PORFIRIO MEJÍA MARTÍNEZ y Otros.

Expediente 475/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
475/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
14/08/2018

Partes del expediente

  • PORFIRIO MEJÍA MARTÍNEZ y Otros.
  • Porfirio Mejía Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Humberto Piza Pérez, en su carácter de progenitor de la tercera interesada finada Sahit Piza Barrientos; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las actuaciones que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción, por conducto de las personas que para tal efecto señala.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de agosto de dos mil dieciocho, conforme al oficio número CCJ/ST/3803/2018, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por cuanto al tomo de prueba que se formó por separado, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado, devuélvase a la autoridad responsable, quien lo remitió con su informe justificado. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 475/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno al Juzgado Segundo de Distrito, Porfirio Mejía Martínez, Abel Pacheco Martínez y Oscar Pacheco Martínez, todos por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con domicilio en Ayutla de los Libres, Guerrero. Ejecutoras Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en Chilpancingo, Guerrero. Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en esta ciudad. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, Región Costa Chica, con domicilio en Ometepec, Guerrero. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en San Luís Acatlán, Guerrero. Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Encargado de la Coordinación de Zona, con domicilio en Ayutla de los Libres, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. B) De todas las autoridades reclamo las consecuencias que de hecho y por derecho emanen del acto reclamado." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. Los quejosos señalaron como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16, 18,19, 20 y 21 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado admitió a trámite la demanda de amparo la cual fue registrada bajo el número 186/2017; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete; solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Separación de actos. Ahora bien, tomando en consideración que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende al rendir su informe con justificación aceptó que el diecinueve de enero de dos mil catorce libró orden de aprehensión en contra de los quejosos dentro de la causa penal 6/2014, por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Sahit Piza Barrientos, y además que respecto del quejoso de nombre Oscar Pacheco Martínez, el seis de agosto de dos mil catorce libró orden de aprehensión en su contra en la diversa causa penal 131/2014, por el delito de sustracción de menores en agravio del menor Kendry Pacheco Ortega, por acuerdo de diecinueve de abril del año pasado, el Juez Segundo de Distrito consideró oportuno declarar de plano la separación de autos, por lo que mediante oficio 14321/2017, dirigido a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, remitió copia certificada de la demanda de garantías y su respectivo anexo a efecto de que se turnaran a un diverso órgano de control constitucional para que conocieran del asunto en lo que respecta a la orden de aprehensión librada en contra de los quejosos en la causa penal 6/2014. QUINTO. Trámite ante este juzgado. En proveído de veintidós de mayo siguiente, este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la comunicación oficial número 14321/2017 respecto de la demanda promovida por los quejosos y se avoco a su conocimiento, admitiendo a trámite la misma con el número de expediente 475/2017, dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó notificar al tercero interesado Humberto Piza Pérez, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se verificó el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, y mediante sentencia autorizada el veintiuno de agosto siguiente se determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Porfirio Mejía Martínez, Abel Pacheco Martínez y Oscar Pacheco Martínez, contra el acto y autoridades señalados en el resultando primero, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución." SEXTO. Interposición del recurso de revisión, En razón de lo anterior, a través de su autorizado la parte quejosa interpuso el recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, bajo el número de amparo en revisión penal 585/2017, en el que en sesión de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se determinó: "(.)debe revocarse la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, en el juicio de amparo indirecto 475/2017; y ordenarse la reposición del procedimiento a efecto de que el A quo, con el informe rendido por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero; requiera a los quejosos Porfirio Mejía Martínez y Abel y Oscar de apellidos Pacheco Martínez, para que, si es su deseo, amplíen su demanda de garantías en cuanto a los conceptos de violación se refiere, y en su caso, ofrezcan las pruebas que consideren pertinente, en relación con los fundamentos y razones del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en la causa penal 06-2/2014, del índice de la citada autoridad jurisdiccional responsable; hecho que sea, lleve a cabo de nueva cuenta la audiencia de ley, y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho corresponda(.)". SÉPTIMO. Reposición del Procedimiento. En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de ocho de mayo del año en curso, se previno a la parte quejosa para que dentro del término de quince días manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo en los términos antes apuntados, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley; sin que hubiera manifestado nada al respecto, tal y como se advierte en la certificación realizada en la audiencia que se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35 y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado federal. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, así como el Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado y el Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Encargado de la Coordinación de Zona, con residencia el primero y el último en Ayutla de Los Libres, Guerrero y el restante en Chilpancingo, Guerrero, al rendir sus informes con justificación aceptaron los actos que se les atribuyen, consistentes respectivamente en la emisión y eventual ejecución de la orden de aprehensión de diecinueve de enero de dos mil catorce, en contra de los quejosos Porfirio Mejía Martínez, Abel Pacheco Martínez, Oscar Pacheco Martínez y otros, por el delito de homicidio calificado, en agravio de Sahit Piza Barrientos, en autos de la causa penal número 6/2014. Además de tal reconocimiento, el juez responsable allegó al juicio en apoyo a su informe con justificación, copia certificada de las constancias que integran la referida causa penal (tomo I de prueba); dentro de la cual consta la orden de aprehensión que se combate y que cuenta con valor probatorio pleno por ser un documento público, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, Región Costa Chica, y el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio el primero en esta ciudad, el segundo en Ometepec, Guerrero y el último en San Luís Acatlán, Guerrero, al rendir sus informes con justificación negaron el acto que se les atribuye, su negativa se desvirtúa y se les tiene como cierto, ya que dado el carácter de autoridades ejecutoras con el que fueron señaladas en el presente juicio, e independientemente de que conozcan o no la orden de captura combatida, es evidente que en ejercicio de las facultades legales que les son propias, se encuentran en posibilidad de ejecutar tal mandato, cuya certeza respecto de la autoridad ordenadora se verificó en párrafos que anteceden. TERCERO. Desestimación de la causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, el tercero interesado Humberto Piza Pérez, manifiesta que los quejosos tuvieron conocimiento de la orden de aprehensión que por esta vía reclaman desde hace mucho tiempo, de lo que se obtiene que hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." El primer párrafo de la fracción XIV del citado artículo 61, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, los cuales son aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. El segundo de los preceptos trasncritos establece que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo será de quince días, con las salvedades que prevé el propio dispositivo legal, dentro de los cuales, la última de sus fracciones establece que puede promoverse aquella en cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo que se obtiene que los actos privativos de la libertad suscitados dentro de un procedimiento judicial -como lo es la orden de aprehensión reclamada en la presente instancia-, y emitidos a partir de que entró en vigor la Ley de Amparo mediante Decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, sí se encuentran sujetos al plazo genérico de quince días a que se refiere su artículo 17. No obstante, en el caso no opera la citada causal de improcedencia dado que contrario a lo que refiere el tercero interesado en el sumario no existe prueba de que la orden de aprehensión reclamada se hubiere notificado a los quejosos o de que tuvieron pleno acceso a su contenido, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, las resoluciones judiciales respecto de las cuales se estime que debe guardarse sigilo para el éxito de la investigación, como son las órdenes de aprehensión, se notificarán únicamente al Ministerio Público, a más de que en las mismas no rige la garantía de audiencia, de ahí que no se actualice la invocada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. No habiendo más causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio y supliendo las deficiencias de los conceptos de violación de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, con independencia que los quejosos no hubieren realizado ampliación a los mismo. Así, se tiene que los quejosos sólo se limitaron a señalar que la orden de aprehensión combatida transgrede en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Luego, debe decirse que los conceptos de violación aún supliendo en su deficiencia se estiman infundados por los motivos que se exponen en líneas subsecuentes. Para arribar a esa conclusión, se toma en consideración primeramente que las exigencias del artículo 14 Constitucional, por cuanto a las órdenes de aprehensión se refiere, únicamente se aplican en aspectos como el debido proceso, la irretroactividad de la ley o la exacta aplicación de la ley penal, pero no a la garantía de audiencia. En efecto, cuando el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión no rige la garantía de previa audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, de modo que el hecho de que se respete, o no, no incide en la legalidad de la resolución en comento. En nuestro sistema jurídico, dicha garantía no opera de modo absoluto, porque aunque por regla general todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de sus bienes jurídicos tutelados, goza del derecho a que se le brinden las oportunidades de defensa y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo, la Constitución consigna algunas excepciones al goce de esta garantía, como ocurre, por ejemplo, tratándose de órdenes de aprehensión. Ello se deriva del texto del artículo 16 Constitucional, cuando al establecer los requisitos que el libramiento de aquéllas debe satisfacer, no exige que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa, pues únicamente determina que dichas órdenes deberán estar precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se castigue con pena corporal, apoyada en datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del inculpado. Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente textualmente establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J 102/2006, sostuvo que si bien el artículo 16 Constitucional no indica que en la orden de aprehensión deba expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se imputa al acusado -requisitos implícitos en el contenido del artículo 19 Constitucional para el dictado del auto de formal prisión- a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el primer párrafo del citado numeral 16 Constitucional, la autoridad judicial que emita una orden de aprehensión debe, en todo caso señalar dichos datos, ya que ellos permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, y asimismo, permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Luego, de lo anterior podemos decir que, para que el dictado de una orden de aprehensión sea constitucional, deberá contener como requisitos los que a continuación se describen: 1. Que sea dictada por una autoridad judicial competente. 2. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 3. Que ese delito esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. 4. Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. 5. Que en ella se establezcan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ejecución del delito. 6. Que esté debidamente fundada y motivada, como todo acto de autoridad debe estarlo. Sentado lo anterior, se procede a analizar si en la especie se han colmado los requisitos anteriormente expuestos. El primer requisito formal se satisface plenamente, en la medida en que el mandato de captura de diecinueve de enero de dos mil catorce, emana del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende. Asimismo, su competencia se surte en términos de los artículos 1, 5, 7, 8 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 6 y 7 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al haber ocurrido los hechos delictivos en la comunidad de Pico del Monte, municipio de Florencio Villareal, que corresponde a la esfera del Distrito Judicial de Allende, con lo que queda justificada tal exigencia en los términos que marca el artículo 16 de la Constitución Federal. Continuando con el análisis del acto combatido acorde con los lineamientos constitucionales, es necesaria la existencia de denuncia o querella como requisito previo al libramiento de la orden de aprehensión, entendiendo por la primera, la noticia o comunicado que realiza una persona enterada de la posible comisión de un ilícito a la autoridad competente para su investigación, respecto de aquellos delitos perseguibles de oficio; y por la segunda, aquél acto llevado a cabo por el titular de un bien jurídico tutelado, o sin serlo, facultado por la ley para presentarla, al sufrir una afectación en su esfera jurídica por la posible comisión de un hecho clasificado por la ley como delito, en virtud del cual hace saber a la representación social persecutora de delitos el hecho cometido, y solicita se sancione al agente activo; se trata pues de la noticia criminis, es decir la información que recibe el agente del ministerio público, encargado de perseguir el delito, para que en su oportunidad se integre una averiguación previa, con tal exigencia constitucional se pretende evitar que la acción del órgano técnico investigador se inicie de manera arbitraria o caprichosa. Así, el segundo de los requisitos mencionados también se encuentra satisfecho, dado que al mandato de captura reclamado precede la denuncia que ante la autoridad ministerial realizó Audelio Palma Pérez, Comisario Municipal de Las Animas, municipio de Florencio Villareal, Guerrero, quien informó que en el punto denominado El Zacatal, se encontraba privado de la vida por arma de fuego quien en vida respondía al nombre de Sahit Piza Barrientos, iniciándose con ello la averiguación previa ALLE/SC/01/0208/2013. Asimismo, es atinada la decisión del juez responsable al estimar suficientemente cumplido el tercero de los requisitos de forma para librar la orden de aprehensión reclamada, pues la conducta que se atribuye a los aquí quejosos, se encuentra tipificada como el delito de homicidio calificado, el cual se sanciona con pena privativa de libertad de treinta hasta cincuenta años, de conformidad con el artículo 103, relacionado con el numeral 108, fracciones II, incisos b) y c), y III, ambos del Código Penal de esta entidad. En relación con la selección de la norma típica, no se soslaya que con motivo de la entrada en vigor del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, publicado en el Alcance IV del Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el viernes primero de agosto de dos mil catorce, la penalidad para el delito de homicidio calificado se atenuó, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: CODIGO PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO Abrogado CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUERRERO Vigente "Artículo 108. Al autor de un homicidio calificado se le impondrá de treinta a cincuenta años de prisión, siempre y cuando se demuestre la premeditación, ventaja, alevosía o traición." "Artículo 132. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión". "Artículo 147. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificados cuando se cometen con premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado o saña. (.)." Sin embargo, como la calificativa del homicidio se sujeta a demostración dentro del proceso natural, se considera que por el momento existe obstáculo jurídico para conocer con precisión qué ordenamiento legal puede beneficiar a los inculpados y con eso se pudiera estudiar la traslación del tipo, como un derecho fundamental de los quejosos, de manera que, será con base en el contenido del Código Penal del Estado de Guerrero, vigente al momento de los hechos, conforme al cual se analice la constitucionalidad del acto reclamado. Precisado lo anterior, es momento de abordar los requisitos constitucionales de fondo exigidos para el libramiento de la orden de aprehensión, y que consisten en que deben existir datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del gobernado. En este punto, conviene precisar que para el estudio que nos ocupa, el juez de amparo debe apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de tal manera que si se trata de una orden de aprehensión, su constitucionalidad o inconstitucionalidad debe examinarse únicamente a la luz de las pruebas que tomó en consideración el juez de la causa penal de origen para su emisión. Sentado lo anterior, tenemos que en la resolución reclamada se precisa el lugar, tiempo y demás circunstancias de ejecución del delito que se imputa a los quejosos, y los datos que arroja la averiguación previa relativa, como acertadamente lo consideró el juez natural, se estiman aptos y suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados en su comisión. Ahora bien, los artículos 103 y 108, en sus fracciones II, incisos b) y c), y III, ambos del Código Penal en el Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos, disponen: "Artículo 103. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá prisión de ocho a veinte años." "Artículo 108. Al autor de un homicidio calificado se le impondrá de treinta a cincuenta años de prisión, siempre y cuando se demuestre la premeditación, ventaja, alevosía o traición. (.) II. Hay ventaja: (.) b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañen. c) Cuando se empleen medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales que imposibiliten la defensa del ofendido y el agente no corra riesgo de ser muerto o lesionado con conocimiento de esta situación y no obre en legítima defensa. (.) III. La alevosía consiste en que el activo sorprenda intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiere hacer. También hay alevosía cuando el activo obra en forma insidiosa o traicionera y cuando se sorprende dolosamente a alguien anulando su defensa; (.)." Del contenido del primer dispositivo se observan los elementos que integran el cuerpo del delito de homicidio calificado que se imputa a los aquí quejosos, siendo éstos, los siguientes: a) La existencia previa de una vida humana. b) La supresión de esa vida; y c) Que esa supresión sea imputable a una persona determinada. Los citados elementos del cuerpo del delito se acreditan fehacientemente con los medios de prueba en que se sustentó la resolución impugnada, ya que al apreciar en conciencia el valor de los indicios que con suficiencia e idoneidad probatoria surgen de esas pruebas, se advierte que efectivamente, tal como lo estimó la autoridad responsable, en autos está demostrado que los quejosos Porfirio Mejía Martínez, Abel Pacheco Martínez y Oscar Pacheco Martínez, son las personas que probablemente en forma conjunta con otros, el día uno de diciembre de dos mil trece privaron de la vida al agraviado Sahit Piza Barrientos. Para estimarlo de este modo la autoridad responsable valoró en su conjunto las pruebas allegadas a la indagatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Estado, el cual autoriza en forma expresa que el tribunal aprecie las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, con la condición de que exponga en sus resoluciones los motivos que hubiere tenido para asignarles valor probatorio. Lo que así ocurrió, si se toma en cuenta que el primero de los elementos a que se hizo referencia, la responsable lo tuvo por acreditado de manera correcta esencialmente con lo declarado por los testigos de identidad cadavérica Damaris Nava Galeana y Humberto Piza Pérez ante el representante social, quienes al identificar el cadáver del pasivo fueron contundentes en señalar que se trataba de quien en vida respondía al nombre de Sahit Piza Barrientos, y que fuera su esposo e hijo respectivamente, cuyo valor probatorio orientó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, aduciendo que dichos testimonios reunían los requisitos a que alude el diverso numeral 127 de la ley en cita, por tratarse de personas que afirman un hecho que conocieron por sí mismas, y no por inducciones de terceras personas, lo cual revela con sobrada claridad, la existencia de la vida del pasivo previo a los hechos delictivos materia de estudio. Respecto al segundo de los elementos configurativos del delito de homicidio, se tiene que la supresión de la vida del pasivo como acertadamente lo indicó el juez responsable se encuentra colmado con la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos -donde se dio fe de ropas, media filiación, fe de lesiones, fe de cadáver y levantamiento cadavérico-, efectuada por el Ministerio Público el uno de diciembre de dos mil trece, quien al constituirse en el tramo carretero de terracería que conduce a la comunidad de las Ánimas y a la población del Médano, pertenecientes al municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, en el punto conocido como El Zacatal, dio fe de tener a la vista el cuerpo de una persona del sexo masculino privado de la vida, el cual presentaba diversas lesiones consistentes en una herida producida por proyectil de arma de fuego así como múltiples equimosis, de lo que se deriva la supresión de la vida humana del pasivo Sahit Piza Barrientos; diligencia ministerial que como refirió el juez de origen adquiere valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 1, 103, 105, 125, y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; ello, en atención a que la llevó a cabo una autoridad expresamente facultada para ello, como lo es el órgano investigador en calidad de titular del ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 21 de la Constitución General de la República. Actuación que el juez responsable robusteció con el certificado médico de causas probables de muerte de la misma fecha, emitido y ratificado por la doctora María Coral Soto Villanuevaiana Isela Domínguez Acevedo, perito médico legista de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (actualmente Fiscalía General del Estado), en el que concluyó: "masculino de 30 a 35 años de edad quien presenta muerte de tipo homicida ocasionada por asfixia por ahorcamiento, consecutivo a herida producida por proyectil único de arma de fuego penetrante en cráneo", así como con el dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense de dos de diciembre de dos mil trece emitido y ratificado por Benito Roberto De la Cruz Peláez, Perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, quien concluyó: "1. Que la posición y orientación del cadáver, se establece que este sí, corresponde con la original e inmediata posterior a la muerte. 