Porfirio Mota de Jesus

Expediente 127/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
127/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Publico Adscrito Al C-5 de la Unidad de Robo de Vehículos, Sede San Francisco Ocotlan, Puebla. (Franky Secutl Tepox)
  • Porfirio Mota de Jesus

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. II. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable: 3. Frankie Zecua Tepoz, Agente del Ministerio Público adscrito al C5 de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (denominación correcta), consistente en el expediente original de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIAI/0000783/2021 de su índice, con la cual se formó el anexo I de pruebas, devuélvase a su lugar de origen. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias remitidas a su lugar de origen, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese por lista al quejoso; y, por oficio a las autoridades responsables; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 127/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Porfirio Mota de Jesús; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, ante el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este juzgado de Distrito, Porfirio Mota de Jesús solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo. Auto de radicación y prevención. Por acuerdo dictado el dieciocho de febrero del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 127/2021; asimismo, previno al quejoso para que en el término de cinco días, computado legalmente, diera cumplimiento a lo siguiente: ( Precisara cuál era el acto que reclamaba a la autoridad responsable 3. Frankie Zecua Tepoz, Agente del Ministerio Público adscrito al C5 de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla -denominación correcta-, pues se había sido omiso en dicho aspecto; ( Indicara cuál era la denominación correcta de la autoridad que señaló como ".los tripulantes de la Patrulla número 1047, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.", es decir, los nombres completos y correctos de los tripulantes de la patrulla número 1047 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, o bien, los números de placa de cada uno de los elementos o, en su caso, manifestara únicamente si nombraba al titular de dicha dependencia; y, ( Comunicara, bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes: i) si continuaba privado de su libertad y, de ser así, el lugar de su reclusión o, en su caso, la fecha en que obtuvo su libertad; ii) el motivo por el cual se le impuso la multa señalada como acto reclamado; y, iii) los hechos que se investigaban en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021, es decir, qué actos con apariencia de delito dieron origen al inicio de la citada carpeta. Tercero. Escrito aclaratorio. Mediante escrito presentado en este juzgado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso desahogó el auto preventivo en los siguientes términos: ( Señaló como actos reclamados a 3. Frankie Zecua Tepoz, Agente del Ministerio Público adscrito al C5 de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla -denominación correcta-, la privación de su libertad y de la posesión del vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala. ( Bajo protesta de decir verdad, indicó que desconocía los nombres de los policías tripulantes de la patrulla número 1047 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por lo que solicitó a este órgano de control constitucional que coadyuvara con dicha dependencia con el objeto de conocer el nombre de tales agentes. ( Bajo protesta de decir verdad, informó lo siguiente: i) que ya no se encontraba privado de su libertad, puesto a que -adujo- a las veinticuatro horas de su detención no se encontraron elementos suficientes que lo vincularan con delito alguno y, por ende, el diecisiete de enero de dos mil veintiuno fue puesto en libertad; ii) que la multa que le fue impuesta equivalía a $20,499. 00 pesos mexicanos, por concepto de devolución del vehículo y derecho de piso; y, iii) que los hechos que se investigaban en la indagatoria de origen eran los de tentativa de robo y portación de vehículo robado. Cuarto. Auto de parcial admisión. Previa ratificación del citado escrito aclaratorio, mediante auto de veintinueve de marzo siguiente, este órgano de control constitucional acordó lo siguiente: ( Tuvo al quejoso dando cumplimiento a la prevención formulada, excepto la parte en que debía señalar los nombres completos y correctos de los policías tripulantes de la patrulla 1047 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por lo que se tuvo únicamente como autoridad responsable al Titular de dicha dependencia. ( Desechó la acción constitucional respecto al acto reclamado que el quejoso hizo consistir como la privación de su libertad el dieciséis de enero de dos mil veintiuno, con motivo de los hechos investigados dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021, al considerar que dicho acto había quedado consumado de modo irreparable y, por ende, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. ( Admitió a trámite el juicio de amparo por cuanto al resto de los actos reclamados -sin incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Quinto. Cita para audiencia. En acuerdo de trece de mayo del actual, se fijaron las nueve horas con cuarenta y seis minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades ministeriales con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, de la revisión de los informes justificados y de las constancias de autos, se advierte que el quejoso Porfirio Mota de Jesús reclama: 1. La detención del vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala, efectuada el dieciséis de enero de dos mil veintiuno. 2. La orden de cobro de la cantidad de $20,449.00 pesos mexicanos, por concepto de multa y para que se devuelva el vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala, decretada dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021. 3. La determinación dictada el dieciséis de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021, en donde se decretó el aseguramiento del vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala y otros objetos. No obsta lo anterior, el hecho de que el quejoso no haya reclamado textualmente dicho acuerdo de aseguramiento, ya que en su escrito aclaratorio presentado en este juzgado el diecisiete de marzo del actual señaló que reclamaba al fiscal responsable la detención del citado automotor, lo cual se traduce en el aseguramiento precisado. Tercero. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 36. 