Porfirio Esaul Gómez Medina

Expediente 430/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
430/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Porfirio Esaul Gómez Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 430/2019-V y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Pues bien, quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, El mencionado numeral recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Atentos a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. El quejoso reclama del Juez Único Menor Mixto de San Francisco del Rincón, Guanajuato, el proveído dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1026/2012-M, por el que declaró que causó estado la resolución interlocutoria de prescripción de ejecución de sentencia recaída en ese procedimiento y levantó la traba del embargo que pesa sobre los bienes descritos en la diligencia de dieciséis de agosto de dos mil doce y requirió al actor y depositario de los mismos, licenciado Porfirio Esaúl Gómez Medina, para que en un término de tres días hiciera la devolución de los mismos a la parte demandada, apercibiéndolo en términos de ley. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto que se tilda de inconstitucional, al tratarse de una determinación dictada en un juicio ejecutivo mercantil que, debió ser impugnada mediante el recurso de revocación a través del cual era factible lograr su modificación, revocación o anulación, ello en atención a la referida jurisprudencia por contracción de tesis sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal. Sin embargo, el quejoso no interpuso dicho recurso en contra del acuerdo y la ejecución que reclama; no obstante haber sido legalmente notificado mediante la lista publicada el diez de mayo de dos mil diecinueve, tal como se advierte de la copia certificada de dicha actuación que fue anexada al escrito inicial de demanda. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar revocar o anular el acto que vaya a reclamarse y al no haberlo hecho así el amparista, se concretiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia Lo anterior es así, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; por lo que se desecha de plano la demanda de amparo promovida Porfirio Esaúl Gómez Medina. Se tienen como autorizados del quejoso a Porfirio Gómez Porras y Haggeo Gómez Medina, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. No ha lugar a tener al promovente designando como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este tribunal, toda vez que éstos no se constituyen como tal, por lo que las notificaciones personales deberán realizársele por lista.

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