PORFIRIO RAÚL ÁNGELES VILLALOBOS y Otros.
Expediente 899/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- PORFIRIO RAÚL ÁNGELES VILLALOBOS y Otros.
- Porfirio Raúl Ángeles Villalobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 899/2019, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de la pasada anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del año citado, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado (fojas 37).
- Principal
MESA III B Único. La Justicia de la Unión no ampara y protege a "..... , contra el acto que reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca, en términos del último considerando de esta sentencia.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 899/2019, y R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por PORFIRIO RAÚL ÁNGELES VILLALOBOS, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y turnado en esa misma data, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en contra de un acto atribuido al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, a quienes le reclamó: ACTO RECLAMADO. La totalidad de la sentencia interlocutoria de fecha dieciocho de septiembre del año en curso, dictada en mi perjuicio dentro del expediente de número 114/2018, misma que me fue notificada el día diecinueve de septiembre del año corriente (.) SEGUNDO. Trámite del juicio. El catorce de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, registró la demanda antes mencionada bajo el número 912/2019, y en ese auto se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por razón de turno al estimar que es este Juzgado Primero de Distrito quien debía conocer del mismo al tener un antecedente que le generó un conocimiento previo, por lo que ordenó la remisión de los autos a este órgano jurisdiccional. Posteriormente, por proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca admitió a trámite la demanda de amparo asignándole el número de registro 899/2019, se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó el informe justificado, se ordenó el emplazamiento a la tercera interesada María Elena Espinoza Flores; a quien se le emplazó mediante diligencia actuarial de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, y al no apersonarse al juicio de amparo, en auto de treinta de octubre de esta anualidad, se le tuvo como su domicilio los estrados de este órgano federal. Finalmente, seguida la secuela del procedimiento, se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, y Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; al ser el presente asunto en materia civil y el acto reclamado se trata de ejecutar dentro del ámbito territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. Segundo. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en observancia a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI de abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable por las razones que lo contienen, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Tesis P. VI/2004, visible a página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, cuyo rubro es: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Por tanto, en cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados, de tal manera que de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda y de las constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1.- Del Juez de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca: ? La resolución interlocutoria de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, relativa al incidente de liquidación de intereses moratorios en el expediente 114/2018. Tercero. Certeza o inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda violatorio de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir el acto combatido, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de garantías sea procedente. 3.1 Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Juez de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca, convino en la existencia del acto que se le reclama (foja 36). Lo que se corrobora con las constancias que allegó el Juez responsable a este juicio de amparo en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 114/2018, de su registro, mismas que se les da valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Actualización de causa de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia que hayan hecho valer las partes y este órgano jurisdiccional no advierte ninguna de oficio, mucho menos la fracción XXIII prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se procederá entrar al estudio de los actos reclamados en relación con los conceptos de violación formulados por la parte quejosa para combatirlos; los cuales, no se transcriben, en atención a que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción, tal como se establece en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer . Quinto. Estudio de los conceptos de violación.- Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, por las siguientes consideraciones. La parte quejosa esencialmente hace valer los siguientes conceptos de violación: 1.- La autoridad vulneró el principio de legalidad, pues desestimó por completo la planilla de liquidación, beneficiando a la deudora sin razón alguna, emitiendo una resolución que no se encuentra fundada y motivada. 2.- La autoridad vulneró el principio de imparcialidad al favorecer a la parte actora con la cuantificación realizada en la resolución que se combate. 3.