Presidencia de la Republica
Expediente 51/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Presidencia de la Republica
Actuaciones
- Principal
MESA I.- Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, al que anexa el testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 6-2017, de su índice, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República. Ahora bien, del oficio en comento se advierte que el referido Tribunal de Alzada declaró competente para conocer del juicio de amparo en cuestión, al Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en tuno, con residencia en la Ciudad de México, razón por la que le remitió el original del expediente de que se trata, a fin de que se avoque al conocimiento del asunto. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acusar de recibo a la Superioridad. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DESTRUIR el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción l de punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, mediante el cual informa que dicho Tribunal admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República y este Juzgado de Distrito; correspondiéndole el expediente de conflicto competencial 06-2017, de su índice. Circunstancia de la que este juzgador toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
MESA I.- Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio 968, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, del cual se desprende que radicó el juicio de amparo promovido por Ricardo Ruiz Torres, bajo el número 173-2017, y no aceptó la competencia que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, declinó a favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, pues lo medular de sus consideraciones fueron: La competencia por razón de materia, en relación a la especialización de este órgano, se debe de analizar conforme a la naturaleza de la acción o acto reclamado, lo que es factible determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados y de los preceptos legales, que en su caso, apoyen la demanda. Criterio que se encuentra en la jurisprudencia P.J. 83-98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corle de Justicia de la Nación, visible en la página veintiocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, de rubro y texto: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda. También es aplicable la jurisprudencia 28.J.24-2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página cuatrocientos doce, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. De igual forma, la tesis I. 1o.A.E.2 A 10a; del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; décima época; libro XXV; octubre de dos mil trece; tomo 3; materias administrativa y común; página mil ochocientos trece; de rubro y texto: JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ASUNTOS EN LOS QUE SE SURTE SU COMPETENCIA POR MATERIA. Del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se advierte que dichos preceptos establecen como una nueva materia de subespecialización, dentro de la administrativa, el derecho de las telecomunicaciones, el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Así, el derecho administrativo constituye el género, mientras que el de las telecomunicaciones es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que requiere mayores conocimientos, concretos y especiales. En ese sentido, la competencia por materia en favor de los mencionados órganos jurisdiccionales, se surte en aquellos asuntos que impliquen dirimir una controversia que comprenda temas técnicos de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aplicando el marco normativo que engloba dichas actividades. Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados de manera destacada son: La expedición y promulgación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017; los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, identificados como "Acuerdo que establece el Cronograma de Flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017" y Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicaran precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación"; y, la omisión de la Secretaria de Economía, de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, párrafos primero y segundo. En suma, el quejoso se duele de los ordenamientos legales que sirven de fundamento para regular y determinar precios de gasolina y diésel, por regiones en el país. En torno a lo considerado por el juez declinante, respecto a la naturaleza de los actos reclamados, es necesario definir su naturaleza material, para ello se precisa lo siguiente: El artículo 28, párrafo segundo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, establece como materia de competencia económica: ... toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general a de alguna clase social. El párrafo octavo del citado precepto señala: .. El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión, Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley... Dentro del proceso legislativo que dio origen a dicho precepto, se expuso, entre otras cosas, que se proponía reformar el artículo 28 constitucional, a fin de reorganizar su estructura, con el objeto de que todas las disposiciones relativas a los monopolios quedaran agrupadas, de tal forma que el texto constitucional tuviera coherencia normativa; por ello se sugería que dicho precepto se convirtiera en el referente constitucional de los órganos reguladores; es decir, que contemplara al Banco de México como regulador de la política monetaria del país; al Instituto Federal de Telecomunicaciones ya la Comisión Federal de Competencia Económica como reguladores en esos sectores, por lo que se reagrupaban en apartados específicos para cada uno de dichos órganos; pero además se incorporaba al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órganos encargados de regular la materia energética del país. En este último aspecto, se especificó que la Comisión Reguladora de Energía, se incorporara al artículo 28 constitucional como parte de los órganos reguladores en materia energética, que tendría bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que contemplara la legislación, que el Congreso de la Unión aprobara y se señaló que, como parte de los órganos reguladores propuestos, la Comisión Reguladora de Energía sería un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que debía regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realizaran el Estado y los particulares. En otras palabras, dicha Comisión sería