Porfirio Moreno Gil
Expediente 1106/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1106/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 19/04/2017
Partes del expediente
- Porfirio Moreno Gil
- tercero interesad
- Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que negó el amparo, y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, los anexos que remitió dentro del juicio, sin que sea necesario que acuse por su recibo por tratarse de copias certificadas. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Carlos Alberto Alfaro Zariñana, que da fe.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, se advierte que a las diez horas con diez minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia constitucional y se turnaron los autos para la elaboración de la resolución que en derecho corresponda; por lo tanto, a efecto de no dejar promoción pendiente de acordar, agréguese al cuaderno de antecedentes la promoción de cuenta suscrita por el quejoso y conforme a lo estipulado en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se le tiene como nuevo domicilio el inmueble que señala. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; y, déjese de tener como domicilio y autorizados a los anteriores a estos.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1106/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Porfirio Moreno Gil solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, este juzgado admitió y registró la demanda bajo el número 1106/2016; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; dio intervención al Ministerio Público Federal; ordenó emplazar a la tercero interesada, lo cual aconteció el uno de diciembre de dicha anualidad (foja 175); y, se señaló hora y día para la audiencia constitucional. El diez de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó el emplazamiento de la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia de las Mujeres en Toluca, a quien también le recaía el carácter de tercero interesada, lo cual tuvo verificativo el doce siguiente (folio 56). Representante social a la que se le requirió para que remitiera copia certificada de las constancias que conformaban la carpeta de investigación 565760360114015; documental que se recibió en este juzgado el veintinueve del referido mes y año (fojas 79 a 133). Finalmente, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación que afecta la libertad personal, emitida por una autoridad judicial del orden penal cuya ejecución se efectuó dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables a las siguientes: - Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, - Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. De quienes se reclama: - El auto de vinculación a proceso de ocho de julio de dos mil dieciséis, emitido en la carpeta administrativa 609/2016, contra Porfirio Moreno Gil, por el delito de violación con modificativa (agravante de haberse cometido por el padrastro contra la hijastra), en agravio de Diana Martínez Avelino; y, su ejecución. TERCERO. Las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo cual se corrobora con las constancias que las responsables remitieron, consistentes en los archivos electrónicos contenidos en tres discos compactos, formato DVD, referentes a las audiencias, privada para solicitar orden de aprehensión, para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión y para resolver vinculación a proceso, de fechas ocho de junio, siete y ocho de julio de dos mil dieciséis, siendo en esta última en la que se emitió la resolución reclamada; así como la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación 565760360114015 y la diversa administrativa (causa penal) 609/2016, esta última consistente en las actas mínimas levantadas con motivo de las audiencias de las citadas fechas, mismas que obran en anexos por separado. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; por lo que hace a los discos ópticos, éstos tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 188 y 210-A de la legislación adjetiva civil invocada, por ser fiable al constituir un medio expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un estudio de las constancias obrantes en autos, se advierte que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte alguna que oficiosamente deba ser examinada, por lo que lo procedente es emprender el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Los conceptos de violación que expresa el quejoso, son infundados, aun suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, al recaerle la calidad de imputado. El quejoso aduce que se viola en su contra su derecho de debido proceso, contemplado en el artículo 14 de la Constitución Federal, al no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento. Tal motivo de inconformidad es infundado. A fin de evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto lo establecido por el artículo 14 constitucional, que dice: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.).". En relación con las formalidades esenciales del procedimiento a las que alude el precepto reproducido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, encontrándose, entre ellas, la concerniente a que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Dicho criterio quedó establecido en la jurisprudencia aparece publicada en la página 260, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que señala: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". En el caso, adversamente a lo estimado por el quejoso, de las copias certificadas de la citada carpeta administrativa, precisamente el acta mínima y el disco con una videograbación (tiempo de reproducción de título I, 1:17 minutos; título II, 34:28 minutos; y, título III, 26:26 minutos), ambas constancias relativas a la "audiencia privada para solicitar orden de aprehensión" de ocho de junio de dos mil dieciséis, se advierte que, previa solicitud del Ministerio Público, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, con fundamento en el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 184, 185 y 186 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, libró la orden de aprehensión de Porfirio Moreno Gil, por el delito de violación, previsto en los artículos 273, párrafo primero y quinto, y sancionado por el párrafo primero del diverso numeral 274, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad, en agravio de víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A. De igual manera, una vez que se cumplimentó el mandato de captura y previa solicitud del representante social, como se aprecia del acta mínima y del disco formato DVD (tiempo de reproducción 58:44 minutos), ambas constancias relacionadas con la "audiencia para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión", en la que el imputado manifestó ser sabedor de su derechos y, derivado de ello, designó como su defensora pública a la licenciada Socorro Laura Patricia Utrilla Cobos, quien aceptó y protestó el cargo conferido (minuto 3:43 a 4:49), y enseguida, la fiscalía dio a conocer los datos de prueba con base en los cuales formulaba su imputación; por lo que la juez de origen tuvo por formulada la imputación y decretó la detención material y jurídica del aquí quejoso, por el hecho delictuoso tipificado como violación, previsto y sancionado en los artículos 273, párrafo primero y quinto, y 274, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad, en agravio de persona del sexo femenino de identidad reservada de iniciales D.M.A. Además, previa comunicación con su defensa y encontrándose asistido de su defensora pública, en la citada audiencia el imputado rindió su declaración y solicitó que su situación jurídica fuera resuelta en el término de setenta y dos horas (minuto 34:23 a 43:10). Y, una vez que se fijó día y hora para que tuviera verificativo la audiencia para resolver sobre vinculación a proceso, la agente del Ministerio Público solicitó vinculación a proceso, en relación a lo cual la defensa pública no formuló argumento, en tanto que, el imputado sí hizo uso de ese derecho y expuso sus argumentos defensistas (minuto 52:12 a 53:00). De lo anterior se advierte que el quejoso, estando debidamente asistido de su defensora pública, declaró en relación a los hechos que previamente se le hicieron saber y tuvo la oportunidad de alegar, así como de anunciar los datos de pruebas de su parte, sin que hiciera efectivo este último derecho; por ende, adversamente a lo estimado por el peticionario, no existe violación al debido proceso contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 3789, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 1814, Tomo IX, Materia Penal, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Este tribunal estableció la jurisprudencia número 439 publicada en la página doscientos cincuenta y seis del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto reza: 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidos los autos de prisión preventiva, dado que los mismos constituyen actos de molestia a los que se refiere el 19 del mismo ordenamiento.'. Ahora bien, en contra de lo sostenido en dicha tesis, tratándose de un auto de formal prisión sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 20 constitucional, como es el que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituye verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas, como aconteció en este caso. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se decide de manera unánime interrumpir la obligatoriedad de dicha tesis.". Ahora, a fin de estar en condiciones de continuar con el análisis del acto reclamado, respecto del cual, el quejoso estima en la causa penal del que derivó no se advierten suficientes elementos probados para acreditar el delito de violación que se le imputa, es preciso señalar que, el auto de vinculación a proceso surge dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio oral y los requisitos para dictarlo se desprenden de lo dispuesto en los siguientes dispositivos jurídicos: El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". Por su parte, el artículo 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado [aplicable al caso, dado que la carpeta administrativa de la cual emana el acto reclamado se inició con anterioridad a la aplicación en la entidad del Código Nacional de Procesos Penales (diecinueve de mayo de dos mil dieciséis), conforme a su transitorio segundo], refiere: "Artículo 293. El juez de control, a petición del ministerio público, decretará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el ministerio público al formular la imputación.". "Artículo 296. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." Sentado lo anterior, se tiene que, de los preceptos tanto constitucionales como legales transcritos en párrafos precedentes se desprende (pues así están redactados) que para emitir un auto de vinculación a proceso, se deben satisfacer los siguientes requisitos: - Requisitos de forma. Señalización del hecho delictivo que se atribuye al indiciado; fijación del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta. - Requisitos de fondo. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, de acuerdo a lo antes expuesto, para la emisión de todo auto de vinculación a proceso, es necesaria la concurrencia de los siguientes extremos fundamentales: Que se señale el hecho delictuoso imputado, lugar, tiempo y modo de comisión. (De forma) Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo. (De fondo) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. (De fondo) Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si en el dictado de un auto de vinculación a proceso, es o no necesario analizar los elementos objetivos, normativo y subjetivo del delito, es conveniente transcribir el tercer párrafo del artículo 16 y, el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho: "ARTÍCULO 16. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". "ARTÍCULO 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir enjuicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.". Los principios y conceptos contenidos en los preceptos trascritos, cobran aplicación en el caso a estudio, pues el código adjetivo del Estado, adoptó el nuevo sistema penal acusatorio a partir del uno de octubre de dos mil nueve, según Decreto número 226, publicado en la Sección Quinta de la Gaceta del Gobierno del Estado de México el nueve de febrero de dos mil nueve. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se estableció textualmente lo siguiente: "D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008. (.) Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo.". De lo dispuesto en los trascritos numerales constitucionales, es dable considerar que el constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar prejuzguen los mismos, así como que al valorar las pruebas formalizadas por excepción, se trasladara a la etapa de juicio, con lo cual se volvería al sistema anterior; y mantener con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como resolver lo conducente con los datos que le manifieste el Representante Social en relación a un hecho que la ley señale como delito (hecho ilícito, núcleo del tipo) y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así las cosas, el constituyente reformador, en el auto de vinculación a proceso no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse la existencia únicamente de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Para analizar la debida fundamentación y motivación, se debe realizar una comparación del ahora auto de vinculación a proceso, con el de formal prisión o sujeción a proceso. Anteriormente, para el dictado del formal procesamiento se exigía el acreditamiento del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; el primero, se constituía por los elementos materiales o externos de la figura típica que son los objetivos y en algunos casos los subjetivos y normativos. Los primeros, que pueden ser advertidos con la sola aplicación de los sentidos, esto es, la existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico; la forma de intervención del activo; si se actuó, dolosa o culposamente; la calidad de los sujetos activo y pasivo; el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión; el objeto material; los medios utilizados; las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; los elementos subjetivos, son aquéllos que no se pueden apreciar con los sentidos por encontrarse en el interior de la persona humana, en su pensamiento y en su sentimiento; y, los elementos normativos son los que requieren de un determinado juicio de valor o una condición especial. Finalmente, debía justificarse cabalmente la probable responsabilidad del inculpado; amén, señalarse las modificativas del delito o sus calificativas si pesaran sobre el inculpado en la comisión de la conducta delictiva. Actualmente, conforme al nuevo sistema de justicia penal, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe resolver el Juez de Control, en su caso, analizar el Tribunal de apelación, los jueces de Distrito y Tribunales Colegiados, esto es, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien con pruebas que se desahoguen en la aludida audiencia; si no se está en alguno de los supuestos de excepción en que esos datos se formalizan, como lo son, en la mencionada etapa preliminar, el reconocimiento de personas, reconstrucción, pericia o inspección, artículo 285; y, el anticipo de prueba, ordinal 279. Así, se debe evitar formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. Lo anterior lo acogió el legislador estatal en la fracción III del artículo 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado, para quedar así: "Artículo 293. El juez de control, a petición del ministerio público, decretará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.).". El tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 constitucional, como ya se indicó, no es necesario analizar los elementos objetivos, normativo y subjetivo si es el caso estos últimos, más allá de la directriz constitucional, es decir, el cuerpo del delito, sino sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo hubiera cometido o participado en su comisión como se apuntó con antelación; para ello el Juez de Control debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes). En el caso, como se advierte del acta mínima y disco formato DVD (tiempo de duración 28:11 minutos), ambas constancias relativas a la "audiencia para resolver sobre vinculación a proceso" de ocho de julio de dos mil dieciséis, la Juez de Control responsable señaló que procedía a la explicar la resolución de vinculación a proceso, de la cual agregaba a la carpeta administrativa la pieza escritural respectiva, constancias de las que se advierte que, una vez que estimó actualizados los requisitos para el dictado del auto de plazo constitucional reclamado, a fin de justificar la existencia del hecho delictuoso y la probable intervención del imputado en el mismo, hizo referencia a los datos de prueba que de manera verbal expuso el Ministerio Público, cuya ponderación llevó y que consisten en: Entrevista de la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A. Certificado médico de estado psicofísico, lesiones, ginecológico, proctológico, de la víctima de iniciales D.M.A. Impresión diagnóstica, realizada por la licenciada en psicología María Fernanda Díaz Mota, de fecha catorce de julio de dos mil quince. Dictamen pericial en materia de medicina legal, emitido por Claudia Edith Peralta Pavón, de fecha veinte de marzo de dos mil dieciséis. Documental pública consistente en el acta de nacimiento de la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A. Documental pública consistente en el acta de matrimonio entre el imputado Porfirio Moreno Gil y Rosa Avelino Jacinto. Diagnóstico sobre patrones culturales de violencia de género respecto de la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A. Declaración de Porfirio Moreno Gil. Datos de prueba que al ser ponderados en su conjunto, generaron convencimiento en la autoridad responsable para establecer como hecho fáctico el consistente en que el día veintiuno de febrero de dos mil quince, entre las tres o cuatro de la tarde, aproximadamente, al encontrarse la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A., en el interior del domicilio ubicado en calle Adolfo López Mateos, número treinta y ocho, Llano de la Y, municipio de Temoaya, Estado de México, el imputado la llevó a la recámara de su madre, la acostó sobre la cama quedando boca arriba, y en la orilla de la cama le quitó la ropa interior, le hizo sexo oral en la vagina, después se desabrochó el pantalón y bajó su cierre, sacó su pene, le levantó las piernas y le introdujo su pene vía vaginal, metiendo y sacando éste durante dos minutos aproximadamente, y amenazándola que les haría daño a su madre y hermanas si no se dejaba. Dichas circunstancia de tiempo, modo y lugar, al quedar evidenciadas con motivo de la ponderación que de los referidos datos de prueba llevó a cabo la responsable, dieron lugar a justificar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en el caso, en de violación, previsto y sancionado en los artículos 273, párrafo primero y quinto, y 274, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad, los cuales establecen: "VIOLACIÓN Artículo 273.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, se le impondrán de diez a veinte años de prisión, y de doscientos a dos mil días multa. (.) Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, exista eyaculación o no.". "Artículo 274.