2. De acuerdo a las características apreciadas al occiso se establece que fueron producidas de asfixia por ahorcamiento, con traumatismo craneoencefálico consecutivo a heridas producidas por proyectil único de arma de fuego penetrante de cráneo."; actuaciones que atinadamente el juez de la causa valoró al tenor de los artículos 58, párrafo cuarto, 122, 126 y 107 del código adjetivo penal de esta entidad y que concatenado con los medios de convicción descritos con anterioridad, pone de manifiesto la supresión de la vida preexistente de la víctima del delito de que se trata. Ahora bien, respecto al tercer elemento constitutivo del delito, relativo a que la supresión de la vida preexistente de Sahit Piza Barrientos fue producida por una causa externa imputable a persona determinada, el juez responsable de manera acertada lo tuvo por acreditado con el mencionado certificado médico, cuyo valor probatorio quedó asentado en líneas precedentes, en el que se estableció que la causa de muerte del hoy occiso se produjo por las lesiones que le fueron inferidas en su integridad física con una cuerda y proyectil de arma de fuego (que resulta ser el agente externo), apoyando las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ejecución de dicha causa externa con las declaraciones ministeriales de los testigos presenciales de los hechos Marco Antonio Ozuna Gallardo y Andrés Humberto Piza Barrientos, atestos cuyo alcance probatorio fue correctamente valorado por la responsable, pues señaló que dichas declaraciones eran confiables porque los hechos sobre los que depusieron los apreciaron a través de sus sentidos, al encontrarse en el lugar en donde se consumó el hecho, además de que por su edad, capacidad e instrucción tienen el criterio necesario para juzgar del acto, siendo sus respectivas deposiciones claras, precisas, sin dudas ni reticencias sobre las circunstancias esenciales del hecho. En este aspecto, conviene precisar que si bien el testigo Andrés Humberto Piza Barrientos, es hermano del occiso, tal circunstancia no basta para invalidar su dicho, pues por razones lógicas, es inadmisible suponer que éste tenga interés en que se castigue a quienes son inocentes de los hechos delictivos que se persiguen, máxime que, como lo mencionó la responsable, en autos no obra dato alguno que controvierta lo declarado por éste, o en su caso, que haga suponer que fue obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno o que hubieren sido parcial; de ahí que en este caso particular se puede concluir que, efectivamente como lo sostuvo el juez responsable, dichas declaraciones reúnen los requisitos que al respecto exige el artículo 127 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, y por ende, éstos adquieren valor probatorio al tenor de lo dispuesto por el diverso numeral 122 del propio ordenamiento legal. Medios de convicción que el juez responsable concatenó con el informe de investigación de trece de enero de dos mil catorce, suscrito por Alfredo Bollás Bernabe, Omar González Sierra y Gonzalo Vinalay Jiménez, Agentes de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Coordinación de Zona de Ayutla de los Libres, Guerrero; del que se destaca lo siguiente: que el diez de enero de dos mil catorce se trasladaron a la comunidad del Medano, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, donde se entrevistaron con Miguel Pérez Lorenzo, quien en relación a los hechos les indicó que el uno de diciembre de dos mil trece, su sobrino Sahit Piza Barrientos, se encontraba en la comunidad del Pico del Monte, de ese mismo municipio, al lado de la playa, en la enramada del señor Ramón Palma Hernández, cuando llegaron alrededor de cien policías comunitarios denominados grupo U.P.O.E.G de la comunidad de las Animas, comandados por los ahora quejosos Porfirio Mejía Martínez, Abel Pacheco Martínez y Oscar Pacheco Martínez, llevándose detenido a Sahit, para después privarlo de la vida; actuación que atinadamente valoró al tenor del artículo 121 del código adjetivo penal de esta entidad ya que aportaba indicios para acreditar que el día uno de diciembre de dos mil trece, el agraviado Sahit Piza Barrientos, fue privado de la vida. Así, concatenando los anteriores medios de prueba, el juez responsable concluyó que acorde a los indicios que se encuentran acreditados en autos, se tiene por comprobado el cuerpo del delito de homicidio, pues se suprimió la vida del pasivo Sahit Piza Barrientos, como consecuencia de las lesiones inferidas en su integridad física con una cuerda y proyectil de arma de fuego, el día uno de diciembre de dos mil trece, por causas imputables a sujetos activos, entre ellos los aquí quejosos. En cuanto a las calificativas a que se refiere el artículo 108, fracciones II, incisos b) y c) y III, éstas como bien lo consideró el juez de la causa, también quedaron demostradas en autos del sumario, ya que por lo que hace a la ventaja con las diversas pruebas que se han relacionado y valorado en líneas precedentes, se acredita que los activos del delito fueron superiores en número como por las armas que emplearon, pues en la detención (y posteriormente privación de la vida) del ofendido participaron más de cuatro personas (alrededor de cien elementos comunitarios), quienes estaban provistos de armas de fuego de diferentes calibres, con lo cual se actualiza el elemento a que se refiere el inciso b), esto es, los activos eran superiores al pasivo del delito; y por cuanto hace al elemento a que se refiere el inciso c), se actualizó porque los inculpados se aprovecharon de las circunstancias que imposibilitaron la defensa del ofendido, pues al detenerlo entre cien elementos de la policía comunitaria evidentemente se advierte que los inculpados no corrieron ningún riesgo de ser muertos o lesionados debido a que el pasivo no portaba arma de fuego para defenderse, y además porque no obraron en legítima defensa. Por lo que hace a la calificativa de alevosía, se acredita al demostrarse que el pasivo fue detenido por alrededor de cien personas que ostentan el cargo de policías comunitarios cuando se encontraba en una enramada en la playa almorzando con unos amigos, es decir, éste fue sorprendido de improviso pues los policías comunitarios llegaron de repente rodeándolos, como lo refieren los testigos de cargo Marco Antonio Ozuna Gallardo y Andrés Humberto Piza Barrientos, de ahí que en el caso, se estime correcto el proceder de la responsable, al tener por debidamente acreditados los requisitos que exige el artículo 16 Constitucional. Por otro lado, debe decirse que también fue correcta la decisión del juez responsable al tener por acreditada la probable responsabilidad penal de los aquí quejosos, en la comisión del ilícito de homicidio calificado que se les imputa, con los mismos medios de prueba con los que se actualizaron los elementos que integran el cuerpo del delito, dado que éstos proporcionan una serie de indicios que eslabonados congruentemente ponen de manifiesto que los quejosos resultaron ser participantes en forma conjunta junto con otro activo del evento delictuoso, de conformidad con el artículo 17, fracción VIII del Código Penal del Estado, destacando por su primordial