el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta. Asimismo, fomentaría una sana competencia entre los distintos operadores, incluida la Comisión Federal de Electricidad, protegería los intereses de los usuarios, propiciaría una adecuada cobertura nacional y atendería a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. En adición, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en su artículo 41, confiere a dicha Comisión la atribución, entre otras, de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. El diverso artículo 42 refiere que la Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. El artículo 81, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos establece que corresponde a esa Comisión regular y supervisar el transporte y almacenamiento de Hidrocarburos y Petrolíferos; el transporte por ducto y el almacenamiento que se encuentre vinculado a ductos, de Petroquímicos; la distribución de Gas Natural y Petrolíferos; la regasificación, licuefacción, compresión y descompresión de Gas Natural; la comercialización y expendio al público de Gas Natural y Petrolíferos, y la Gestión de los Sistemas Integrados, incluyendo el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural. Las fracciones VII y VIII del citado precepto, señalan que la Comisión establecerá los lineamientos a los que se sujetarán los Permisionarios de las actividades reguladas, respecto de sus relaciones con personas que formen parte de su mismo grupo empresarial o consorcio que lleven a cabo actividades de comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y recopilará información sobre los precios, descuentos y volúmenes en materia de comercialización y Expendio al Público de Gas Natural y Petrolíferos, para fines estadísticos, regulatorios y de supervisión. De igual modo, el décimo tercer transitorio de la referida ley, establece que la Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, para lo cual tomará en cuenta, en lo que proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y describe qué se debe entender por venta de primera mano. En ese sentido el décimo cuarto transitorio de la referida ley, establece los tiempos y modos en los que se otorguen los permisos para importación de gasolinas y diésel por particulares. Finalmente, el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, establece que la Comisión Reguladora de Energía, tomando en consideración la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá acuerdos o cronogramas de f1exibilización para que en dos mil diecisiete y dos mil dieciocho los precios de gasolina y diésel se determinen bajo condiciones de mercado y por regiones del país y, que en caso de que no se determinen de éste modo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos. Con fundamento en tal precepto, la Comisión Reguladora de Energía expidió el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, con el objeto de desregular los precios de gasolina y diésel, de forma gradual y ordenada, para que se permita revelar los costos reales de suministro y participen nuevos agentes económicos en ese mercado con el consecuente desarrollo de infraestructura, haciendo notar que los precios de f1exibiliz;ción establecidos, no serán considerados necesariamente como aquellos que reflejen las condiciones de mercado. De igual forma, el Secretario de Hacienda y Crédito Público expidió el diverso acuerdo publicado el veintisiete de diciembre del mismo año, mediante el cual se especifica cómo se determinarán los precios máximos al público de las gasolinas y diésel que se aplicarán en las regiones del país donde la Comisión Reguladora de Energía no haya determinado que los precios se establezcan bajo condiciones de mercado incluyendo la metodología de cálculo. Todo lo anterior sirve de base para sostener que la naturaleza material de los actos reclamados es regulatoria, que no tiene vinculación o relación directa con el ámbito de competencia económica; puesto que no versa sobre temas relacionados con el proceso de competencia y libre concurrencia, ya sea, para la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. De ahí que no se cumpla con la condición establecida en el punto cuarto transitorio del Acuerdo General 22-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de los nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que estableció que dichos órganos especializados conocerían de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En efecto, de conformidad con el artículo 25 Constitucional corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional aportando el marco jurídico, económico y político, para garantizar que el funcionamiento de la actividad económica, sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, propiciando mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. La competitividad basada en un modelo de economía de mercado, promotor de la libre concurrencia, debe ser entendida como capacidad de la economía nacional, mercados y sectores productivos, para generar mayor satisfacción de los consumidores, ofreciendo los menores precios y las mejores condiciones de abasto y calidad, a efecto de financiar o promover el bienestar de las personas y satisfacer sus necesidades, en especial las más apremiantes. Una regulación económica conforme al mercado, debe favorecer su funcionamiento, en el entendido que la provisión de servicios públicos en régimen de competencia, exige asegurar la calidad del servicio, proteger al usuario y defender la competencia. Si bien, competencia y regulación no son opuestas sino complementarias, la diferencia primordial estriba en que, la primera se refiere a que los mercados se desarrollen en condiciones de libre competencia y concurrencia, esto es, se prevengan, investiguen y combatan los monopolios y toda clase de prácticas monopólicas, concentraciones y restricciones que afecten su buen funcionamiento; por otra parte, la regulación se encarga de analizar y determinar las mejores condiciones y estrategias para permitir competencia en los mercados. Dicha diferencia, es la que permite sostener que hasta este momento, no se surte la hipótesis que otorga competencia a este órgano especializado, pues no se puede establecer que los acuerdos reclamados afectan de manera directa la libre competencia y concurrencia en los mercados, a través de prácticas que afecten su buen funcionamiento, sino que únicamente se encargan de desregular y determinar precios máximos de los precios de gasolina y diésel, esto es, sector energético, de forma gradual y ordenada, lo que de conformidad