- Son circunstancias que modifican el delito de violación: (.) II. Si el delito fuere cometido por uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, por éste contra aquél, por un hermano contra otro, por el tutor en contra de su pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra, además de las sanciones previstas en el artículo 273 se impondrán de tres a nueve años de prisión y de treinta a setenta y cinco días multa, así como la pérdida de la patria potestad o la tutela en aquellos casos en que la ejerciere sobre la víctima; (.).". A fin de arribar a tal aserto, cabe recordar que para el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, esto es, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por ende, tampoco es factible analizar el alcance probatorio de los datos de prueba que se alleguen a la investigación, ya que, como se dijo, sólo se necesita expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y determinar los datos que establezcan la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y "la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Para tal efecto, el Juez de Control debe examinar el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo, y así estar en aptitud de concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. De tal manera que, en el sistema acusatorio y oral la introducción del material probatorio tendrá lugar hasta la etapa intermedia, cuyo propósito esencial, luego de recibir la acusación del Ministerio Público que da pauta al juicio oral, es atender el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Admisión que está basada en los principios de idoneidad, utilidad y trascendencia. En ese sentido, adversamente a lo estimado por el quejoso, para el dictado del auto de vinculación a proceso, la responsable, una vez que estableció el hecho circunstanciado descrito en párrafos precedentes, señaló que los datos de prueba informados por el Ministerio Público, en términos del artículo 185, párrafos segundo y tercero, del Código de Procedimientos Penales vigente, eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer la existencia del evento delictivo de violación con modificativa (agravante de haberse cometido por el padrastro contra la hijastra), el cual consistía en un comportamiento humano, voluntario y positivo, ejecutado por el agente del delito, al imponer la cópula a la víctima del sexo femenino de identidad resguardada, el día veintiuno de febrero de dos mil quince, sin su voluntad y haciendo uso de la violencia moral. Así, correctamente tomó en consideración la entrevista de la víctima de identidad resguardada de iniciales D.M.A., quien señaló que vivía en compañía de su madre Rosa Avelino Jacinto y su padrastro Porfirio Moreno Gil, desde el mes de septiembre de dos mil ocho, cuando ella tenía la edad de doce años; que ha tenido varios encuentros sexuales con su padrastro, por amenazas de éste y miedo de que les hiciera daño a sus hermanas y a su propia madre. Agregó la deponente, que el día domingo veintiuno de febrero de dos mil quince, siendo las tres o cuatro de la tarde, en el cuarto de su madre, el sujeto activo abuso de ella, pues cuando se resistía u oponía, le molestaba y accedía para evitar que se enojara y pudiera lastimar a sus hermanas, por lo que tenía que dejarse hacer lo que él quisiera, por lo que, es día la llevó a una habitación donde la acostó sobre la cama, quedando boca arriba, le quitó la ropa interior, sin quitarle su vestido, ya que si lo hacía y alguien entraba sólo tenía que pararse y salir rápido del cuarto y así poder distraer a su progenitora o a quien hubiese entrado; que comenzó a hacerle sexo oral en su vagina y después se desabrochó el pantalón, se lo bajó, sacó su pene, le levantó las piernas y le introdujo éste, metiéndolo y sacándolo por dos minutos. También señaló, que el día veintidós de febrero de dos mil quince, el activo le dio dinero para que acudiera a una farmacia y comprara una pastilla de emergencia, y el dieciséis de marzo de dos mil quince, tuvo que confesarle lo sucedido a su madre, para de esta manera proteger a sus hermanas o que ella pudiera tomar alguna reacción, pero le contestó en el sentido de que no era cierto, y estando presente su padrastro, éste lo negó y su madre la corrió de la casa. Entrevista a la cual la juez responsable concedió relevancia jurídica, al considerar que fue emitida de manera libre y espontánea, conforme a los artículos 137, párrafo tercero, 223 y 224 del Código de Procedimientos Penales aplicable, por la persona que sufrió el ataque sexual, de la cual podía advertirse que efectivamente existió la cópula, es decir, la introducción del miembro viril del sujeto activo en la vagina de la víctima; y estar corroborada con otros medios de prueba; aunado a que, era clara y precisa sobre la conducta que le atribuye al activo, sin que se advierta duda ni reticencias sobre la persona de éste y mucho menos sobre el hecho sustancial consistente en que tuvo relaciones sexuales con él. Cabe señalar que, la declaración de la víctima del delito de violación puede llegar a adquirir fundamental importancia al tratarse de un delito de realización oculta, y ser ésta la directamente agraviada, por lo que al no encontrarse desacreditada su versión con dato alguno, constituye un dato de prueba apto para sostener que efectivamente fue agredida por el activo. Así, aun cuando la declaración de la ofendida en el delito de violación es de relevancia singular, dado que ese ilícito, por su naturaleza es de consumación privada o secreta, debe atenderse a que esa declaración, para que pueda tener efectos probatorios dentro de la causa, además de estar adminiculada con otras pruebas, debe ser verosímil en cuanto a las circunstancias y accidentes de los hechos que motivaron la violación sexual. Apoya la anterior consideración, por las razones que expone, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, página 2554, que a la letra dice: "VIOLACIÓN, DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA, TRATÁNDOSE DEL DELITO DE. La declaración de la ofendida, en la cual se imputa al acusado la comisión del delito de violación, constituye un elemento probatorio de especial importancia, pues es lógico pensar que la víctima en un delito de la naturaleza del indicado, demuestre especial interés en que se castigue a su verdadero ofensor, y no a persona diversa.". Además, la juez de control responsable consideró el diverso dato de prueba, consistente en el certificado médico de estado psicofísico, lesiones, ginecológico y proctológico en el cuerpo de la víctima, por parte de la médico legista Claudia Edith Peralta Pavón, del que se advirtió que al ser examinada presentó una cicatriz de data antigua, así como introito vaginal con un diámetro de cuatro centímetros; circunstancia que fue explicada en el dictamen en materia de medicina legal elaborado el veinte de marzo de dos mil dieciséis, por la perito Claudia Edith Peralta Pavón, y en el que se concluyó: que la cicatriz de data antigua era resultado de la solución de continuidad de la piel secundario a la contusión de un objeto duro romo, sin punta ni filo; el introito vaginal con un diámetro de cuatro centímetros, permitía la entrada y salida de un objeto duro, romo sin punta ni filo, sin dejar evidencia clínica de penetración; y, un himen de tipo elástico (distendible) permitió el paso de un objeto duro, romo sin punta ni filo en canal vaginal, sin romper la membrada himeneal, debido a las abundantes fibras elásticas de ésta. Resultado de dichas experticias que, como correctamente lo señaló la responsable, permitía justificar indiciariamente la penetración de miembro viril en cavidad vaginal de la víctima; máxime que, se contaba con la entrevista de la propia víctima de identidad resguardada de iniciales D.M.A., quien detalló la forma en que el imputado le impuso la cópula vía vaginal. En ese sentido, el hecho de que la paciente del delito hubiese tenido alguna otra pareja sexual, no determina que no se le hubiese impuesto la cópula por el imputado en la condición que indicó, pues la experta también hace referencia a dicha circunstancia, al señalar que la ausencia de lesiones en los genitales no conlleva a considerar la ausencia de penetración. Asimismo, la juez de control tomó en cuenta la existencia de otros datos de prueba que contribuían a establecer la existencia del hecho delictuoso, como lo era, la impresión diagnóstica emitida el catorce de julio de dos mil quince por la licenciada en psicología María Fernanda Díaz Mota, respecto de la víctima del delito en estudio, del que se advertía: timidez, auto desvaloración, retraimiento, necesidad de ser contenido por su medio, poca capacidad de bloquear, hostilidad del medio al cual debe enfrentarse el sujeto, falta de defensas, impulsividad, falta de equilibrio y ansiedad; así como concluyó: que la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A. sí presentaba indicadores asociados a una persona que ha sufrido violencia sexual. Al anterior dato de prueba, se abonó el diverso diagnóstico sobre patrones culturales de violencia de género, elaborado por la licenciada en antropología social Berenice López Ventura, del cual se advierte que la experta refirió, que sí existía una relación asimétrica de poder basada en la diferencia de edad, por la posición que ocupaba la víctima en la familia y la comunidad religiosa a que acudían, aunado a su estructura familiar de procedencia, su bajo nivel educativo, bajos ingresos, escasas relaciones familiares y sociales, el lugar de residencia y las concepciones culturales, lo cual justificaba el control sobre la víctima, impidiéndole participar de un verdadero intercambio y decidir libremente. Opiniones técnicas, que adecuadamente la responsable consideró idóneas y pertinentes, al haber sido por peritos que tenían la presunción legal de ser expertos en la materia, pues debieron acreditar su calidad ante la institución pública para la cual laboraban, además de que su opinión, hasta ese momento no había sido objetada ni impugnada, considerándola eficaz para acreditar que la víctima sí presentaba indicadores asociados a una persona que había sufrido violencia sexual. Y, en relación al diagnóstico sobre patrones culturales de violencia de género, se desprendía que la víctima de acuerdo a las características sociales y culturales propias de su entorno familiar, sí existían valores culturales