relevancia la imputación directa y categórica que formulan en su contra los testigos de cargo Marco Antonio Ozuna Gallardo y Andrés Humberto Piza Barrientos, en el sentido de que participaron en la muerte del occiso, ya que el primero al rendir su declaración indicó que conoció al occiso Sahit Piza Barrientos, en razón de que era hijo del aquí tercero interesado Humberto Piza Pérez, quien es su vecino en la población del Médano, municipio de Florencio Villareal, Guerrero, y que el uno de diciembre de dos mil trece, aproximadamente a las once de la mañana se encontraba en la playa conocida como Pico del Monte, municipio de Florencio Villareal, Guerrero, en una cabaña propiedad de Román Palma Hernández, acompañado del occiso Sahit Piza Barrientos, el hermano de éste Andrés Humberto Piza Barrientos, así como de Diana Gabriela Cortez Hernández, Ervei Ozuna Gallardo y Lucio Ozuna Pérez, familiares del declarante, quienes se disponían a almorzar, cuando observó que por la laguna se aproximó una lancha grande que transportaba aproximadamente treinta y cinco policías comunitarios, los cuales vestían su uniforme característico, playera y gorras color café y pantalón de diferentes colores, quienes portaban armas de fuego de diferentes calibres; así también observó que en dirección hacia donde se encontraban llegaron tres camionetas con policías comunitarios, por lo que estos y los que arribaron en lancha sumaban cien elementos, comandados por Roberto Mejía Genchi y los quejosos Oscar Pacheco Martínez, Abel Pacheco Martínez y Porfirio Mejía Martínez, primer comandante, segundo comandante y policías respectivamente, pertenecientes a la policía comunitaria de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), mismos que se dirigieron hasta donde se encontraban sentados, y sin razón aparente el quejoso de nombre Oscar Pacheco Martínez, tomó del brazo a Sahit Piza Barrientos, lo paró y le dijo "acompáñame", al mismo tiempo que se dirigió hacia el declarante y Andrés Humberto Piza Barrientos, a quienes les pidió que lo acompañaran también, por lo que los quejosos Abel Pacheco Martínez y Porfirio Mejía Martínez los levantaron de sus sillas; asimismo, que al negarse a ser detenidos fueron insultados, a Andrés Humberto Piza Barrientos, le fue arrebatado un celular, así como las llaves de una camioneta que traía propiedad de Humberto Piza Pérez; posteriormente, los llevaron hasta donde estaban las tres camionetas de los policías, y el quejoso Oscar Pacheco Martínez habló vía radio con otra persona, a quien le informó que tenía detenido al chivo refiriéndose a Sahit Piza Barrientos (dado que así le apodaban en aquella comunidad del Médano), por lo que la persona con la que conversaba le indicó que lo trasladaran a la comisaría y le contestó que no ya que era muy peligroso, que mejor él lo llevaría hasta Ayutla, posteriormente le amarraron las manos al pasivo con una correa color morada y lo subieron a una camioneta tipo pasajera en la que los citados policías comunitarios se lo llevaron del lugar, por lo que al declarante y a Andrés Humberto Piza Barrientos, los llevaron a su mesa, indicó también que el quejoso Abel Pacheco Martínez dijo en voz alta "ahora sí, ya lo tenemos en charola de plata"; seguidamente Andrés Humberto Piza Barrientos, contactó a sus familiares para avisarles lo sucedido, se trasladaron a la población del Médano, Guerrero, y de ahí a la población de Cruz Grande, Guerrero, precisamente a la casa de justicia para buscar a Sahit Piza Barrientos, en dicho lugar fue detenido el citado testigo por el quejoso Oscar Pacheco Martínez, pero posteriormente, el coordinador de esa policía comunitaria le indicó que se retirara al no haber cometido acto ilícito alguno; con Andrés Humberto Piza Barrientos, esperaron a que llegara Humberto Piza Pérez papá de éste último, lo cual sucedió a las tres de la tarde, a quien le contaron lo sucedido, y les pidió que regresaran a su casa, ya que acudiría con un licenciado en busca de su hijo; así, aproximadamente los primeros minutos del dos de diciembre de dos mil trece, les avisó que habían encontrado el cuerpo sin vida de Sahit Piza Barrientos, en el lugar denominado Los Zacatales, lugar que se encuentra antes de llegar al poblado de Las Ánimas, municipio de Florencio Villareal, Guerrero. Mientras que el segundo declaró que el uno de diciembre de dos mil trece, aproximadamente a las once de la mañana se encontraba en la playa conocida como Pico del Monte, municipio de Florencio Villareal, Guerrero, en una cabaña propiedad de Román Palma Hernández, acompañado de su hermano Sahit Piza Barrientos, de Diana Gabriela Cortez Hernández, así como de Marco Antonio Ozuna Gallardo, Hervei Ozuna Gallardo y Lucio Ozuna Pérez, quienes esperaban sus pescados para almorzar, cuando observó que por la laguna se aproximó una lancha con policías comunitarios, los cuales vestían su uniforme de playera y gorras color café y pantalón de diferentes colores, quienes portaban armas de fuego de diferentes calibres; observó que en dirección hacia donde se encontraban llegaron tres camionetas con policías comunitarios, por lo que estos y los que arribaron en lancha sumaban cien elementos, dirigidos por Roberto Mejía Genchi, y los quejosos Oscar Pacheco Martínez, Abel Pacheco Martínez y Porfirio Mejía Martínez, primer comandante, segundo comandante y policías respectivamente, pertenecientes a la policía comunitaria de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), expuso que cuando llegaron a la cabaña se dirigieron hasta donde se encontraban sentados, y sin justificación el quejoso Oscar Pacheco Martínez, tomó del brazo a su hermano Sahit Piza Barrientos, lo paró y le dijo "acompáñame", al mismo tiempo que se dirigió hacia Marco Antonio Ozuna Gallardo y a Hervei Ozuna Gallardo, a quienes les pidió que lo acompañaran también, por lo que los quejosos Abel Pacheco Martínez y Porfirio Mejía Martínez los levantaron de sus sillas; asimismo, que al negarse a ser detenidos fueron insultados, al declarante le fue arrebatado su celular, así como las llaves de una camioneta que traía propiedad de su padre Humberto Piza Pérez; posteriormente, los llevaron hasta donde estaban las tres camionetas de los policías, y el quejoso Oscar Pacheco Martínez habló vía radio con otra persona, a quien le informó que tenía detenido al chivo refiriéndose a su hermano Sahit Piza