con el citado precepto constitucional, es el fin para el cual fue creada la Comisión Reguladora de Energía. Es aplicable por lo que informa la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corle de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta y nueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, enero de 2016, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la exposición de las razones del Constituyente Permanente en relación con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se observa que el modelo constitucional adopta en su artículo 28 la concepción del Estado Regulador, entendido como el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias independientes -de los órganos políticos y de los entes regulados- para depositar en éstas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas. Este modelo de Estado Regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora, la idea básica del Estado Regulador, busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos autónomos competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional; de ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del Congreso de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del artículo 89, fracción I, constitucional. Este diseño descansa en la premisa de que esos órganos, por su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos irrealizables bajo la ley de la oferta y la demanda. Pues bien, al introducirse el modelo de Estado Regulador en la Constitución, se apuntala un nuevo parámetro de control para evaluar la validez de los actos y normas de los órganos constitucionales autónomos, quienes tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos mercados o sectores de manera independiente únicamente por referencia a racionalidades técnicas especializadas, al gozar de una nómina propia de facultades regulatorias, cuyo fundamento ya no se encuentra en la ley ni se condiciona a lo que dispongan los Poderes clásicos. En ese orden de ideas, se concluye que la naturaleza de los actos reclamados se circunscribe a la materia administrativa genérica, y no al ámbito de este juzgado especializado, pues de conformidad con lo expuesto no se está en presencia de aquellos casos en que se deba dirimir una controversia en la que esté involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia, entendida como la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender bienes o servicios y el libre acceso de consumidores y productores a un mercado. En ese tenor, atendiendo a las consideraciones del Juzgado ocursante para no aceptar la competencia declinada a su favor por este órgano jurisdiccional, es de precisarse que de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: En proveído de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Ricardo Ruiz Torres, en contra del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; asimismo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de mérito, por las siguientes razones: Ahora bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. En principio, es de señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran establecidas en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es menester señalar, en relación con la competencia por materia, que es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, no señala qué tipo de asuntos serán competencia de cada uno; sin embargo, en los artículos 48 a 55 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y constan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. Asimismo, es menester precisar que nuestro Máximo Tribunal ha determinado que para resolver los conflictos de competencia por razón de la materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable, como se advierte de la jurisprudencia 2ªJ. 24-2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, registro 167761, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSBLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. En ese sentido, procede analizar la naturaleza del acto reclamado, con el fin de sustentar que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de materia. En la especie la parte quejosa ejercita la acción constitucional de amparo en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados: AUTORIDADES RESPONSABLES: Bajo protesta de decir la verdad señalo las siguientes: ORDENADORAS: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Cuyo titular es Enrique Peña Nieto a través de su representante legal y jurídico CÁMARA DE SENADORES. Cuyo presidente de la mesa directiva es el senador Pablo Escudero Morales, a través de su representante legal y jurídico CÁMARA DE DIPUTADOS. Cuyo presidente de la mesa directiva es el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a través de su representante legal y jurídico A la autoridad ordenadora se les reclama la aprobación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017 que entró en vigor al 1 de enero de 2017. EJECUTORAS: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA cuyo titular es José Antonio Meade Kuribreña, a través de su representante legal y jurídico; con el acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diesel, así como la metodología para su determinación COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, cuyo presidente es Guillermo Ignacio García Alcocer, a través de su representante legal y jurídico; con el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017 IV.- ACTO RECLAMADO a INEQUIDAD, DESPROPORCIONALIDAD e INCERTIDUMBRE de las tarifas establecidas sobre el costo de la GASOLINA por región mismas que generarán desestabilidad económica y carestía afectando a todo el pueblo mexicano, en especial a las clases vulnerables en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. b DISCRIMINACIÓN Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. C FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN que justifique el alza desproporcionada en el aumento de los precios, descritos y aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017 que entró en vigor al 1 de enero de 2017. d VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL a los artículos 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto al aprobar el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. e Omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 28 constitucional párrafo primero y segundo, donde tiene facultades constitucionales para fijar precios, la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país." Para mejor compresión del asunto, se estima necesario trascribir