Porfirio Francisco Atriano Garza

Expediente 799/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
799/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
08/01/2018

Partes del expediente

  • PORFIRIO FRANCISCO ATRIANO GARZA y Otros.
  • Porfirio Francisco Atriano Garza
  • Juez Quinto de Control Y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi Y Alcocer
  • Josefa Cuahutle Atriano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución pronunciada en este juicio de amparo el seis de diciembre de dos mil diecisiete; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo; se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y archívese este expediente como asunto concluido; asimismo, se ordena guardar por separado, el original y duplicados del incidente de suspensión en el estado en que se encuentran. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, así como el duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica; asimismo, por cuanto hace al original del incidente de suspensión derivado del presente expediente es susceptible de depuración; por lo que, previa digitalización, únicamente deberá conservarse la demanda y suspensión provisional, toda vez que la misma fue concedida, ya que a criterio del suscrito, no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 799/2017, promovido por Porfirio Francisco Atriano Garza y/o Francisco Atriano Garza y Josefa Cuahutle Atriano, por derecho propio, en contra de los actos reclamados del Juez Quinto de Control y Juicio Oral, adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, y del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Secuestros, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que consideró violatorios de las garantías individuales consagradas a su favor en los artículos 4°, 14 y16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Porfirio Francisco Atriano Garza y/o Francisco Atriano Garza y Josefa Cuahutle Atriano, por derecho propio, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la actos de las autoridades indicadas, y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hizo consistir en los siguientes: IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamamos de la autoridad señalada como responsable ordenadora, la autorización para que la autoridad responsable ejecutora, siendo este el Ciudadano Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Secuestros, adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, llevará a cabo la diligencia de CATEO Y ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO TOCHAPAN, CUENTLA", ubicado en Calle Néstor Aztatzi Rojas Número Tres, del Barrio de Jesús Xolalpan, Municipio de Tetlanohcan, Estado de Tlaxcala; de fecha veintiocho de julio del año dos mil diecisiete. Reclamamos de la autoridad señalada como responsable ejecutora, la diligencia que llevó a cabo de fecha veintiocho de julio del año dos mil diecisiete, en el sentido de que solicitó el desahogo de la misma, a la autoridad ordenadora, y le fue concedida, consistente en el CATEO Y ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO "TOCHAPAN CUENTLA", ubicado en Calle Néstor Aztatzi Rojas Número Tres, del Barrio de Jesús Xolalpan, Municipio de Tetlanohcan, Estado de Tlaxcala". SEGUNDO.- Turnada que fue la demanda de amparo a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por auto de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete; se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete y, seguido el juicio por sus demás trámites legales, el veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, 1°, 33, 35, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO.- PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del estudio integral de las demandas de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La autorización para que se llevara a cabo la diligencia de cateo y aseguramiento del inmueble denominado "TOCHAPAN CUENTLA", ubicado en Calle Néstor Aztatzi Rojas Número Tres, del Barrio de Jesús Xolalpan, Municipio de Tetlanohcan, Estado de Tlaxcala; y su ejecución. TERCERO.- Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado consistente en la autorización del aseguramiento del inmueble denominado "TOCHAPAN CUENTLA", ubicado en Calle Néstor Aztatzi Rojas Número Tres, del Barrio de Jesús Xolalpan, Municipio de Tetlanohcan, Estado de Tlaxcala; en virtud de que así lo manifestó el juez responsable, Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; sin que la parte quejosa desvirtuara con prueba idónea dicha circunstancia. Así las cosas, y toda vez que la parte quejosa no desvirtuó con prueba idónea la negativa mencionada, consecuentemente, debe sobreseerse en el presente juicio, respecto de dicha autoridad y de tal acto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 254, del Tomo XIII, Enero de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado del Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer consistente en la orden de cateo de fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete; porque así lo manifestó dicha autoridad al momento de rendir su informe con justificación. Por otra parte, son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación y Combate del Delito de Secuestro, consistentes en la ejecución del cateo y el aseguramiento, porque así lo manifestó dicha autoridad responsable, al momento de rendir su informe con justificación, y así se advierte de las constancias que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 305, visible en la página 206, tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO.- Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de garantías, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 -1995 que a la letra dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Este juzgador advierte que respecto de los actos reclamados que señala la parte quejosa, consistentes sustancialmente en la orden de cateo, su ejecución y el aseguramiento del bien inmueble ubicado en la calle Néstor Aztatzi y/o calle Néstor Aztatzi Rojas, número tres, del Barrio de Jesús Xolalpan, Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta la tesis jurisprudencial 1º.A.J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 35 de la Gaceta número 60 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que reza: INTERES JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En efecto, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad: El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular: No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa no demostró que los actos que reclama afecten su interés jurídico. Ello es así, porque como se dijo, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, por lo que la acción constitucional que se analiza resulta improcedente al momento de que no acredita la parte quejosa que el bien inmueble que defiende del cual acredita su propiedad, denominado "Tochapan Cuentla", ubicado en San Francisco Tetlanohcan, Municipio de Chiautempan; sea el mismo bien inmueble en el cual se ordenó y ejecutó el cateo y el aseguramiento practicado en Calle Nestor Aztatzi y/o Calle Nestor Aztatzi Rojas, número tres, del Barrio de Jesús Xolalpan, Municipio de Tetlanohcan, Estado de Tlaxcala. En efecto, como puede advertirse en autos no se encuentra demostrado que efectivamente sea el mismo bien inmueble, por tanto para estar en aptitud de entrar al fondo del asunto, la parte quejosa debió haber probado de manera fehaciente que el predio que defiende en el presente juicio de amparo, del cual acredita su propiedad, denominado "Tochapan Cuentla", ubicado en San Francisco Tetlanohcan, Municipio de Chiautempan; sea el mismo bien inmueble en el cual se ordenó y ejecutó el cateo y el aseguramiento practicado en Calle Néstor Aztatzi y/o Calle Néstor Aztatzi Rojas, número tres, del Barrio de Jesús Xolalpan, Municipio de Tetlanohcan, Estado de Tlaxcala; de ahí que al no haberlo acreditado, opera la causal de improcedencia señalada en líneas anteriores. Orienta a lo anterior, la Tesis: VIII.2o.14 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época , tomo II visible a página 555, cuyo rubro y texto dicen: PROPIEDAD Y POSESION DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACION CUANDO SE RECLAMA PRIVACION DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa. De igual forma, sirve de apoyo por analogía, la tesis VI.1º.31 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-II febrero de 1995, de la Octava Época, visible a página 323 que dice: EMBARGO. EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO DEBERA ACREDITAR LA IDENTIDAD ENTRE EL BIEN DE SU PROPIEDAD Y EL QUE FUE SECUESTRADO. Cuando el quejoso reclama el embargo o su indebida ejecución llevada a cabo en bienes de su propiedad en un juicio ejecutivo mercantil, donde es tercero extraño, debe acreditar, con prueba fehaciente la identidad del inmueble que le pertenece con el que fue materia del embargo, o bien su inclusión en la diligencia respectiva, pues de no ser así, ello da motivo a que se niegue el amparo, por no demostrar la violación a sus garantías individuales. Y por las razones que la informan, la tesis número VI.2º 646 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, visible a página 379, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO UN TERCERO RECLAMA EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN INMUEBLE, UNA PARTE DEL CUAL DICE SER DE SU PROPIEDAD. Aun cuando el quejoso, como tercero extraño, para demostrar la afectación de su interés jurídico, ofrezca la instrumental pública para acreditar el extremo de que una parte del bien embargado es de su propiedad, y además de advertirse que la denominación del predio y los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad son los mismos de uno y otro; si de autos no consta la superficie total del inmueble controvertido, es menester que el interesado ofrezca la pericial para demostrar la identidad de los bienes, es decir, para acreditar de esa manera que su terreno se encuentra dentro del bien secuestrado, porque puede darse el caso de que la superficie total del bien sea mayor a la superficie de terreno embargado, y así que el inmueble propiedad del quejoso no haya sido afectado por el embargo. Cabe destacar, que para probar la identidad del bien en conflicto, la parte quejosa debió haber ofrecido pruebas que demostraran ese hecho, pues aun cuando se tuvieran ciertos los actos reclamados, la parte quejosa para acreditar que fue agraviada en su esfera jurídica, debió haber ofrecido y desahogado la prueba pericial topográfica, que es la idónea para identificar los inmuebles, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad de los predios, con base en los títulos de propiedad exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica, determinando si se trata de los mismos inmuebles, pues de lo contrario el juzgador se encuentra imposibilitado para hacer declaración alguna al respecto, pues para descubrir la verdad no se puede llegar con meras suposiciones sino con la opinión técnica de dictámenes periciales. Cobra aplicación al caso, la tesis jurisprudencial del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el semanario Judicial de la Federación, tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, visible a página 216, cuyo rubro y texto dicen: DESPOSESION. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. LA SOLA EXHIBICIÓN DE UN INSTRUMENTO NOTARIAL NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA AFECTACION A SU INTERÉS JURÍDICO. La simple exhibición del instrumento notarial que acompañaron los quejosos con su escrito inicial, no es bastante para considerar que en el inmueble en el referido esté comprendido el predio materia del interdicto generador de los actos reclamados y del cual son terceros extraños, pues para demostrar tal situación los quejosos debieron haber ofrecido y desahogado la prueba pericial topográfica, que es la idónea para identificar los inmuebles citados, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad de los predios, con base en los títulos de propiedad exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica determinando si uno de éstos está comprendido dentro del otro, pues de lo contrario el juzgador se encuentra imposibilitado para hacer declaración alguna al respecto, pues para descubrir la verdad no se puede llegar con meras suposiciones sino con la opinión técnica de dictámenes periciales. Así también orienta a lo anterior la tesis II.2o.168 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, Marzo de 1994, visible a página 422, que dice: PERICIAL. MEDIO PROBATORIO IDÓNEO PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE UN INMUEBLE Y NO LA TESTIMONIAL. No debe tenerse por acreditada la identidad de un bien inmueble con el sólo señalamiento de los testigos de que conocen el predio en litigio, puesto que evidentemente tal hecho requiere de prueba directa que así lo diga, como es la pericial, que es el medio probatorio idóneo para llevar al juzgador a la certeza de si un inmueble es o no el que pretende la actora y menos cuando como en el caso hay prueba pericial en sentido contrario, esto es, de la no identidad con el que se pide. También sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 387, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA LA.