Presciliano Cárdenas Ruiz
Expediente 2079/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2079/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Presciliano Cárdenas Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia de amparo remite copias certificadas de diversas constancias emitida en el juicio de origen 1169/2010-F1; al respecto, se provee: agréguense a los autos el mismo y sus anexos, para los efectos legales procedentes y tomando en consideración que con dichas constancias no se da cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que le surta efectos la notificación del presente proveído informe las gestiones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; esto es: ".cumpla con su obligación de vigilar la debida ejecución de su resolución, para lo cual deberá realizar todos aquéllos actos necesarios a fin de que se de cumplimiento al laudo ejecutoriado, dictado dentro de los autos del juicio laboral 1169/2010, salvo que exista algún impedimento no atribuible a la misma, agotado y gestionado la ejecución las medidas contempladas en el referido artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, dicha autoridad se encontrará vinculada al cumplimiento de la presente sentencia. Por lo que estará sujeta al procedimiento que contempla la Ley de Amparo para el cumplimiento de las sentencias de amparo", Para tal efecto deberá remitir constancia fehaciente de ello; bajo apercibimiento DE LEY CUMPLAN CON LO REQUERIDO
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, se evidencia que se admite el medio de impugnación hecho valer en autos, el cual quedó registrado con el número de queja ***; consecuentemente, téngasele informando dicha circunstancia, para los efectos legales procedentes.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DICTADO EL DIA DE HOY, LO ANTERIOR EN ACATAMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AUTOS: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 148/2023-IV, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. ********************, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, presentó demanda de amparo directo ante la autoridad responsable, la cual correspondió su conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo número, y por acuerdo de presidencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, declaró su incompetencia legal para conocer de la misma; una vez recibida a través de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, este órgano de control constitucional la recibió el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, como demanda de amparo indirecto promovida por ******************** por su propio derecho, contra actos de la autoridad indicada y que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Una vez recibida la demanda de amparo, el Titular de este órgano de control constitucional, dictó proveído el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que desechó de plano la demanda de amparo. TERCERO. Interposición y resolución de recurso de queja. Inconforme con el referido auto, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo el número de toca Así, por ejecutoria de trece de abril de dos mil veintitrés, el Tribunal de Alzada declaró parcialmente fundado el recurso de queja, y al efecto, sostuvo que respecto de los actos reclamados a las autoridades ejecutoras impera el desechamiento realizado por este juzgador, y por lo que ve a los actos atribuidos a la sala ordenadora no se está ante una causa manifiesta e indudable para desechar la demanda. CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En acuerdo de treinta y uno de mayo de la anualidad en curso, este Juzgado de Distrito tuvo por recibida la ejecutoria del citado Tribunal Colegiado, y como lo determinó la superioridad, se admitió la demanda de amparo únicamente respecto del acto reclamado a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; se solicitó el informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 35 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado mediante el diverso Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en: De la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco: - El auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emitido en el toca , en el que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso de seis del mes y año en cita, en el que a su vez la sala responsable desechó de plano el incidente de falsedad de firma y nulidad de actuaciones, por haberse presentado de forma extemporánea. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, pues así lo reconoció dicha autoridad al momento de rendir su informe con justificación respectivo. Además de que dicha existencia se corroboró con las constancias del juicio de origen que allegaron a su informe. Documentos a los cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral 2°, párrafo segundo, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Atento a que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar el sumario a efecto de determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia. No habiendo causales de improcedencia que las partes hayan hecho valer ni que de oficio se adviertan, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Se realizará el estudio de los conceptos de violación, sin que para ello sea necesario que se transcriban, habida cuenta, que no existe precepto legal alguno que así lo señale. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación resultan inoperantes por una parte e infundados, por otra. Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la peticionaria de la acción constitucional, conviene mencionar que el acto reclamado lo constituye el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emitido en el toca en el que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso de seis del mes y año en cita, en el que a su vez la sala responsable desechó de plano el incidente de falsedad de firma y nulidad de actuaciones, por haberse presentado de forma extemporánea. Como se puede apreciar de las actuaciones del toca de origen, el quejoso en esencia, alegó que el auto recurrido debía revocarse bajo los argumentos siguientes: "(.) PRIMER AGRAVIO. Lo es el hecho de que esta H. Sala en su auto de fecha 06 seis de Octubre del año en curso, al resolver el Incidente de Falsedad de firma y de nulidad de todo lo actuado en el presente Toca, derivado del juicio Civil Ordinario promovido por * en contra de la Suscrita y de *, que se sigue en el Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, bajo el número de Expediente desechó de plano el Incidente, por considerar que el mismo fue promovido de manera extemporánea, y en su razonamiento, manifiesta que así se advierte de la notificación efectuada a la Suscrita mediante Boletín Judicial 101 ciento uno, de fecha 26 de Agosto del año 2020. Que por lo tanto la ocursante fue sabedora del contenido, del escrito presentado por * y que consecuentemente fui notificada proveído de fecha 19 diecinueve de Agosto del año 2021 dos mil veintiuno, en el cual, entre otros tópicos, se calificó el grado de admisión de la Apelación propuesta por el actor, que de igual forma me enteré de la sentencia emitida por la Sala que resolvió el Recurso de Apelación, que interpuse juicio de Amparo Directo, el cual fue resuelto por la Autoridad Federal y dicha ejecutoria causo estado, así como la Sentencia emitida por esta Sala en cumplimiento a la misma. Menciona diversos autos pronunciados por esta Sala, mismos que fueron publicados y notificados a las partes mediante Boletín Judicial. Invoca el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, para fundamentar su resolución considerando, que el Incidente promovido por la Suscrita, es un Incidente Innominado, que por lo tanto para su interposición, debe aplicarse el término genérico de 5 cinco días, término que para la Sala trascurrió en demasía, y que por lo tanto, no debe tomarse en consideración lo manifestado por la Suscrita, en el sentido de manifestar bajo protesta de decir verdad, que apênas se enteró de dicha falsedad de firma. Ahora bien, ésta H. Sala no toma en consideración, lo manifestado por la Suscrita, en el sentido de que me percaté de la alteración de firmas con antelación a la presentación de dicho incidente, siendo estalla razón, por la cual no habia combatido esa circunstancia, impugnando todo lo actuado en el presente Toca. La circunstancia de que no me haya enterado de la falsedad de firmas del actor del juicio principal, no es solo imputable a la Suscrita, sino a esta propia H. Sala quien no advirtió de actuaciones que los diversos escritos que aparecieron en las promociones de * eran firmas notoriamente distintas de las que ya obran en autos, que por lo tanto su obligación era mandarse reconocerlas, advirtiéndole así al promovente de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante una Autoridad Judicial y posteriormente a ello, haber proveído lo conducente, situación que en ningún momento ocurrió y por ello fue la razón por lo que la suscrita promoví dicho incidente. Cabe también mencionar en este agravio, que ésta H. Sala no advirtió que la Suscrita tengo más de 82 años de edad, siendo adulto mayor, y que por Ley en el procedimiento judicial, deben intervenir los agentes de la Procuraduría. Social, donde se pueda afectar a la persona, bienes o derechos de incapaces, mayores de edad y ausentes, adultos mayores o con discapacidad, a criterio del Juez, esto lo establece el artículo 68 ter., del enjuiciamiento Civil en el Estado, igual circunstancia ocurrió con el C. Agente de la Procuraduría Social, quien intervino en este procedimiento, sin percatarse al igual que esta H. Sala de las distintas firmas supuestamente puestas en diversos escritos (actuaciones) del actor del juicio principal * Si estas autoridades se hubieran percatado en el momento oportuno, de las firmas falsas ya referidas, hubiesen hecho dicha observación al respecto, y por lo que respecta a ésta H Sala, haber mandado reconocer las firmas ante la presencia Judicial. El agravio causado a la Suscrita por esta H. Sala al desechar de plano el Incidente planteado por considerarlo extemporáneo, es no tomar en cuenta los argumentos expresados en dicho escrito, lo que en si causa agravio a la Suscrita, por violarse en mi perjuicio el debido proceso establecido en los artículos 19 y 16 Constitucionales. SEGUNDO AGRAVIO. Esta H Sala al desechar de plano el incidente de falsedad de firma y nulidad de todo lo actuado en el Toca * derivado del juicio civil ordinario, ya mencionado con antelación, razona su resolución en lo siguiente: Que existen diversas promociones que se pretenden tildar de nulas, ante el supuesto de ser falsas las firmas, pero que la Suscrita fui notificada de todas ellas, por medio de Boletín Judicial, publicado en esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco, no en los distintos partidos Judiciales, pertenecientes al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, considerados como foráneos, donde dicha publicación no se realizan. No advierte tampoco que durante el procedimiento del Toca de referencia, por causas del COVID, no se tuvo el acceso a esta Segunda Instancia, que incluso hubo recesos no laborables, que se manejaran citas, para accesar al Tribunal y consultar las actuaciones y principalmente, no tomó en consideración la edad de la Suscrita ni el aspecto económico, ya que a la fecha soy persona jubilada y solo cuento con el ingreso de mi pensión y de vez en cuando con apoyo económico de mis hijos, viendo únicamente el aspecto material y no el humanitario, que en todo procedimiento debe de imperar, tal y como lo establece nuestra Constitución Política del País, en su artículo primero, que salvaguarda los Derechos Humanos (.)". En respuesta a dichos argumentos, la sala responsable al dictar el auto reclamado, los desestimó bajo las consideraciones siguientes: "(.) En contestación a los agravios vertidos, como se anticipó, resultan INFUNDADOS UNOS E INOPERANTES OTROS para modificar o revocar el contenido del auto impugnado de 06 seis de octubre de 2022 dos mil veintidós. Lo anterior, toda vez que deviene infundado lo argumentado por la disidente, cuando señala que esta Sala no tomó en consideración lo manifestado de su parte en su escrito de incidencia, cuando señaló que, se percató de la alteración con antelación de la presentación del incidente que le fue desechado en el auto materia de este recurso; pues basta con imponerse al contenido del auto recurrido, a fin de concluir que contrario a lo señalado por la inconforme, ésta Sala sí tomo en consideración dicha circunstancias, al señalar en dicho proveído en lo medular lo siguiente: "De lo anterior, y tomando en consideración que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no prevé término específico a fin de promover el incidente de falsedad de firma (al ser un incidente innominado), por tanto, para su interposición, debe aplicarse el término genérico de 5 cinco días que establece el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; por ende, resulta claro que el término antes aludido transcurrió en demasía, tomando como data las notificaciones efectuadas respecto de cada una de las promociones señaladas con antelación. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que la promovente manifieste bajo protesta de decir verdad que apenas se enteró de dicha falsedad de firma, pues en primer término, ello no concuerda con las actuaciones del toca en que se actúa y citadas con anterioridad, y en segundo lugar, dado que es omisa en señalar bajo protesta de decir verdad la fecha exacta en la que a su parecer, tuvo conocimiento de las razones y circunstancias de la incidencia que plantea.- (Lo subrayado es propio de esta Sala). Sin embargo, de lo transcrito, la hoy recurrente fue omisa en establecer la fecha exacta en que según su parecer, tuvo conocimiento de dicha circunstancia; por tanto, como se dijo, la interposición del incidente de mérito, resultó extemporánea.- Por otro lado, con relación a lo manifestado por la misma inconforme, en el sentido de que el no haberse percatado de la falsedad de firmas alegada en su incidencia, es de igual forma imputable a esta Sala, por tener la obligación de advertir dicha circunstancia en autos, en tanto que en juicio debió darse la intervención al C. Agente de la Procuraduría Social adscrita a esta Sala, quién en juicio de igual forma no se manifestó respecto de la discrepancia de las firmas alegadas en su incidencia. Tales argumentos devienen infundados, toda vez que si bien es verdad, esta Sala al momento de proveer cualquier tipo de promoción debe advertir respecto de si existe alguna discrepancia con la firma estampada y de ser así requerir a la parte signante a fin de que ratifique el contenido de la misma, tal supuesto solo y tan solo se surte cuando este Órgano Colegiado advierte que notoriamente existe discrepancia entre las firmas, lo que en el caso a estudio no aconteció (sin que ello prejuzgue respecto de la autenticidad de las firmas que se tildan de falsedad), pues basta imponerse a las actuaciones del presente toca, para concluir que no se ordenó la ratificación de firma alguna signada por las partes. Además, de autos de segundo grado se advierte que sí se dio la intervención que en derecho corresponde al C. Agente de la Procuraduría Social de la Adscripción, en términos de lo normado por el artículo 68 ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado, quien en autos procedió conforme lo normado en el numeral en cita. De ahí entonces que dichos conceptos de agravios devienen infundados. Máxime que dichos argumento no fueron materia de estudio al momento de plantear la incidencia respectiva, y menos aún fueron causa para motivar la inadmisión del incidente propuesto por MARÍA MARTA ECHEVERRÍA ROSAS, no obstante ello, se da respuesta a dichos planteamientos a fin de no dejar inaudito su derecho de acceso a la justicia y preservando el principio de congruencia que en toda resolución debe imperar.- Respecto a lo impetrado por la disidente, en cuanto a que únicamente se realizó la publicación de los acuerdos emitidos por esta Sala en el toca en que se actúa en el Boletín Judicial el cual se publica en el Primer Partido Judicial, y no en los distintos partidos judiciales considerados como foráneos; tales argumentos como ya se anticipó, devienen infundados, virtud que, las notificaciones efectuadas por medio de boletín judicial y así ordenadas en autos del toca en que se actúa, se realizaron con las formalidades que para tal efecto establece la Ley, velando lo normado en los artículos 105, 106, 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por ende, contrario a lo argumentado por la inconforme, no existe dispositivo legal dentro de nuestro sistema procesal civil que obligue la publicación de los acuerdos emitidos en segunda instancia en los diversos partidos judiciales, o bien su notificación personal, pues en éste último supuesto, las mismas se deberán efectuar personalmente, siempre que se encuentren en una de las hipótesis que para tal efecto prevé el diverso arábigo 109 del Cuerpo de Leyes invocado en líneas que anteceden. Con relación a lo manifestado por la hoy recurrente, en cuanto a que debido a causas de COVID, no se tuvo el libre acceso a esta Segunda instancia, que incluso hubo recesos no laborables, que se manejaron citas para acceder al Tribunal y consultar las actuaciones y principalmente, no se tomó en consideración la edad de la hoy recurrente ni el aspecto económico, viendo únicamente el aspecto material y no el humanitario, tal y como lo establece la Constitución Política del País. Dichos argumentos devienen inoperantes, toda vez que los mismos no fueron causa a fin de concluir en el proveído de 06 de octubre del año en curso, el desechamiento del incidente de falsedad de firma y nulidad de todo lo actuado, máxime que de igual forma no fueron manifestaciones realizadas en el escrito de incidencia antes mencionado. Por último, con relación a lo manifestado por la recurrente en el sentido de que al haberse desechado de plano el incidente de falsedad de firma promovido de su parte, por considerarlo extemporáneo, es una decisión que no toma en cuenta los agravios expresados en dicho incidente, y al ser un incidente innominado, encuadrarlo dentro de los supuestos del artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dichos supuestos le causa agravios, violándose con ello el debido proceso y como consecuencia la impartición de justicia; agravios que resultan infundados, toda vez que, como ya se estableció en párrafos que anteceden, basta con imponerse a la lectura del auto impugnado, para concluir, que esta Sala sí tomo en consideración los argumentos