Porfirio González Velázquez
Expediente 1570/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1570/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Porfirio González Velázquez
- Juez de Control Adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se remiten constancias. Téngase al Juez de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, remitiendo un disco versátil digital, que contiene la determinación de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ********************, en la que se aprobó suspensión condicional del proceso a favor de los aquí quejosos. En consecuencia: Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, del contenido de las documentales allegadas por la referida responsable se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Primero, es importante precisar que el acto reclamado en el actual juicio de amparo es el siguiente: El auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal ******************** del índice del Juez de Control del Tercer Circuito Judicial, con residencia en Tula de Allende, Hidalgo. Ahora bien, de las referidas constancias remitidas por la autoridad responsable, las que merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte que el Juez de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en audiencia celebrada el veintiséis de octubre del año en curso, dentro de la causa penal ********************, aprobó la suspensión del proceso de manera condicional a favor de los aquí quejosos ********************y********************, bajo las condiciones establecidas en las fracciones I, II, VIII y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo tanto, ordenó su inmediata libertad. Lo anterior evidencia que, respecto del acto reclamado indicado en el inciso a), fue consentido por la parte quejosa; por lo que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]." De lo antes transcrito, se observa que el juicio de amparo se torna improcedente cuando, además de que exista el acto y que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica, que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual: (i) el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, (ii) que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, (iii) que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. En efecto, la expresión del consentimiento del acto reclamado por la quejosa a que alude el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto, omisión o norma general cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto de autoridad, pero para ello se requiere que exista el acto y que cause perjuicio al quejoso; de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107 de la Constitución General. El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 del mismo ordenamiento, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, de ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en cuanto a que éste únicamente pueda promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto; en tal virtud, es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio en contra del particular. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se desprende que el veintitrés de junio de dos mil veintidós tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial en la que se vinculó a proceso a ********************y******************** Domingo Ortega Butrón, por hechos que la ley señala como el delito de ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte cometido en agravio de la seguridad pública y el normal funcionamiento de las vías de comunicación, así como de los medios de transporte. Luego, que en audiencia celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal ********************, se autorizó la suspensión del proceso de manera condicional a favor de los aquí quejosos ********************y******************** Domingo Ortega Butrón, bajo las condiciones establecidas en las fracciones I, II, VIII y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión los quejosos en su calidad de imputados acceden a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Así, de manera expresa la aquí parte quejosa, consintió el auto mediante el cual se le vincula a proceso, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo I, Junio de 2017, página 461, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En conclusión, es evidente que los actos en cuestión reclamados a la aludida autoridad judicial ha dejado de surtir efectos, por lo que la medida cautelar impuesta al quejoso ha dejado de ocasionar perjuicios en su esfera jurídica. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracciones XIII y XXI, así como con el ordinal 77, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ********************y******************** Domingo Ortega Butrón. Se deja sin efectos la fecha programada para la audiencia constitucional. En virtud de lo que precede, se dejan sin efectos las catorce horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés, fecha y hora programados para que tuviera verificativo la audiencia constitucional...2
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se apersona tercero interesada. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Homicidio Doloso y Narcomenudeo, mediante el cual acusa recibo de la copia de la demanda que se le envió.2
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de noviembre de dos mil veintitrés...Al no obrar el acuse de recibo de la Ministerio Público tercera interesada, se difiere la audiencia para las catorce horas con treinta minutos del ocho de diciembre...se requiere el acuse...se requiere al juez responsable para que informe si ya autorizó la suspensión condicional a los quejosos...2
- Incidental
Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Solicita devolución de billete. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa; atento a su contenido y en virtud de que el juicio de amparo del que se deriva el presente incidente de suspensión se sobreseyó en el juicio, hágase del conocimiento del justiciable que, una vez que transcurra el plazo de seis meses que alude el numeral 156 de la Ley de Amparo, o bien, previa manifestación de conformidad de la parte tercera interesada, se acordará sobre la devolución del billete de depósito número ********************, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca en Desarrollo, valioso por la cantidad de .M-I
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