que sustentaban el control, propiedad y sumisión en el núcleo familiar, mismos que favorecen y crean cierta idea de superioridad en el hombre y expectativas de obediencia en la mujer; además existía una asimetría de poder por la diferencia de edades entre la víctima y el imputado y su nivel educativo; opinión que era de utilidad para justificar el hecho delictuoso en estudio, pues la experta expuso el contexto en el cual se verifican los hechos y los factores que contribuían a su ejecución, advirtiéndose acordes y congruentes con lo referido por la víctima, quien argumentó que por miedo al activo fue que permitió el abuso sexual en su persona. De igual manera, la responsable llegó a la conclusión de que en la realización del hecho delictuoso se actualizó la violencia moral (minuto 16:46), la cual se entiende como la utilización de amagos, amenazas o cualquier tipo de intimidación que el sujeto activo realice sobre el sujeto pasivo, para causarle en su persona o sus bienes, males graves, pues en el caso, la víctima refirió que el día veintiuno de febrero de dos mil quince le impuso la copula el activo, y como precedente indicó que ella accedió porque no quería que aquél hiciera daño a sus hermanas o a su madre, pues la amenazaba de esa forma, y por ello se encontró obligada a dejarse hacer lo que él quisiera. Circunstancia respecto de la cual, la Juez de Control señaló debía tomarse en consideración el contexto en el que se dieron los hechos, puesto que el imputado era cónyuge de la madre de la víctima, desde que ésta tenía la edad de doce años, lo que implicaba que tenía la figura de autoridad sobre aquélla; aunado a que la víctima refirió había tenido relaciones sexuales, previo a los hechos, y que cuando se resistía u oponía, le molestaba a su padrastro, por lo que para evitar se enojara y llegar a lastimar a sus hermanas o a su madre, accedía. Lo cual podía constatarse con la impresión diagnostica realizada a la víctima por la experta en psicología, de la que se apreciaba que ésta sí presentaba indicadores asociados a una persona que ha sufrido violencia sexual. Consecuencia de lo anterior, como bien lo expuso la responsable, se advertía que el ayuntamiento carnal se realizó sobre la víctima sin su consentimiento, al verse coaccionada en su voluntad, ante la posibilidad de que se ocasionara un daño a sus hermanas o a su madre. Así también, fue acertado lo expuesto por la juez de origen, al señalar que la circunstancia relativa a que el sujeto activo se constituyera por el padrastro de la víctima del hecho delictuoso de violación, se advertía de los antecedentes de investigación expuestos por la representación social, precisamente del acta de matrimonio, pues de la misma se apreciaba que Porfirio Moreno Gil era cónyuge de la madre de la víctima, esto al advertirse que el imputado y Rosa Avelino Jacinto, eran cónyuges, así como que la víctima es hija de esta última, lo cual se advertía de su acta de nacimiento. Por tanto, se evidenciaba que el imputado era padrastro de la víctima y, por ende, ésta resultaba ser la hijastra del mismo (minuto 17:48). Datos de prueba que, como bien lo estimó la responsable, en lo individual y en su conjunto, resultan idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer el hecho delictuoso de violación con modificativa (agravante de haberse cometido por el padrastro contra la hijastra). De igual manera, la juez de la causa llegó a la conclusión de que era racionalmente probable la intervención de Porfirio Moreno Gil, en la comisión del referido delito, por el cual el Ministerio Público solicitó se le vinculara a proceso, en términos de lo que establece el artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal vigente en la entidad (minuto 18:45 del disco relativo a la "audiencia para resolver sobre vinculación a proceso"). Lo anterior era así, pues de lo expuesto en los datos de prueba permitía establecer racionalmente la probabilidad de que Porfirio Moreno Gil intervino de forma directa el día veintiuno de febrero de dos mil quince, imponiendo a la paciente penal del delito, la cópula vía vaginal sin su consentimiento y haciendo uso de la violencia moral. Situación que, como bien lo señaló la responsable, se acreditaba fundamentalmente con el señalamiento incriminatorio formulado por la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A., quien lleva a cabo una imputación firme, directa y categórica en contra de Porfirio Moreno Gil, como la persona que bajo las citadas circunstancias de tiempo, lugar y ejecución le impuso la cópula en el domicilio ubicado en calle Adolfo López Mateos, número treinta y ocho, Llano de la Y, Temoaya, Estado de México, el día veintiuno de febrero de dos mil quince. Señalamiento que, como se dijo, aun cuando se proveniente de un testigo único, es de relevancia jurídica, al haber sido emitida de manera libre y espontánea, por la persona que sufrió el ataque sexual; aunado a que, es clara y precisa sobre la conducta que le atribuye al imputado, consistente en que tuvo relaciones sexuales con él. Máxime que, la declaración de la víctima del delito de violación puede llegar a adquirir fundamental importancia al tratarse de un delito de realización oculta, y ser ésta la directamente agraviada, por lo que al no encontrarse desacreditada su versión con dato alguno, constituye un dato de prueba apto para sostener que efectivamente fue agredida por el imputado. Además, dicho señalamiento encuentra apoyo en el resultado del dictamen médico, en donde se concluyó que la víctima del ilícito presentó indicios de penetración, aun cuando no se advertían recientes, dado el tipo de himen que presenta; empero, ello se articulaba con el psicodiagnóstico que le había sido practicado y el diagnóstico sobre patrones culturales de violencia sexual por parte del imputado, de lo que se advertía un vínculo entre las conclusiones de los peritos oficiales con la información que a través de sus conocimientos técnicos obtuvieron y que, hasta ese momento, no habían sido controvertidas. Por otra parte, la Juez responsable dio contestación a los argumentos defensistas que el imputado expuso al momento en que se le dio el uso de la voz para que se pronunciara en relación a la solicitud de vinculación a proceso por parte del Ministerio Público (minuto 19:10) y, al respecto se indicó que la negativa del aquí quejoso, carecía de respaldo suficiente para desvirtuar el señalamiento de la víctima, pues sus argumentos carecían de sustento no logrando desvirtuar los cargos en su contra, pues si bien refirió que la víctima había tenido relaciones con varias personas, tal circunstancia no le favorecía; además de que hacía referencia a diversos hechos sin que precisara fecha alguna que hiciera indicativo que los que se analizaban hubiesen acontecido de manera diferente a lo narrado por la víctima. Corolario de lo anterior, como bien lo expuso la responsable, hasta ese tiempo, los datos que respaldaban el dicho de la paciente del delito generan mayor convicción y, por tanto, sería en la investigación complementaria cuando se estaría en oportunidad de incorporar mayores elementos que, en su momento, permitirán establecer la verdad histórica de los hechos (minuto 20:34). En esas circunstancias, al haber sido adecuadamente ponderados los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que de manera verbal fueron expuestos por la representación social, en lo individual y en su conjunto, como bien lo estimó la juez de control, son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar el hecho delictivo de violación con modificativa (agravante de haberse cometido por el padrastro contra la hijastra), en agravio de la persona de sexo femenino de identidad resguardada de iniciales D.M.A., ilícito previsto y sancionado en los artículos 273, párrafo primero y quinto, y 274, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad; así como, para establecer la probabilidad de que Porfirio Moreno Gil lo cometió. En términos de las consideraciones referidas, de la determinación que en esa vía se impugna, deriva que se expusieron las razones particulares por las cuales se estimaron idóneos y pertinentes para ser tomados en consideración los datos de prueba; por tanto, es inconcuso que la autoridad responsable fundó y motivó el acto reclamado, de ese modo, es de concluirse que no existe violación a la garantía contenida en el precitado párrafo primero del artículo 16 Constitucional. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 175, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Séptima Época, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por tanto, como lo estimó la responsable y dada la etapa en que se encuentra el proceso del que deriva el acto reclamado, tales datos de prueba se consideran idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para soportar el auto de vinculación reclamado. Finalmente, cabe señalar que en el dictado de la determinación reclamada se tuvo en cuenta el principio de presunción de inocencia, lo que implica que no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria y que la acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución al sujeto; pues, como quedó de manifiesto en la presente resolución, en la emisión de la determinación reclamada, por la que se consideró procedente vincularlo a proceso, se observaron los requisitos legales exigidos conforme a la normatividad aplicable; por tanto, se estima no transgredidos la Constitución Federal ni los Tratados que reconocen dicho principio. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia II.2o.P. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1512, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y sinopsis: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran.". Por tanto, al advertirse que no existió violación a las leyes del procedimiento, que transgreda el derecho fundamental de debido proceso legal, ni que se vulnerara el derecho de legalidad -al encontrarse fundado y motivado el acto reclamado-, ambos tutelados por los artículos 14 y 16 Constitucionales, resultando infundados los conceptos de violación que se hicieron valer por el quejoso, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado. Negativa de amparo que se hace extensiva a la autoridad ejecutora Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, al haberse reclamado sus actos, como consecuencia de los dictados por la ordenadora y no por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 76, 77 y 78, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Porfirio Moreno Gil, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso último de esa sentencia.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA LA SENTENCIA DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE INICIALES D.M.A; DICHA SENTENCIA MENCIONA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1106/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México,..solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, este juzgado admitió y registró la demanda bajo el número 1106/2016; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; dio intervención al Ministerio Público Federal; ordenó emplazar a la tercero interesada, lo cual aconteció el uno de diciembre de dicha anualidad (foja 175); y, se señaló hora y día para la audiencia constitucional. El diez de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó el emplazamiento de la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia de las Mujeres en Toluca, a quien también le recaía el carácter de tercero interesada, lo cual tuvo verificativo el doce siguiente (folio 56). Representante social a la que se le requirió para que remitiera copia certificada de las constancias que conformaban la carpeta de investigación ..; documental que se recibió en este juzgado el veintinueve del referido mes y año (fojas 79 a 133). Finalmente, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación que afecta la libertad personal, emitida por una autoridad judicial del orden penal cuya ejecución se efectuó dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables a las siguientes: - Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, - Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. De quienes se reclama: - El auto de vinculación a proceso de ocho de julio de dos mil dieciséis, emitido en la carpeta administrativa .., contra.., por el delito de violación con modificativa (agravante de haberse cometido por el padrastro contra la hijastra), en agravio de...; y, su ejecución. TERCERO. Las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo cual se corrobora con las constancias que las responsables remitieron, consistentes en los archivos electrónicos contenidos en tres discos compactos, formato DVD, referentes a las audiencias, privada para solicitar orden de aprehensión, para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión y para resolver vinculación a proceso, de fechas ocho de junio, siete y ocho de julio de dos mil dieciséis, siendo en esta última en la que se emitió la resolución reclamada; así como la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación. y la diversa administrativa (causa penal)., esta última consistente en las actas mínimas levantadas con motivo de las audiencias de las citadas fechas, mismas que obran en anexos por separado. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; por lo que hace a los discos ópticos, éstos tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 188 y 210-A de la legislación adjetiva civil invocada, por ser fiable al constituir un medio expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un estudio de las constancias obrantes en autos, se advierte que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte alguna que oficiosamente deba ser examinada, por lo que lo procedente es emprender el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Los conceptos de violación que expresa el quejoso, son infundados, aun suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, al recaerle la calidad de imputado. El quejoso aduce que se viola en su contra su derecho de debido proceso, contemplado en el artículo 14 de la Constitución Federal, al no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento. Tal motivo de inconformidad es infundado. A fin de evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto lo establecido por el artículo 14 constitucional, que dice: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.).". En relación con las formalidades esenciales del procedimiento a las que alude el precepto reproducido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, encontrándose, entre ellas, la concerniente a que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Dicho criterio quedó establecido en la jurisprudencia aparece publicada en la página 260, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que señala: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". En el caso, adversamente a lo estimado por el quejoso, de las copias certificadas de la citada carpeta administrativa, precisamente el acta mínima y el disco con una videograbación (tiempo de reproducción de título I, 1:17 minutos; título II, 34:28 minutos; y, título III, 26:26 minutos), ambas constancias relativas a la "audiencia privada para solicitar orden de aprehensión" de ocho de junio de dos mil dieciséis, se advierte que, previa solicitud del Ministerio Público, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, con fundamento en el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 184, 185 y 186 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, libró la orden de aprehensión de ., por el delito de violación, previsto en los artículos 273, párrafo primero y quinto, y sancionado por el párrafo primero del diverso numeral 274, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad, en agravio de víctima de identidad reservada de iniciales. De igual manera, una vez que se cumplimentó el mandato de captura y previa solicitud del representante social, como se aprecia del acta mínima y del disco formato DVD (tiempo de reproducción 58:44 minutos), ambas constancias relacionadas con la "audiencia para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión", en la que el imputado manifestó ser sabedor de su derechos y, derivado de ello, designó como su defensora pública a la licenciada Socorro Laura Patricia Utrilla Cobos, quien aceptó y protestó el cargo conferido (minuto 3:43 a 4:49), y enseguida, la fiscalía dio a conocer los datos de prueba con base en los cuales formulaba su imputación; por lo que la juez de origen tuvo por formulada la imputación y decretó la detención material y jurídica del aquí quejoso, por el hecho delictuoso tipificado como violación, previsto y sancionado en los artículos 273, párrafo primero y quinto, y 274, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad, en agravio de persona del sexo femenino de identidad reservada de iniciales D.M.A. Además, previa comunicación con su defensa y encontrándose asistido de su defensora pública, en la citada audiencia el imputado rindió su declaración y solicitó que su situación jurídica fuera resuelta en el término de setenta y dos horas (minuto 34:23 a 43:10). Y, una vez que se fijó día y hora para que tuviera verificativo la audiencia para resolver sobre vinculación a proceso, la agente del Ministerio Público solicitó vinculación a proceso, en relación a lo cual la defensa pública no formuló argumento, en tanto que, el imputado sí hizo uso de ese derecho y expuso sus argumentos defensistas (minuto 52:12 a 53:00). De lo anterior se advierte que el quejoso, estando debidamente asistido de su defensora pública, declaró en relación a los hechos que previamente se le hicieron saber y tuvo la oportunidad de alegar, así como de anunciar los datos de pruebas de su parte, sin que hiciera efectivo este último derecho; por ende, adversamente a lo estimado por el peticionario, no existe violación al debido proceso contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 3789, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 1814, Tomo IX, Materia Penal, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Este tribunal estableció la jurisprudencia número 439 publicada en la página doscientos cincuenta y seis del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto reza: 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidos los autos de prisión preventiva, dado que los mismos constituyen actos de molestia a los que se refiere el 19 del mismo ordenamiento.'. Ahora bien, en contra de lo sostenido en dicha tesis, tratándose de un auto de formal prisión sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 20 constitucional, como es el que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituye verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas, como aconteció en este caso. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se decide de manera unánime interrumpir la obligatoriedad de dicha tesis.". Ahora, a fin de estar en condiciones de continuar con el análisis del acto reclamado, respecto del cual, el quejoso estima en la causa penal del que derivó no se advierten suficientes elementos probados para acreditar el delito de violación que se le imputa, es preciso señalar que, el auto de vinculación a proceso surge dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio oral y los requisitos para dictarlo se desprenden de lo dispuesto en los siguientes dispositivos jurídicos: El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". Por su parte, el artículo 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado [aplicable al caso, dado que la carpeta administrativa de la cual emana el acto reclamado se inició con anterioridad a la aplicación en la entidad del Código Nacional de Procesos Penales (diecinueve de mayo de dos mil dieciséis), conforme a su transitorio segundo], refiere: "Artículo 293. El juez de control, a petición del ministerio público, decretará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el ministerio público al formular la imputación.". "Artículo 296. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." Sentado lo anterior, se tiene que, de los preceptos tanto constitucionales como legales transcritos en párrafos precedentes se desprende (pues así están redactados) que para emitir un auto de vinculación a proceso, se deben satisfacer los siguientes requisitos: - Requisitos de forma. Señalización del hecho delictivo que se atribuye al indiciado; fijación del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta. - Requisitos de fondo. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, de acuerdo a lo antes expuesto, para la emisión de todo auto de vinculación a proceso, es necesaria la concurrencia de los siguientes extremos fundamentales: Que se señale el hecho delictuoso imputado, lugar, tiempo y modo de comisión. (De forma) Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo. (De fondo) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. (De fondo) Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si en el dictado de un auto de vinculación a proceso, es o no necesario analizar los elementos objetivos, normativo y subjetivo del delito, es conveniente transcribir el tercer párrafo del artículo 16 y, el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho: "ARTÍCULO 16. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". "ARTÍCULO 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir enjuicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.". Los principios y conceptos contenidos en los preceptos trascritos, cobran aplicación en el caso a estudio, pues el código adjetivo del Estado, adoptó el nuevo sistema penal acusatorio a partir del uno de octubre de dos mil nueve, según Decreto número 226, publicado en la Sección Quinta de la Gaceta del Gobierno del Estado de México el nueve de febrero de dos mil nueve. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se estableció textualmente lo siguiente: "D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008. (.) Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo.". De lo dispuesto en los trascritos numerales constitucionales, es dable considerar que el constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar prejuzguen los mismos, así como que al valorar las pruebas formalizadas por excepción, se trasladara a la etapa de juicio, con lo cual se volvería al sistema anterior; y mantener con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como resolver lo conducente con los datos que le manifieste el Representante Social en relación a un hecho que la ley señale como delito (hecho ilícito, núcleo del tipo) y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así las cosas, el constituyente reformador, en el auto de vinculación a proceso no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse la existencia únicamente de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Para analizar la debida fundamentación y motivación, se debe realizar una comparación del ahora auto de vinculación a proceso, con el de formal prisión o sujeción a proceso. Anteriormente, para el dictado del formal procesamiento se exigía el acreditamiento del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; el primero, se constituía por los elementos materiales o externos de la figura típica que son los objetivos y en algunos casos los subjetivos y normativos. Los primeros, que pueden ser advertidos con la sola aplicación de los sentidos, esto es, la existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico; la forma de intervención del activo; si se actuó, dolosa o culposamente; la calidad de los sujetos activo y pasivo; el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión; el objeto material; los medios utilizados; las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; los elementos subjetivos, son aquéllos que no se pueden apreciar con los sentidos por encontrarse en el interior de la persona humana, en su pensamiento y en su sentimiento; y, los elementos normativos son los que requieren de un determinado juicio de valor o una condición especial. Finalmente, debía justificarse cabalmente la probable responsabilidad del inculpado; amén, señalarse las modificativas del delito o sus calificativas si pesaran sobre el inculpado en la comisión de la conducta delictiva. Actualmente, conforme al nuevo sistema de justicia penal, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe resolver el Juez de Control, en su caso, analizar el Tribunal de apelación, los jueces de Distrito y Tribunales Colegiados, esto es, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien con pruebas que se desahoguen en la aludida audiencia; si no se está en alguno de los supuestos de excepción en que esos datos se formalizan, como lo son, en la mencionada etapa preliminar, el reconocimiento de personas, reconstrucción, pericia o inspección, artículo 285; y, el anticipo de prueba, ordinal 279. Así, se debe evitar formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. Lo anterior lo acogió el legislador estatal en la fracción III del artículo 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado, para quedar así: "Artículo 293. El juez de control, a petición del ministerio público, decretará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.).". El tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 constitucional, como ya se indicó, no es necesario analizar los elementos objetivos, normativo y subjetivo si es el caso estos últimos, más allá de la directriz constitucional, es decir, el cuerpo del delito, sino sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo hubiera cometido o participado en su comisión como se apuntó con antelación; para ello el Juez de Control debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes). En el caso, como se advierte del acta mínima y disco formato DVD (tiempo de duración 28:11 minutos), ambas constancias relativas a la "audiencia para resolver sobre vinculación a proceso" de ocho de julio de dos mil dieciséis, la Juez de Control responsable señaló que procedía a la explicar la resolución de vinculación a proceso, de la cual agregaba a la carpeta administrativa la pieza escritural respectiva, constancias de las que se advierte que, una vez que estimó actualizados los requisitos para el dictado del auto de plazo constitucional reclamado, a fin de justificar la existencia del hecho delictuoso y la probable intervención del imputado en el mismo, hizo referencia a los datos de prueba que de manera verbal expuso el Ministerio Público, cuya ponderación llevó y que consisten en: 1. Entrevista de la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A. 2. Certificado médico de estado psicofísico, lesiones, ginecológico, proctológico, de la víctima de iniciales D.M.A. 3. Impresión diagnóstica, realizada por la licenciada en psicología María Fernanda Díaz Mota, de fecha catorce de julio de dos mil quince. 4. Dictamen pericial en materia de medicina legal, emitido por Claudia Edith Peralta Pavón, de fecha veinte de marzo de dos mil dieciséis. 5. Documental pública consistente en el acta de nacimiento de la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A. 6. Documental pública consistente en el acta de matrimonio entre el imputado .. y ... 7. Diagnóstico sobre patrones culturales de violencia de género respecto de la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A. 8. Declaración de ... Datos de prueba que al ser ponderados en su conjunto, generaron convencimiento en la autoridad responsable para establecer como hecho fáctico el consistente en que el día veintiuno de febrero de dos mil quince, entre las tres o cuatro de la tarde, aproximadamente, al encontrarse la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A., en el interior del domicilio ubicado en calle .., número ..Y, municipio de .., Estado de México, el imputado la llevó a la recámara de su madre, la acostó sobre la cama quedando boca arriba, y en la orilla de la cama le quitó la ropa interior, le hizo sexo oral en la vagina, después se desabrochó el pantalón y bajó su cierre, sacó su pene, le levantó las piernas y le introdujo su pene vía vaginal, metiendo y sacando éste durante dos minutos aproximadamente, y amenazándola que les haría daño a su madre y hermanas si no se dejaba. Dichas circunstancia de tiempo, modo y lugar, al quedar evidenciadas con motivo de la ponderación que de los referidos datos de prueba llevó a cabo la responsable, dieron lugar a justificar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en el caso, en de violación, previsto y sancionado en los artículos 273, párrafo primero y quinto, y 274, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad, los cuales establecen: "VIOLACIÓN Artículo 273.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, se le impondrán de diez a veinte años de prisión, y de doscientos a dos mil días multa. (.) Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, exista eyaculación o no.". "Artículo 274.