manifestados por la hoy recurrente en su escrito de incidencia; aunado a que no resulta violatorio del debido proceso e impartición de justicia, el hecho de que en el auto impugnado, se encuadrara el incidente de falsedad de firma en lo normado por el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, toda vez que, precisamente dado que dicha incidencia no tiene un trámite especifico en el cuerpo de leyes en mención, por tanto, deberá de regirse la tramitación del mismo atendiendo precisamente a las reglas generales que para tal efecto prevé el cuerpo de leyes invocado; por tanto, a fin de establecer el término en el cual la hoy recurrente tuvo la posibilidad de interponer la incidencia de mérito, se debe tomar en consideración lo normado por el artículo 135 de la Ley Adjetiva Civil del Estado de Jalisco, al así disponerlo de manera expresa el numeral en cita, al disponer que: "Se tendrán por señalados cinco días para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho cuando este Código no señale término.". Frente a dichas consideraciones, la quejoso plasmó en su demanda de amparo indirecto los motivos de disenso que a continuación se señalan: a) La Sala parte de una premisa errada al dejar de considerar que al plantearse el incidente de falsedad de firmas había manifestado bajo protesta de decir verdad que se acababa de enterar de las inconsistencias respecto de las firmas tachadas de falsas. b) Asimismo, la parte quejosa manifiesta que la Sala se encontraba impedida para aplicar el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en virtud de que el mismo no es aplicable al no encontrarse enterada y no haberse percatado antes de la falsedad de las firmas de los escritos presentados en el toca. c) Continua señalando que la Sala viola su derecho de tutela efectiva al considerar extemporáneo el incidente, al no existir fecha de cuándo se enteró de la falsedad de las firmas, pues había afirmado en su escrito haberse enterado momentos antes de presentar su incidente. d) Afirma que la Sala incurrió en un error al considerar que el incidente de falsedad de firmas había sido presentado de manera extemporánea, sin precisar a partir de qué fecha comenzó a correr el plazo de los cinco días, cuando incluso fueron diversos escritos respecto de los cuales se invocó la falsedad. e) Señala que la Sala violó su derecho al debido proceso pues insiste que no le es aplicable el término para interponer el incidente, pues ésta bajo una formalidad que no le es aplicable, no le permite el uso del medio de impugnación hecho valer. f) Sigue diciendo que la Sala, aun cuando lo hizo valer, no juzgó con perspectiva de género, asimismo, perdió de vista que es una adulta mayor y, que si bien pretende impugnar una cuestión novedosa, ello obedece a que no tuvo conocimiento desde antes. g) Manifiesta que la Sala responsable pasó inadvertido que el incidente de falsedad de firmas versaba sobre escritos presentados antes y después de la sentencia de apelación, por lo que no era viable imponer un término perentorio para su interposición. Ahora bien, como se anticipó los motivos de queja son infundados en parte e inoperantes en otra, los cuales se analizarán en orden diverso al propuesto por la quejosa, y hasta de forma conjunta dos de ellos, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, así como con apoyo además. En principio se emprenderá el estudio del concepto de violación identificado con el inciso f, en el cual la peticionaria del amparo alega en lo toral que la sala responsable omitió considerar que se encuentra en estado de vulnerabilidad al ser un adulto mayor, y que aun cuando lo hizo valer, no juzgó con perspectiva de género; lo cual resulta infundado. Es así´, debido a que contrario a lo sostenido por la quejosa, la sola circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente genera que la persona se encuentre en un estado de indefensión o vulnerabilidad y, por tanto, requiera la protección especial reconocida en la norma. Máxime que no esta´ demostrado en autos que se encuentre en estado de vulnerabilidad. Por consiguiente, aun cuando la quejosa manifieste tener más de ochenta años (ochenta y dos), y ser un adulto mayor, de las constancias del juicio de origen no se desprende que ésta circunstancia haya generado una imposibilidad de acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta fue violentado. Sin que dicha afirmación implique perder de vista que, aunque es posible que como adulto mayor tenga derecho a una protección especial cuando se ubique en una situación de vulnerabilidad generada por la dependencia familiar, discriminación o abandono; lo cierto es que, el solo envejecimiento no lo conduce irremediablemente a un estado de vulnerabilidad, ya que esta deriva de otros aspectos y no goza de una presunción de necesidad. Lo anterior es así, ya que existen personas en edad avanzada que no se encuentran en estado vulnerable, dado que gozan de salud, no sufren violencia, no son explotados y tienen medios para subsistir de manera independiente. Bajo esta óptica, para resolver los asuntos relacionados con las personas adultas mayores, los juzgadores deben atender al contexto del envejecimiento específico de la persona y adoptar una perspectiva que tome en consideración el posible estado o situación de vulnerabilidad por la edad. Así, tendrán que identificar si se encuentra en una situación de vulnerabilidad que merezca una atención concreta, tomar en cuenta los intereses y derechos de la persona adulta mayor, para protegerlos con una mayor intensidad en los casos que éstos puedan verse menoscabados o transgredidos por una decisión que no los considere y agraven su situación de vulnerabilidad o lo provoquen, deberá´ respetar su autonomía tomando en cuenta la situación en que se encuentre o pueda llegar a encontrarse, así´ como respetar sus opiniones aunque pareciere que no está´ en condiciones de manifestarse, suplir deficiencia de la queja para proteger sus derechos y preservar sus intereses en el caso de que se detecte una situación de vulnerabilidad. Precisado lo anterior, se itera que en el caso concreto, de las constancias del expediente, se advierte que la quejosa es un adulto mayor ya que tiene más de ochenta años; que designo´ abogados, ha