el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, con base en el cual fueron emitidos los citados acuerdos generales, cuyo contenido es el siguiente: TRANSITORIOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. De lo anterior, se desprende que la norma que aquí se reclamada, tiene como finalidad establecer a partir del uno de enero del año en curso, y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, bajo las condiciones de mercado existentes, atendiendo a los precios internacionales de los combustibles, el costo de suministro, entre otros factores; siendo su objetivo final flexibilización de los precios al público bajo condiciones de mercado, así como la fijación de los precios máximos al público dependiendo de la región que corresponda, dentro de la República Mexicana. Con base en la fracción I, del citado artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, la Comisión Reguladora de Energía, dentro del ámbito de su competencia, y tomando en cuenta la opinión que al efecto emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitió el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precio de gasolinas y diésel, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de diciembre siguiente, con el objetivo de desregular los precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual, permitiendo que empiecen a revelarse los costos reales de suministro y se detone la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura. En tanto, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, en donde la Comisión Reguladora de Energía no haya determinado que dichos precios se establezcan bajo condiciones de mercado; estableciéndose de igual forma la metodología para su determinación. Siendo que en la fracción IV de dicho acuerdo, se estableció que la Comisión Reguladora de Energía, será la encargada de publicar en su página de internet, previo a su entrada en vigor, los precios máximos al público de esos energéticos, así como su periodo de aplicación. Así, el objeto de la norma y acuerdos tildados de inconstitucionales, es esencialmente de competencia económica, pues pretenden en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecer las bases a través de las cuales se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, en el caso particular, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, tomando como referente el precio internacional de esos combustibles, y en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los cotos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo, así como las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. Por tanto, la intervención y atribuciones que las normas reclamadas otorga a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 constitucional y por la Ley Federal de Competencia Económica, al versar precisamente sobre esa materia, competencia económica. En ese orden de ideas, se estima que corresponde su estudio a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, y no así al suscrito, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen. En apoyo a lo anterior, se estima necesario conocer el contenido del artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo preceptuado por los artículos 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. Con base en tales obligaciones legales, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de fecha siete de agosto de dos mil trece aprobó el ACUERDO GENERAL 22-2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN. Asimismo, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó el Acuerdo General 22-2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, en el que en los puntos sexto y octavo señala: SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. OCTAVO.- A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo Lo anterior, permite colegir que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia por contradicción de tesis XXXIII.CRT. J4 A 10a., sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes seis de marzo de dos mil quince, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. No es óbice a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS., pues la jurisdicción de los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es en toda la república. De modo que, al reclamarse normas autoaplicativas en las que tiene injerencia tanto la Comisión Federal de Competencia Económica, como la diversa Comisión Reguladora de Energía; su análisis se vincula con la subespecialidad del derecho administrativo en materia de competencia económica. Por ello, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 23-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto; y, por ende, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien se estima competente, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos. Incompetencia que se robustece, de la revisión de la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, específicamente, respecto al juicio de amparo indirecto 29-2017, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, del que se advierte que se declinó dicho asunto, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, por carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados, los cuales resultan ser similares a los que se combaten en el presente asunto; autoridad que aceptó la competencia en comento. Información que al ser obtenida de la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, constituye un hecho notorio, que en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo segundo, puede ser invocado de oficio por este Juzgado, ya que la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de los asuntos resueltos entre ellos. Resulta aplicable, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizada en la página 804, tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. En esas condiciones, se afirma que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. En este contexto, de la lectura del auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, por el que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, no aceptó la competencia planteada, se advierte que lo hizo sobre la premisa de que la competencia por razón de materia, en relación a la especialización de ese órgano, se debe de analizar conforme a la naturaleza de la acción o acto reclamado, lo cual -aduce- es factible determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados y de los preceptos legales, que en su caso, apoyen la demanda y, en el caso, refiere, que los actos aquí reclamados se circunscriben a la materia