Porfirio Mayorquín Gómez

Expediente 1359/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1359/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Porfirio Mayorquín Gómez
  • Juez Mixto de Primera Instancia, Con Sede En Acaponeta, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por MARÍA GUADALUPE MAYORQUÍN HUERTA, en su carácter Apoderada General para Pleitos y Cobranzas del Heredero Porfirio Mayorquín Gómez y albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Fulgencio Mayorquín Gómez, parte quejosa en el presente juicio, en atención a lo que solicita, y por resultar innecesarios en el presente juicio, se autoriza la devolución y entrega de los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, previa identificación, recibo y toma de razón que deje en autos. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a efectuar el trámite de recepción de los documentos solicitados, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Y, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el comunicado de cuenta que suscribe el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, por medio del cual refiere atender el oficio 5210-V de ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Luego, en atención a su contenido se le tiene a dicha autoridad remitiendo la determinación de dieciséis de diciembre del año en curso, mediante el cual informa que en el juicio laboral 721/2014 de su índice se señalaron las DOCE HORAS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que sea el caso de efectuar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de diecisiete de diciembre del año en curso, este órgano jurisdiccional efectuó pronunciamiento al respecto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por María Guadalupe Moyorquín Huerta en su carácter de Apoderada General para Pleitos y Cobranzas del Heredero Porfirio Mayorquín Gómez y albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Fulgencio Mayorquín Gómez por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada en autos. Ahora, del análisis de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios suscritos por la aquí quejosa, este juzgado de Distrito advierte que la demanda es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y de sus escritos aclaratorios se advierte que la quejosa señala como acto reclamado de la autoridad responsable lo siguiente: ? La resolución interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Acaponeta, Nayarit, por medio de la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en contra del auto de veintisiete de septiembre del año en curso, por el cual no se le otorgó la posesión del bien inmueble ubicado en calle Allende, número 82 oriente, zona Centro en Acaponeta, Nayarit, dentro del juicio sucesorio 25/2016 de su índice. Acto sobre el cual este juzgador, considera de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado por la aquí quejosa no le produce una afectación de imposible reparación. Ahora, El primero de los numerales establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Por excepción, sólo serán impugnables en amparo indirecto, aquellos actos dictados dentro del juicio cuya ejecución sea irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:.(.) .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos ?para ser calificados como irreparables? necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva ?procesales?, estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. En el particular, el acto que reclama la parte quejosa es la resolución interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Acaponeta, Nayarit, por medio de la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en contra del auto de veintisiete de septiembre del año en curso, por el cual no se le otorgó la posesión del bien inmueble ubicado en calle Allende, número 82 oriente, zona Centro en Acaponeta, Nayarit, dentro del juicio sucesorio 25/2016 de su índice. Ahora, de conformidad con los artículos 545, 546, 547, 548 y 549, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit1 , se colige que el juicio sucesorio consta de cuatro secciones consistentes en: I. Delación, II. Inventario y Avalúo, III. Administración y IV. Partición. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cada una de las secciones del juicio sucesorio tiene un objeto especial y se resuelve por separado, por lo que no hay una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento; asimismo, ha sustentado que la sentencia de adjudicación sí tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del amparo directo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 3772 de la otrora Tercera Sala, de rubro "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO". Por exclusión, las resoluciones dictadas en las tres primeras secciones de sucesión, inventarios y administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie en cada sección, en cuya oportunidad se harán valer las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de aquellas, afectando las defensas del quejoso y trascendido a la decisión de fondo. Al respecto, cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/3163 , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN". En ese contexto, si de los antecedentes del juicio sucesorio 25/2016 narrados por la parte quejosa en su escrito de cuenta, así como del que presentó el treinta de noviembre del presente año, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional se advierte que se encuentra en la segunda sección relativa a los inventarios y avalúos, debe decirse que el acto reclamado corresponde a la segunda sección denominada "inventario y avalúo" del juicio sucesorio, que conforme al transcrito artículo 547, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se encuentra integrada por diversas etapas, a saber: I. El inventario provisional del inventor; II. Las memorias del inventario y avalúo; III. Los incidentes de oposición, y, IV. La resolución sobre el inventario y avalúo.Por lo que es la resolución que se pronuncia sobre el inventario y avalúo la que pone fin a la segunda sección del juicio sucesorio y en contra de la cual es procedente el amparo indirecto, ya sea por vicios propios o por violaciones cometidas durante el procedimiento. En el caso concreto, la resolución interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Acaponeta, Nayarit, por medio de la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en contra del auto de veintisiete de septiembre del año en curso, por el cual no se le otorgó la posesión del bien inmueble ubicado en calle Allende, número 82 oriente, zona Centro en Acaponeta, Nayarit, dentro del juicio sucesorio 25/2016 de su índice, dicha resolución no constituye la última resolución dictada en la sección de inventario y avalúos del juicio de origen, dado que el único efecto de dicha determinación es que no se ponga en posesión de la aquí quejosa del citado bien inmueble; de lo que resulta inconcuso que dicha resolución no se pronunció sobre el inventario y avalúo en el citado juicio sucesorio. De modo que, la determinación de mérito se trata de una actuación de carácter intraprocesal, la cual se traduce en una violación adjetiva que no genera al gobernado implicado una afectación material, habida cuenta que sus efectos lesivos habrán de concretarse con la emisión de la resolución definitiva que concluya la correspondiente sección del juicio sucesorio. De tal forma, se trata de un acto puramente procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. En ese sentido, la resolución impugnada en la presente instancia constitucional no constituye una violación procesal que amerite su estudio inmediato, pues se estima que no afecta la esfera jurídica de la quejosa, ni trascendió a la decisión de fondo, pues como se dijo, no constituye la resolución definitiva de la sección relativa en el juicio sucesorio. Dicho criterio se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, es decir, evitar que las partes en el juicio sucesorio puedan agotar el amparo tantas veces como violaciones se cometan en cada sección del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.3o. J/204 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES". Asimismo, es aplicable a lo anterior, en lo conducente a la explicación de los actos de ejecución irreparable, la jurisprudencia 37/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J 4/5001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Moyorquin Huerta, en su carácter de Apoderada General para Pleitos y Cobranzas del Heredero Porfirio Mayorquín Gómez y albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Fulgencio Mayorquín Gómez, por su manifiesta e indudableimprocedencia, de conformidad con el precepto 113 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

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