Porfirio Echeagaray Rivera
Expediente 697/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Porfirio Echeagaray Rivera
- Marco Antonio Echeagaray Rivera
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 12213 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se declaró firme el proveído de treinta de septiembre del año en curso, por medio del cual se desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer por los recurrentes Porfirio, Marco Antonio y Gabriel, todos de apellidos Echagaray Rivera; así mismo, remite los autos originales del juicio de amparo 697/2015; háganse las anotaciones correspondientes; glósense las constancias y actuaciones recibidas y tramitadas en el cuaderno de antecedentes relativo, con exclusión de las copias que se obtuvieron para formar el mismo; acúsese recibo de estilo. Lo anterior, comuníquese a las partes para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, uno de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido, el oficio 11434 signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad; mediante el cual comunica que el tribunal oficiante, calificó de improcedente y desechó de plano el recurso de revisión interpuesto por los quejosos, contra el proveído de quince de septiembre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, agréguese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de septiembre de dos mil quince. Téngase por recibido el escrito firmado Porfirio, Marco Antonio y Gabriel todos de apellidos Echagaray Rivera, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del acuerdo de quince de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 100 de la Ley de Amparo, como lo solicita el ocursante, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, el presente juicio de amparo 697/2015; así como el original y copia del escrito de queja, para la substanciación del recurso hecho valer. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, quince de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso Porfirio Echeagaray Rivera, Marco Antonio Echeagaray Rivera y Gabriel Echeagaray Rivera. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Este precepto autoriza a este juzgado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en: "IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades responsables ordenadoras, reclamo la orden para que se me cause molestias en nuestra persona, familia, papeles, posesiones y derechos, consistentes las molestias en las amenazas de CLAUSURA , SUSPENSIÓN Y RETIRAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la cual alimentan a nuestra vivienda y conceden el flujo de energía para que se puedan realizar todas las actividades diariamente en la casa habitación en la cual habitamos, así como los intentos de realizar dichos actos que conllevan a la intranquilidad de las personas y a desposeerme de un derecho que me pertenece por ser una garantía constitucional pues con su hecho de consumación será difícil reponer el daño ya que el reinstalarme una vez que se consuma la orden motivo de esta recurrencia será delito y no deseo cometer ilícito alguno, además de que no adeudo ningún centavo por el suministro de dicha línea de conducción eléctrica como lo acredito con los recibos de luz eléctrica y pago de la misma." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que se anexaron a la misma se desprende que se reclama la clausura, suspensión y retiramiento (sic) de las líneas de conducción del suministro de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en calle Rafael Buelna número 30, en el Municipio de Teacapan, Sinaloa, en relación al servicio de energía eléctrica con número de servicio con número de servicio 537 761 000 393 y medidor V7854A; por tanto se considera que en la especie se actualiza la causal prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, del referido cuerpo normativo, los dos últimos aplicados en sentido contrario. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, del referido cuerpo normativo, los dos últimos aplicados en sentido contrario, en su orden señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De dichos preceptos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio 78 de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Aquí, resulta pertinente traer a cita la postura al respecto, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 164/2011, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De dicho criterio, se advierte que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernado y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. En ese sentido, se tiene que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En esa tesitura, tenemos que es autoridad para efectos del amparo, aquel ente de derecho o de hecho que de forma unilateral y en un plano de supra a subordinación, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, a través del cual se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En el particular, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que se reclama la clausura, suspensión y retiramiento (sic) de las líneas de conducción del suministro de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en calle Rafael Buelna número 30, en el Municipio de Teacapan, Sinaloa, en relación al servicio de energía eléctrica con número de servicio con número de servicio 537 761 000 393 y medidor V7854A. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional, considera que en el caso no se cumple con los requisitos establecidos en los incisos a) y c), antes señalados, toda vez que dichos actos derivan de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio (Comisión Federal de Electricidad) y el usuario (parte quejosa), adquieren derechos y obligaciones recíprocas, de ahí, que la relación entre éstos no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo mencionado y el particular usuario del servicio. Sin que pueda considerarse que tales acciones constituyan actos unilaterales susceptibles de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del particular, o que genere que la relación de coordinación se trasforme de supra a subordinación, dado que ello solo es consecuencia del incumplimiento de lo pactado en el contrato de adhesión que tiene celebrado los promoventes PORFIRIO ECHEAGARAY RIVERA, MARCO ANTONIO ECHEAGARAY RIVERA Y GABRIEL ECHEAGARAY RIVERA con la Comisión Federal de Electricidad; en la especie, el no realizar el pago correspondiente para continuar con el suministro de energía eléctrica (lo que se advierte del comprobante de abono que se exhibió), pues, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación de voluntades ante el incumplimiento de alguna de las partes, a dejar de suministrar la energía eléctrica, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución a fin de lograr el pago respectivo para el debido y eficiente suministro del fluido eléctrico, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tales motivos, es inconcuso que cualquier acto derivado del incumplimiento del contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario del servicio de energía electricidad, no puede reputarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de actos entre particulares, sobre los que existe un acuerdo de voluntades. En tal supuesto, y toda vez que vez que conformidad con los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial; obligado resulta concluir que las controversias suscitadas entre las partes, derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no a través del juicio constitucional, al no tratarse de actos de autoridad. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), publicada el viernes 19 de junio de 2015, en el Semanario Judicial de la Federación, Materia civil, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. (El resaltado es por parte de este órgano jurisdiccional). Criterio que interrumpe el contenido en la diversa tesis 2a. CVII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.", también de la señalada Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 1095, surgida con motivo de la resolución de los amparos directos en revisión 491/2014, 904/2014 y 34/2014, y que dieron origen, también a la diversa tesis 2a. CVI/2014 (10a.) publicada en la misma fecha en el Semanario Judicial de la Federación, la cual, es del tenor literal siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES. [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales." Por tales motivos, es que el citado criterio contenido en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), resulta orientador y vinculante para este Juzgado de Distrito, al resolver sobre actos de tal naturaleza, de conformidad con los artículos 217 y 228 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, los dos últimos aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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