Porfirio Ysrrael Puerto Chay

Expediente 1426/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1426/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
20/12/2022

Partes del expediente

  • Porfirio Ysrrael Puerto Chay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por Mauricio Cabrera Dzul, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la tercero interesada, mediante el cual solicita la copia certificada que especifica en su ocurso de cuenta. Por ende, como solicita el ocursante, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la resolución que solicita y entréguesele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido vía interconexión, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del original y copia del escrito relativo al recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado Víctor Manuel Uc Ek, contra la sentencia definitiva de veintidós de octubre del año en curso, emitida en el juicio de amparo 1426/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, así como del referido expediente; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 492/2021. De lo que este Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por Víctor Manuel Uc Ek, mediante el cual interpone el recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintidós de octubre del año que transcurre, adjuntando un diverso ocurso de expresión agravios, con cuatro copias del mismo.En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del recurso y escrito de expresión de agravios entre las partes.Hecho que sea, dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y administrativa del Decimocuarto Circuito. Lo anterior, de conformidad con el criterio aplicado por la Superioridad en este Circuito, en términos de lo establecido en la jurisprudencia que dice:"REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO."Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintinueve minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 1426/2021, promovido por Porfirio Ysrrael Purto Chay, por su propio derecho, contra un acto del Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveídos mediante los cuales se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental y disco compacto remitidos por el Juez responsable, así como con la documental enviada por la autoridad ministerial responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1426/2021; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Porfirio Ysrrael Puerto Chay, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad, que hizo consistir en la resolución de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, emitida en el expedientillo 74/2021, en la que el Juez responsable confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida en la carpeta de investigación A2-A2/000112/2019. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; posteriormente, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo que se realizó oportunamente; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue diferida, teniendo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, turnada a la suscrita, promovida contra el acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Pues bien, se puntualiza que del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: ° La resolución de veintiséis de junio de dos mil veintiuno, emitida en el expedientillo 74/2021, en la que el Juez responsable confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida en la carpeta de investigación A2-A2/000112/2019. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Si bien es cierto el Fiscal Investigador del Ministerio Público titular de la Agencia Vigesimosexta de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, sito en Hunucmá, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto que se le reclama; lo cierto es que éste consiste en la resolución de veintiséis de junio de dos mil veintiuno, emitida en el expedientillo 74/2021, en la que se confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida en la carpeta de investigación A2-A2/000112/2019, misma que no fue emitida por el citado Fiscal, sino por el Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en la ciudad de Umán. Por tanto, aun ante la manifestación de certeza por parte del Fiscal responsable, al existir evidencia incontrovertible de que la resolución que se combate por parte del quejoso, fue emitida por una diversa autoridad judicial y por la autoridad ministerial, debe desvirtuarse la citada afirmación del Fiscal de marras y, por ende, tener por inexistente el acto que se le reclama, por las razones antes anotadas. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en la ciudad de Umán; ello, porque al rendir su informe justificado, aceptó su certeza. Certeza que se corrobora con las documentales que adjuntó el Juez responsable como anexos a su informe, consistentes en copia certificada de las constancias integrantes del expedientillo 74/2021 y un disco compacto que contiene la videograbación de la audiencia respectiva. Instrumentos a los cuales se concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Debe precisarse que adquieren el valor probatorio de referencia, al contener la certificación correspondiente del funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a su funciones y con motivo de las mismas, pues de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de la audiencia relativa al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y son accesibles para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Aunado a lo anterior, tales elementos de prueba no fueron objetados por las partes dentro de la secuela procedimental, en términos de los artículos 202 a 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° artículo de la Ley de Amparo y menos aún se rindió prueba para desvirtuar el contenido de los aludidos elementos de juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse esta Resolutora obligada a la transcripción de los mismos. Una vez