comparecido a promover en diversas instancias y recursos para su defensa, asimismo, compareció a dar contestación a la demanda en el juicio de origen, reconoció´ que tiene la posesión del inmueble materia de reclamo, habita en el mismo y se hace cargo del pago de los servicios básicos de vivienda . Bajo ese contexto, puede presumirse que la quejosa no se ubica en un estado de vulnerabilidad, pues existe confesión en el sentido de que tiene la posesión desde hace años del inmueble en el que habita, no eroga alguna cantidad por concepto de renta, se hace cargo de los servicios de vivienda (luz, agua, etc), de lo cual se puede asumir la existencia de una independencia económica, siendo que de las constancias no se desprende que haya sufrido alguna disminución en sus capacidades motora e intelectual que provoque la suplencia de la queja, pues aún goza de autonomía, ni existe información de la que se pueda inferir, que por su edad, hubiere sido objeto de discriminación o violencia, por lo que no se advierte que se encuentre en estado de vulnerabilidad y que hubiere estado imposibilitada para acceder en forma efectiva al sistema de justicia, en el que incluso es representada por profesionistas en derecho. Por tanto, se itera, no asiste razón a la quejosa en cuanto a que por el solo hecho de ser adulto mayor se encuentra en estado de vulnerabilidad, sino que, en todo caso, debió demostrar que debido a ello, realmente se le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho en que sustenta la demanda o su defensa. Sin embargo, se insiste, de las constancias que integran el sumario no se advierte alguna manifestación o medio de convicción por el que la quejosa adujera que, además de que es un adulto mayor, dada su edad, dicho envejecimiento ha provocado la disminución de sus capacidades, ya sean motoras o intelectuales y que esto, le mermara de alguna forma la posibilidad de acceder al sistema de justicia a fin de estar en aptitud de defender sus derechos; situación que en el caso no aconteció´. Aunado a lo anterior, se advierte que la Sala responsable tenía conocimiento de la edad de la quejosa, y al efecto, ordenó dar intervención al Agente de la Procuraduría adscrito en términos del artículo 68 ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Sin que beneficie al quejoso la tesis de rubro: "ADULTOS MAYORES. OPERA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, POR TRATARSE DE UN GRUPO VULNERABLE QUE MERECE ATENCIÓN JURÍDICA ESPECIAL". pues de su contenido se advierte que la autoridad que conozca del juicio debe suplir la queja deficiente cuando el adulto mayor se encuentre en un grupo vulnerable; lo cual, como se precisó a supra líneas no quedó demostrado. Tampoco le asiste razón cuando alega que la sala responsable debió juzgar el asunto bajo una perspectiva de género, ya que en el caso en particular, no se advierten elementos que, permitan asumir que la quejosa sí se encontró en una situación de desventaja y asimetría patrimonial; por tanto, como se adelantó, dicho concepto de violación es infundado. Para justificar dicha calificativa, en principio es importante destacar el marco constitucional y convencional del cual surge la metodología denominada "juzgar con perspectiva de género". En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1, párrafo quinto, que está prohibida toda discriminación motivada por el género y el estado civil de las personas, entre otras razones; además, su numeral 4 dispone que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Tales porciones normativas establecen textualmente: "[.] Artículo 1. (.) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia". Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en lo esencial, señala que: i. La discriminación contra la mujer consiste en toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. ii. Los Estados Partes se comprometen a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; así como a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. iii. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. A su vez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece de forma particular lo siguiente: La violencia contra la mujer debe entenderse como cualquier conducta basada en su género que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. La mujer tiene derecho a vivir libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales e interamericanos en materia de derechos humanos, como la protección a su familia, el respeto a su dignidad, la igualdad de protección ante la ley, y a un recurso sencillo y rápido que la proteja de violaciones a derechos. Los Estados Partes deben condenar toda forma de violencia contra la mujer y adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, llevando a cabo lo siguiente: 3.1 Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal, agentes e instituciones, se comporten de conformidad con esta obligación; 3.2 Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; 3.3 Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; y, 3.4 Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; entre otras. Esto se desprende de la siguiente reproducción: "Artículo 1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Artículo 3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; h. el derecho a libertad de asociación; i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Artículo 6 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta". Cabe destacar que en términos del artículo 1, párrafos primero y segundo, en concordancia con el numeral 133, ambos de la Constitución Federal, los mencionados tratados internacionales forman parte del parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos, conforme al cual los jueces del país deben realizar en el ámbito de sus respectivas competencias el control concentrado o difuso de constitucionalidad, según corresponda; debiendo prevalecer en todo momento la protección más amplia en beneficio de las personas, en atención al principio pro persona. Con base en las anteriores disposiciones legales surge la perspectiva de género, en relación a la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. XXIII/2014 (10a.), consideró que los órganos judiciales deben evitar cualquier clase de discriminación