- Son circunstancias que modifican el delito de violación: (.) II. Si el delito fuere cometido por uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, por éste contra aquél, por un hermano contra otro, por el tutor en contra de su pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra, además de las sanciones previstas en el artículo 273 se impondrán de tres a nueve años de prisión y de treinta a setenta y cinco días multa, así como la pérdida de la patria potestad o la tutela en aquellos casos en que la ejerciere sobre la víctima; (.).". A fin de arribar a tal aserto, cabe recordar que para el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, esto es, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por ende, tampoco es factible analizar el alcance probatorio de los datos de prueba que se alleguen a la investigación, ya que, como se dijo, sólo se necesita expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y determinar los datos que establezcan la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y "la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Para tal efecto, el Juez de Control debe examinar el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo, y así estar en aptitud de concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. De tal manera que, en el sistema acusatorio y oral la introducción del material probatorio tendrá lugar hasta la etapa intermedia, cuyo propósito esencial, luego de recibir la acusación del Ministerio Público que da pauta al juicio oral, es atender el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Admisión que está basada en los principios de idoneidad, utilidad y trascendencia. En ese sentido, adversamente a lo estimado por el quejoso, para el dictado del auto de vinculación a proceso, la responsable, una vez que estableció el hecho circunstanciado descrito en párrafos precedentes, señaló que los datos de prueba informados por el Ministerio Público, en términos del artículo 185, párrafos segundo y tercero, del Código de Procedimientos Penales vigente, eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer la existencia del evento delictivo de violación con modificativa (agravante de haberse cometido por el padrastro contra la hijastra), el cual consistía en un comportamiento humano, voluntario y positivo, ejecutado por el agente del delito, al imponer la cópula a la víctima del sexo femenino de identidad resguardada, el día veintiuno de febrero de dos mil quince, sin su voluntad y haciendo uso de la violencia moral. Así, correctamente tomó en consideración la entrevista de la víctima de identidad resguardada de iniciales D.M.A., quien señaló que vivía en compañía de su madre..y su padrastro ., desde el mes de septiembre de dos mil ocho, cuando ella tenía la edad de doce años; que ha tenido varios encuentros sexuales con su padrastro, por amenazas de éste y miedo de que les hiciera daño a sus hermanas y a su propia madre. Agregó la deponente, que el día domingo veintiuno de febrero de dos mil quince, siendo las tres o cuatro de la tarde, en el cuarto de su madre, el sujeto activo abuso de ella, pues cuando se resistía u oponía, le molestaba y accedía para evitar que se enojara y pudiera lastimar a sus hermanas, por lo que tenía que dejarse hacer lo que él quisiera, por lo que, es día la llevó a una habitación donde la acostó sobre la cama, quedando boca arriba, le quitó la ropa interior, sin quitarle su vestido, ya que si lo hacía y alguien entraba sólo tenía que pararse y salir rápido del cuarto y así poder distraer a su progenitora o a quien hubiese entrado; que comenzó a hacerle sexo oral en su vagina y después se desabrochó el pantalón, se lo bajó, sacó su pene, le levantó las piernas y le introdujo éste, metiéndolo y sacándolo por dos minutos. También señaló, que el día veintidós de febrero de dos mil quince, el activo le dio dinero para que acudiera a una farmacia y comprara una pastilla de emergencia, y el dieciséis de marzo de dos mil quince, tuvo que confesarle lo sucedido a su madre, para de esta manera proteger a sus hermanas o que ella pudiera tomar alguna reacción, pero le contestó en el sentido de que no era cierto, y estando presente su padrastro, éste lo negó y su madre la corrió de la casa. Entrevista a la cual la juez responsable concedió relevancia jurídica, al considerar que fue emitida de manera libre y espontánea, conforme a los artículos 137, párrafo tercero, 223 y 224 del Código de Procedimientos Penales aplicable, por la persona que sufrió el ataque sexual, de la cual podía advertirse que efectivamente existió la cópula, es decir, la introducción del miembro viril del sujeto activo en la vagina de la víctima; y estar corroborada con otros medios de prueba; aunado a que, era clara y precisa sobre la conducta que le atribuye al activo, sin que se advierta duda ni reticencias sobre la persona de éste y mucho menos sobre el hecho sustancial consistente en que tuvo relaciones sexuales con él. Cabe señalar que, la declaración de la víctima del delito de violación puede llegar a adquirir fundamental importancia al tratarse de un delito de realización oculta, y ser ésta la directamente agraviada, por lo que al no encontrarse desacreditada su versión con dato alguno, constituye un dato de prueba apto para sostener que efectivamente fue agredida por el activo. Así, aun cuando la declaración de la ofendida en el delito de violación es de relevancia singular, dado que ese ilícito, por su naturaleza es de consumación privada o secreta, debe atenderse a que esa declaración, para que pueda tener efectos probatorios dentro de la causa, además de estar adminiculada con otras pruebas, debe ser verosímil en cuanto a las circunstancias y accidentes de los hechos que motivaron la violación sexual. Apoya la anterior consideración, por las razones que expone, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, página 2554, que a la letra dice: "VIOLACIÓN, DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA, TRATÁNDOSE DEL DELITO DE. La declaración de la ofendida, en la cual se imputa al acusado la comisión del delito de violación, constituye un elemento probatorio de especial importancia, pues es lógico pensar que la víctima en un delito de la naturaleza del indicado, demuestre especial interés en que se castigue a su verdadero ofensor, y no a persona diversa.". Además, la juez de control responsable consideró el diverso dato de prueba, consistente en el certificado médico de estado psicofísico, lesiones, ginecológico y proctológico en el cuerpo de la víctima, por parte de la médico legista Claudia Edith Peralta Pavón, del que se advirtió que al ser examinada presentó una cicatriz de data antigua, así como introito vaginal con un diámetro de cuatro centímetros; circunstancia que fue explicada en el dictamen en materia de medicina legal elaborado el veinte de marzo de dos mil dieciséis, por la perito Claudia Edith Peralta Pavón, y en el que se concluyó: que la cicatriz de data antigua era resultado de la solución de continuidad de la piel secundario a la contusión de un objeto duro romo, sin punta ni filo; el introito vaginal con un diámetro de cuatro centímetros, permitía la entrada y salida de un objeto duro, romo sin punta ni filo, sin dejar evidencia clínica de penetración; y, un himen de tipo elástico (distendible) permitió el paso de un objeto duro, romo sin punta ni filo en canal vaginal, sin romper la membrada himeneal, debido a las abundantes fibras elásticas de ésta. Resultado de dichas experticias que, como correctamente lo señaló la responsable, permitía justificar indiciariamente la penetración de miembro viril en cavidad vaginal de la víctima; máxime que, se contaba con la entrevista de la propia víctima de identidad resguardada de iniciales D.M.A., quien detalló la forma en que el imputado le impuso la cópula vía vaginal. En ese sentido, el hecho de que la paciente del delito hubiese tenido alguna otra pareja sexual, no determina que no se le hubiese impuesto la cópula por el imputado en la condición que indicó, pues la experta también hace referencia a dicha circunstancia, al señalar que la ausencia de lesiones en los genitales no conlleva a considerar la ausencia de penetración. Asimismo, la juez de control tomó en cuenta la existencia de otros datos de prueba que contribuían a establecer la existencia del hecho delictuoso, como lo era, la impresión diagnóstica emitida el catorce de julio de dos mil quince por la licenciada en psicología María Fernanda Díaz Mota, respecto de la víctima del delito en estudio, del que se advertía: timidez, auto desvaloración, retraimiento, necesidad de ser contenido por su medio, poca capacidad de bloquear, hostilidad del medio al cual debe enfrentarse el sujeto, falta de defensas, impulsividad, falta de equilibrio y ansiedad; así como concluyó: que la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A. sí presentaba indicadores asociados a una persona que ha sufrido violencia sexual. Al anterior dato de prueba, se abonó el diverso diagnóstico sobre patrones culturales de violencia de género, elaborado por la licenciada en antropología social Berenice López Ventura, del cual se advierte que la experta refirió, que sí existía una relación asimétrica de poder basada en la diferencia de edad, por la posición que ocupaba la víctima en la familia y la comunidad religiosa a que acudían, aunado a su estructura familiar de procedencia, su bajo nivel educativo, bajos ingresos, escasas relaciones familiares y sociales, el lugar de residencia y las concepciones culturales, lo cual justificaba el control sobre la víctima, impidiéndole participar de un verdadero intercambio y decidir libremente. Opiniones técnicas, que adecuadamente la responsable consideró idóneas y pertinentes, al haber sido por peritos que tenían la presunción legal de ser expertos en la materia, pues debieron acreditar su calidad ante la institución pública para la cual laboraban, además de que su opinión, hasta ese momento no había sido objetada ni impugnada, considerándola eficaz para acreditar que la víctima sí presentaba indicadores asociados a una persona que había sufrido violencia sexual. Y, en relación al diagnóstico sobre patrones culturales de violencia de género, se desprendía que la víctima de acuerdo a las características sociales y culturales propias de su entorno familiar, sí existían valores culturales que sustentaban el control, propiedad y sumisión en el núcleo familiar, mismos que favorecen y crean cierta idea de superioridad en el hombre y expectativas de obediencia en la mujer; además existía una asimetría de poder por la diferencia de edades entre la víctima y el imputado y su nivel educativo; opinión que era de utilidad para justificar el hecho delictuoso en estudio, pues la experta expuso el contexto en el cual se verifican los hechos y los factores que contribuían a su ejecución, advirtiéndose acordes y congruentes con lo referido por la víctima, quien argumentó que por miedo al activo fue que permitió el abuso sexual en su persona. De igual manera, la responsable llegó a la conclusión