- La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, en un juicio reivindicatorio, es la pericial, en materia de Ingeniería Topográfica, a fin de que se determine si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área. También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia visible en la página 1606 Tomo XIII, Enero de 2001, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES.- Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado. Cabe señalar que las manifestaciones formuladas en vía de alegatos, no es factible que se tomen en consideración, pues debe recordarse que los tribunales de amparo se encuentran constreñidos a examinar los conceptos de violación en relación con el o los actos reclamados, lo cual integra la litis constitucional, asimismo, a justipreciar las pruebas correspondientes, pero de ningún modo tiene la obligación de examinar las argumentaciones hechas valer en vía de alegatos de conformidad, con los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, sin que ello genere desacato al contenido del precepto 76 de la ley de la materia, que es del texto siguiente: Artículo 76.- El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Lo anterior se afirma, toda vez que la frase: "así como los demás razonamientos de las partes", no puede estimarse que se refiera a las opiniones o conclusiones que formulen las partes en vía de alegatos, pues éstas no pueden tener jurídicamente la trascendencia o valor que se asigna a la demanda y al informe con justificación. Sobre este último aspecto, se aplica la tesis de jurisprudencia 27/64, consultable en la página 14, Tomo 80, correspondiente al mes de agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. En las relatadas circunstancias, al no haber demostrado la parte quejosa que sus derechos hayan sido transgredidos con los actos de autoridad que reclama, procede sobreseer en el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Al caso resulta aplicable la tesis jurisprudencial número J/2a. 16/94, publicada a fojas 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 82, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, instancia segunda sala, bajo el rubro y texto siguientes: INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Dicho sobreseimiento deberá hacerse extensivo al acto de ejecución que también se reclama a la autoridad ejecutora, al no haberse impugnado por vicios propios; lo anterior, en términos de la jurisprudencia 647, visible en el Tomo VI, página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario, indica lo siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRE-SEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA.- Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Conforme al sentido de este fallo, es improcedente entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, e innecesario valorar pormenorizadamente las pruebas admitidas y desahogadas en autos, de acuerdo a lo que sostiene la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 1°, 5°, 61, 63, y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Porfirio Francisco Atriano Garza y/o Francisco Atriano Garza y Josefa Cuahutle Atriano, en contra de los actos reclamados del Juez Quinto de Control y Juicio Oral, adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, y del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Secuestros, adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala; precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando último de la misma resolución. SEGUNDO.- Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    ****V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 799/2017 promovido por Porfirio Francisco Atriano Garza y/o Francisco Atriano Garza y Josefa Cuahutle Atriano, por derecho propio, en contra de los actos reclamados del Juez Quinto de Control y Juicio Oral, adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, y del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Secuestros, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que consideró violatorios de las garantías individuales consagradas a su favor en los artículos 4°, 14 y16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Porfirio Francisco Atriano Garza y/o Francisco Atriano Garza y Josefa Cuahutle Atriano, por derecho propio, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la actos de las autoridades indicadas, y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hizo consistir en los siguientes: IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamamos de la autoridad señalada como responsable ordenadora, la autorización para que la autoridad responsable ejecutora, siendo este el Ciudadano Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Secuestros, adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, llevará a cabo la diligencia de CATEO Y ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO TOCHAPAN, CUENTLA", ubicado en Calle Néstor Aztatzi Rojas Número Tres, del Barrio de Jesús Xolalpan, Municipio de Tetlanohcan, Estado de Tlaxcala; de fecha veintiocho de julio del año dos mil diecisiete. Reclamamos de la autoridad señalada como responsable ejecutora, la diligencia que llevó a cabo de fecha veintiocho de julio del año dos mil diecisiete, en el sentido de que solicitó el desahogo de la misma, a la autoridad ordenadora, y le fue concedida, consistente en el CATEO Y ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO "TOCHAPAN CUENTLA", ubicado en Calle Néstor Aztatzi

  4. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito de Porfirio Francisco Atriano Garza y/o Francisco Atriano Garza; en su carácter de quejoso y representante común; en su atención, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele las copias certificadas que indica, teniéndose por autorizados para recibirlas a las personas que menciona, previa razón y firma de su recibo que se deje en autos. Por otra parte, téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona en su ocurso de cuenta; en virtud de que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.

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