnostico a la quejosa embolia y trombosis en las arterias de los miembros. Documental privada consistente en un recibo de nómina de la dependencia Albergue Granja Hogar, de periodo de diez de octubre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, tercera parte del tomo CXXII, materia común, sexta época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." Por lo que, en atención a la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal de la República intituladas "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA."; "ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN EL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS."; "ACTOS POSITIVOS. TIENEN ESA NATURALEZA LOS ACTOS DERIVADOS DE UNA ORDEN DE VISITA O INSPECCION (REGLAMENTO GENERAL PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL)."; y, "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN."; el acto reclamado con independencia de que sea positivo y/o negativo u omiso -conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo-, debe existir y encontrarse plenamente probado al momento de la presentación de la demanda, aspecto que rige para actos administrativos de cualquier naturaleza, lo cual en este asunto no aconteció. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio en relación con la omisión reclamada a la autoridad de que se trata. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. De conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta resolución, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Consuelo Chairez Sifuentes, contra la autoridad y respecto a los actos que fueron precisados en el considerando segundo de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el oficio y anexo que remite el Presidente Municipal de Juárez, Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, agréguense a sus autos para que obren como corresponda por medio del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido, sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su respectivo ocurso, y nombrando como delegados a los profesionistas a que hace referencia, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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