administrativa genérica, y no al ámbito de ese juzgado especializado, pues -infiere- que no se está en presencia de aquellos casos en que se deba dirimir una controversia en la que esté involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia, entendida como la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender bienes o servicios y el libre acceso de consumidores y productores a un mercado. Sin embargo este órgano jurisdiccional considera que no asiste la razón al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en virtud que los actos impugnados de inconstitucional, son esencialmente de competencia económica, pues tomando en consideración lo previsto en el artículo Décimo Segundo transitorio de la Ley Federal de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, el cual tiene como finalidad establecer a partir del uno de enero del año en curso, y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, bajo las condiciones de mercado existentes, atendiendo a los precios internacionales de los combustibles, el costo de suministro, entre otros factores; siendo su objetivo final flexibilización de los precios al público bajo condiciones de mercado, así como la fijación de los precios máximos al público dependiendo de la región que corresponda, dentro de la República Mexicana. Con base en la fracción I, del citado artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, la Comisión Reguladora de Energía, dentro del ámbito de su competencia, y tomando en cuenta la opinión que al efecto emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitió el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precio de gasolinas y diésel, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de diciembre siguiente, con el objetivo de desregular los precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual, permitiendo que empiecen a revelarse los costos reales de suministro y se detone la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura. En tanto, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, en donde la Comisión Reguladora de Energía no haya determinado que dichos precios se establezcan bajo condiciones de mercado; estableciéndose de igual forma la metodología para su determinación. Siendo que en la fracción IV de dicho acuerdo, se estableció que la Comisión Reguladora de Energía, será la encargada de publicar en su página de internet, previo a su entrada en vigor, los precios máximos al público de esos energéticos, así como su periodo de aplicación. Así, el objeto de la norma y acuerdos tildados de inconstitucionales, es esencialmente de competencia económica, pues pretenden en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecer las bases a través de las cuales se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, en el caso particular, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, tomando como referente el precio internacional de esos combustibles, y en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los cotos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo, así como las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. Por tanto, la intervención y atribuciones que las normas reclamadas otorga a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 constitucional y por la Ley Federal de Competencia Económica, al versar precisamente sobre esa materia, competencia económica. En las narradas circunstancias, este órgano jurisdiccional, reitera que los actos reclamados en este asunto, son competencia del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República. En apoyo a tal declinación, se estima necesario conocer el contenido del artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo preceptuado por los artículos 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Asimismo, se precisa que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. Con base en tales obligaciones legales, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de fecha siete de agosto de dos mil trece aprobó el "ACUERDO GENERAL 22-2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Asimismo, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó el Acuerdo General 22-2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, en el que en los puntos sexto y octavo señala: SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. OCTAVO.- A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo." Lo anterior, permite colegir que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia por contradicción de tesis XXXIII.CRT. J-4 A 10a, sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes seis de marzo de dos mil quince, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22-2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. Determinación que se robustece, pues de la revisión de la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, ha aceptado la competencia para conocer de los juicios de amparo, en los cuales se reclaman actos similares a los que se combaten en el presente asunto. Así, a manera de ejemplo, en tal página de Intranet, se observa que el juicio de amparo indirecto 100-2017, del índice del citado Juzgado especializado, le fue declinado por incompetencia, por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, del aceptó su competencia y se avocó al conocimiento del asunto. Información que al ser obtenida de la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, constituye un hecho notorio, que en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo segundo, puede ser invocado de oficio por este Juzgado, ya que la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de los asuntos resueltos entre ellos. Resulta aplicable, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizada en la página 804, tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Por lo anterior, este juzgador estima que la competencia para el conocimiento de este asunto, corresponde al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, por tratarse de actos reclamados en materia de competencia económica. Bajo ese contexto, este Juzgado sostiene su incompetencia para conocer del presente asunto, y con fundamento en los artículos 48, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el juicio en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del conflicto competencial que se ha presentado, pues este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, previno en el conocimiento del negocio. Dese noticia de ello al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República. Continúese con la integración del cuaderno de antecedentes.