- Se vulneró en su perjuicio su derecho a un debido proceso y una exacta aplicación de la ley en materia civil, en virtud de que en los pagarés, predomina su literalidad, pues a la fecha de suscripción uno es de nueve de marzo de dos mil dieciséis, y el otro de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, y los intereses empezaron a causar a partir del nueve de abril de dos mil diecisiete, y del segundo a partir del dieciocho de abril de dos mil dieciséis, porque en los documento se pactó: "causarán intereses moratorios del 10% por cada es o fracción pagaderos juntamente con el principal, dichos intereses se causarán sobre el capital insoluto. Conforme a lo dispuesto por el art. 152 inciso I, II, III, IV de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito" Las partes pactaron un interés del diez por ciento mensual; sin embargo, la autoridad responsable consideró reducir la tasa de interés del documento base de la acción al 2.95% mensual, la forma en que contabiliza el pago de los accesorios, mismos que se generan a partir del incumplimiento de la obligación, siendo que en ambos pagarés se estableció la fecha de vencimiento para pagar los intereses y otra fecha para pagar el crédito total. El incumplimiento de la deudora en el pago de intereses ocurrió desde la fecha en que dejó de efectuar el pago correspondiente, es decir, al mes de que se le prestó el dinero, y a partir de ésta es que se debe condenar al pago de los intereses moratorios. Antes de entrar al análisis del fondo del asunto es factible establecer los antecedentes de las constancias que obran en autos mismas que tiene pleno valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, teniendo como hecho notorio, teniendo como hecho notorio en términos del ordinal 88 del mismo código adjetivo, que del cúmulo de expedientes que se tramitan en este Juzgado, se encuentra el diverso asunto 83/2019, relacionado con el que se resuelve y del cual se desprende: 1. Existe radicado en el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca, el juicio ejecutivo mercantil 114/2018, promovido por PORFIRIO RAÚL ÁNGELES VILLALOBOS, en su carácter de endosatario en propiedad de Alfredo Leandro Cruz Mendoza, asunto que se tuvo por radicados mediante auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y en el que la parte actora demandó a su contraparte en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, se ordenó practicar a la parte demandada diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, a fin de requerirle el pago liso y llano de las prestaciones reclamadas, por lo que debería comparecer ante ese Juzgado de Distrito para el respectivo pago, apercibiéndola que en caso de no hacerlo en el plazo concedido, se tendrían por ciertos los hechos de la demanda. 2. Luego, mediante cédula de notificación, y diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, practicadas por el actuario adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca, de dieciséis de noviembre, y trece de diciembre, del año próximo pasado, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 114/2018, respectivamente, se emplazó a juicio a la demandada MARÍA ELENA ESPINOZA FLORES, y se le requirió el pago de las prestaciones que le reclama la parte actora; ante ello se realizó el embargo del treinta por ciento del excedente del sueldo y demás prestaciones que percibe la demandada como trabajadora del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación. 3. Seguida la secuela procesal, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, fue emitida la sentencia correspondiente (fojas 1 a 23 del cuaderno de pruebas), en las que se condenó a la demandada a lo siguiente: SEGUNDO. Al haberse acreditado los elementos de la acción, se condena a la demandada María Elena Espinoza Flores, a pagar a la parte actora en el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación de la presente resolución, la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), que se le reclama por concepto de suerte principal. TERCERO. Se condena a la demandada a pagar a la parte actora los intereses moratorios a la tasa reducida prudencialmente del 2.95% dos punto noventa y cinco por ciento mensual, generados a partir de la fecha de vencimiento de cada uno de los pagarés base de la acción y en que la enjuiciada incurrió en mora, esto es, del nueve y dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete respectivamente, más los que se sigan causando hasta la total solución del presente asunto, cuya cuantificación se reserva para la fase de ejecución de sentencia. CUARTO. Se absuelve a la demandada del pago de los gastos y costas reclamados. 4. Por auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte demandada promoviendo incidente de liquidación de intereses, y se ordenó dar vista con su contenido a la parte actora (foja 104 ibídem); la cual se tuvo por desahogada en auto de veintinueve de julio siguiente y nuevamente se dio vista a la demandada en virtud de que la parte actora propuso una nueva planilla de liquidación (foja 113 ibídem); contestando nuevamente la parte demandada, por auto de seis de agosto del año en curso (foja 124 ibídem). 5. Posteriormente, el dieciocho de septiembre, el Juez de Distrito en materia Mercantil, resolvió el incidente de liquidación de sentencia, que ahora constituye el acto reclamado (fojas 151 a 164 ibídem) Como se adelantó, son infundados los conceptos de violación, como se explica a continuación. En efecto, no asiste razón a la parte quejosa en el planteamiento en el que sostiene que la resolución reclamada no está debidamente fundada y motivada, -al tenor de que la autoridad judicial no expuso concretamente las circunstancias especiales, razones particulares que tuvo en consideración para determinar las cuantificaciones de la resolución interlocutoria -. Lo anterior es así, porque se tiene en consideración que, para que la autoridad responsable hiciera líquidos los intereses moratorios, necesariamente tenía que fundarse en la sentencia pronunciada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que se establecieron las bases conforme a las cuales debía hacerse la liquidación de intereses moratorios, a la tasa reducida prudencialmente del 2.95% dos punto noventa y cinco por ciento mensual, generados a partir de la fecha de vencimiento de cada uno de los pagarés base de la acción y en que la enjuiciada incurrió en mora, esto es, del nueve y dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete respectivamente, más los que se siguieran causando hasta la total solución del asunto. En ese contexto, se estableció que a la parte demandada se le condenó a pagar los intereses moratorios a razón del 2.95% mensual, sobre la suerte principal de $9,000.00 (nueve mil pesos cero centavos) que comprenderían a partir del día siguiente hábil al de la fecha de vencimiento de los pagarés base de la acción hasta el pago total del adeudo; respecto de lo cual, la autoridad judicial tomó como fecha de inicio del primer pagaré de nueve de marzo