Barrientos, por lo que la persona con la que conversaba le indicó que lo trasladaran a la comisaría y le contestó que no al ser peligroso, que él lo llevaría hasta Ayutla, posteriormente le amarraron las manos con una correa color morada y lo subieron a una camioneta tipo pasajera en la que los citados policías comunitarios se lo llevaron del lugar, pero antes, al declarante, a Marco Antonio Ozuna Gallardo y a Hervei Ozuna Gallardo, los llevaron a su mesa, indicó también que el quejoso Abel Pacheco Martínez dijo en voz alta "ahora sí, ya lo tenemos en charola de plata", mientras que el quejoso Oscar Pacheco Martínez refirió "ahora sí, la moneda ya está en la bolsa", y finalmente el quejoso Porfirio Mejía Martínez, lo amenazó con un arma de fuego la que describió como una pistola calibre 380, la que apuntó a su cara y le indicó "no le avises a nadie, porque si algo pasa, contigo" a lo que le contestó que si algo le ocurría a su hermano era responsabilidad de ellos; habiéndose retirado, éste contacto a sus familiares para avisarles lo sucedido, y se trasladó con Marco Antonio Ozuna Gallardo a la población del Médano, Guerrero, y de ahí a la población de Cruz Grande, Guerrero, precisamente a la casa de justicia para buscar a su hermano Sahit Piza Barrientos, en dicho lugar fue detenido Marco Antonio Ozuna Gallardo por el quejoso Oscar Pacheco Martínez, pero posteriormente, el coordinador de esa policía comunitaria le indicó que se retirara al no haber cometido acto ilícito alguno; con su amigo esperaron a que llegara su padre Humberto Piza Pérez, lo cual sucedió a las tres de la tarde, a quien le contaron lo sucedido, y les pidió que regresaran a su casa, ya que acudiría con un licenciado en busca de su hijo; así, aproximadamente los primeros minutos del dos de diciembre de dos mil trece, le avisaron que habían encontrado el cuerpo sin vida de Sahit Piza Barrientos, en el lugar denominado Los Zacatales, lugar que se encuentra antes de llegar al poblado de Las Ánimas, municipio de Florencio Villareal, Guerrero. Asimismo, dicho testigo exhibió en la misma diligencia en que declaró, dos notas periodísticas de tres y seis de diciembre de dos mil trece, publicadas en el periódico El Sur, en las que el diverso coinculpado Ernesto Gallardo Grande, comandante regional del sistema de seguridad ciudadano perteneciente a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, aceptó que privaron de la vida a Sahit Piza Barrientos, porque éste último al tratar de escapar les disparó, lo que indicó resultaba falso porque su hermano no se encontraba armado, además de que tenía conocimiento que había sido torturado por las lesiones presentadas al ser hallado. Corolario de lo anterior, el juez de la causa consideró que en dichas declaraciones se señaló directamente a los aquí quejosos, entre otro, como unas de las personas que con lujo de violencia se llevaron a Sahit Piza Barrientos, a quien posteriormente encontraron privado de la vida en el punto conocido como los Zacatales; que si bien los atestes no apreciaron el momento en que el agraviado fue ejecutado, pero les consta que los activos, aquí quejosos fueron los que se lo llevaron de la cabaña (restaurante), y se deduce lo privaron de la vida; por lo cual, a sus declaraciones les concedió valor indiciario en términos de los artículos 121, 122 y 128 del Código Procesal Penal de ésta Entidad. Por otra parte, se advierte que el juez relacionó esas declaraciones con el informe de investigación de trece de enero de dos mil catorce, signado por Alfredo Bollas Bernabé, Omar González Sierra y Gonzalo Vianalay Jiménez, elementos de la Policía Ministerial del Estado, en el que se concluyó que Sahit Piza Barrientos, fue privado de la vida por Oscar Pacheco Martínez, Abel Pacheco Martínez, Porfirio Mejía Martínez o Porfirio Pacheco Martínez, Roberto Mejía Genchi alias "La Ciringa", y Octavio Maganda Gallardo, ya que estos sin tener motivo se llevaron por la fuerza al agraviado, quien posteriormente apareció privado de la vida en el punto conocido como El Zacatal, el cual se ubica entre las comunidades de Las Ánimas y El Médano, ambos del municipio de Florencio Villareal, Guerrero; y a éste le concedió valor probatorio en términos del artículo 121 del código adjetivo penal de esta Entidad Federativa, porque consideró que aportó indicios relevantes y con aquellos se justifica que los aquí quejosos y otro, con violencia se llevaron al agraviado sin motivo legal, al cual no pusieron a disposición de alguna autoridad competente. Y por último, con el dictamen de necropsia de dos de diciembre de dos mil trece y su respectiva ampliación de veintitrés de diciembre siguiente, emitidos por la perito médico forense Haile Ruíz Rosas, quien concluyó que Sahit Piza Barrientos falleció de una muerte de etiología violenta correspondiendo a una asfixia por ahorcamiento, y que la lesión por proyectil de arma de fuego penetrante y saliente de cráneo corresponde a una lesión de característica posmortem; los dictámenes químicos toxicológico y de rodizonato de sodio, ambos de dos de diciembre de dos mil trece, suscritos por Martha Griselda Gómez Alvarado, perito oficial adscrita a la Delegación Regional de los Servicios Periciales en Acapulco, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, en los que se indicó que al occiso Sahit Piza Barrientos no se le encontraron residuos de alcohol ni elementos de plomo y bario productos característicos de la deflagración de la pólvora por disparo de arma de fuego; y el diverso dictamen pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense de la misma data, emitido por Liliana Valdes Tabares, experta adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, quien concluyó: primero, que por los signos cadavéricos que presentó el occiso se estima un tiempo de muerte mayor de quince horas y menor de veinte horas aproximadamente antes de la intervención en el lugar del hallazgo siendo las trece horas del día dos de diciembre de dos mil trece; segundo, que el lugar donde se tuvo a la vista el cadáver no corresponde al lugar donde se desarrollaron los hechos que se investigan; tercero, que la posición en que se tuvo a la vista el cadáver, no es la inmediata posterior al deceso, y cuarto, que por las características de los signos de muerte, las lesiones que presentó el occiso se trata de una muerte violenta consecutiva a asfixia por