o prejuicio en razón del género de las personas, al resolver los asuntos bajo su jurisdicción, lo cual obliga a interpretar las normas tomando en cuenta los principios ideológicos que las sustentan, así como la forma en que afectan de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia, ya que solo de esa manera se pueden aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XX/2015 (10a.), estimó que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, el cual constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género; para lo cual, los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación. Y que la obligación de impartir justicia con perspectiva de género, debe operar como regla general y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, debiendo el juzgador atender a los prejuicios o estereotipos preconcebidos y considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres. Sobre esa línea de pensamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró en la tesis aislada 1a. XCIX/2014 (10a.), que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, debiendo el juzgador cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica, para visualizar la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma igualitaria. Por ello, se puede colegir que juzgar con perspectiva de género constituye un método que deben implementar todos los jueces en los asuntos sometidos a su jurisdicción, para detectar y eliminar todas las barreras u obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, debiendo cuestionarse los estereotipos preconcebidos en la legislación para actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada caso concreto, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de forma completa e igualitaria, principalmente a los grupos vulnerables como la mujer. Respecto a la metodología que deben emplear los órganos jurisdiccionales para juzgar con perspectiva de género, la Primera Sala estableció en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), que se debe realizar lo siguiente: i) Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género evidencien un desequilibrio entre las partes; ii) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) De detectarse la situación de desventaja por razones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) Para ello, se deben aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Una vez establecido lo anterior, se concluye que el caso en particular, no debe ser analizado bajo la perspectiva de género dado que no se satisface el primero de los requisitos para el empleo de dicho método. Lo anterior es así, en razón de que no existen elementos que, permitan asumir que la quejosa sí se encontró en una situación de desventaja y asimetría patrimonial. Asimismo, la circunstancia de que la quejosa sea mujer y no haya obtenido resolución favorable en el recurso intentado, no puede llevar a establecer, por sí sola, que fue con motivo de que la autoridad le haya aplicado un trato discriminatorio, si del análisis de las constancias que integran el sumario de origen no se advierte una atención o trato diferenciado en el procedimiento jurisdiccional hacia la quejosa por ser mujer y adulto mayor, y que ello le impidiera el pleno y efectivo ejercicio del derecho de igualdad, o bien, que se hubiese hecho uso de algún lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. En esas condiciones, al no estar ante un caso que amerite juzgar con perspectiva de género para determinar si, efectivamente, la realidad en que se desenvuelve la quejosa la colocó en una situación procesal de desventaja, se concluye que la decisión de la autoridad responsable, a partir del análisis de la litis definida en el juicio, desde la óptica de la procedencia de derechos y obligaciones que establecen las normas que rigen el acto reclamado, no puede estimarse violatoria de la equidad de género; esto, al margen de si lo ahí decidido es o no apegado a derecho por causas jurídicas, sustantivas o adjetivas. En otro orden de ideas, devienen inoperantes los dos conceptos de violación restantes [sintetizados en los incisos a), b), c), d) e) y g), toda vez que la parte quejosa no controvierte las consideraciones medulares que sostienen la decisión de confirmar el auto de seis de octubre de dos mil veintidós, pronunciada en el toca 239/2020, que desechó el incidente de falsificación de firmas, por considerarlo extemporáneo. De lo anterior, se desprende que resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada. Pues bien, al emitir el fallo respectivo, ahora combatido, la Sala responsable consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1) Que era infundado el argumento, pues sí había tomado en consideración lo manifestado por ********************, cuando señaló que se percató de la alteración con antelación a la presentación del incidente, pues al respecto en el auto de seis de octubre de dos mi veintidós, la responsable había considerado la fecha de las notificaciones efectuadas respecto de cada una de las promociones señaladas para determinar que el término de los cinco días previsto en el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, había fenecido, sin que fuera óbice que hubiera señalado la promovente incidentista que apenas se había enterado, toda vez que en primer lugar, ello no concordaba con las actuaciones existentes en el toca y, en segundo término, ya que había sido omisa en decir la fecha exacta de lo que a su parecer tuvo conocimiento de las razones y circunstancias de la incidencia. 2) Que la recurrente había sido omisa en establecer la fecha exacta en que según su parecer tuvo conocimiento de las circunstancias y, que por tanto se había tenido por extemporáneo el incidente de falsedad de firmas. 3) Que de igual forma era infundado, el alegato en el que sostenía que la Sala ni el Agente de la Procuraduría adscrito a ésta, se habían percatado de la falsedad de firmas, pues si bien es su deber advertir dicha circunstancia al proveer, esto sólo será de advertir que existe notoriamente discrepancia en las firmas, lo cual no había acontecido, como se apreciaba de autos. 