de dos mil dieciséis, a partir del diez de diciembre de dos mil diecisiete, y por lo que hace al diverso pagaré de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, a partir del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Asimismo, contrario a lo indicado por las partes en la planilla de liquidación, la cuantificación de la condena debe ser hasta el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, como lo estableció el Juez de Distrito responsable, fecha en que se notificó al actor el auto de veinticinco de ese mes, en el que se tuvo a la parte demandada cumpliendo voluntariamente con el pago de la suerte principal, pues exhibió el billete de depósito por la cantidad de nueve mil pesos que se dejó a disposición de la parte actora para que lo recogiera, por lo que a partir de ese pago cesó la mora y como consecuencia la generación de intereses moratorios; proveído que las partes no recurrieron por lo que se considera que esa determinación del juez responsable quedó firme. Luego, para que obtuviera el numerario que la parte perdidosa, aquí tercera interesada, debe pagar por dicho concepto, fue necesario realizar la operación aritmética que se refleja en el siguiente cuadro: Respecto del primer pagaré valioso por la cantidad de $5,000 (cinco ml pesos), suscrito el nueve de marzo de dos mil dieciséis, con fecha de vencimiento de nueve de diciembre de dos mil diecisiete y una tasa reducida al 2.95% mensual, el periodo de liquidación es de diez de diciembre de dos mil diecisiete al veintiséis de abril de dos mil diecinueve, generando un total de dieciséis meses, y diecisiete días. $5,000.00 * 2.95% = $147.50 (mensual) $147.50 / 30 días = $4.91 (diarios) Ahora, los dieciséis meses multiplicados por $147.50 (ciento cuarenta y siete pesos con cincuenta centavos), resulta el numerario de $2,360.00 (dos mil trescientos sesenta pesos, cero centavos), a lo que se suma diecisiete días multiplicados por $4.91 (cuatro pesos con noventa y un centavos), genera un resultado de $83.47 (ochenta y tres pesos con cuarenta y siete centavos); lo cual da un gran total de $2,443.47 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS). Respecto del segundo pagaré valioso por la cantidad de $4,000 (cuatro mil pesos), suscrito el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, con fecha de vencimiento de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y una tasa reducida al 2.95% mensual, el periodo de liquidación es del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete al veintiséis de abril de dos mil diecinueve, generando un total de dieciséis meses, y ocho días. $4,000.00 * 2.95% = $118.00 (mensual) $118.00 / 30 días = $3.93 (diarios) Ahora, los dieciséis meses multiplicados por $118.00 (ciento dieciocho pesos, cero centavos), resulta el numerario de $1,888.00 (un mil ochocientos ochenta y ocho pesos, cero centavos), a lo que se suma ocho días multiplicados por $3.93 (tres pesos con noventa y tres centavos), genera un resultado de $31.44 (treinta y un pesos con cuarenta y cuatro centavos); lo cual da un gran total de $1,919.44 (UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS). Pues bien, sumado el monto generado de intereses moratorios de ambos títulos de crédito, a saber, $2,443.47 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS) y $1,919.44 (UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS), genera como monto final la cantidad de $4,362.91 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, NOVENTA Y UN CENTAVOS), que fue la cantidad que correctamente calculó el Juez de Distrito responsable. Así, cabe señalar que para que la autoridad responsable actuara en la forma antes mencionada, se apegó a lo determinado en la sentencia en la que se estableció, que en ejecución de sentencia se calcularían los intereses moratorios a partir de la fecha de vencimiento del pagaré, no así como lo indica el quejoso el mes posterior al en que la deudora dejó de pagar. Fallo que el peticionario del amparo no controvirtió -así lo reflejan las constancias que remitió la autoridad responsable-, de manera que es cosa juzgada, por lo que por principio de seguridad jurídica es inmutable, de ahí que si la autoridad judicial se apegó a la sentencia, en vía de consecuencia deviene correcto que haya considerado como fecha para el cálculo de los intereses moratorios a partir del día siguiente al de la fecha de vencimiento de cada uno de los pagarés. Como se ve, la autoridad judicial tomó como base lo definido en la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, para respetar los principios fundamentales del proceso, por lo que, con independencia de lo solicitado en la planilla y lo vertido por el quejoso en su contestación al incidente de liquidación, analizó el monto que correspondía por dicho concepto y además realizó las operaciones aritméticas necesarias para obtener la cantidad líquida, para lo cual no son necesarios conocimientos especiales, sino únicamente los comprendidos en los programas de formación y educación para proporcionar una cultura media; de ahí que no le asiste razón al demandante del amparo al sostener que la resolución reclamada viola en su perjuicio el principio de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior es así, porque en la resolución reclamada no se aprobaron automáticamente los conceptos contenidos en la planilla de liquidación, sino que se realizó un análisis previo, y el Juzgador empleó el arbitrio judicial, decidiendo en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendieron de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 35/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. [página 126 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, noviembre de 1997, Novena Época]. Por las relacionadas consideraciones, procede negar a PORFIRIO RAÚL ÁNGELES VILLALOBOS el amparo y protección de la justicia federal, contra la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 114/2018 del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara y protege a PORFIRIO RAÚL ÁNGELES VILLALOBOS, contra el acto que reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Oaxaca, en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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