ahorcamiento con traumatismo craneoencefálico producido por proyectil único de arma de fuego; dictámenes que atinadamente el juez de la causa valoró al tenor del artículo 126 del código adjetivo penal de esta entidad y que ponen de manifiesto que el deceso del pasivo fue por asfixia por ahorcamiento, asimismo que al momento de su muerte no había ingerido algun tipo de bebida embriagante por la que pudiera considerársele violento y que no disparo ningún tipo de arma de fuego. De lo anterior, indico el juez responsable se desvirtuaba lo manifestado por el diverso coinculpado Ernesto Gallardo Grande comandante regional del sistema de seguridad ciudadano perteneciente a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, en las notas publicadas en el periódico El Sur el tres y seis de diciembre de dos mil trece, en el sentido de que privaron de la vida a Sahit Piza Barrientos, porque este último al tratar de escapar les disparó, sino por el contrario se deduce que los agentes aprehensores Octavio Maganda Gallardo, Roberto Mejía Genchi, Oscar Pacheco Martínez, Abel Pacheco Martínez y Porfirio Mejía Martínez (los tres últimos aquí quejosos) fueron los que intervinieron en la privación de la vida del citado occiso por asfixia por ahorcamiento pegándole un disparo de arma de fuego en la cabeza simulando un enfrentamiento en donde éste supuestamente los atacó, aunque no conste quien de ellos produjo el resultado. Así, las cosas los elementos de prueba analizados condujeron al órgano jurisdiccional responsable a la acertada convicción de que probablemente los quejosos fueron quienes en las circunstancias de modo, tiempo y lugar reseñadas, participaron en la comisión de la conducta atribuida por la representación social, pues sin razón alguna privaron de su libertad a Sahit Piza Barrientos, mismo que a las pocas horas apareció privado de la vida. Por otro lado, se tiene que los quejosos actuaron dolosamente, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del Código Penal del Estado vigente en la época en que sucedieron los hechos, porque parece ser que quisieron la realización y el resultado descrito por la norma legal que define el delito de homicidio calificado, conociendo los elementos del tipo y previendo el resultado, violando de esta forma el bien jurídico que tutela la norma penal, que es el derecho a la vida, y que no se repara con nada. En este orden de ideas, basta que existan datos que indiquen en el ámbito de lo meramente probable que los acusados perpetraron un delito doloso, o bien, que hagan suponer siempre dentro del terreno de lo posible, que lo cometieron a título de mera culpa, para que constitucionalmente pueda emitirse una orden de aprehensión en su contra sin que se infrinja disposición constitucional alguna. También en el ámbito de lo probable, se tiene que el estudio de las constancias que integran la causa penal de origen como acertadamente indicó el juez responsable no arroja elementos que permitan considerar que en el caso concurren causas de justificación o de inculpabilidad, dado que no se aprecia que su actividad haya sido involuntaria; que falte alguno de los elementos del tipo penal de que se trata; que hayan repelido una agresión actual o inminente; que hayan obrado por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno; que hayan actuado en virtud de obediencia jerárquica legítima u obrado en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio legítimo de un derecho; o bien, en contravención de la ley penal por impedimento legítimo o insuperable; que al momento de realizar el hecho hayan padecido trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o lo hayan realizado bajo un error involuntario, por lo que es dable descartarlas de modo preliminar, circunstancia que implica llegar a la conclusión de que la probable responsabilidad de los indiciados, aquí quejosos también se encuentra acreditada en autos. Por lo expuesto, debe decirse que contrario a lo que aducen los quejosos la orden de aprehensión reclamada sí se encuentra fundada y motivada pues en ella se citaron los ordenamientos legales que se consideraron aplicables al caso, expresando las razones por las cuales se llegó a esa determinación en contra de los quejosos, aunado a que el juez responsable hizo una correcta valoración de las pruebas aportadas a la causa penal, pues como se aprecia de la lectura del mandato de captura que se reclama, después de relacionar el material probatorio lo valoró al tenor de lo dispuesto por los artículos 122 al 128, del Código de Procedimientos Penales del Estado, y en forma correcta las fue adminiculando entre sí, máxime que para el dictado de una resolución como la que nos ocupa la ley no exige que se tengan pruebas plenas y contundentes de la responsabilidad del inculpado, sino solo datos o indicios que la hagan probable, y, en el caso los datos que arroja la averiguación previa, son suficientes para apoyarlo, sin que de manera alguna deba precisarse que la responsabilidad de los quejosos se tenga que justificar plenamente. Con ello, ante la comprobación de que están suficientemente acreditados los requisitos que se exigen en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de la orden de aprehensión reclamada, lo procedente, es negar el amparo que de la Justicia de la Unión demandaron Porfirio Mejía Martínez, Abel Pacheco Martínez y Oscar Pacheco Martínez. La negativa del amparo declarada por cuanto al acto de la autoridad ordenadora, debe hacerse extensiva al que se atribuyó a las ejecutoras Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en Chilpancingo, Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en esta ciudad, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, Región Costa Chica, con domicilio en Ometepec, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en San Luís Acatlán y Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Encargado de la Coordinación de Zona, con domicilio en Ayutla de los Libres, todos en Guerrero, ya que no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión librada por el juez responsable. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Porfirio Mejía Martínez, Abel Pacheco Martínez y Oscar Pacheco Martínez, contra el acto y autoridades señalados en el resultando primero, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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