Porfirio Ruben Valencia Ruiz
Expediente 573/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/01/2021
Partes del expediente
- Porfirio Ruben Valencia Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue el siguiente La sanción administrativa consistente en una multa por 100 unidades de medida y actualización (UMAS), equivalente a $8,688.00, compurgable por arresto administrativo de treinta y seis horas, impuesta el trece de julio de dos mil veinte. Por resolución dictada el veinticinco de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Porfirio Rubén Valencia Ruiz, contra los actos de la Jueza Calificadora de la Comisaría Norte, adscrita a la Sindicatura del Municipio de Puebla, para los siguientes efectos 1. Deje insubsistente la resolución de trece de julio de dos mil veinte; 2. En caso de estimarlo procedente, emita una nueva determinación en la que razone por qué la medida de apremio de multa es la aplicable y no otra diversa, en términos del artículo 209, fracción V, del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla; 3. De considerar que la multa es la sanción aplicable, tome en consideración los elementos que tenga a su alcance para imponer el monto, y; 4. De ser el caso, exteriorice los motivos que considere para fijar la duración del arresto, tomando en cuenta que dicha sanción puede ser desde una hasta treinta y seis horas." En consecuencia, una vez transcurrido el término sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el quince de noviembre de dos mil veinte la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Jueza Calificadora de la Comisaría Norte, adscrita a la Sindicatura del Municipio de Puebla. Posteriormente, mediante oficio SM-DJC/CNO/031/2020, recibido en este juzgado el once de noviembre de dos mil veinte, la Jueza Calificadora de la Comisaría Norte, adscrita a la Sindicatura del Municipio de Puebla informó que en acatamiento a la ejecutoria, el once de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la resolución de trece de julio de dos mil veinte y emitió una diversa en la cual, impuso una sanción consistente en un arresto por nueve horas con veintiséis minutos al considerar que la conducta antisocial del infractor Porfirio Rubén Valencia Ruíz -aquí quejoso- causó alarma pública; sanción que ya fue compurgada, por lo cual declaró cumplida su resolución. De lo anterior, la autoridad responsable remitió dicha documental con firma autógrafa, misma que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Con las anteriores constancias, por auto de doce de noviembre de dos mil veinte este Juzgado de Distrito dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De la lectura de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que cumplió con la ejecutoria de amparo el once de noviembre de dos mil veinte toda vez que realizó lo siguiente En la referida fecha, dejó insubsistente la resolución de trece de julio de dos mil veinte y emitió una diversa en la cual, impuso una sanción consistente en un arresto por nueve horas con veintiséis minutos al considerar que la conducta antisocial del infractor Porfirio Rubén Valencia Ruíz -aquí quejoso- causó alarma pública; sanción que ya fue compurgada. En mérito a lo anterior, se ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora dictada en este juicio, ya que el efecto de la concesión del amparo fue para que la Jueza Calificadora de la Comisaría Norte, adscrita a la Sindicatura del Municipio de Puebla, dejara insubsistente la resolución de trece de julio de dos mil veinte y de estimarlo procedente, emitiera una nueva determinación en la que razonara por qué la medida de apremio de multa era la aplicable y no otra diversa, en términos del artículo 209, fracción IV, del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla; tomara los elementos que tuviera a su alcance para imponer el monto, razonando el mismo y, exteriorizada los motivos que consideró para fijar la duración del arresto, tomando en cuenta que dicha sanción puede ser desde una hasta treinta y seis horas. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la suspensión de plano y la protección constitucional. Por otra parte, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento, hágase la relación a fin de que se integre para efectos de su transferencia. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Respecto al cuaderno principal, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18 dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; y, una vez hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, ya que no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por José Héctor Morales Suárez, autorizado de la parte quejosa; visto su contenido, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y razón que obre en autos. Para dar lugar a lo anterior, deberá acudir ante este órgano judicial, una vez que genere su cita en términos del artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, pues al no ser este juzgado federal quien requiere la presencia física del ocursante o de quien en su caso acuda a recibir las copias certificadas que pide, deberá ser la parte solicitante quien proceda a generar la cita respectiva, a través del sistema OJ que se encuentra en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, generando el Código QR correspondiente, que permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el presente juicio, ingresen a las instalaciones que ocupa este órgano. En tal sentido, hágase del conocimiento de José Héctor Morales Suárez que el día y hora que deba comparecer, deberá hacerlo, con identificación oficial vigente, debiendo exhibir el Código QR que se genere y que le permitirá el acceso. Igualmente, en términos del artículo 7 del aludido acuerdo, se le exhorta para que acuda puntualmente a la cita que en su caso se programe y cumpla con las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva [flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención], evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, así como usar cubre bocas en todo momento. Es importante destacar que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Del mismo modo, se hace de su conocimiento que deberá considerar una segunda visita para recogerlas -dentro de los diez días siguientes al que gestione las copias-, a fin de evitar concentración de personas y exceder el tiempo límite permitido para permanecer dentro del juzgado -veinticinco minutos-; además de otorgar un tiempo prudente para que el personal del Juzgado desempeñe sus labores de manera eficiente, entre las que se encuentran la certificación de las constancias solicitadas. Ahora, respecto a la solicitud de tener como autorizada a la persona que menciona para que en su nombre las reciba, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, en virtud de que conforme a lo previsto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, dicha facultad únicamente la pueden delegar las partes, es decir, el quejoso y el tercero interesado, no así los autorizados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Titular del Juzgado Calificadora Adscrita a la Sindicatura del Municipio de Puebla, en atención al requerimiento de cuatro de noviembre de dos mil veinte, manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y a efecto de corroborar su dicho adjunta copia certificada de la resolución de once de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio quien al parecer suscribe la autoridad responsable Juez Calificadora adscrita a la Sindicatura del Ayuntamiento del Municipio de Puebla; visto su contenido, no ha lugar a tenerla informando las gestiones que realizó para dar cumplimiento al fallo protector, ello en virtud de que el oficio presentado es una copia fotostática que carece de la firma autógrafa o electrónica de su remitente, razón por la que no puede producir la gestión respectiva, habida cuenta de que ésta constituye el signo personal característico de cada individuo, y sin esta peculiaridad no se puede tener la certeza de la voluntad de la autoridad oficiante, además que es un requisito indispensable para conferir a cualquier promoción judicial la calidad de genuina y, por ende, poder darle el curso legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/354, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuarenta y seis, en el tomo 86-1, correspondiente al mes de Febrero de 1995, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 208,988, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALORACIÓN DE LAS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas simples no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere la fracción VII del artículo 93 del aludido ordenamiento adjetivo. En consecuencia para determinar su valor probatorio debe aplicarse el diverso 217 de la misma codificación legal y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados; y así, de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial, con independencia de que no hayan sido objetadas." Igualmente, es aplicable la tesis aislada, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, en el tomo IX, correspondiente al mes de Mayo de 1992, a página 494, con número de registro 219,413, que establece: "PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente." En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma autógrafa o electrónica de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para proveer respecto al oficio de cuenta. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Juez Calificadora adscrita a la Sindicatura del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que en el término de tres días, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, y remita copia certificada de las constancias que acrediten las gestiones realizadas. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en el término establecido se hará efectivo el apercibimiento de multa con el que fue conminada en auto de quince de octubre de dos mil veinte. Notifíquese.
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