sentado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, resultan fundados, aunque para ello haya que suplirse la deficiencia de la queja, en atención a lo dispuesto por el numeral 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso tiene la calidad de víctima en la carpeta de investigación de donde deriva la resolución reclamada. Es menester precisar que la parte quejosa se duele, medularmente, de que en la resolución que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal, se hizo alusión al delito de despojo, el cual no fue materia de dicha determinación, esto es, no existió en la misma algún pronunciamiento por parte de la autoridad ministerial en torno a este ilícito, sino solamente en relación al delito de fraude. En ese sentido, primeramente, a fin de estar en aptitud de dar respuesta al anterior motivo de inconformidad, se estima pertinente destacar que los artículos 14 y 16 Constitucionales, en lo conducente, previenen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Las disposiciones constitucionales antes transcritas, consagran las formalidades esenciales del procedimiento, que de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: El dictado de resoluciones que dirima todas las cuestiones debatidas, es decir, que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, se obtenga una decisión en la que se resuelva sobre la pretensión deducida atendiendo para ello de todos los medios de pruebas aportados. Por su parte, del segundo de los preceptos legales citados, específicamente en su primer párrafo, se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1. Que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del funcionario que lo autoriza; 2. Que provenga de autoridad competente; y 3. Que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Por fundamentación, se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos que deben coexistir, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con las peticiones expuestas, ni dejar de exponer razones sobre las cuestiones o planteamientos que fueron solicitados. El principio de congruencia, está referido a que las resoluciones deben ser concordantes no sólo consigo mismas, sino también con la litis, o con las peticiones expuestas; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna y externa. Ello, pues el deber de los tribunales de administrar justicia, implica que ésta sea completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto a cada punto litigioso. En ese contexto constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, concretamente en el artículo 68, dispone: "Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos." De la transcripción anterior, se desprende en lo que aquí interesa, que todas las resoluciones deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundadas y motivadas; deberán ser claras, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos. En esa tesitura, el principio de congruencia exige, en términos generales, que las resoluciones se ajusten a la controversia planteada, esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el juzgador. Así, cuando se habla de la estructura de una sentencia o resolución, debe diferenciarse entre la congruencia interna y la externa, como ya se había mencionado anteriormente. La primera [interna] como exigencia de coherencia estructural del propio fallo, en cuanto a su formato y composición, es decir, considerandos, resolutivos, apartados y temas tratados en general que demuestren la correspondencia entre lo abordado como litis y lo resuelto, así como la forma de hacerlo de manera clara y consecuente. En cambio, la segunda [externa] se refiere ya no a la sentencia en sí, entendida como documento contenedor del fallo, sino a un universo más amplio que abarca las constancias que forman parte del parámetro dentro del cual se constituye la controversia, esto es, todo lo que tiene que ver con la comprobación del hecho indagado (en estructuración y prueba), los antecedentes y los datos que en cada caso resulten indispensables para captar, comprender, analizar y resolver el fondo del asunto de manera plena, completa o integral. Lo que significa que la congruencia externa determina el campo integral de la litis materia del fallo traduciéndose en un vínculo de correspondencia entre el contenido integral del debate efectivamente planteado y el de la sentencia que se dicte, lo que incide en el debido respeto del derecho fundamental de justicia pronta y completa consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En contraposición a ello, la incongruencia externa se puede presentar bajo los siguientes aspectos: Incongruencia por ultra petitia. En este supuesto, la parte resolutiva excede de la pretensión al conceder o negar lo que nadie ha pedido. Incongruencia por extra petitia. El ámbito de este supuesto es, no que la resolución añada algo a las pretensiones de las partes, sino que alguna de las pretensiones sea sustituida por otra que aquéllas no formularon; la incongruencia que en estos casos se produce es mixta, puesto que se omite uno de los puntos debatidos y se agrega indebidamente otro. Incongruencia por citra petitia, la cual se presenta cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones formuladas. De lo expuesto se advierte, entonces, que al decidir sobre los planteamientos de las partes, el Juzgador debe examinar todas las pretensiones y atender a los motivos que las sustenten, salvo aquellos casos en los que exista algún motivo legal que impida pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos que integran el debate. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, debe decirse que de las constancias que integran el expedientillo 74/2021, así como de la audiencia combatida de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se advierte lo siguiente: a) El aquí quejoso Porfirio Ysrrael Puerto Chay, por escrito de doce de abril de dos mil diecinueve, interpuso su denuncia contra Víctor Manuel Uc Ek, en relación a diversos hechos que consideró constitutivos de delito, abriéndose la carpeta de investigación A2-A2/000112/2019. b) Una vez seguida la indagatoria por sus cauces legales, mediante determinación de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, así como el Fiscal Investigador del Ministerio Público titular de la Agencia Vigesimosexta de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, sito en Hunucmá, determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de Víctor Manuel Uc Ek, por el delito de fraude, en su modalidad específica, previsto en la fracción VI del artículo 324, y sancionado en la fracción IV del artículo 325, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán. c) Inconforme con lo anterior, el denunciante interpuso el medio de impugnación a que hace alusión el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual tocó conocer al Juez responsable, quien por auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, lo admitió a trámite, registrándolo con el número de expedientillo 74/2021. d) Finalmente, mediante resolución de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, el Juez responsable confirmó la determinación de no ejercicio reclamada. Cabe mencionar que en la citada audiencia, el quejoso, por conducto de su asesor, alegó, entre otras cosas, que el Fiscal Investigador, si bien es cierto decretó el no ejercicio de la acción penal por el delito de fraude, en su modalidad específica, omitió totalmente pronunciarse en relación al diverso ilícito que denunció, consistente en el de despojo, ya que en la resolución ministerial nada dijo en relación a este hecho delictivo. De lo anteriormente expuesto es dable advertir, con meridiana claridad, que la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada el diecisiete de junio de dos mil veintiuno por el Fiscal Investigador del Ministerio Público titular de la Agencia Vigesimosexta de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, sito en Hunucmá, versó única y exclusivamente en lo concerniente al delito de fraude, previsto en la fracción VI del artículo 324, y sancionado en la fracción IV del artículo 325, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán. Empero, del análisis de la resolución aquí reclamada, de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que confirmó dicho no ejercicio de la acción penal, emitida por el Juez responsable, se desprende que, además de confirmar lo concerniente a la inexistencia del delito de fraude, se pronunció de igual forma en relación al diverso ilícito de despojo, indicando que tampoco se desprendía la existencia de ese hecho delictivo. Ello, pues el Juez responsable estableció que para poder establecer la existencia del mismo, es menester la existencia de alguna ocupación o perturbación de un derecho que impida el goce y disfrute de la propiedad o la posesión de un bien inmueble por parte de un sujeto activo; ello, aduciendo que el denunciante no demostró, en modo alguno, su calidad de propietario o poseedor del inmueble en controversia, expresando que, para que ello ocurriera, dichas circunstancias debían estar corroboradas por los datos de investigación recabados en la indagatoria, lo que no aconteció en la especie. Por tanto, si el denunciante no demostró tener derechos de propiedad o de posesión en relación al citado predio, no pudo resentir afectación alguna con la conducta presuntamente desplegada por el imputado. Esto, ya que no existe en la indagatoria, dato alguno que permita establecer la fecha de la supuesta cesión de derechos a que aludió el denunciante, ante quién se realizó e incluso la existencia de esa operación; aunado a que la transmisión de derechos es una cuestión diversa a la cesión, ya que en la primera solo se transmiten los derechos ejidales a poder heredar, comprar o vender, pero no directamente se transfiere la propiedad, como si ocurre en la cesión. En esa tesitura, ante la notoria ineficacia probatoria, el Juez responsable determinó confirmar el no ejercicio de la acción penal por lo que respecta al delito de despojo. Lo anterior revela una cuestión de incongruencia y exceso en la resolución reclamada, cuenta habida que la autoridad ministerial, en modo alguno realizó investigaciones en torno al delito de despojo, ni tampoco hizo algún pronunciamiento respecto al no ejercicio de la acción penal en relación a ese ilícito en la resolución de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, que motivó la intervención del Juez responsable. Y si bien el Juez, al realizar el pronunciamiento relativo, concerniente a la presunta inexistencia de dicho hecho delictivo, lo hizo con motivo de las manifestaciones vertidas por el asesor jurídico de la víctima, aquí quejoso; lo cierto es que al no haber sido tal delito materia de la indagatoria ni tampoco objeto de la declaratoria de no ejercicio de la acción penal, el Juez de origen no se encontraba en aptitud legal de efectuar algún pronunciamiento en torno a la existencia o no del mismo, precisamente porque, para que ello ocurriera, era menester, primeramente, que existiera algún pronunciamiento al respecto por el Fiscal responsable en la resolución reclamada, derivado, precisamente, de la realización de las diligencias pertinentes relativas a su indagación y, posteriormente, la conclusión de no su acreditación. Ello, pues al no haber sido tal delito de despojo, materia del pronunciamiento del no ejercicio de la acción penal que motivó la intervención del Juez de Control, no era dable jurídicamente que vertiera algún razonamiento o argumento en relación a su actualización o no dentro de la carpeta de investigación natural, cuenta habida que primeramente era la autoridad ministerial investigadora la que estaba compelida a indagar lo relativo a ese ilícito y, ante las probanzas desahogadas y la determinación correspondiente en torno a la existencia o no del aludido ilícito, proceder a emitir la resolución relativa al ejercicio de la acción penal. En ese sentido, aun