4) Que de autos se advertía que el Agente de la Procuraduría adscrito a la Sala responsable, se le había dado la intervención correspondiente en términos del artículo 68 ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 5) Que era infundado el argumento de la disidente, pues no existía dispositivo legal que obligara a la publicación de acuerdos emitidos en segunda instancia en los diversos partidos judiciales ni se encontraba en los supuestos para efectuar las notificaciones de manera personal. 6) Que es inoperante lo manifestado por la recurrente en cuanto a que debido a causas del COVID no tuvo libre acceso al expediente, pues esa circunstancia no fue motivo para el desechamiento del incidente. 7) Que resulta infundado lo expuesto por la recurrente, pues el hecho de que en el auto impugnado se hubiere encuadrado el incidente de falsedad de firmas en lo dispuesto por el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al tratarse de un incidente, el cual no tiene trámite especifico, debe de regirse por las reglas generales. En esa medida, la confrontación de esas consideraciones frente a los argumentos hechos valer por la parte quejosa en su demanda de amparo, en los que de forma sintetizada señala que la Sala se encontraba impedida para aplicar el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en virtud de que el mismo no es aplicable al no encontrarse enterada y no haberse percatado antes de la falsedad de las firmas de los escritos presentados en el toca, como lo señaló en su escrito relativo. De lo anterior, resulta evidente que la parte quejosa, no controvirtió ninguno de los argumentos expuestos por la Sala responsable; y, en lo que aquí interesa, a lo considerado por ésta en los puntos 1, 2 y 7, en los que de manera frontal la Sala determina el porqué es extemporáneo el incidente de falsedad de firmas. Es decir, con los argumentos que la parte promovente expresó no señaló cómo es que podía ser ilegal que la responsable confirmara el auto impugnado al considerar: I) Que la responsable había considerado la fecha de las notificaciones efectuadas respecto de cada una de las promociones señaladas para determinar que el término de los cinco días previsto en el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, había fenecido. II) Que no era óbice que hubiera señalado la promovente incidentista que apenas se había enterado, toda vez que ello no concordaba con las actuaciones existentes en el toca. III) Que la recurrente había sido omisa en establecer la fecha exacta en que tuvo conocimiento de las circunstancias que dieron origen al incidente de falsedad de firmas. IV) Que el incidente de falsedad de firmas se tramitó de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al tratarse de un incidente, el cual al no tener trámite especifico, debe de regirse por las reglas generales. Sin embargo, a través de los conceptos de violación (como quedó sintetizado en párrafos precedentes), se limitó a alegar de manera genérica que la improcedencia del incidente de mérito decretada, produce en su perjuicio una vulneración de sus derechos humanos; empero, sin combatir frontalmente las consideraciones que la responsable expuso para ello. Es decir, la peticionaria del amparo no controvierte el argumento toral de la sala responsable en cuanto a que el incidente fue presentado de manera extemporánea; por tanto, si no fueron atacadas las consideraciones que medularmente sostienen la decisión de confirmar el auto de seis de octubre de dos mil veintidós, pronunciada en el toca 239/2020, que desechó el incidente de falsificación de firmas, por considerarlo extemporáneo, es evidente que dichos conceptos de violación son inoperantes. No se desatiende que la parte quejosa sostiene que la responsable ignoró por completo los derechos humanos de la parte quejosa, porque vulneró el principio pro persona. Empero, si bien la reforma al artículo 1º de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación del diez de junio del dos mil once, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados internacionales de derechos humanos, así como con la interpretación del orden constitucional más favorable a la persona (principio "pro personae" o "pro-homine"), eso no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio solo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, se aplique aquella, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional (legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, etcétera), ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa alegue que la autoridad responsable hubiera dejado de considerar que no existe término para interponer el incidente de falsedad de firmas, como se corrobora con la jurisprudencia de rubro "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LE RESULTA APLICABLE LO PREVISTO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 91/2006, SIN QUE PARA DETERMINAR SU OPORTUNIDAD DEBA ATENDERSE AL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES."; pues de autos no se desprende que esto lo hubiere hecho valer ante la autoridad responsable; de ahí que, resulte inoperante el argumento por novedoso. Lo anterior es así, pues como se dijo, la parte quejosa no lo hizo del conocimiento de la autoridad responsable al interponer la demanda civil, por lo que no forma parte de la litis. Del criterio transcrito se desprende que si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la sala que dictó el auto que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la responsable no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas. En esas circunstancias, la inoperancia de tal argumento obedece a que constituye un planteamiento novedoso que no fue hecho del conocimiento de la responsable, pues del análisis que se realizó de actuaciones del juicio de origen, no se advierte que la accionante lo hubiera expuesto. De lo que es evidente que dicha manifestación no puede ser tomada en consideración, pues resultaría injustificado examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz del razonamiento o hechos que no conoció la autoridad responsable, al no habérsele hecho del conocimiento el mismo. Aunado a lo anterior, este juzgador estima correcta la determinación de la sala responsable en el sentido de que, el incidente de falsedad de firmas hecho valer por la quejosa es extemporáneo, en virtud de que no fue presentado dentro del término previsto por la disposición normativa que rige sobre su oportunidad, esto es, el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles aplicable para el Estado de Jalisco. Lo anterior es así, en virtud de que, el incidente de falsedad de firma hecho valer por la quejosa resultó extemporáneo de conformidad con el plazo genérico establecido en el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco. En efecto, si bien el incidente de falsedad de firma no tiene una regulación específica en el código adjetivo civil indicado, lo cierto es que sí señalan la tramitación de conformidad con lo establecido por los artículos 79 y 80, que establecen lo siguiente: "Artículo 79.