de que en la realización del hecho delictuoso se actualizó la violencia moral (minuto 16:46), la cual se entiende como la utilización de amagos, amenazas o cualquier tipo de intimidación que el sujeto activo realice sobre el sujeto pasivo, para causarle en su persona o sus bienes, males graves, pues en el caso, la víctima refirió que el día veintiuno de febrero de dos mil quince le impuso la copula el activo, y como precedente indicó que ella accedió porque no quería que aquél hiciera daño a sus hermanas o a su madre, pues la amenazaba de esa forma, y por ello se encontró obligada a dejarse hacer lo que él quisiera. Circunstancia respecto de la cual, la Juez de Control señaló debía tomarse en consideración el contexto en el que se dieron los hechos, puesto que el imputado era cónyuge de la madre de la víctima, desde que ésta tenía la edad de doce años, lo que implicaba que tenía la figura de autoridad sobre aquélla; aunado a que la víctima refirió había tenido relaciones sexuales, previo a los hechos, y que cuando se resistía u oponía, le molestaba a su padrastro, por lo que para evitar se enojara y llegar a lastimar a sus hermanas o a su madre, accedía. Lo cual podía constatarse con la impresión diagnostica realizada a la víctima por la experta en psicología, de la que se apreciaba que ésta sí presentaba indicadores asociados a una persona que ha sufrido violencia sexual. Consecuencia de lo anterior, como bien lo expuso la responsable, se advertía que el ayuntamiento carnal se realizó sobre la víctima sin su consentimiento, al verse coaccionada en su voluntad, ante la posibilidad de que se ocasionara un daño a sus hermanas o a su madre. Así también, fue acertado lo expuesto por la juez de origen, al señalar que la circunstancia relativa a que el sujeto activo se constituyera por el padrastro de la víctima del hecho delictuoso de violación, se advertía de los antecedentes de investigación expuestos por la representación social, precisamente del acta de matrimonio, pues de la misma se apreciaba que .. era cónyuge de la madre de la víctima, esto al advertirse que el imputado y .., eran cónyuges, así como que la víctima es hija de esta última, lo cual se advertía de su acta de nacimiento. Por tanto, se evidenciaba que el imputado era padrastro de la víctima y, por ende, ésta resultaba ser la hijastra del mismo (minuto 17:48). Datos de prueba que, como bien lo estimó la responsable, en lo individual y en su conjunto, resultan idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para establecer el hecho delictuoso de violación con modificativa (agravante de haberse cometido por el padrastro contra la hijastra). De igual manera, la juez de la causa llegó a la conclusión de que era racionalmente probable la intervención de .., en la comisión del referido delito, por el cual el Ministerio Público solicitó se le vinculara a proceso, en términos de lo que establece el artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal vigente en la entidad (minuto 18:45 del disco relativo a la "audiencia para resolver sobre vinculación a proceso"). Lo anterior era así, pues de lo expuesto en los datos de prueba permitía establecer racionalmente la probabilidad de que . intervino de forma directa el día veintiuno de febrero de dos mil quince, imponiendo a la paciente penal del delito, la cópula vía vaginal sin su consentimiento y haciendo uso de la violencia moral. Situación que, como bien lo señaló la responsable, se acreditaba fundamentalmente con el señalamiento incriminatorio formulado por la víctima de identidad reservada de iniciales D.M.A., quien lleva a cabo una imputación firme, directa y categórica en contra de .., como la persona que bajo las citadas circunstancias de tiempo, lugar y ejecución le impuso la cópula en el domicilio ubicado en calle .., número .., Estado de México, el día veintiuno de febrero de dos mil quince. Señalamiento que, como se dijo, aun cuando se proveniente de un testigo único, es de relevancia jurídica, al haber sido emitida de manera libre y espontánea, por la persona que sufrió el ataque sexual; aunado a que, es clara y precisa sobre la conducta que le atribuye al imputado, consistente en que tuvo relaciones sexuales con él. Máxime que, la declaración de la víctima del delito de violación puede llegar a adquirir fundamental importancia al tratarse de un delito de realización oculta, y ser ésta la directamente agraviada, por lo que al no encontrarse desacreditada su versión con dato alguno, constituye un dato de prueba apto para sostener que efectivamente fue agredida por el imputado. Además, dicho señalamiento encuentra apoyo en el resultado del dictamen médico, en donde se concluyó que la víctima del ilícito presentó indicios de penetración, aun cuando no se advertían recientes, dado el tipo de himen que presenta; empero, ello se articulaba con el psicodiagnóstico que le había sido practicado y el diagnóstico sobre patrones culturales de violencia sexual por parte del imputado, de lo que se advertía un vínculo entre las conclusiones de los peritos oficiales con la información que a través de sus conocimientos técnicos obtuvieron y que, hasta ese momento, no habían sido controvertidas. Por otra parte, la Juez responsable dio contestación a los argumentos defensistas que el imputado expuso al momento en que se le dio el uso de la voz para que se pronunciara en relación a la solicitud de vinculación a proceso por parte del Ministerio Público (minuto 19:10) y, al respecto se indicó que la negativa del aquí quejoso, carecía de respaldo suficiente para desvirtuar el señalamiento de la víctima, pues sus argumentos carecían de sustento no logrando desvirtuar los cargos en su contra, pues si bien refirió que la víctima había tenido relaciones con varias personas, tal circunstancia no le favorecía; además de que hacía referencia a diversos hechos sin que precisara fecha alguna que hiciera indicativo que los que se analizaban hubiesen acontecido de manera diferente a lo narrado por la víctima. Corolario de lo anterior, como bien lo expuso la responsable, hasta ese tiempo, los datos que respaldaban el dicho de la paciente del delito generan mayor convicción y, por tanto, sería en la investigación complementaria cuando se estaría en oportunidad de incorporar mayores elementos que, en su momento, permitirán establecer la verdad histórica de los hechos (minuto 20:34). En esas circunstancias, al haber sido adecuadamente ponderados los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que de manera verbal fueron expuestos por la representación social, en lo individual y en su conjunto, como bien lo estimó la juez de control, son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar el hecho delictivo de violación con modificativa (agravante de haberse cometido por el padrastro contra la hijastra), en agravio de la persona de sexo femenino de identidad resguardada de iniciales D.M.A., ilícito previsto y sancionado en los artículos 273, párrafo primero y quinto, y 274, fracción II, del Código Penal vigente en la Entidad; así como, para establecer la probabilidad de que .. lo cometió. En términos de las consideraciones referidas, de la determinación que en esa vía se impugna, deriva que se expusieron las razones particulares por las cuales se estimaron idóneos y pertinentes para ser tomados en consideración los datos de prueba; por tanto, es inconcuso que la autoridad responsable fundó y motivó el acto reclamado, de ese modo, es de concluirse que no existe violación a la garantía contenida en el precitado párrafo primero del artículo 16 Constitucional. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 175, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Séptima Época, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por tanto, como lo estimó la responsable y dada la etapa en que se encuentra el proceso del que deriva el acto reclamado, tales datos de prueba se consideran idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para soportar el auto de vinculación reclamado. Finalmente, cabe señalar que en el dictado de la determinación reclamada se tuvo en cuenta el principio de presunción de inocencia, lo que implica que no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria y que la acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución al sujeto; pues, como quedó de manifiesto en la presente resolución, en la emisión de la determinación reclamada, por la que se consideró procedente vincularlo a proceso, se observaron los requisitos legales exigidos conforme a la normatividad aplicable; por tanto, se estima no transgredidos la Constitución Federal ni los Tratados que reconocen dicho principio. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia II.2o.P. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1512, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y sinopsis: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran.". Por tanto, al advertirse que no existió violación a las leyes del procedimiento, que transgreda el derecho fundamental de debido proceso legal, ni que se vulnerara el derecho de legalidad -al encontrarse fundado y motivado el acto reclamado-, ambos tutelados por los artículos 14 y 16 Constitucionales, resultando infundados los conceptos de violación que se hicieron valer por el quejoso, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado. Negativa de amparo que se hace extensiva a la autoridad ejecutora Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, al haberse reclamado sus actos, como consecuencia de los dictados por la ordenadora y no por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 76, 77 y 78, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a .. contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso último de esa sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, hoy diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional, quien actúa asistido de Oscar Jesús Segundo Suárez, secretario que fe..."
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