y cuando el asesor jurídico del denunciante, aquí quejoso, hubiere realizado, en la audiencia relativa, manifestaciones en el sentido de la falta de pronunciamiento de la autoridad ministerial en relación al diverso ilícito de despojo, el cual consideró actualizado en la especie; el Juez responsable solo estaba compelido a pronunciarse sobre la existencia o no de esa omisión y, en su caso, la legalidad o no de la determinación de no ejercicio de la acción penal recurrida, no así analizar de primera mano, la actualización de un delito que no fue materia de la resolución impugnada, pues ello deja en estado de indefensión al quejoso. Esto, se insiste, pues en la carpeta de investigación de origen, no obra pronunciamiento alguno por parte de la autoridad ministerial, en relación al precitado delito de despojo, motivo por el que la autoridad judicial, al no tener dicha carpeta a la vista ni tampoco existir relatoría de la autoridad investigadora en torno a ese ilícito, no podía emitir alguna declaratoria al respecto, ya que ello no fue materia de la determinación de no ejercicio combatida. Lo anterior, incluso, bajo la consideración de que el quejoso, por conducto de su asesor, se hubiere conformado con la determinación de no ejercicio de la acción penal por lo que se refiere al ilícito de fraude específico; pues si precisamente el peticionario se dolió de la omisión de investigación y análisis del diverso delito de despojo, la autoridad judicial debía constreñir su intervención a analizar esa transgresión y no llevar por sí misma el análisis de un diverso ilícito, sus elementos y la probabilidad de que el imputado lo hubiere cometido, sustituyéndose a la autoridad ministerial, en contravención a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional, y privando al quejoso de una instancia legal. Por tanto, en todo caso, al tratarse de un delito que no formó parte de la declaratoria de no ejercicio de la acción penal, el Juez natural estaba compelido a solamente, en su caso, confirmar el no ejercicio de la acción penal referente al delito de fraude y, en relación al diverso de despojo, cuya omisión de investigación se alegó por el quejoso, devolver la carpeta de investigación a la autoridad ministerial, dejando a salvo los derechos de la parte denunciante para ejercerlos ante ésta, en la vía y forma que estimare procedentes. Máxime que, como se dijo, la intervención del Juez responsable derivó de la interposición del recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que "las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quienes las podrán impugnar dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de dicha resolución", y que solo lo constriñe a analizar la legalidad de las determinaciones como la aquí recurrida. Es dable citar en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 69, Volumen XLIX, Segunda Parte, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "MINISTERIO PUBLICO, EL JUEZ NO PUEDE REBASAR SU ACUSACION. Si el Ministerio Público formuló acusación sólo por la fracción II del artículo 381 de la ley penal, el juzgador no pudo sustituirse en el ejercicio de la acción penal a esa institución sin violar el artículo 21 constitucional. Por tanto, supliendo esa deficiencia de la queja, debe concederse el amparo solicitado para el efecto de que la responsable dicte nuevo fallo en el cual estime el robo simple o imponga la consigna pena al quejoso." Por lo expuesto, es que se considera que la resolución reclamada adolece de una incongruencia interna, al considerar la autoridad judicial por una parte que no se actualizó el delito de despojo, en tanto que este ilícito no fue materia del no ejercicio de la acción penal decretado por la autoridad ministerial, sino que éste únicamente versó respecto del diverso de fraude; por lo que, al haber resuelto de esa forma, en concepto de esta resolutora, transgredió el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los principios de fundamentación, motivación y congruencia que deben contener todas las resoluciones judiciales. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia con rubro y texto siguientes: ... En las relatadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Porfirio Ysrrael Puerto Chay, para el efecto que adelante se precisa. SEXTO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracciones V y VI, y 77, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, la protección constitucional que se otorga, es para el efecto de que, siguiendo los lineamientos determinados en esta resolución, el Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Yucatán, deje insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, emitida en el expedientillo 74/2021, en la que el Juez responsable confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida en la carpeta de investigación A2-A2/000112/2019, en la que, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie única y exclusivamente en lo referente al delito de fraude y, en relación al diverso ilícito de despojo, al no existir pronunciamiento alguno en la carpeta de investigación de origen, ordene su devolución a la autoridad ministerial, dejando a salvo los derechos de la parte denunciante para que los haga valer ante aquélla, en la vía y forma que estime convenientes. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE PRIMERO. Sobresee. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Porfirio Ysrrael Puerto Chay, contra el acto que reclamó del Fiscal Investigador del Ministerio Público titular de la Agencia Vigesimosexta de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, sito en Hunucmá; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en el tercero subsecuente. SEGUNDO. Ampara. La Justicia de la Unión ampara y protege a Porfirio Ysrrael Puerto Chay, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y para los efectos precisados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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