- Principal
MESA I.- Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida Ricardo Ruiz Torres, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Energía, con residencia en la Ciudad de México. 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. 3. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México. 4. Secretario de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México. 5. Comisión Reguladora de Energía, con sede en la Ciudad de México. 6. Secretaría de Economía, con residencia en la Ciudad de México. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente; se captura su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y bajo número 51-2017-I. INCOMPETENCIA Ahora bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. En principio, es de señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran establecidas en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es menester señalar, en relación con la competencia por materia, que es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, no señala qué tipo de asuntos serán competencia de cada uno; sin embargo, en los artículos 48 a 55 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y constan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. Asimismo, es menester precisar que nuestro Máximo Tribunal ha determinado que para resolver los conflictos de competencia por razón de la materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable, como se advierte de la jurisprudencia 2ª.J. 24-2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, registro 167761, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSBLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. En ese sentido, procede analizar la naturaleza del acto reclamado, con el fin de sustentar que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de materia. En la especie la parte quejosa ejercita la acción constitucional de amparo en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados: AUTORIDADES RESPONSABLES: Bajo protesta de decir la verdad señalo las siguientes: ORDENADORAS: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Cuyo titular es Enrique Peña Nieto a través de su representante legal y jurídico (.) CÁMARA DE SENADORES. Cuyo presidente de la mesa directiva es el senador Pablo Escudero Morales, a través de su representante legal y jurídico (.) CÁMARA DE DIPUTADOS. Cuyo presidente de la mesa directiva es el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a través de su representante legal y jurídico (...) A la autoridad ordenadora se les reclama la aprobación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017 que entró en vigor al 1 de enero de 2017. EJECUTORAS: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA cuyo titular es José Antonio Meade Kuribreña, a través de su representante legal y jurídico; con el acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diesel, así como la metodología para su determinación (.) COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, cuyo presidente es Guillermo Ignacio García Alcocer, a través de su representante legal y jurídico; con el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017 (.). IV.- ACTO RECLAMADO a) INEQUIDAD, DESPROPORCIONALIDAD e INCERTIDUMBRE de las tarifas establecidas sobre el costo de la GASOLINA por región mismas que generarán desestabilidad económica y carestía afectando a todo el pueblo mexicano, en especial a las clases vulnerables en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. b) DISCRIMINACIÓN Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. C) FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN que justifique el alza desproporcionada en el aumento de los precios, descritos y aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017 que entró en vigor al 1 de enero de 2017. d) VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL a los artículos 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto al aprobar el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. e) Omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 28 constitucional párrafo primero y segundo, donde tiene facultades constitucionales para fijar precios, la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país. Para mejor compresión del asunto, se estima necesario trascribir el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, con base en el cual fueron emitidos los citados acuerdos generales, cuyo contenido es el siguiente: TRANSITORIOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. De lo anterior, se desprende que la norma que aquí se reclamada, tiene como finalidad establecer a partir del uno de enero del año en curso, y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, bajo las condiciones de mercado existentes, atendiendo a los precios internacionales de los combustibles, el costo de suministro, entre otros factores; siendo su objetivo final flexibilización de los precios al público bajo condiciones de mercado, así como la fijación de los precios máximos al público dependiendo de la región que corresponda, dentro de la República Mexicana. Con base en la fracción I, del citado artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, la Comisión Reguladora de Energía, dentro del ámbito de su competencia, y tomando en cuenta la opinión que al efecto emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitió el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precio de gasolinas y diésel, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de diciembre siguiente, con el objetivo de desregular los precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual, permitiendo que empiecen a revelarse los costos reales de suministro y se detone la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura. En tanto, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, en donde la Comisión Reguladora de Energía no haya determinado que dichos precios se establezcan bajo condiciones de mercado; estableciéndose de igual