Porfirio Vázquez Rubio
Expediente 194/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Porfirio Vázquez Rubio
- Marcelino Juárez Ramos
Actuaciones
- Principal
Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de nueve de los actuales por el que se desechó la demanda promovida por *****, ******, ****** y *****, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.
- Principal
Celaya, Guanajuato, nueve de abril de dos mil veintiuno. a) Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por *****, *****, ***** y ******, en contra de actos del juez Quinto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 194/2021-II.b) Designación de representante común. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a *****, sin perjuicio de que se haga la designación correspondiente. c) Desechada. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece:"Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda (manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2o), se desprende como antecedentes del acto reclamado: 1. Que *****, por conducto de sus apoderados ***** y *****, demandó, entre otras prestaciones la declaración judicial de nulidad absoluta de la Asamblea General Extraordinaria de trece de abril de dos mil veinte, mediante la cual se destituyó al actor material como presidente y al suplente, *****, del Consejo Directivo de la persona moral *****. 2. Que la demanda en cuestión se radicó el veintinueve de junio de dos mil veinte, en el juzgado Quinto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, con el número de expediente C***/2020 y se reconoció como demandados a: *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, Notario Público número 11 de Celaya, Guanajuato (Lic. ****) y Registro Público de la Propiedad de Celaya, Guanajuato. 3. Que por escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintiuno, el aquí quejoso **** informó al juez responsable la muerte del actor *****i y solicitó la extinción del proceso. 4. A lo anterior, recayó el auto de ocho de febrero siguiente en el que determinó que no resulta procedente la petición. 5. Que inconforme con tal determinación, interpuso recurso de revocación resuelto el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, confirmándola. (Primer acto reclamado). Que el diecinueve de febrero de dos mi veintiuno, el juez responsable dictó un acuerdo, en el que tuvo al presidente suplente de quien señaló es la parte actora *****., acreditando la calidad con que promueve y ordenó levantar el procedimiento ordenada en auto de seis de febrero de la presente anualidad. 7. Que inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revocación, resuelto el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, confirmando el auto recurrido. (Segundo acto reclamado). De lo anterior se destaca: - Que los actos controvertidos fueron dictados en el juicio civil ****/2020, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido en esta ciudad; - Que los quejosos son parte demandada dentro de dicho procedimiento;- Que el juicio de origen se encuentra en trámite; y, - Que los actos reclamados, los constituye, en esencia, las resoluciones interlocutorias emitidas el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en las que respectivamente se confirmaron los proveídos de: Ocho de febrero de dos mil veintiuno en el que determinó que no resulta procedente la petición formulada por el aquí quejoso *****, en torno a que con motivo del fallecimiento del actor *****, debía decretarse la extinción del proceso. Diecinueve de febrero de dos mi veintiuno, a través del cual, el juez responsable tuvo al presidente suplente de quien señaló es la parte actora *****., acreditando la calidad con que promueve y ordenó levantar la suspensión del procedimiento ordenada en auto de seis de febrero de la presente anualidad. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que los actos reclamados en la presente instancia no pueden ser estimados como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente enestos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". El criterio anterior resulta aplicable al caso concreto.Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, los actos reclamados descritos con anterioridad, no pueden estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulneran ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil.Por tanto, en el particular al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. d) Autorizados Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***** y *****, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que tienen inscrita cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a *****, ***** y *****. e) Consulta de expediente electrónico y domicilio para recibir notificaciones Se autoriza para consultar el expediente por medio del Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "JAVIERCARACHEO"; en el entendido que desde ahora se tiene como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. El analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. Finalmente, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno. Y las notificaciones se le efectuaran por medio de lista. f) Habilitación de días y horas para notificacionesEn aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. g) Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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