- Los tribunales nunca admitirán incidentes ni recursos notoriamente frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, sin necesidad de substanciación alguna y en su caso, consignarán el hecho al Ministerio Público para que se apliquen las sanciones del Código Penal. Los incidentes ajenos al negocio principal deberán ser desechados de oficio por los jueces. Artículo 80.- Los incidentes no suspenderán el procedimiento, se tramitarán con un escrito de cada parte. El término para contestar una demanda incidental es de cinco días. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos de demanda o contestación, fijando los puntos sobre los que verse y se citará para audiencia dentro del término de ocho días en que se reciba, se oirán las alegaciones y se citará para sentencia interlocutoria que deberá pronunciarse dentro de los ocho días siguientes. La resolución que decida un incidente no admite recurso. Se exceptúa de lo anterior los incidentes de nulidad de actuaciones, de competencia y las demás cuestiones incidentales que tienen previstos trámites especiales en éste código para su substanciación. Cuando en cualquier etapa del juicio, se denuncien hechos delictuosos relacionados con el negocio, el juez o tribunal de los autos, los pondrá inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público para que proceda con arreglo a sus atribuciones. En los demás casos se procederá como lo previene el artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Si la denuncia se refiere a la falsedad de un documento presentado al juicio al comunicar los hechos al ministerio público, se le remitirá original y sellado el documento argüido de falso, el cual rubricarán el juez y el secretario, dejando en los autos, en lugar de aquél, copia autorizada. La preparación de las pruebas queda a cargo de las partes en la forma y términos previstos por el artículo 66 de este código.". Como puede advertirse, para la tramitación de los incidentes se requiere la promoción escrita de la parte interesada en la que se señalen las pruebas que ofrecerán, fijando los puntos sobre los que verse cada una de ellas. Por otro lado, el plazo para contestar la demanda incidental será de cinco días, en el que también deberán señalarse las pruebas a ofrecer. Hecho lo anterior, se citará dentro de los ocho días siguientes al en que se reciba el escrito de contestación, se oirán alegatos y se citará para sentencia interlocutoria, misma que deberá dictarse dentro de los ocho días siguientes. Asimismo, se desprende que los incidentes no suspenderán el procedimiento; siendo que la resolución interlocutoria no admitirá recurso alguno. Los juzgadores están imposibilitados para admitir incidentes o recursos notoriamente improcedentes, por lo que tienen la obligación de desecharlos de plano sin necesidad de substanciación alguna, lo mismo ocurre con incidentes ajenos al negocio principal. En esas condiciones, como quedó evidenciado, no existe en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco ninguna regla específica que determine el término para promover el incidente de falsedad de firma, por ende, en ese supuesto, debe estarse a la regla genérica que en el mismo se establezca, es decir, al término de cinco días contemplado en el artículo 135 de la codificación aludida, pues de esa manera fue establecido por el legislador en uso de sus facultades configurativas de la norma; y por otro lado, con independencia de que el quejoso sostenga que con el incidente de falsedad de firma se dilucidará una cuestión trascendental que constituye la firma de los escritos por los que se interpusieron los recursos de apelación, ello no significa que por esa sola circunstancia se le exima del cumplimiento de las formalidades procesales que al efecto se establecen en la ley. Al respecto, es importante destacar que similar criterio adoptó la Primera Sala del Máximo Tribunal de País, al resolver el amparo directo 4/2020, en sesión de tres de junio de dos mi veinte. En esas condiciones, ante lo infundado e inoperantes de los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Cabe mencionar que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas resultaron aplicables al presente asunto de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en función de que no se oponen a la legislación vigente en materia de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: UNICO.- La justicia de la Unión NO ampara y NI protege a ********************, en contra de los actos que reclamó de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por **** en su carácter de apoderado del tercero interesado ***, mediante el cual ofrece pruebas y realiza manifestaciones a manera de alegatos; agréguese a los autos para que obre como corresponda y resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se levante la suspensión del procedimiento decretada el veintiuno de abril pasado.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes
- Porfirio Jorge Apolinar Macías1989/2018
- Pozo Ciénega Iv, En Cocula, Jalisco476/2023
- PPL Consulting Group Sociedad Civil1818/2017
- Prabho Prakanashti Mauricio Guerrero Alvarez260/2021
- Prabho Prakanashti Mauricio Guerrero Alvarez2730/2018
- Prabho Prakanashti Mauricio Guerrero Álvarez2493/2023
- Presidente de la Republica413/2012
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos1029/2022
- Presidente Municipal de Guadalajara712/2018
- Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco117/2016
- Presidente Municipal de Tala, Jalisco1636/2022
- Presidente Municipal de Tlaquepaque, Jalisco803/2019