forma la metodología para su determinación. Siendo que en la fracción IV de dicho acuerdo, se estableció que la Comisión Reguladora de Energía, será la encargada de publicar en su página de internet, previo a su entrada en vigor, los precios máximos al público de esos energéticos, así como su periodo de aplicación. Así, el objeto de la norma y acuerdos tildados de inconstitucionales, es esencialmente de competencia económica, pues pretenden en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecer las bases a través de las cuales se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, en el caso particular, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, tomando como referente el precio internacional de esos combustibles, y en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los cotos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo, así como las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. Por tanto, la intervención y atribuciones que las normas reclamadas otorga a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 constitucional y por la Ley Federal de Competencia Económica, al versar precisamente sobre esa materia, competencia económica. En ese orden de ideas, se estima que corresponde su estudio a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, y no así al suscrito, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen. En apoyo a lo anterior, se estima necesario conocer el contenido del artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo preceptuado por los artículos 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [.] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; [.] XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos." Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. Con base en tales obligaciones legales, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de fecha siete de agosto de dos mil trece aprobó el ACUERDO GENERAL 22-2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN. Asimismo, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó el Acuerdo General 22-2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, en el que en los puntos sexto y octavo señala: .SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. [.] OCTAVO.- A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo. Lo anterior, permite colegir que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia por contradicción de tesis XXXIII.CRT. J4 A (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes seis de marzo de dos mil quince, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. No es óbice a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS, pues la jurisdicción de los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es en toda la república. De modo que, al reclamarse normas autoaplicativas en las que tiene injerencia tanto la Comisión Federal de Competencia Económica, como la diversa Comisión Reguladora de Energía; su análisis se vincula con la subespecialidad del derecho administrativo en materia de competencia económica. Por ello, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 23-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto; y, por ende, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien se estima competente, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos. Incompetencia que se robustece, de la revisión de la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), específicamente, respecto al juicio de amparo indirecto 29-2017, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, del que se advierte que se declinó dicho asunto, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, por carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados, los cuales resultan ser similares a los que se combaten en el presente asunto; autoridad que aceptó la competencia en comento. Información que al ser obtenida de la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), constituye un hecho notorio, que en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo segundo, puede ser invocado de oficio por este Juzgado, ya que la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de los asuntos resueltos entre ellos. Resulta aplicable, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizada en la página 804, tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. En esas condiciones, se afirma que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Asimismo, con una copia del escrito de demanda, fórmese el cuaderno certificado de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada, ya que no se advierte que se esté dentro de los supuestos establecidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, se acuerda favorable la petición de la parte quejosa consistente en que se le tome como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el nombre de usuario: ricardo_abogado y correo electrónico: ricardoruiz@prodigy.net.mx, los cuales fueron proporcionados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; ello, de conformidad con el numeral 79 del Acuerdo General Conjunto 1-2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad en los Centros de Justicia Penal Federal, por haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yolanda Alcántara Morales, Mayra Secundina Mendoza Chávez y Marisol Abreu Peregrino y toda vez que tienen registradas sus respectivas cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, se tiene por autorizado únicamente para recibir notificaciones a Floridalma Flores Maldonado, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que no tiene registrada su cédula profesional en el citado sistema. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4.A, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, visible en la página 1188, que es del tenor literal siguiente: SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24-2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que levante para tal efecto.
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