Porfirio Rodriguez Zaragoza
Expediente 817/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Porfirio Rodriguez Zaragoza
- Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Quintana Roo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales, toda vez que con esta propia fecha se tuvo por cumplido el fallo protector en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, ordenándose el archivo del mismo y que en los presentes autos se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada; en tal virtud, de conformidad con el artículo 20, inciso a) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el DUPLICADO de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción después de los SEIS MESES siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existe el cuaderno original. Ahora bien, por lo que ve al expediente ORIGINAL de este incidente de suspensión, conforme al artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, deberá conservarse hasta por tres años en el archivo de este órgano jurisdiccional, al término de los cuales deberá realizarse su destrucción, en virtud de que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 35, párrafo tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos entre el expediente electrónico y el impreso. Finalmente, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el incidente de suspensión derivado del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 35, párrafo tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos entre el expediente electrónico y el impreso. Finalmente, acuérdese lo conducente en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma David Pacheco Monroy, juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien firma en unión de José Manuel Martín Aguilar, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
V.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de veintidós de febrero del año en curso, que en lo conducente dice: "Visto el estado que guardan los presentes autos, conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, imperantes circunstancias impuestas con las que funcionan actualmente los órganos jurisdiccionales federales, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, en relación a la vista que se ordenó en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales en sentencia de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, fue concedido el amparo de la Justicia Federal al quejoso Porfirio Rodríguez Zaragoza, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, que fue el siguiente: "una vez que cause ejecutoria esta sentencia el Tribunal responsable, dentro de los siguientes tres días hábiles emita el laudo correspondiente en el juicio laboral DIT-222/2017; y se lo notifique personalmente." Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, en la misma fecha se requirió a las autoridades responsables a fin de que den cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se recibieron los oficios STYPS/TCA/0061/I/2022 y STYPS/TCA/0061/I/2022, con el cual las autoridades Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y Actuario adscrito a dicho Juzgado, ambos con sede en esta ciudad, remitieron copia certificada del laudo emitido el veintiséis de enero del año en curso, dictado en el expediente DIT-222/2017, y de la cédula de notificación realizada a la parte quejosa de veintisiete del mismo mes y año, respectivo de dicho laudo, en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente expediente. Como se advierte de los oficios de cuenta, el Tribunal responsable se pronunció respecto del laudo emitido en el expediente DIT-222/2017, y el actuario adscrito a dicho Tribunal, notificó a la parte quejosa respecto del mismo, lo cual acreditaron con las copias certificadas que adjuntaron para acreditar tal efecto. Con la información rendida se determinó dar vista a las partes para los efectos conducentes. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Como se ha visto con la información rendida en el proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el contenido de los oficios y anexos remitidos por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna. Por ende, es inconcuso que las responsables acataron los lineamientos del fallo constitucional y al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el veintisiete de enero del año en curso, que fue notificada la parte actora, aquí quejosa, respecto del laudo emitido en el expediente DIT-222/2017. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación infórmese a las partes, que tienen un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estiman pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
V- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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