2 2. Denisse Guadalupe Corona Hernández, Coordinadora de Mecanismos Alternativos adscrita al Área Metropolitana Sur de la Coordinación General de Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla -denominación exacta-. Niega. 45 y 46. 3 3. Frankie Zecua Tepoz, Agente del Ministerio Público adscrito al C5 de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla -denominación correcta- Niega. 51 y 52. Tabla Única. Apartado A. Inexistencia de actos y sobreseimiento. Las citadas autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, sin que exista prueba en contrario que desvirtúe esas negativas únicamente en relación con los actos que el quejoso hizo consistir en: i) la detención del vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala, efectuada el dieciséis de enero de dos mil veintiuno; y, ii) la orden de cobro de la cantidad de $20,449.00 pesos mexicanos, por concepto de multa y para que se devuelva el vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala, decretada dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021. Se explica. Del expediente original de la carpeta de investigación de origen, el cual, por tratarse de una documental pública, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la ley de la materia- se advierte la siguiente información: A. El dieciséis de enero de dos mil veintiuno, Hipólito Santos Rosas, Adalberto Alamilla Reyes, Enrique Contreras García y Guadalupe Ramos Hernández, Elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla detuvieron en flagrancia delictiva a Porfirio Mota de Jesús -quejoso- y a Bertha Aguilar Varela, por su probable participación en los hechos con apariencia del delito de robo agravado (casa habitación); asimismo, aseguraron, entre otros objetos, el vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala. B. En la misma fecha, se inició la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021, con el objeto de investigar los citados hechos con apariencia de delito. C. A las quince horas con cuarenta minutos del propio dieciséis de enero de dos mil veintiuno, el fiscal investigador -ahora responsable- consideró que la detención en flagrancia de los imputados se encontraba ajustada a los parámetros del artículo 16 Constitucional y, por ende, dictó el acuerdo de retención hasta por un plazo de máximo de cuarenta y ocho horas. D. A las dieciséis horas con veinte minutos del dieciséis de enero de dos mil veintiuno, el fiscal investigador decretó el aseguramiento de seis indicios ubicados en el lugar de los hechos, entre ellos, el vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala. E. A las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de enero de dos mil veintiuno, el fiscal investigador decretó la libertad de los imputados durante la investigación, en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. F. A las veinte horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil veintiuno, se radicó el expediente FGEP/EXP/CGMASCMP/UAI-FLAGRANCIA/18/2021 y se determinó que el controvertido penal era susceptible de resolverse a través de un mecanismo alternativo, por lo que Denisse Guadalupe Corona Hernández, Coordinadora de Mecanismos Alternativos adscrita al Área Metropolitana Sur de la Coordinación General de Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla -autoridad responsable-, ordenó turnar el asunto a la Facilitadora María de Jesús González Alonso, a efecto de que realizara el trámite correspondiente. G. A las veintitrés horas del mismo día, seguida la secuela correspondiente, se celebró el acuerdo reparatorio entre los imputados y la víctima Verónica Zamora Sánchez, en el que los primeros se comprometieron a pagar a la segunda la cantidad de $6,000.00 pesos mexicanos y a disculparse con ella, por lo que una vez cumplidas esas condiciones, la facilitadora solicitó al fiscal investigador la aprobación de dicho acuerdo reparatorio. H. A las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del propio diecisiete de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al fiscal comunicando la aprobación del aludido acuerdo reparatorio y, por ende, se concluyó el procedimiento de mecanismos alternativos y se ordenó regresar las actuaciones de la carpeta de investigación a su lugar de origen. Dichas actuaciones son las más destacadas dentro de la investigación de origen, sin que se advierta del resto que las autoridades ahora señaladas como responsables hayan efectuado o participado en la detención material del automotor de referencia; asimismo, tampoco se aprecia alguna determinación en la que se ordenara cobro de la cantidad de $20,449.00 pesos mexicanos, por concepto de multa y para que se devolviera el vehículo. De ahí que no existan los referidos actos reclamados por el aquí quejoso, sin que sea suficiente para desvirtuar la negativa asentada por el 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla el hecho de que los elementos aprehensores se encuentren adscritos a la Policía Estatal Preventiva, la cual a su vez pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla -cuyo titular fue señalado como responsable-; ello, porque conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, lo que quiere decir que cada autoridad debe responder por sí misma de los actos que se le imputan, sin tener en cuenta la situación de subordinación o jerárquica que entre ellas puede existir, razón por la cual los actos de una autoridad no pueden estimarse ciertos respecto de otra. A mayor abundamiento, debe decirse que la detención material del vehículo efectuada el dieciséis de enero de dos mil veintiuno ha sido sustituida procesalmente por el acuerdo de aseguramiento, decretado a las dieciséis horas con veinte minutos del mismo día dentro de la carpeta de investigación; de modo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -dieciséis de febrero de este año- dicha detención dejó de existir. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Entonces, si para la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la detención del vehículo dejó de surtir en sus efectos jurídicos y materiales, es evidente que dicho acto ya no existía para ese momento. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio por la inexistencia de los actos reclamados siguientes: ( La detención del vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala, efectuada el dieciséis de enero de dos mil veintiuno; y, ( La orden de cobro de la cantidad de $20,449.00 pesos mexicanos, por concepto de multa y para que se devuelva el vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala, decretada dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021. Apartado B. Existencia del acto reclamado Como se adelantó, la prueba valorada anteriormente no fue suficiente ni idónea para acreditar la existencia de los actos que fueron materia del sobreseimiento decretado; sin embargo, sí lo es para desvirtuar la negativa del fiscal responsable por cuanto a la existencia de la determinación dictada el dieciséis de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021, en donde decretó el aseguramiento del vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala y otros objetos, ya que del expediente original de la aludida indagatoria se desprende su existencia. Por ende, se tiene por cierto el citado acto y se emprende el análisis de la procedencia de la acción constitucional enderezada en su contra y, en su caso, de su constitucionalidad. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado que se tuvo por cierto, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de tal acto se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. Quinto. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio. * Falta de interés jurídico. Este órgano de control constitucional considera que el quejoso no acreditó el interés jurídico para reclamar la determinación dictada el dieciséis de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021, en donde decretó el aseguramiento del vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala -y otros objetos- y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Se explica. El artículo 107, fracción I, Constitucional, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa. Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo y que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo; siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos humanos reconocidos -o, bien, las garantías otorgadas para su protección- por la Ley Suprema de la Unión, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera directa. Además, el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la propia ley, lo mismo que contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversos criterios, que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Asimismo, ha establecido en diversas tesis que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Sentado lo anterior, se tiene que el quejoso Porfirio Mota de Jesús, por propio derecho, refiere que la determinación combatida, en donde se decreta el aseguramiento del vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala, conculca sus derechos de propiedad sobre el automotor, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, reconocidos por los artículos 14 y 16 Constitucionales; sin embargo, no exhibió documento alguno para acreditar la propiedad del referido vehículo y, por ende, este órgano jurisdiccional no advierte algún derecho que pueda asistir al quejoso sobre el bien mueble que ahora defiende. En efecto, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado por acto de autoridad reclamado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado. En ese tenor, es evidente que el quejoso, por su propio derecho, no tiene interés jurídico para reclamar la determinación dictada el dieciséis de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación de origen, en donde decretó el aseguramiento del vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala, habida cuenta que no demostró ser propietario del mismo. Por tanto, para que el quejoso estuviera en aptitud de defender el aludido vehículo, debió exhibir la factura correspondiente con fecha cierta para acreditar la propiedad del mismo; de modo que si no fue así, no tiene interés jurídico para instar el presente juicio. En consecuencia, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no tiene interés jurídico para reclamar la determinación de aseguramiento del vehículo Marca Dodge, Neón tipo Sedán, Modelo 2001, placas de circulación XWX-68-90 del Estado de Tlaxcala, decretada en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021 y, por tanto, se sobresee en el presente juicio por cuanto a dicho acto, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Atento a lo anterior, el suscrito juzgador Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra del citado acto en la presente contienda constitucional, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide el pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Porfirio Mota de Jesús, contra los actos, autoridades y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero, Apartado A, y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso Porfirio Mota de Jesús; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la autoridad responsable 3. Frankie Zecua Tepoz, Agente del Ministerio Público adscrito al C5 de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual, en alcance a su informe justificado y en cumplimiento al requerimiento formulado por auto dictado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, remite el expediente original de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FLAGRANCIA-I/0000783/2021 de su índice. En consecuencia, de conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicha documental y téngase como prueba, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. En razón al cuantioso número de fojas que remite la autoridad responsable de mérito, y que se dificulta su manejo y consulta al integrarlo al expediente en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio, respetando el folio original. Ahora bien, de autos se aprecia que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada en líneas precedentes y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo para las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de mayo del actual se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta y seis minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos, para que surtan los efectos legales procedentes, el oficio signado -electrónicamente- por Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, así como su anexo, consistente en un escrito signado por el quejoso Porfirio Mota de Jesús (por duplicado). Al respecto, primero debe decirse que dicho oficio se encuentra firmado electrónicamente porque cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que la autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, toda vez que el escrito en mención sí guarda relación en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele a Porfirio Mota de Jesús -aquí quejoso- realizando diversas manifestaciones vía alegatos, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes.

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