PORFIRIO NICOMENDEZ o PORFIRIO NICOMENDEZ HERNANDEZ
Expediente 1823/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1823/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- PORFIRIO NICOMENDEZ o PORFIRIO NICOMENDEZ HERNANDEZ
Actuaciones
- Principal
MESA V B Vistos los autos y la certificación precitada; toda vez que en la especie por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil quince, se desechó la demanda de amparo promovida por Porfirio Nicomedez o Porfirio Nicomedez Hernández; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V B Vista la demanda de amparo, promovida por PORFIRIO NICOMEDEZ o PORFIRIO NICOMEDEZ HERNÁNDEZ, contra actos del Presidente Municipal Constitucional de la Villa de San Pablo Huixtepec, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1823/2015. En principio con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. Ahora, el principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Al respecto, los artículos 1, 3 y 96 fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en la parte que interesa, establecen: "ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y procedimientos que desarrollen las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por la dependencias de estos y por sus entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo111, segundo párrafo, inciso C de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca y la impartición de justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. ARTÍCULO 3.- Esta ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, reglamentos, bandos y demás ordenamientos que tengan vigencia en el Estado de Oaxaca. [.] ARTÍCULO 96.- Los juzgados de primera instancia de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: [.] I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; Los artículos transcritos revelan que cuando un acto administrativo emana de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas; lesionan los derechos del gobernado, éste tiene expeditos sus derechos para interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama, las autorizaciones, licencias o permisos de venta, alineación de suelo que han dado o pretenden extender, así como la cancelación de su cuenta predial número 35518, respecto de la fracción restante de un predio ubicado en el paraje denominado "La Orilla del Pueblo", en jurisdicción de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca. Por ello, al tratarse de actos emitidos o que pretenden emitir autoridades municipales y administrativas, el ahora quejoso PORFIRIO NICOMEDEZ o PORFIRIO NICOMEDEZ HERNÁNDEZ, está jurídicamente obligado a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, a través del cual pudo haber sido nulificado; además, en ese juicio de nulidad pedir la suspensión del acto reclamado, el cual no requiere más requisitos que los que exige la Ley de Amparo. Máxime que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece que para poder acudir al Juicio de Garantías, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley, y por otra parte, la impetración del mismo suspende la ejecución del acto administrativo, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo requiere para conceder la suspensión del acto administrativo reclamado. Luego, si la parte quejosa tenía a su alcance el mencionado medio ordinario de defensa para combatir el acto de molestia aquí reclamado, es inconcuso que no se cumplió el principio de definitividad de la ley, pues en todo caso debió haber agotado la instancia jurisdiccional administrativa referida, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Oaxaca; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XX, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por PORFIRIO NICOMEDEZ o PORFIRIO NICOMEDEZ HERNÁNDEZ. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicarán por lista de acuerdos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo.
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